El principal padecimiento del sistema mexicano de salud es la manera en que se financia y la calidad en la atención que perciben los usuarios. Hace más de 30 años se detectó la existencia de gastos extraordinarios que realizan las familias para atender la salud de sus integrantes; las enfermedades o accidentes generan gastos impredecibles y súbitos que dan lugar a los gastos catastróficos por motivos de salud.
Ese tipo de gastos agravan las condiciones económicas de la población con menores ingresos, pese a los esfuerzos gubernamentales que tienen como objetivo ampliar los servicios de salud desde la política social. Llama la atención que la puesta en marcha del Seguro Popular en Salud no marca un cambio estructural en estos gastos, ni en niveles de ingreso bajo, de acuerdo con un análisis de la doctora Gabriela Andrea Luna Ruiz, académica del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana.
Son situaciones bastante comunes las que incrementan el riesgo de los hogares de caer en gastos catastróficos, como son el parto, hospitalización, compra de medicamentos, o bien, algunas condiciones sociodemográficas de los hogares. Diversos estudios indican que en México el tipo de aseguramiento, sea público o privado, es lo que determina la elección de la institución de atención y es la que más protege a los hogares de incurrir en un gasto catastrófico.
Digno de reflexión es que una quinta parte de los asegurados no se atiende en la institución a la que tiene derecho por ser en la que cotiza y ya prepagó. La percepción sobre la calidad de la atención en los servicios juega un papel importante, personas con alto nivel de ingreso no se atenderán en servicios de la seguridad social aunque tengan derecho a ello. Además, uno de cada tres mexicanos que acude a los servicios de salud, lo hace en servicios privados; ésta es una demanda que proviene de diferentes estratos socioeconómicos con cierta independencia respecto a su condición de aseguramiento.
En cuanto a gasto catastrófico de los hogares asegurados respecto a los que no tienen seguridad social ampliada (aquí se incluye afiliados de seguro popular), prácticamente se duplica para los hogares que no tienen acceso a la seguridad social, reforzándose así la vulnerabilidad que tienen.
En los primeros, se contempla a hogares que tampoco tienen incertidumbre respecto a la atención en salud, al retiro y a su ingreso disponible mensual, pues la seguridad social ampliada se debe a la incorporación al mercado laboral formal.
En estas condiciones los niños mexicanos del siglo XXI dejaron de nacer “con torta bajo el brazo” pues en la atención del parto, tanto gasto de bolsillo como la percepción de la calidad, generan una indeseable utilización de los servicios de salud; si la calidad de la atención esperada es baja, se incrementa la probabilidad de buscar otras alternativas que requieren desembolsos, en algunos casos pese a tener aseguramiento en instituciones para las que ya se había cotizado, deviniendo en una situación que incide en el gasto familiar y puede incluso llevarlos al endeudamiento.
Se presenta entonces una paradoja: desperdicio en los recursos de los servicios públicos y de seguridad social médica, capacidad subutilizada, y a la vez detrimento en las condiciones materiales de vida de las familias. Los medicamentos también tienen su propia historia en el gasto familiar; pues es el gasto en salud más prevalente e importante.
Más de 50 por ciento del gasto en salud es compra de medicamentos, tanto recetados como sin receta; en niveles bajos de ingreso el grueso del gasto en salud corresponde a medicinas que prácticamente funcionan como paliativos para sobrellevar la enfermedad con menor malestar o dolor.
Pese a que los medicamentos implican gastos catastróficos, por su porcentaje en el gasto, no quiere decir que sean montos elevados; pero para niveles de bajo ingreso en México basta comprar “aspirinas” o algún medicamento “para malestar estomacal” para desequilibrar la estructura de gasto de una familia.
Es claro que un foco rojo para el sistema de salud es que familias con aseguramiento puedan incurrir en gastos de bolsillo y peor aún, que estos sean catastróficos, reflejando la insatisfacción por los servicios a los que tendrían derecho sin tener que sufrir un desembolso; las familias insatisfechas con la atención prepagada (aquella que ofrecen los aseguradores públicos institucionales) que sufren empobrecimiento es cercana a 6 por ciento.
Finalmente, la población que tendría que reflejar los beneficios del Seguro Popular en Salud es la que no tenía acceso a salud por vía alguna; aun así, cuando presentan actualmente alguna enfermedad cerca de 20 por ciento de los que acudieron a atenderse, presentaron gastos catastróficos. Urge replantearse el modelo de atención y la calidad con que se prestan los servicios de salud, de otra manera no habrá programa alguno emergido desde la política social que logre reducir los gastos indeseables y la desprotección de los sectores más vulnerables.
