Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– El programa de testigos protegidos implementado durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, y cuya operadora fue Marisela Morales Ibáñez, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) fue calificado como un "fracaso" por funcionarios actuales de esa dependencia: de las 90 personas con las que la PGR trabajaba con esa figura, actualmente quedan 42, pues el resto "no aportó ningún dato para consolidar investigaciones o dieron información falsa".
De acuerdo con colaboradores cercanos al Procurador Jesús Murillo Karam, citados por el diario La Jornada, fue el propio titular de la dependencia quien ordenó que cesaran los beneficios económicos y de vivienda para los 48 testigos protegidos y sus familias. Además, a estos testigos se les pagaba las colegiaturas de los hijos y el servicio de escoltas.
Los funcionarios de la PGR plantearon que incluso, en el caso de algunos testigos que fueron sacados del programa, se podrían reactivar las averiguaciones previas iniciadas en su contra.
De acuerdo con los expedientes de estas figuras, hay quienes llevaban más de nueve años cobrando sin que sus declaraciones hubieran servido para llevar a algún miembro del crimen organizado ante un juez.
Durante las administraciones de los presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, de acuerdo con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), se erogaron más de 178 millones de pesos para cubrir diversos gastos relacionados con 614 personas que colaboraron con el gobierno federal.
PRI PRESENTARÁ PUNTO DE ACUERDO
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado presentará este día un punto de acuerdo en el que exhorta al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam para que envíe a la Comisión Permanetne del Congreso de la Unión el impacto de los programas de testigos protegidos durante las administraciones de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa.
Resalta que la figura de testigo protegido, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, establece que debe tener medidas apropiadas, se debe proteger de manera eficaz a dichas personas, sin emabrgo, "de las dos administraciones que antecedieron a la actual, dichas medidas no han sido ni las apropiadas ni las más eficaces".
Denuncian que los testigos han sido utilizados de manera irresponsable, ejemplificando con el caso del General Tomás Ángeles Dauahare, quien fue aprehendido en mayo de 2012 acusado de mantener vínculos con el crimen organizado y posteriormente fue liberado por falta de pruebas, "muestra que la Procuraduría General de la República y la extinta Secretaría de Seguridad Pública manipularon políticamente su detención".
Un ejemplo más fue el caso del "Michoacanazo", en 2009, donde la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) arraigó a 12 presidentes Municipales y diversos funcionarios del gobierno de Michoacán acusándolos de participar con la delincuencia organizada. Posteriormente, como todos sabemos, tuvieron que ser dejados en libertad por la falta de pruebas.
