Madrid, 1 Sep (Notimex).- La negociación para votar mañana la propuesta de reforma de la Constitución, en la que se quiere inscribir los principios de limitación del déficit público, se ha apresurado en las últimas horas a fin de buscar un mayor consenso en el Congreso español.
De acuerdo con fuentes oficiales, tanto el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, como dirigentes del opositor Partido Popular (PP) han buscado el apoyo de la formación nacionalista Convergencia i Unió (CiU).
La propuesta recibió el pasado martes la aprobación para ser tramitada con urgencia en el Congreso de los Diputados, por lo que estos días se revisan las enmiendas previo al nuevo debate y votación de este viernes.
La iniciativa que reforma el artículo 135 Constitucional para precisar los principios de estabilidad presupuestaria conforme los dictados de la Unión Europea (UE), y crea una Ley Orgánica a ese respecto, es respaldada solo por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el PP.
Las posiciones más contrarias son las de los partidos nacionalistas, que recuerdan que antes de una reforma constitucional sobre el déficit público, hay reivindicaciones de ellos para un mayor autogobierno en sus respectivas comunidades, algo que PSOE y PP no quieren revisar.
Asimismo, otras posiciones como la de Izquierda Unida aseguran que la reforma es un paso más hacia las políticas neoliberales de los mercados financieros impuestas al gobierno español a través de la Comisión Europea.
La mayoría de las críticas coinciden en cuestionar el trámite de urgencia de una iniciativa que, por tratarse de la Constitución, debería aprobarse mediante referéndum en las próximas elecciones del 20 de noviembre.
En forma paralela a esa petición, están las movilizaciones que las centrales Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), así como el movimiento 15-M, realizan en las calles contra la reforma.
En la reforma propuesta, además de incluir en el artículo 135 constitucional los principios estabilidad presupuestaria para todas las administraciones públicas, PSOE y PP acordaron fijar los límites en la Ley Orgánica de este artículo.
Con ello, la Ley Orgánica fijará en un 0.4 por ciento el déficit estructural global máximo del conjunto de las Administraciones Públicas a partir de 2020.
La distribución es la siguiente: El déficit estructural en que podrá incurrir el Estado no superará el 0.26 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, y el déficit en que podrá incurrir cada Comunidad Autónoma no podrá superar el 0.14 por ciento de su PIB.
Las entidades locales (ayuntamientos) deberán presentar equilibrio presupuestario.
La Ley Orgánica establecerá los criterios para la reducción progresiva del nivel de deuda, de acuerdo con el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el objetivo de alcanzar en 2020 el límite contemplado en el artículo 135.
