Mérida, 28 Jun. (Notimex).- El pleno de la LIX Legislatura local aprobó hoy la creación del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del estado, instancia que agrupará al Registro Público de la Propiedad, el Catastro y el Archivo Notarial.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del estado, Víctor Caballero Durán, señaló que ese instituto “tendrá la responsabilidad de conjuntar y coordinar los esfuerzos de las tres dependencias para otorgar mejores servicios en materia catastral”.
“Ofrecerá mejores servicios a la ciudadanía, garantizará los derechos en materia patrimonial y fortalecerá la convivencia pacífica que genere un clima adecuado para alentar la llegada de nuevas inversiones que generen empleo y desarrollo social”, dijo.
Agregó que la norma que da vida a esta instancia también “establece las bases” para que Yucatán alcance mejores nivel de competencia “y se contribuye a que los gobiernos, estatal y municipales sean eficientes y eficaces, con respuesta pronta a las necesidades de la sociedad”.
Caballero Durán destacó que los registros públicos de la propiedad del país presentan varios problemas en su conceptualización, marco jurídico, procesos de trabajo, sistematización, profesionalización y desempeño.
Ello, consideró, “ha ocasionado ineficiencia en las políticas orientadas a otorgar mayor certeza jurídica sobre las fincas, así como limitaciones en las operaciones del mercado inmobiliario, afectando la seguridad de los particulares sobre la situación legal de los predios”.
Expuso que el establecimiento de este instituto también obligará al desarrollo de la plataforma tecnológica y con ello transitar a la implementación de un Registro Público de la Propiedad estandarizado y homologado en todo el país, por conducto del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad en los estados.
Además, garantizará la calidad certificada en todos sus procesos, además de contribuir a la simplificación de trámites “para que estos sean sencillos y más rápidos para el ciudadano”, ello a partir del 15 de enero de 2012.




