Los empresarios solicitaron a Trump presionar para que las empresas sean protegidas ante la politización del Poder Judicial en México.
Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Directivos de las principales corporaciones de Estados Unidos expresaron ante el Gobierno de Donald Trump su preocupación por la Reforma Judicial en México, al considerar que “politizan” el Poder Judicial y amenazan los mecanismos de arbitraje independiente entre empresas y el Estado mexicano, según recoge Reforma.
De acuerdo con el medio, los líderes empresariales —agrupados en la Business Roundtable (BRT), que reúne a unos 200 directores ejecutivos de las mayores compañías estadounidenses, entre ellos Tim Cook (Apple), Jamie Dimon (JPMorgan Chase), Mary Barra (General Motors) y Raj Subramaniam (FedEx)— pidieron a la Administración Trump renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026, pero con mayores garantías para las inversiones estadounidenses.
"Las recientes reformas judiciales de México, incluyendo los esfuerzos por eliminar a los reguladores independientes, afectarán negativamente el clima de inversión en el País. Bajo estas reformas, México será el único país del mundo donde todos sus jueces serán elegidos por voto popular, lo que genera preocupación de que las disputas entre inversionistas privados y el Gobierno se vean sujetas a consideraciones políticas en lugar del Estado de Derecho", dijeron los CEOs en un documento presentado en el marco de las consultas públicas rumbo a la revisión del T-MEC obtenido por Reforma.
Los empresarios solicitaron al Ejecutivo estadounidense “presionar para que las empresas sean protegidas ante la politización del Poder Judicial en México, que pone en riesgo arbitrajes independientes frente a caprichos políticos”, destacó el diario.
La agrupación también instó a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) a restaurar el Mecanismo de Solución de Disputas Inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés)” dentro del tratado, para que los inversionistas estadounidenses puedan “resolver sus quejas a través de árbitros independientes”.
“La mera existencia del Mecanismo ISDS probablemente haría reflexionar a aquellas figuras políticas en México que estén considerando la expropiación o presionando a los tribunales para que cedan a los caprichos políticos”, cita el diario.
Reforma detalla que, a diferencia del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las disposiciones del T-MEC redujeron la posibilidad de que los inversionistas estadounidenses presenten reclamos directos contra el Estado mexicano.
Los empresarios agrupados en la BRT también acusaron al Gobierno mexicano de aplicar “medidas discriminatorias” en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, aviación y paquetería. Según Reforma, denunciaron que el Estado “favorece a Pemex y a la CFE”, privilegia a Telmex, protege a Mexicana de Aviación y restringe los servicios de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
“México ha tomado varias medidas preocupantes que han afectado negativamente las inversiones estadounidenses en el país, como la expropiación de una cantera propiedad de una empresa estadounidense y la imposición de impuestos retroactivos a las aseguradoras”, indicaron los CEOs, de acuerdo con el periódico.
Además, la BRT cuestionó la actuación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a la que calificaron como “inconsistente” en sus normas regulatorias, lo que —aseguraron— “retrasa la entrada de productos médicos y biológicos estadounidenses”.
Entre las advertencias destacadas por los directivos están:
- Que la reforma judicial “socava el Estado de Derecho”.
- La necesidad de restaurar el ISDS.
- Las “barreras digitales” que restringen el comercio electrónico.
- Las “prácticas fiscales injustas” del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con auditorías y evaluaciones “poco razonables”.
- La “discriminación a favor de empresas estatales” y la falta de coherencia regulatoria de la Cofepris.
Los empresarios estadounidenses consideraron que estas condiciones generan incertidumbre para la inversión y contradicen las obligaciones de México en el marco del T-MEC, dice el diario.
