La negativa del amparo a Eduardo Almeida Navarro, empresario señalado como testaferro de César Duarte, representa un golpe directo al exgobernador priista que anda muy bailador: no sólo deberá pagarse una deuda fiscal de más de 512 millones de pesos, sino que el fallo permitiría reactivar el proceso penal –suspendido por un juez de distrito, en lo que se aclaraba ese amparo– por defraudación fiscal agravada, tanto contra Almeida como contra el propio Duarte.
Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– Eduardo Almeida Navarro, empresario chihuahuense vinculado al exgobernador priista César Duarte, quien se hizo viral tras un video en el que trató de agredir al Senador Javier Corral en el aeropuerto, deberá pagar más de 512 millones de pesos al Gobierno federal luego de perder un amparo con el que buscaba evitar esa deuda fiscal.
Se trata de una resolución que representa un revés y una derrota significativa para César Duarte y para la actual Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien ha protegido al mandatario y su grupo político, afirmó el periodista y escritor José Pérez Espino, especialista en temas de corrupción en el estado, en entrevista con el programa A las Dos.
“Es una derrota para César Duarte y para toda la red de corrupción que implica la propia Gobernadora, porque tampoco se vale que la Gobernadora deje caer los casos en materia fiscal, penal y administrativa [...] Ella se lava las manos de los procesos y dice: ‘No, es que la administración anterior no los hizo bien’. Pero durante cuatro años, el deber de las autoridades a su cargo es darles seguimiento y responder a cada situación que ocurra en los juzgados, sean federales o estatales. Es su responsabilidad y no les está cumpliendo”.
Eduardo Almeida ha sido señalado como uno de los principales testaferros de César Duarte, quien gobernó Chihuahua de 2010 a 2016. Es director ejecutivo de Grupo Almeida, consorcio con participación en al menos 33 empresas de sectores como bienes raíces, agricultura y energía solar, según la revista Líder Empresarial.
En 2014, la administración de Duarte le entregó 126 millones de pesos para supuestos servicios jurídicos relacionados con la construcción del puente internacional Guadalupe-Tornillo, los cuales nunca fueron comprobados, según investigaciones de la Fiscalía de Javier Corral y del medio Zona Free. En 2015, una auditoría estatal acreditó defraudación fiscal. Durante el gobierno de Corral se documentaron nuevas omisiones fiscales por evasión de IVA e ISR.
En 2019, la Procuraduría Fiscal de la Federación, a través de la Fiscalía General de la República, lo acusó de defraudación fiscal agravada por ingresos no declarados que superaban los 477 millones de pesos. Aunque Almeida promovió varios recursos legales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa falló en su contra y le ordenó pagar al fisco casi 512 millones de pesos.
Pérez Espino destacó que precisamente este tipo de casos evidencian la necesidad de la intervención federal para romper los pactos de impunidad que –denunció– siguen vigentes en Chihuahua.
“Es importante que la autoridad federal intervenga en los casos que puede, como este. Hay otros más en los que la Procuraduría Fiscal está actuando, y eso es bueno porque rompe el esquema compacto que hay acá en Chihuahua, donde no puede suceder nada en términos de justicia para los ciudadanos”, explicó.
Y añadió: “A mí me parece una buena noticia que, gracias a la intervención federal, se reconociera la validez del crédito fiscal de casi 512 millones de pesos y también que se le haya negado un amparo por parte del tribunal colegiado de la sala superior. Por eso la importancia, porque es la única manera de romper los pactos de impunidad, protección y corrupción. Obviamente, la mayor parte de los medios del estado de Chihuahua no cubren esto. Esto no lo va a saber en prácticamente ningún medio local, de hecho, no lo va a saber en ningún medio del estado de Chihuahua”, dijo.
El caso
El periodista y escritor José Pérez Espino, especialista en temas de corrupción en Chihuahua, explicó en entrevista que este caso se originó en los ejercicios fiscales de 2014 y 2015, cuando Almeida evadió el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un monto total de 511 millones 750 mil pesos, durante el sexenio de Duarte, cuando –dijo a raíz de investigaciones se detectó que se creó una red de al menos 520 empresas fantasma que operaban para desviar recursos públicos y encubrir operaciones ilícitas.
Con el cambio de gobierno en 2016 y la llegada de Javier Corral al Ejecutivo estatal, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua firmó un convenio con la federación para colaborar en auditorías a contribuyentes con obligaciones fiscales federales y fue a través de esta vía —y como parte de la “Operación Justicia para Chihuahua”— que los auditores estatales detectaron y documentaron la evasión de Almeida.
En 2019, la Secretaría de Hacienda formalizó el crédito fiscal contra el empresario por el monto total, pero desde ese momento, Eduardo Almeida promovió diversos amparos y procedimientos legales para evitar el pago, con el respaldo, –de acuerdo con el periodista–, de actores locales que habrían intervenido para proteger a la red de Duarte.
