Tras 19 años presa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar a Juana Hilda González Lomelí, señalada por Isabel Miranda de Wallace por el secuestro y asesinato de su hijo.
Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió este miércoles el amparo y con ello ordenó la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, tras 19 años y cinco meses presa. Se trata de la primera de los seis acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace en ser detenida.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la Corte aprobó el proyecto del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que propuso conceder la libertad inmediata a González Lomelí, sentenciada a 78 años de prisión por el secuestro de Hugo Alberto Wallace, debido a graves violaciones al debido proceso y a que las pruebas clave del caso fueron obtenidas mediante tortura.
La Corte consideró que, como lo argumentó la defensa del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), la confesión de Juana Hilda González Lomelí no fue libre ni voluntaria, sino obtenida mediante presiones, intimidaciones y amenazas, en un contexto de arraigo. Por ello, se declaró la nulidad de su declaración y de cualquier otra prueba derivada con violación a sus derechos humanos.
A partir de esta nulidad, la Primera Sala consideró que las pruebas restantes, ofrecidas por el Ministerio Público y no afectadas por dichas violaciones, resultan insuficientes para demostrar la responsabilidad penal de Juana Hilda en el secuestro de Hugo Alberto Wallace, más allá de toda duda razonable.
La inmediata y absoluta liberación de Juana Hilda González Lomelí es un paso enorme en el proceso para tumbar el caso Wallace.
Las torturas y los montajes NO SON PRUEBAS.Pasaron 20 años para ver esto: pic.twitter.com/jalSaQIrVy
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"Para el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que representa a Juana Hilda y a otras personas coprocesadas, esta resolución reitera que, sin importar la gravedad del delito imputado, la justicia federal debe actuar conforme a los más altos estándares constitucionales y convencionales de derechos humanos. Entre ellos, la prohibición absoluta de la tortura y el principio de exclusión de pruebas ilícitas", expresó el IFDP en un comunicado.
A la par, señaló que esta resolución debe tener efectos inmediatos en los casos de las personas coprocesadas: César F., Albert y Tony C., cuyos juicios de amparo directo estaban suspendidos en espera de esta decisión; así como de Brenda Q. y Jacobo T., quienes continúan procesados.
El testimonio de González Lomelí, obtenido bajo tortura, fue determinante para que todos los involucrados en el caso se encuentren en prisión, entre ellos Brenda Quevedo, quien también denunció haber sido sometida a torturas y quien está a punto de cumplir 18 años presa, sin sentencia.
Isabel Miranda, una mujer cercana a Felipe Calderón, reconocida por él con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010, operó dentro de las mismas instituciones de procuración de justicia para fabricar pruebas en contra de quienes responsabilizó por el supuesto secuestro y asesinato de su hijo.
📢 Boletín de Prensa 11/2025
SCJN ordena liberar a Juana Hilda González Lomelí, después de más de 19 años privada de la libertad#IFDP #DefensaParaTi #SomosPJF #AsíSeLogró pic.twitter.com/sMqJLUiL0A
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Por ejemplo, la fallecida activista difundió los rostros de Brenda, de entonces 24 años, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Alberto y Tony Castillo Cruz, en carteles gigantes colocados en las principales avenidas de la Ciudad de México señalándolos de secuestradores, pese a que en ese momento no existían pruebas periciales en contra de ellos.
En ese contexto, Juana Hilda González Lomelí quedó presa en enero de 2006 por su presunta participación en el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, el hijo de Isabel Miranda de Wallace.
González Lomelí, expareja de Hugo Alberto, fue obligada a declarar luego de ser sometida a tortura física y sexual sobre cómo llevó a Hugo Alberto al departamento de Perugino 6, de la colonia Insurgentes Mixcoac, en la Ciudad de México, donde según fue atacado por otros involucrados.
Este relato sostiene que Juana Hilda González “fue al cine con Hugo Alberto, que luego lo llevó a su casa, que ahí cinco integrantes de la banda le cayeron encima al mismo tiempo, y que eso llevó a que la víctima sufriera un paro cardiaco y muriera”. Esta versión, que han negado los acusados, señala que le tomaron fotos al cuerpo para pedir un rescate por 950 mil dólares y que luego lo cortaron con una sierra comprada durante la madrugada en un Walmart.
Fue en mayo de 2022 cuando la Suprema Corte aprobó la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, quien fue sentenciada en abril de 2011 a 78 años, nueve meses de prisión, por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
La Ministra Margarita Ríos Farjat fue quien aceptó hacer suya la petición de atracción para que la SCJN atrajera el amparo que promovió Juana Hilda. Previamente el caso fue tomado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDF), que depende el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), promoviendo en su nombre un amparo, donde señala que fue objeto de tortura sexual y psicológica para declararse culpable.
De acuerdo con el proyecto que avaló este día la Corte, se debe llevar a cabo la “inmediata y absoluta libertad” de Juana Hilda, al considerarse inválidas las pruebas presentadas por la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República (FGR) en su contra, entre ellas las declaraciones autoinculpatorias y la que involucraron a los demás detenidos.
Se espera que en las próximas horas salga del penal de federal femenil de Morelos, donde actualmente se encuentra, tras pasar por varios penales del país.
