Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).– El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), junto con la organización Causa en Común, presentaron el estudio “Rendición de cuentas en el uso de los Fondos Federales para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP)” donde denuncian que existe opacidad, además de prácticas discrecionales, por parte de las autoridades estatales que pueden afectar la efectividad de las políticas en materia de seguridad.
El FASP representa una de las principales fuentes de financiamento para la prevención delictiva y procuración de justicia en los estados e incluso la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha denunciado diversas fallas.
En el estudio, se tomaron como muestra a 10 estados, y se analizaron cinco puntos: obligaciones legales, presupuesto y cuentas públicas, reportes de ejercicio del gasto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), portales de transparencia estatales y solicitudes vía Infomex, y reportes de auditoría y fiscalización de la ASF.
Actualmente se destinan 140 mil millones de pesos a los programas y estrategias de seguridad pública a nivel nacional. La federación transfiere aproximadamente 17 mil millones de pesos a programas de seguridad en estados y municipios.
El FASP concentra casi 45% de estos recursos, con 7.6 mil millones de pesos en 2013.
Con relación a las leyes federales que regula el ejercicio de los recursos del FASP, se identificó que existe incongruencia entre normas, particularmente en lo relacionado con la suspensión de la transferencia de recursos del FASP en caso de incumplimiento por parte de los estados, así como incentivos perversos en la forma que se distribuyen los recursos del Fondo. En el ámbito estatal, se encontró también que las leyes locales de transparencia cuentan con criterios diversos para reservar información pública por motivos de seguridad.
También se encontró que todos los estados, a excepción de Tabasco y Colima, publican el gasto ejercido por la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Sin embargo, no se cuenta con información que permita conocer con precisión a qué áreas y funciones específicas se destina el dinero.
Se identificaron fallas en los reportes que por ley deben entregar las entidades federativas a la SHCP para dar seguimiento al ejercicio presupuestal y al avance de metas. Los reportes trimestrales publicados por la SHCP no presentan la información del Fondo de todas las entidades federativas de forma homogénea, con lo cual no es posible comparar el avance de los proyectos y de las metas entre entidades federativas.
En cuánto a los reportes que las entidades federativas deben entregar al SESNSP, parecieran que éstos contienen información bastante amplia para analizar el ejercicio presupuestal, el avance en las metas comprometidas y los precios de los bienes y servicios adquiridos con este fondo, sin embargo, los documentos no son públicos con lo cual se limita las posibilidades de escrutinio del gasto efectuado por los estados.
En materia de transparencia y acceso a la información se encontró que, por regla general, los gobiernos estatales tienden a ser opacos y renuentes a entregar información relacionada con la operación del FASP.
Con respecto la compra de equipo de seguridad, un problema a destacar es que no se cuenta con un Catálogo de Bienes. Además de que las entidades federativas no suelen publicar un Programa de Adquisiciones en materia de seguridad ni las características de los bienes adquiridos, con lo cual no puede saberse si el equipamiento policial adquirido es pertinente para las necesidades particulares del estado.