“Eso obviamente sucedió durante el gobierno de César Duarte” [..] “Pero cuando entra Javier Corral, su gobierno firma este convenio para que a través de la Dirección Fiscal de Hacienda se puedan hacer auditorías sobre impuestos federales. En el caso de Eduardo Almeida encontraron que en esos dos años evadió impuestos federales por ese monto”.
A pesar de los intentos de Almeida por frenar el procedimiento, siguió detallando el periodista, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) dio seguimiento puntual al caso durante años. Debido a esa insistencia se logró que, en abril de 2024, la Sala Superior del TFJA reconociera la validez del crédito fiscal y con ello, finalmente, el pasado 23 de junio, un tribunal colegiado le negó el último amparo, dejando firme la obligación de pago.
“Ya no tiene vuelta de hoja ese asunto. Tiene que pagar ese dinero”, señaló Pérez Espino.
Y agregó: “Lamentablemente lo tiene que pagar a través de Hacienda de Chihuahua, así que ahora la autoridad federal tendrá que estar muy atenta para que el gobierno del estado sí le cobre y no deje tirado ese dinero, porque a final de cuentas es dinero federal, y tiene que reintegrarse a la Tesorería de la Federación”.
Lo sigue. Podría reactivarse investigación contra Duarte por defraudación
Pérez Espino advirtió que este fallo administrativo también podría tener implicaciones para dar seguimiento por la vía penal. Y es que, según explicó Pérez Espino, en 2019, derivado de la evasión fiscal, la Procuraduría Fiscal y la FGR presentaron una denuncia penal contra Eduardo Almeida por defraudación fiscal agravada por ingresos no declarados por un monto de 477 millones 878 mil pesos, producto de depósitos y movimientos financieros no registrados, entre ellos el uso de tarjetas de crédito y préstamos en bancos de Texas, especialmente en El Paso.
No obstante, un juez de distrito que llevaba el caso penal decidió suspender el proceso hasta que se resolviera el crédito fiscal, lo cual ya ocurrió con esa resolución del Tribual con ello, esto podría significar que ahora el juicio penal debe reactivarse, no sólo contra Almeida, sino también contra César Duarte, quien fue vinculado por la FGR en esa misma causa.
“Como estaba el asunto en el Tribunal Federal de Justicia, el juez dijo, "No, vamos a suspender el juicio hasta que el tribunal resuelva definitivamente”, lo cual ya sucedió. Significa que, una vez que se han notificado, obviamente cumpliendo las formalidades, el juicio tendrá que reiniciarse contra Eduardo Almeida y en su caso contra César Duarte por el tema de defraudación fiscal por esos casi 478 millones de pesos”, detalló.
Red de protección local
Pérez Espino también puso énfasis en que este resultado fue posible únicamente gracias a la actuación de autoridades federales, ya que a nivel estatal —bajo el actual gobierno de María Eugenia Campos Galván— los casos vinculados a Duarte han sido abandonados de forma sistemática. Señaló al magistrado Luis Eduardo Naranjo como una pieza clave de la red de protección.
“Luis Eduardo Naranjo terminó su periodo, y la Gobernadora de inmediato cambió las leyes del estado, a través del PAN en el Congreso, para crearle una nueva sala en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa”, denunció. “Ese magistrado le perdonó los créditos fiscales a César Duarte, a diferencia de lo que hizo la Sala Superior [federal]”.
El periodista indicó que la administración de Campos dejó de presentar pruebas, no respondió oficios ni dio seguimiento a expedientes fiscales y penales en curso, lo que provocó la caída de varios casos relevantes. El de Almeida habría corrido la misma suerte de no haber intervenido la Procuraduría Fiscal de la Federación.
“Eso es muy importante decirlo, porque lo que no ha hecho Maru Campos en su gobierno es darle continuidad a estos procesos. Ella dejó morir los casos fiscales que se habían emitido durante la administración anterior”, señaló.
Y es que la importancia que tiene el fallo federal es clave, de acuerdo con el escritor, porque lo que está en juego no es sólo el cobro de una deuda fiscal millonaria, sino la posibilidad de romper un sistema de protección institucional que ha impedido la justicia en Chihuahua:
“Es importante que la autoridad federal intervenga en los casos que puede intervenir como este, porque eso rompe el esquema compacto que hay acá en Chihuahua, donde no puede suceder nada en términos de justicia para los ciudadanos”, dijo. “Es una buena noticia que, gracias a la intervención federal, se reconociera la validez de ese crédito fiscal y también que se le haya negado un amparo”.
A diferencia de lo que ocurre con las autoridades locales, agregó el periodista, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Fiscalía General de la República han sostenido una defensa jurídica efectiva:
“Esa es la diferencia con lo que pasó en el Tribunal Federal. Ahí sí hubo defensa por parte de la Procuraduría Fiscal y también intervención de la FGR. En Chihuahua, el gobierno del Estado, la fiscalía estatal y la gobernadora no tienen ningún interés por castigar ni por obligar a César Duarte y sus cómplices a devolver lo que literal se robaron”.
