Por: Edmundo del Pozo*

La elección de Hugo Aguilar Ortiz como presidente del máximo tribunal del país, con 6.2 millones de votos, ha puesto de relieve en el debate público y en redes sociales, niveles extremos de racismo y el clasismo de parte de las élites económicas e “ilustradas” del mundo del Derecho, que no terminan de digerir que un abogado mixteco de Oaxaca, egresado de una universidad local, sea titular de uno de los poderes del Estado mexicano. Un espacio reservado por naturaleza a juristas de renombre, con formación en el extranjero o en las grandes universidades y despachos privados del país.

Sin entrar a las honduras del proceso electoral y de la reforma judicial, con no pocos puntos criticables, lo paradójico es que, por la vía anterior de designación de ministros, difícilmente un abogado indígena habría llegado a ser parte de la Suprema Corte, menos a presidirla. Único ejemplo hasta ahora había sido Benito Juárez en 1857. Tuvieron que transcurrir casi 170 años para que la historia se repitiese. Este no es un dato casual, sino que es consecuencia de la exclusión histórica de los pueblos originarios en los espacios de toma decisión del Estado mexicano.

No fue hasta 1992 que la Constitución Federal vino a reconocer el carácter pluricultural de la Nación. Sin embargo, este reconocimiento sólo quedó a nivel formal, pues ya estaba marcha el rumbo neoliberal de la política económica, que se sellaría con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el 1 de enero de 1994. Mismo día que el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) decidió levantarse en armas ante el nuevo modelo de despojo territorial y por la autonomía de los pueblos.

Precisamente, en aquellos años, el joven abogado Hugo Aguilar, formó parte del cuerpo de asesores del EZLN en los Diálogos de San Andrés Larrainzar, del cual nacerían los históricos “Acuerdos de San Andrés”, que planteaban la necesidad de una reforma constitucional para reconocer de forma plena el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos como “entidades de derecho público”. Lamentablemente, este punto medular fue tergiversado por la reforma foxista de 2001, quedando relegados a una condición de “entidades de interés público”. De esta forma, el Estado mexicano acotó el alcance de los derechos colectivos de los pueblos, manteniendo una relación de tutelaje basada en el asistencialismo y la subordinación de los pueblos originarios.

Esa fue la trinchera que no abandonó nunca el hoy Ministro presidente, aun con los diferentes roles que desempeñó, tanto en organizaciones, como en su recorrido como servidor público estatal y del Ejecutivo Federal. Desde esos espacios su asesoría técnica fue crucial para las comunidades en un sinnúmero de casos. Entre ellos cabe destacar: la entrega de una concesión comunitaria de agua de parte del Ejecutivo Federal a 16 comunidades zapotecas de los Valles Centrales en Oaxaca, articuladas en la Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA).

En nuestra experiencia de litigio, fueron relevantes los aportes jurídicos del equipo del INPI, bajo su encargo, en el caso de la comunidad Nahua de Tecoltemi, resuelto por la SCJN en 2022, donde le fueron canceladas dos concesiones a una minera canadiense, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla. En este proceso judicial, fueron determinantes dos instrumentos: uno que confirmaba la condición indígena de las comunidades de dicho municipio, la cual se pretendía negar por la empresa, así como un estudio de impacto social que concluía que no era viable otorgar nuevamente concesiones mineras en este territorio.

De igual forma, otro de sus aportes fue el impulso de diversas reformas progresistas, tanto a nivel estatal como en el orden federal. La de mayor alcance, la reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, de septiembre de 2024, donde finalmente se estableció, el carácter de “sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”, de los pueblos y las comunidades, así como el reconocimiento del “Pluralismo Jurídico” y de la “Jurisdicción Indígena”, lo cual implica el reconocimiento y coexistencia de los sistemas normativos y de justicia de los pueblos con el del Estado.

Con esta reforma, se inauguró una nueva etapa por la transformación pluricultural del Estado mexicano, la cual será determinante también en el Poder Judicial. Un poder, que ha negado, salvo honrosas excepciones, la pluriculturalidad y la autonomía de los pueblos. Esta realidad, deberá cambiar en adelante, tanto por el nuevo marco que se abre con la reforma, como por la llegada a la presidencia de la SCJN de uno de sus máximos exponentes. No será un cambio que ocurra de la noche a la mañana, pero estamos ante un escenario ideal para transitar hacia una justicia verdaderamente intercultural.

El cambio de la toga por el uso del traje tradicional, que tanta polémica ha suscitado, es sólo uno de los cambios simbólicos que anuncian el rostro de la nueva justicia. Serán las sentencias que tome la Corte y el resto del aparato judicial la que mejor lo confirmarán. Por el momento, todos los astros parecen alinearse.

* Edmundo es investigador en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.

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