Hoy, es obligatorio y necesario enunciar una premisa innegable: en 2010, Felipe Calderón, Presidente ilegítimo, premió con un galardón de derechos humanos a una acreditada torturadora, la delincuente Isabel Miranda de Wallace. Desde hace mucho, estas iniquidades en el calderonismo dejaron de ser grotescas paradojas y se convirtieron en una regla que confirma su sevicia.

El hecho ya no debe extrañarnos: desde 2019 sabemos que la estrategia de “guerra contra el narco” y de “seguridad” pergeñada por Calderón la dirigía una serie de narcotraficantes presos o confesos, como García Luna o Cárdenas Palomino. Desde 2006 y 2020 sabemos que sus intentos de ganar elecciones o registros partidistas se hacen con votos ilegales o con firmas falsificadas. Desde 2005 sabemos que su respeto por la institucionalidad y reglas electorales se resume en la consigna de “haiga sido como haiga sido”, y desde 2012 sabemos que su lema de gobierno “vivir mejor” era una engañifa que elevó la violencia en México a niveles inenarrables y que hizo crecer exponencialmente la corrupción.

Como corolario, debe decirse que desde 2006 sabíamos que su lema de “manos limpias” no sólo era una consigna fracasada y mentirosa, sino una añagaza para disimular a la galería de engendros corruptos que dio cuerpo al calderonismo: el traficante de influencias Juan Camilo Mouriño; el porro mafioso Javier Lozano; el huido exministro Medina Mora; la horda de rapiña que desde instancias culturales lucró con la Estela de luz; la negligencia criminal del IMSS con Juan Molinar y la familia Zavala Gómez del Campo, y un largo cuan doloroso etcétera.

Ante esta galería criminal y de degradación en todos los órdenes, se debe resaltar una raya más al tigre. O, mejor dicho, se resalta una corruptela más al cártel de Los Pinos que lideró Calderón. Y es que el pasado 11 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la inmediata libertad de Juana Hilda González, presa por una supuesta participación en los presuntos secuestro y muerte de Hugo Alberto Wallace, según acusó, por años, su madre Isabel Miranda.

Detrás de esa justa liberación, hay sin embargo episodios aberrantes, de los cuales sólo se hace un recuento vía mención. 

Juana Hilda estuvo detenida por 20 años. Dos décadas sin sentencia, en un hecho que, incluso de ella haberse tratado de una persona que infringió la Ley, sería inadmisible.

La parte acusadora, encabezada por la macabra delincuente Isabel Miranda de Wallace, violó desde el inicio el debido proceso, cuando usó su poder económico y empresa de espectaculares para vulnerar a personas al exhibirlas de antemano por toda la Ciudad de México como “secuestradoras” y ofrecer recompensas por ellas, lo que en los hechos equivale a ponerle precio a sus cabezas, como si el país fuera el viejo oeste y la Wallace una linchadora, y México no fuera una nación con un mínimo de sensatez.

La parte acusadora, de nuevo encabezada por la impresentable Isabel Miranda de Wallace, desde un inicio labró su campaña de persecución basada en falsedades y constructos ilegales, que destruyeron la vida de muchos robándoles 20 años de su libertad y su integridad.

En ese lapso, el grueso del aparato mediático se ciñó con la delincuente Miranda de Wallace, quien aún tiene a su disposición voces como la de Ciro Gómez Leyva, a quien sólo la ceguera envilecida o la corrupción lo podrían instar a seguir defendiendo a un personaje siniestro y abusivo.

En ese lapso, Isabel Miranda de Wallace gozó del favor político, logístico y material del calderonismo, no sólo cediéndole a su mando un grupúsculo de policías federales, sino también mediante el impulso de hacerla aspirante a un cargo enorme, como la Jefatura de Gobierno a través del PAN, en 2012.

Y, lo más grave de todo, desde hace mucho tiempo se supo que la supuesta confesión de Juana Hilda González se basaba completamente en una confesión amañada extraída por tortura, mientras que todas las pruebas materiales y la evidencia de hechos apuntaba a que ella no había tenido ninguna participación en el presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace.

La justa libertad de Juana Hilda González es, sin embargo, una buena noticia que se debe leer con todos sus matices. El primero de ellos es que la sentencia a su favor llegó con una tardanza lacerante que resta justicia a su caso. El segundo es que aún hay muchas víctimas de la señora Miranda de Wallace injustamente en prisión. El tercero es que, con su muerte en meses recientes, ya no se podrá llamar a cuentas a la perpetradora de un crimen, como es la propia Isabel Miranda.

En este escenario, hay sin embargo un hecho que resaltar. Entre la turbiedad envilecedora y corruptora del calderonismo, se llegó a la ignominia de, en los hechos, glorificar la tortura, al premiar como defensora de Derechos Humanos a una mujer sombría, delictiva de larga data, que había logrado sus perversos fines no sólo tratando como empleados suyos a supuestos funcionarios imparciales y usufructuando instituciones públicas, sino también mediante la tortura y vilezas medievales, como señalar abiertamente, como lo hizo ante Notimex en 2019, que si ella hubiera querido, podría haber asesinado a la gente que acusó, todos ellos víctimas de una intriga delictiva.

Así, de entre toda la podredumbre que significa el calderonismo, hoy sabemos que cínicamente reconoció en los hechos a la tortura como un derecho, algo que asimismo hizo el Gobierno genocida de George W. Bush en Medio Oriente a partir de 2003, en un hecho que revela que aún no hemos dimensionado el nivel de miseria moral, corrupción y violencia que engendró el sexenio padecido por todos los mexicanos de 2006 a 2012.

En momentos como el actual, donde a la memoria se le trata como un accesorio prescindible, cuando en realidad es el fundamento más importante de la historia, es necesario volverlo a decir: la salud social del país supone un cerco sanitario contra el calderonismo y sus remanentes, que no son una ideología o un grupo político, sino un cúmulo de agravios colectivos, cuya estela destructiva, como se observa aún hoy, puede rebasar los 20 años de atrocidad.

Héctor Alejandro Quintanar

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Héctor Alejandro Quintanar es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctorante y profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Hradec Králové en la República Checa, autor del libro Las Raíces del Movimiento Regeneración Naciona

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