México, 10 Jul. (Notimex).- El diputado René Mendívil Acosta, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Baja California, solicitó al Órgano de Fiscalización Superior de esta entidad, investigar sobre el reciente proceso de licitación de placas para automóviles en el estado, donde se adjudicó el contrato a una empresa que no contaba con autorización de la SCT para fabricar estos materiales.
El legislador hizo un llamado a transparentar esta operación para terminar con las especulaciones, realizar las observaciones correspondientes y sancionar conforme a la Ley aquellas acciones que manifiesten un uso inadecuado de los recursos públicos.
El caso data del pasado 28 de marzo, cuando la Secretaría de Planeación y Finanzas adjudicó de manera directa un contrato por 16.4 millones de pesos a la empresa Lazos Internacionales para fabricar 81 mil juegos de placas vehiculares, bajo el argumento de que ésta cumplía con todos los requisitos para la fabricación de estos materiales.
No obstante, según documentos emitidos por la Dirección General de Autotransporte Federal de la SCT, la empresa recibió su permiso para fabricar placas vehiculares el 9 de mayo de 2014; es decir, 42 días después de que se le otorgará el permiso por parte de Comunicaciones y Transportes.
Adicionalmente, el Servicio de Administración Tributaria reveló en documentos que registran las operaciones fiscales de Lazos Internacionales que, aunque la empresa se dio de alta en 1998, ésta permaneció inactiva del 2002 al 2013, para reactivarse tan sólo unos meses antes de que se su le adjudicó el mencionado contrato.
Los documentos y demandas legales que se han derivado del caso serán ingresados en próximos días al Órgano de Fiscalización del Congreso, que será el encargado de determinar las violaciones en las que se pudieron haber incurrido en este proceso.
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California (OFSBC) es una entidad del Congreso del Estado, con autonomía técnica y de gestión, el cual cuenta con las atribuciones para fiscalizar la administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, subsidios y recursos de los poderes del Estado y de las entidades públicas estatales.
