Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).– Más testimonios sobre la arbitrariedad dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) comienzan a salir a la luz. Quejas, denuncias y otros recursos promovidos ante la Junta de Gobierno y Administración de este organismo muestran cómo está instalado un grupo de magistrados ligados al calderonismo que se defienden entre sí a costa de hacer oídos sordos a violencias, amenazas y hostigamientos en sus salas regionales.
“Este tipo de actos convierte al Tribunal en una institución violatoria de derechos humanos, con protocolos que no atienden, ni son sensibles a las denuncias que se presentan”, denunció en febrero pasado María Goreti Alvarez Cadena, una trabajadora de la Segunda Sala Regional de Occidente que presentó una denuncia por acoso laboral en contra de la Magistrada Teresa Martínez García, quien también es señalada en la denuncia del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” a los derechos humanos.
Al igual que las dos denuncias previas dadas a conocer por SinEmbargo, hay elementos que son consistentes en esta denuncia presentada por esta mujer trabajadora de la tercera edad: el rol preponderante que tiene en la Sala Superior del TFJA la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, la inacción de la Junta de Gobierno y Administración que actualmente preside Guillermo Valls Esponda y la indefensión de los trabajadores de este tribunal frente a decisiones aribitrarias y actitudes violentas que adoptan sus superiores.
En su relato, María Goreti Alvarez Cadena comparte ante la Junta de Gobierno y Administración cómo en agosto de 2024, cuando trabajaba en la ponencia de Magda Zulema Mosri Gutiérrez en la Sala Superior, pidió un cambio de adscripción por cuestiones personales el cual fue aceptado tanto por Mosri como por la Magistrada Teresa Martínez García, quien a los tres días de concretarse el cambio y hasta su despido la acosó sistemáticamente argumentando que “no daba el ancho”, aún cuando la denunciante expuso que sus jornadas de trabajo eran de 11 a 13 horas, incluidos fines de semana.
“Desde el día uno de mi llegada, la Magistrada María Teresa Martínez García no me quería en su ponencia, ya que se ha pasado acosándome, me ha intimidado, me ha amedrentado y me ha hecho que me consuma emocional e intelectualmente, me ha agredido y humillado y al ser tan pasivo agresiva porque ella tiene un puesto de jerarquía más alto que el mío”, se lee en la denuncia fechada el 25 de noviembre en Guadalajara, Jalisco.
El 9 de diciembre pasado, la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa admitió la queja y encomendó la investigación a la Magistrada Hortensia García Salgado, quien ignoró las medidas cautelares solicitadas por Álvarez Cadena, a quien la Sala Regional de Occidente despidió en enero de 2025 aún cuando se encontraba en curso esta investigación que tres meses después, en marzo, determinaría que la Magistrada María Teresa Martínez García no había incurrido en acoso laboral. No obstante, a lo largo del proceso se desprenden una serie de reconocimientos y omisiones de la Junta de Gobierno que cobran relevancia a la luz de otros testimonios que concuerdan en la indefensión que denuncian frente a sus superiores e incluso similares jerárquicos.
La Magistrada María Teresa Martínez García, por ejemplo, es señalada por el Magistrado Ricardo León Caraveo de pedir junto a la Magistrada Georgina Ponce Orozco la intervención de la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez en un despido que realizó León Caraveo de una Secretaria de Acuerdos que acumulaba cinco denuncias por violencia en razón de género, mismas que también fueron ignoradas por la Junta de Gobierno y Administración.
SinEmbargo dio a conocer esta semana otro testimonio sobre cómo dentro de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa los magistrados son señalados de amenazar e insultar a sus pares y empleados sin que haya repercusiones.
El caso del Magistrado Ricardo León Caraveo dio cuenta de cómo la Junta de Gobierno y Administración ignoró su queja por amenazas e insultos de la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez. Ante su inconformidad, el Magistrado Guillermo Valls Esponda se limitó a decirle “Adáptate, el nuevo eres tú”. De hecho, Mosri Gutiérrez cumplió su amenaza de cambiar de adscripción a León Caraveo.
En la denuncia, la propia María Goreti Alvarez Cadena recuerda la experiencia vivida por el Magistrado León Caraveo y solicita a la Junta de Gobierno entrevistarlo para dar fe del clima de abuso laboral que se vive en la Sala Regional de Occidente.
“Esto ha sido modus operandi en casos anteriores, como por ejemplo, en el que el Magistrado Ricardo León Caraveo, adscrito a la Segunda Ponencia de la Tercera Sala Regional de Occidente interpuso denuncia por violaciones a derechos humanos sin que hasta el día de hoy se haya resuelto o exista expediente integrado. Es de conocimiento en el centro de trabajo que la denuncia nunca se ha atendido, no se dictó acuerdo de inicio y él y el personal adscrito a su ponencia han sido furiosamente hostigados, por lo que desde este momento pido respetuosamente, se requiera al Mag. Ricardo León Caraveo, para que dé constancia del hecho que aquí narro”, se lee en un documento que Alvarez Cadena presentó a la junta de Gobierno el 11 de febrero pasado.
Un mes después de esta ampliación de su denuncia, el 13 de marzo, la Junta de Gobierno por conducto de la Magistrada ponente Hortensia García Salgado determinó que no había elementos para demostrar que la Magistrada Teresa Martínez García había acosado laboralmente a María Goreti Alvarez Cadena, y entre otros argumentos expuso que el caso del Magistrado León Caraveo no tenía ninguna relación con el caso en cuestión aún cuando en ambos procesos habían operado las mismas personas de la misma manera.
En ese acuerdo de conclusión y archivo de expediente, la propia García Salgado expone los resultados de una encuesta que la Junta de Gobierno elaboró entre los trabajadores de la Segunda Sala en la cual 21 de los 38 empleados (es decir el 55.3 por ciento del total) revelaron que “en su área de trabajo hay personas que tratan mal a otras personas con las que trabajan directa o indirectamente”.
Del mismo modo “6 y 10 personas refieren haber recibido tratos humillantes, descalificación profesional y gritos por no entregar correctamente su trabajo, de las cuales 7 personas mencionan que son eventos continuados no aislados que sucedieron en los últimos dos años. 5 personas mencionan que la situación ocurre actualmente”.
“La violencia que se más se presenta en la Sala es de carácter verbal, pues 10 personas refieren que las conductas en mención son: gritos, insultos, críticas, difusión de rumores; seguridad por el juzgamiento ofensivo del trabajo, trato discriminatorio o faltas de igualdad en el trato entre compañeras o compañeros y entorpecimiento del desarrollo de las funciones”.
Pese a ello, la Junta de Gobierno a través de la Magistrada ponente Hortensia García Salgado resolvió que los resultados “no refieren a incidentes en particular, lo que dificulta establecer una relación directa que genere certeza respecto a los hechos denunciados, por lo anterior es que no se evidencia la atribución de algún comportamiento concreto a la hoy denunciada (la Magistrada Teresa Martínez García), lo que conlleva que no hay elementos suficientes para tener por acreditada la conducta que se le imputo”.
De esa manera, la Junta resolvió en contra de María Goreti Alvarez Cadena e ignoró lo que es señalado como un “modus operandi” en las denuncias consultadas.
