Miles de cadáveres producto de la guerra contra las drogas han puesto de manifiesto las carencias existentes en la ciencia forense mexicana, donde los equipos luchan por identificar a las víctimas, una prueba vital que a menudo se pasa por alto por lo que la mayoría de los asesinatos quedan sin resolver, señala un reportaje de Reuters Internacional .
En su edición de hoy, la agencia critica el sistema jurídico y forense en México pues en menos del 8 por cientos de los procesos se utiliza las evidencias físicas. En las audiencias, resalta el reportaje, la base de los juicios son las declaraciones juradas. El sistema es tan obsoleto que más del 70 por ciento de los homicidios quedan impunes.
Por el contrario, las cifras del FBI indican que dos tercios de los asesinatos cometidos durante 2009 en EU fueron resueltos. Cabe señalar que en EU los procesos penales están sujetos a las evidencias físicas más allá de las declaraciones juradas.
El artículo de la periodista Micca Rosenberg, expone que la guerra contra el narcotráfico lanzada por el presidente Felipe Calderón agrava la situación toda vez que son más comunes el hallazgo de las fosas clandestinas en las que los integrantes de los cárteles de la droga suelen enterrar a sus víctimas para que no puedan ser identificadas.
Rosenberg expone el caso de Alejandro Espinoza, un hondureño que reclamó los restos de su hermano y su sobrino luego de que fueron asesinados en Tamaulipas por presuntos "Zetas". Días después, las autoridades mexicanas le enviaron los restos de un migrante brasileño. "Fuimos al aeropuerto a recibir a mi sobrino Carlos," dijo Espinoza. "Pero nos enviaron el cuerpo de un hombre negro. Más tarde nos dijeron que era el cuerpo de un brasileño", recoje el texto.
El pasado 2 de julio, Felipe Calderón inauguró el Laboratorio Central de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR), con el que se pretende utilizar los métodos de la criminología para combatir a los criminales. En otras palabras, el gobierno federal pretende utilizar pruebas de balística y medicina forense para resolver los homicidios.
El texto de Reuters señala que el gobierno de EU apoyará a la PGR en la capacitación de los policías federales y criminólogos en pruebas de laboratorios forenses, análisis de la escena y en normas internacionales sobre criminología.
Sin embargo, los recientes esfuerzos del gobierno federal no serán suficientes, refiere el texto. La guerra contra el narcotráfico que libran las fuerzas federales y el Ejército sigue acumulando miles y miles de muertos. Las víctimas superan la capacidad de las morgues y de los anfiteatros.
Es difícil creer que el nuevo sistema pericial que planea el gobierno federal podrá resolver las muertes de las 40 mil personas registradas desde que Calderón lanzó su guerra contra el crimen organizado, señala.
El texto deja entrever que México ha llegado tarde a la ciencia forense. “Desde abril, las autoridades han desenterrado cerca de 200 cuerpos en tumbas poco profundas en Tamaulipas, donde otros 70 inmigrantes centroamericanos fueron fusilados. En las fosas comunes encontradas en el estado de Durango en el mismo mes se han hallado hasta a 252 cuerpos”. Ante las lagunas que presenta el sistema pericial “más de 150 de los órganos de Durango han sido vueltos a enterrar en tumbas anónimas. Sólo tres han sido identificados”.
En el caso de Durango la evidencia del crimen se perdió, según Reuters, porque los elementos del Ejército y los policías federales utilizaron excavadoras para extraer los cuerpos de las fosas comunes.
El texto cita a Heraclio García el director de Servicios periciales de Durango quien asegura que la guerra contra el narco ha rebasado la capacidad no sólo de las instituciones policiacas sino también de las periciales. "Este tipo de cosas nunca ha ocurrido en el país”.
García insiste en que las instalaciones de la morgue están equipadas para recibir tres o cuatro cuerpos al día, pero están recibiendo hasta 15. “La instalación de almacenamiento tiene capacidad para sólo 20 cuerpos, por lo que se tuvo que contratar unidades móviles para mantener el resto de los cuerpos”, reitera.
La lucha contra el crimen organizado así como los enfrentamientos entre los cárteles de la droga han dejado miles de cuerpos que no han sido identificados y miles de desaparecidos. Hasta el momento, no se tiene la cifra exacta de los desaparecidos, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos estima que oscilan entre los 5 mil.
Después del encuentro entre el gobierno federal e integrantes del Movimiento por la paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, las autoridades federales hablaron de crear una base de datos de ADN para ayudar a identificar a los cadáveres de las fosas.
No obstante, no hay que mostrarse optimistas, señala el texto, pues existe el factor de la inseguridad. Muchas familias no se atreven a denunciar las desapariciones por temor a las represalias.
En San Fernando, refiere el artículo, elementos de la policía municipal fueron acusados de colaborar con “los Zetas” en el secuestro y asesinato de los 71 indocumentados centroamericanos.
Incluso, en los estados del norte del país, las bandas de narcotraficantes se han caracterizado por volver a la escena del crimen, irrumpir en las morgues y robar los cuerpos de sus compañeros muertos.
El texto finaliza con la declaración de Morris Tidball-Binz, experto de la Cruz Roja Internacional, quien asegura que no es suficiente con un laboratorio de servicio periciales. Se necesita reforzar la seguridad para los criminólogos. “Tenemos reportes de que criminalistas y expertos forenses han sido amenazados por miembros del crimen organizado, por lo que muchas veces ni siquiera se tiene acceso del crimen”, afirmó.
