La reforma publicada por el Gobernador Alejandro Armenta modifica el artículo 480 del Código Penal de Puebla, en el cual se establece que comete el delito de ciberasedio quien, mediante el uso de tecnologías de la información, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.
Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– Con la entrada en vigor de la llamada Ley de Ciberseguridad en Puebla, también conocida como “Ley Censura”, el Gobierno estatal busca blindarse frente a la crítica ciudadana, advirtió la organización Artículo 19.
La reforma al Código Penal del estado tipifica el nuevo delito de “ciberasedio” y contempla hasta tres años de prisión y multas de hasta 40 mil pesos para quien emita ofensas o agravios a través de medios digitales.
“Vemos que esta Ley, desde mi perspectiva, habla de un Gobierno que está buscando la auto protección frente la crítica. Esto es algo muy importante. Se habla de proteger a la ciudadanía, sin embargo, no se establecen salvaguardas dirigidas específicamente a proteger a la ciudadanía, tampoco se establecen salvaguardas que hablen de que la ciudadanía pueda abiertamente criticar a las personas en el poder y esto hablando de cualquier persona en el poder”, indicó en entrevista Majo de Icaza, Investigadora del Programa de Derechos Digitales de la organización Artículo 19 en entrevista con el programa A Las Dos que se trasmite por SinEmbargo Al Aire.
La reforma publicada por el Gobernador Alejandro Armenta, en el Diario Oficial de Puebla modifica el artículo 480 del Código Penal de Puebla, en el cual se establece que comete el delito de ciberasedio quien, mediante el uso de tecnologías de la información, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.
De forma conjunta con @article19mxca, mostramos nuestra preocupación por la discusión y posible aprobación de la llamada Ley de ciberseguridad en @CongresoPue, ya que podría limitar el ejercicio de la libertad de expresión y la crítica ciudadana. pic.twitter.com/sEksKydmwz
— Red Periodistas Pue (@Periodistas_Pue) June 12, 2025
La sanción prevista es de 11 meses a tres años de prisión y una multa de entre 50 y 300 días de salario mínimo. En caso de que la víctima sea menor de edad, se presumirá el daño a su dignidad y la pena se agravará.
Icaza destacó la necesidad de distinguir entre ciberseguridad y cibercrimen: “Cuando hablamos de ciberseguridad, nos referimos a acciones preventivas y protección de la información. En cambio, los ciberdelitos están vinculados a la criminalización de ciertos sectores de la sociedad”. La activista también denunció que estas legislaciones suelen utilizarse para atacar a personas críticas del poder.
“Estamos frente a una ley que protege a las personas en el poder mientras vulnera a quienes se oponen a él”, expresó. Añadió que estas reformas no son nuevas y forman parte de un patrón documentado por Artículo 19: “Hemos visto intentos similares en otros estados. No es un fenómeno aislado”.
La activista señaló que como antecedente a esto entre 2018 y 2024, Artículo 19 documentó al menos 22 procesos judiciales contra la prensa en Puebla. “Nunca habíamos registrado tantos casos como en el último año. Se está utilizando el sistema judicial y el Código Penal para perseguir a personas críticas, especialmente periodistas y defensores de derechos humanos”.
La Ley de Ciberseguridad fue impulsada en noviembre de 2024 por José Luis García Parra, entonces Diputado local y hoy coordinador del Gabinete del Gobernador Armenta. Aunque se argumentó que busca combatir delitos como suplantación de identidad, espionaje digital, fraude electrónico, hacking o grooming, la redacción ambigua sobre qué constituye un “insulto” ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Diversas agrupaciones de periodistas y comunicadores también advirtieron que la ley puede inhibir las denuncias en redes sociales por parte de víctimas, además de facilitar la censura contra activistas y críticos del gobierno.
Majo de Icaza destacó que este intento de censura no es algo nuevo, pues desde hace muchos años existen los llamados delitos contra el honor. Sin embargo, señaló que estos se han ido derogando de los códigos penales estatales. Es por ello que esta ley representa un retroceso a la libertad de expresión.
La investigadora del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19 destacó que el Congreso poblano utilizó la supuesta protección en el espacio digital para justificar la censura, la cual “afecta de manera desproporcionada” a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Además explicó que atender la violencia en el espacio digital es fundamental, pero esta ley lo que hace es criminalizar a las personas bajo términos ambiguos. “Se utiliza el insulto como un criterio para meter a la cárcel a una persona, ¿quién va decidir qué es un insulto o qué puede ser ofensivo”, cuestionó.
Además, “hay una diferencia abismal cuando esto es utilizado contra una persona de a pie, que contra una persona pública quien considera que ha sido ofendida”. De Icaza señaló que la crítica gubernamental es parte de la democracia y alertó que con esta ley muchas personas se podrían inhibir de emitir un análisis de su gobierno ante el temor de ir a la cárcel.
Por otro lado, lamentó el llamado a realizar foros para analizar esta ley, convocados por el Gobernador Alejandro Armenta. “La libertad de expresión no puede estar a consulta, ni a censura previa”, dijo.
Añadió que desde Artículo 19 exigen que esta reforma se derogue e informó que en ya analizan la estrategia jurídica para evitar que esta ley se aplique.
Ante la ola de cuestionamientos, el Gobernador Armenta solicitó a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso poblano, Laura García, que convoque a foros de análisis sobre la ley. En un comunicado difundido en su cuenta oficial de Twitter, indicó que el objetivo es garantizar tanto la libertad de expresión como la “responsabilidad ciudadana”.
Sin embargo, para organizaciones como Artículo 19, la legislación ya aprobada representa un riesgo para la libertad de expresión y consolida un patrón de criminalización de la crítica bajo el argumento de proteger el orden digital.
