Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).– En diciembre de 2012, el Congreso local de Chiapas aprobó un plan de austeridad propuesto por el Gobernador Manuel Velasco Coello, que establecía medidas como la reducción de sueltos de altos funcionarios a la mitad. Ayer, el mismo Congreso aprobó un Presupuesto de Egresos “histórico” para el próximo año de 78 mil 061 millones 572 mil 475 pesos, 14 mil millones más que en 2013.
La aprobación por unanimidad y sin objeción de los legisladores, se presentó luego de un escándalo por uso de recursos públicos para el uso de promoción del mandatario estatal, quien para su primer informe de gobierno –el pasado 19 de diciembre– difundió en varios estados spots y espectaculares con su imagen.
En su primer informe de gobierno, el Gobernador estableció que a un año de gestión institucional trabaja para consolidar “un gobierno honesto, transparente, austero, con prioridad en la educación, migración, frontera sur, desarrollo sustentable, campo, medio ambiente, desarrollo turístico y asistencia social”.
Sin embargo, la austeridad decretada por Velasco al inicio de su gobierno quedó en entredicho al descubrirse cómo difundió su imagen en el centro del país por su Primer Informe de Gobierno.
De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, Velasco Coello gastó más de 10 millones de dólares en los rubros de comunicación social y gasto publicitario en imagen, de acuerdo con el anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2013.
La noticia causó indignación debido a que Chiapas es –según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)– la entidad más pobre del país por encima de Guerrero (67.4%), Oaxaca (67.2%) y Puebla (61%). El 78.4% de la población chiapaneca vive en pobreza, dice.
Emilio Salazar Farías, Diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente local de la Comisión de Hacienda, dijo que el presupuesto se otorgó gracias a la gran responsabilidad que tiene el Ejecutivo del Estado por tener finanzas sanas, por actuar con gran sensibilidad y responsabilidad.
“Fue un año de disciplina presupuestal, de austeridad, que hoy rinde frutos. En el Congreso reestructuramos la deuda de Chiapas y eso provocó que se mejore la calificación crediticia”, dijo.
Expuso que el presupuesto significa un aumentó en más 14 mil millones de pesos en comparación con el Ejercicio Fiscal anterior y por tal motivo, no se requerirán créditos extraordinarios ni impuestos nuevos.
También informó que se descarta también el reemplacamiento y el aumento al impuesto predial: “En Chiapas, a comparación de otros estados, no se ejercerá ningún nuevo impuesto”.
UN ESTADO ENDEUDADO
Apenas 12 días después de la toma de protesta de Manuel Velasco Coello, 69 de las 122 alcaldías chiapanecas se declararon “técnicamente quebradas”, con deudas heredadas de otras administraciones, que según legisladores locales alcanzarían un total de 5 mil millones de pesos. Pero además del adeudo con las instituciones financieras, el ex Gobernador Sabines Guerrero dejó cuentas pendientes con empresarios por 600 millones de pesos.
El problema fue tan grave, que durante su toma de protesta tuvo que anunciar el lanzamiento de un plan de austeridad que incluía: la reducción del sueldo del Gobernador y sus secretarios en 50 por ciento y de 25 por ciento de los funcionarios de “alto nivel”; la restricción del uso de telecomunicaciones a los funcionarios públicos; la disminución del parque vehicular oficial, así como el ahorro en el consumo de electricidad, agua y servicios telefónicos en oficinas gubernamentales.
De acuerdo con investigaciones realizadas por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), la deuda total que heredó Juan Sabines Guerrero a Manuel Velasco Coello es de 40 mil millones de pesos, con proveedores de bienes y servicios, principalmente, por lo que sería aún mayor a la que dejó Humberto Moreira Valdés en Coahuila.
Ante ese escenario, la administración de Chiapas dispuso que los sueldos del Gobernador Manuel Velasco Coello y de los secretarios de su gabinete se reducirán a la mitad, en tanto funcionarios de alto nivel dejarán de percibir el 25 por ciento de sus ingresos, de acuerdo con este plan.
La austeridad estatal suprimirá horas extraordinarias al personal gubernamental, excepto para quienes asumen la Seguridad Pública, Protección Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), además las dependencias ajustarán la estructura del personal, como máximo, al número de plazas autorizadas.
El decreto también restringió el uso de comunicaciones de funcionarios públicos, al igualar las cuotas para utilizar la telefonía celular, disminuyó el parque vehicular oficial y estableció que las oficinas de gobierno deberían generar mecanismos de ahorro en el consumo de energía eléctrica, agua y servicios telefónicos.
