Las sanciones de los Estados Unidos suelen ser actos políticos del tipo más hostil. Países como Irán y Rusia encabezan las listas negras. Y ahora, empresas privadas mexicanas figuran en ellas. Al apuntar el dedo contra CIBanco, Vector e Intercam, la Casa Blanca tomó una medida que afecta al sistema financiero de todo un país. A partir de leyes de reciente creación y aplicación retroactiva, pone en riesgo la solvencia de las instituciones, hoy intervenidas de forma correcta por los reguladores mexicanos que cortaron de tajo el riesgo de contagio y fuga. Aunque las implicaciones finales están por verse, el daño está hecho. Al actuar de forma unilateral y desproporcionada, Estados Unidos crea riesgo sistémico y confirma su desprecio por el castigo que la agenda ultranacionalista de Trump impone a México.

Primero, los hechos. El 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México como una “fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”. Las medidas prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a las tres señaladas. De forma abrupta, las instituciones fueron cortadas del sistema bancario estadounidense y, al menos de facto, del mexicano.

Estas sanciones fueron cocinadas al vapor. La Ley de Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos (FEND, por sus siglas en inglés) es una legislación firmada apenas en julio de 2024 por la Administración Biden. Declara el tráfico internacional de fentanilo como una emergencia nacional y establece medidas para socavar las cadenas de suministro ilícitas. Entre sus principales instrumentos coercitivos, la Ley mandata que el Presidente imponga sanciones a personas extranjeras involucradas en el tráfico significativo de fentanilo, sus precursores o actividades relacionadas con organizaciones criminales transnacionales. También, obliga a la FinCEN a emitir directrices para que las instituciones financieras reporten transacciones sospechosas. Este último apartado explicaría la situación de CIBanco, Intercam y Vector.

Los antecedentes cuentan. La FinCEN determinó, a partir de transacciones en años anteriores a la Ley FEND, que las tres instituciones financieras “desempeñan papeles vitales en la facilitación de actividades de lavado de dinero de cárteles con sede en México involucrados en el tráfico ilícito de opioides, incluida la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos esenciales para la producción de opioides ilícitos por parte de organizaciones de tráfico de drogas (DTO), algunas de las cuales también fueron designadas en febrero como Organizaciones Terroristas Extranjeras [FTO]”. Como preámbulo, el 20 de enero de 2025, Trump emitió la Orden Ejecutiva (OE) 14157, “Designación de cárteles y otras organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados”. Posteriormente, el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó a ocho grupos criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) y Terroristas Globales Especialmente Designados (TGED): Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noroeste (antes los Zetas), La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Golfo y Cárteles Unidos. Eran la antesala para judicializar carpetas armadas.

Estados Unidos actuó sin abrir una ventana de ajuste por regulación cambiante. En los tres casos, el Tesoro pone de ejemplos transacciones ocurridas antes de la Ley FEND de Biden y las medidas antiterrorismo de Trump. Sobre CIBanco, cita que “en 2023, un empleado facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo. Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de USD 2.1 millones en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos”. Sobre Intercam, menciona que “a finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China. Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos recibió más de USD 1.5 millones de empresas con sede en México a través de Intercam”. Por último, sobre Vector, informa que “de 2013 a 2021, una mula de dinero del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear USD dos millones de Estados Unidos a México a través de Vector. Además, la orden describe cómo, de 2018 a 2023, se descubrió que Vector había completado pagos por más de USD un millón en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China, conocidas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos”. En el agregado, es un monto de apenas 16.6 millones de dólares en un lapso de 12 años anteriores a la legislación nueva, siempre vinculado a China —con la que se transan billones.

El sistema financiero mexicano debe fortalecer su regulación antilavado, perfectible en cualquier país, pero las sanciones de Estados Unidos no dieron oportunidad de revisar y modificar las políticas de cumplimiento normativo (compliance). Además, castigan de manera desproporcionada y retroactiva lo que bien pudo haberse resuelto con medidas cautelares, penalizaciones focalizadas y acciones penales contra directivos implicados. Un acto de sensatez —hoy día equivalente a rogar al olmo por peras— habría sido reconocer que la economía ilegal opera por goteo e infiltración en las sombras bancarias de ambos lados de la frontera. En cambio, sancionar a México por vínculos con China resulta por demás conveniente.

Las sanciones a tres instituciones reconocidas agreden a todo el sistema financiero nacional. Incluso con una posible “negociación” —eufemismo para ocultar agresiones—, el daño reputacional está consumado. Al exterior, ocasionará que los bancos internacionales reduzcan o eliminen por completo sus transacciones con las contrapartes mexicanas, incluidas las sanas, para prevenir sanciones. Al interior, la desconexión con Estados Unidos en los 21 días estipulados después del anuncio obliga a que otras instituciones financieras mexicanas corten de tajo todo vínculo con las tres sancionadas, infligiendo pérdidas que ponen en entredicho la solvencia de las señaladas. Para muestra, el riesgo de pánico entre clientes y las solicitudes de retiro se dispararon por la incertidumbre, aunque la intervención inmediata de la CNBV evitó corridas y compró tiempo.

Así pues, la relación Estados Unidos-México continúa en una etapa sombría de agresiones unilaterales y abusos enraizados en la asimetría del poder y la bandera ultranacionalista blandida por Trump. A quienes celebraron la creación de una lista negra antiterrorista, habría que recordarles la previsibilidad del brote de consecuencias indeseables. En este caso, todo el gremio financiero del país carga un nuevo estigma. Es un riesgo sistémico proveniente del vecino hostil y controlador que equivale a talar un árbol del vecino para prevenir incendios en la cuadra. Cruza, así, una línea roja más.

Mario Campa

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Mario A. Campa Molina es economista político e industrial, graduado del MPA de la Universidad de Columbia (2013-2015). Colabora como columnista y panelista en diversos medios y es editor contribuyente en español de la revista de ideas Phenomenal World, del Jain Family Institute (NY). Tiene experiencia laboral en el sector financiero, energético, público y académico.

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