El casino atacado ayer por grupos armados que generaron un incendio en su interior provocando la muerte de unas 53 personas, operaba de manera ilegal, señaló el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal Bretón a Notimex.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados atribuyó la responsabilidad de la operación ilegal del casino Royale a Gobernación y a la Procuraduría General de la República, a las que desde mayo se presentó una denuncia de que esa casa de juegos y 15 más en Monterrey, Nuevo León, no contaban con permisos federales, según La Jornada.
Otros medios medios locales, entre ellos Reporte Índigo, reseñan exactamente lo mismo.
¿Quién dejó operar el Casino Royale sin permiso? ¿Y salidas de emergencia?
El casino siniestrado, que ya había sido atacado en dos ocasiones, es propiedad del Grupo Royale, que posee establecimientos en las ciudades de Monterrey, Mazatlán, Los Cabos y Escobedo, según la agencia española EFE. El establecimiento abrió sus puertas hace tres años y medio y tiene dos amplias plantas, en las que podía recibir a cientos de clientes, y un edificio contiguo de estacionamientos.
Larrazábal Bretón, presidente municipal, aseguró que el negocio Royale, ubicado sobre la avenida San Jerónimo en esta ciudad, trabajaba ilegalmente bajo una suspensión proporcionada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Nuevo León, contra los actos municipales.
Detalló que el negocio contaba con una licencia otorgada por la administración municipal anterior que data del 10 de septiembre del 2007.
Sin embargo, dijo, la autoridad municipal actual aplicó una suspensión el pasado 4 de mayo de 2011 luego de una inspección realizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Protección Civil y la Dirección de Inspección y Vigilancia, detectaron la ampliación del inmueble sin las medidas y autorización del municipio.
Explicó que posteriormente, el Tribunal Contencioso Administrativo, a través del juez Solís Navarro, otorgó el 31 de mayo una suspensión provisional para el levantamiento de los sellos de suspensión.
“La misma suspensión que él gira impide el actuar de Protección Civil, de Desarrollo Urbano, Inspección y Vigilancia, de Tesorería y prácticamente de todas las dependencias municipales”, precisó.
Larrazábal Bretón hizo un llamado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para evitar otorgar suspensiones provisionales indiscriminadamente.
La tarde de ayer sujetos armados penetraron al interior del centro de apuestas provocando un incendio de grandes dimensiones que generó la muerte de unas 53 personas, la mayoría por intoxicación.
Por su parte, la diputada Lizbeth García Coronado (PRD), coordinadora del grupo de trabajo de la Cámara que revisa la aplicación de la Ley de Juegos y Sorteos, afirmó que en la operación de casinos clandestinos e ilegales persiste la complicidad de funcionarios del gobierno federal surgido del Partido Acción Nacional (PAN), y recordó que desde que Santiago Creel Miranda era secretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox, se otorgaron cientos de permisos para casas de apuestas, dice La Jornada.
“Tengo muy claro que el atentado lo perpetró la delincuencia organizada, pero la responsabilidad de que el casino Royale permaneciera abierto es de Gobernación, que de haber tenido voluntad de verificar si operaba o no de manera ilegal, tendría que haberlo cerrado, porque no aparece en su lista de empresas autorizadas”, declaró.
García Coronado refirió, en conferencia de prensa, que también debe investigarse la actuación del Poder Judicial, que tampoco ha respondido a un punto de acuerdo del PRD en el que se le pidió una relación de los jueces que han concedido amparos a empresas dedicadas al juego con apuestas.
“Aquí hay una trampa: la Secretaría de Gobernación no concede los permisos, las empresas solicitan una ampliación de los que ya tienen, y el endeble equipo jurídico de la dependencia no les responde en los 30 días que la obliga la ley. Cumplido el plazo, las empresas recurren al Poder Judicial, que les reconoce la ampliación y les concede el amparo”, declaró, de acuerdo con La Jornada.
Confirman armas en el interior
Adrián de la Garza, procurador del estado llegó al lugar de los hechos junto con 20 agentes ministeriales para inspeccionarl el sitio.
El funcionario público afirmó que ya no hay más cuerpos entre los escombros, además hallaron armas en el interior del recinto, aunque no se especificó el número ni de que tipo son.
