La orden de aprehensión contra Francisco Javier Cabeza de Vaca fue emitida en 2022 por un Juez federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió este miércoles atraer el Amparo en Revisión 54/2024, para determinar si debe ejecutarse la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Con una votación dividida de cinco votos contra cuatro, el Pleno del máximo Tribunal aceptó conocer del Amparo en Revisión 54/2024 contra la sentencia a favor del exgobernador, esto mediante una Solicitud de Ejercicio de Facultad de Atracción (SEFA) formulada por la Fiscalía General de la República (FGR).
En contra de la atracción votaron el Ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García; a favor se pronunciaron Sara Irene Herrerías Guerra, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf, Irving Espinosa Betanzo y María Estela Ríos González.
La orden de aprehensión fue emitida el 4 de octubre de 2022 por un Juez federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que la FGR acusara a Cabeza de Vaca de operar con recursos de procedencia ilícita, a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con la investigación, el exgobernador habría sido accionista en diversas empresas con las cuales el Gobierno de Tamaulipas, durante su gestión, celebró contratos por más de 105 millones de pesos.
Cabeza de Vaca promovió un amparo directo al considerar ilegal la orden de aprehensión. El caso fue inicialmente resuelto por el Juez Faustino Gutiérrez Pérez, quien en febrero de 2023 desestimó las acusaciones por falta de pruebas. Sin embargo, la FGR lo señaló de actuar como defensor del imputado y de justificar sus operaciones financieras.
Tras las denuncias, el Consejo de la Judicatura Federal trasladó a Gutiérrez Pérez al Juzgado Segundo de Distrito en Matamoros, dejando el caso en manos de Yolanda Vega Marroquín, quien en diciembre de 2023 reiteró la misma resolución a favor de Cabeza de Vaca.
Cabeza de Vaca se dice perseguido político
A través de un extenso mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró ser un perseguido político de Partido Morena y del expresidente Andrés Manuel López Obrador por "no haberse sometido a su política autoritaria y por haber destapado la cloaca de la red criminal, corrupción y complicidad política más grande en la historia de México: el huachicol fiscal".
🚨 Seamos claros:
1.- Soy un perseguido político de @PartidoMorenaMx y de @lopezobrador_ por no haberme sometido a su política autoritaria y por haber destapado la cloaca de la red criminal, corrupcion y complicidad política más grande en la historia de México: el huachicol…
— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 9, 2025
"Desde el 30 de noviembre de 2023 se me concedió un amparo contra la ilegal orden de aprehensión librada en mi contra. Sin embargo, debido a las “chicanadas” procesales características de la FGR, no se ha permitido que el Poder Judicial de la Federación resuelva en definitiva y conforme a derecho", indicó.
El exgoberndor sostuvo que las otras dos personas que fueron involucradas en el caso de delincuencia organizada ya fueron absueltas conforme a derecho y acusó que en 2019 López Obrador ordenó su desafuero, algo que impidió la Suprema Corte de entonces.
"Ahora nos enteramos de que la propia FGR ha solicitado que la Suprema Corte de la Nación atraiga el caso (como si no tuviese temas importantes que resolver), con el único propósito de tenerme como rehén político por ser el destapador del huachicoleo fiscal. La historia pondrá a cada quién en su lugar. Por lo pronto, harán más evidente la burda persecución política en mi contra y captura de los poderes de la Unión. A pesar de esta burda y cobarde persecución política, me mantendré siempre firme con mis convicciones. Ni me doblo, ni me vendo", finalizó.
Tamaulipas presenta 70 denuncias por desvío de recursos de Cabeza de Vaca
El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal, informó el pasado 27 de agosto que fueron presentadas 70 denuncias contra la Administración anterior, encabezada por Cabeza de Vaca, de las cuales al menos 14 son de carácter penal. Estas acciones legales se derivan de la detección de un nuevo desvío de recursos públicos por un monto superior a los 343 millones de pesos.
En conferencia de prensa, el director jurídico y apoderado legal de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Iván Saldaña Magaña, detalló que las denuncias fueron interpuestas en contra del exgobernador y diversos exfuncionarios de su administración por la presunta adjudicación ilícita de contratos.
Explicó que estos procedimientos implican un quebranto aproximado de 343 millones 966 mil pesos, recursos que fueron pagados a dos empresas vinculadas con los hermanos Carmona.
"Se estima un quebranto aproximado de 343 millones 966 mil pesos; esas cantidades de dinero fueron pagadas a dos empresas que están vinculadas a los hermanos Carmona, en donde las empresas que fueron beneficiadas son Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Vega”, dijo Saldaña Magaña.
Las compañías señaladas son Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, encabezada por Carlos Alejandro Romero Vega. Dichas empresas fueron beneficiadas con contratos para brindar mantenimiento a diversos hospitales de Tamaulipas durante el ejercicio fiscal de 2017 y 2018.
Saldaña Magaña indicó que el modus operandi consistió en que las empresas se asociaron con exfuncionarios estatales para obtener contrataciones por más de 500 millones de pesos. Sin embargo, puntualizó que de ese monto se dejó de cubrir una cantidad de 157 millones de pesos, sin que hasta la fecha se tenga registro de que los proveedores hayan realizado alguna acción legal para reclamar dicho pago, lo que calificó como un hecho “raro y sospechoso”.
