Por Gabriela Sotomayor. Corresponsal
Ginebra, 10 Oct (Notimex).- El presidente de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) de México, Ricardo Bucio Mújica, afirmó hoy aquí que es necesaria una Ley General de Igualdad y no Discriminación en su país, ante la desigualdad socioeconómica, de trato y en general de acceso a los derechos.
"A mí me parece sin duda que necesitamos una ley general ya no sólo para prevención de la discriminación sino una ley general de igualdad y no discriminación que determine las obligaciones no sólo federales, sino estatales y municipales", dijo Bucio a Notimex.
Bucio participa como ponente en la 11 Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la aplicación efectiva de la Declaración y Programa de Acción de Durban en un panel sobre las iniciativas nacionales de vigilancia en la lucha contra racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.
Consideró que "la extrema división que hay de responsabilidades gubernamentales hoy día y la manera en cómo se está llevando el federalismo en México en la actualidad constituye un problema para el ejercicio de derechos humanos".
Por ejemplo, dijo, en el caso de la indígena mazateca Irma López Aurelio, quien dio a luz en el patio de un hospital, la acción del Estado federal, la acción del gobierno estatal, del municipio y la autoridad sanitaria a nivel local en diversas ocasiones pueden ir en "rumbos distintos" respecto a la garantía de los derechos.
El caso de Irma, sostuvo, "da cuenta de que necesitamos un esquema legal e institucional distinto".
"Creo que en México hoy día el conjunto de leyes antidiscriminatorias son discriminatorias", subrayó, porque no protegen de igual manera a las personas dependiendo del territorio en donde están y la relación que tienen con la autoridad.
Oaxaca (donde ocurrieron los hechos) no tiene una ley estatal contra la discriminación ni tiene obligaciones descritas ni para el gobierno del estado ni para el gobierno del municipio, observó Bucio.
Recordó que la iniciativa de ley estatal contra la discriminación en ese estado fue presentada en junio de 2011 teniendo como testigo a la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navi Pillay, pero desde entonces sigue sin haber protección desde el municipio o el propio gobierno del estado.
Respecto al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 23 de octubre, dijo que se valorará en forma positiva el cambio legal en México.
Sobre todo, agregó, en los tratados internacionales de derechos humanos cuya mayoría refieren igualdad y no discriminación, pues ahora tienen rango constitucional.
"Eso cambia totalmente el paradigma de acción del Estado", enfatizó Bucio quien recordó que esto ha sido ratificado recientemente por la Suprema Corte de Justicia.
Lo que en su opinión "no será bien valorado es el carácter estructural que tiene la discriminación en México en la cultura, en las prácticas institucionales gubernamentales desde el gobierno municipal hasta el federal".
"El cambio legal e institucional no ha alcanzado a revertir la relación simbiótica que hay entre desigualdad económica y desigualdad de trato", valoró.
Consideró que ahora el gobierno federal puede obtener una mejora inmediata en temas como violencia contra la mujer, el reconocimiento constitucional de la población afrodescendiente y la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esto, refirió, sin duda homologaría los derechos laborales y de seguridad social de las trabajadoras del hogar.
Bucio admitió que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la perspectiva que unifica al Plan Nacional de Desarrollo es el concepto de igualdad y no discriminación.
Su esencia es, subrayó, hacer de México "una sociedad de derechos en donde todas las personas puedan ejercer todos los derechos reconocidos constitucionalmente".
Para Bucio es de vital importancia que el tema de igualdad y no discriminación, "no sólo está en el lugar más alto de la legislación por el cambio en el artículo primero constitucional, sino que ahora también está en el lugar más alto de la programación pública que es el Plan Nacional de Desarrollo".
"Ahora necesitamos que eso vaya al plan más alto del ejercicio de la política", enfatizó al señalar que "hay muy buenas condiciones hoy en día para que México pueda redefinir su relación con los derechos humanos".
Esto lo atribuyó a que el Estado logró cambiar el marco legal, porque el presidente Peña Nieto lo propuso como el eje central de su gobierno y porque México al ser un actor importante en la escena global "necesita dar cuenta de que su gobernabilidad democrática tiene como indicador central el respeto a los derechos".
"Hoy si creo que se juntan estas condiciones y espero que como gobierno asumamos el reto y enfrentemos la parte que le toca a cada una de las áreas responsables", finalizó el titular de Conapred.
