Los hechos ocurrieron el 8 de abril de 2016, cuando el pequeño fallecido, junto a otro menor de edad, acudió a apagar una bomba de riego en la huerta de su padre; en el trayecto, los niños se percataron de la presencia de un grupo de hombres armados que viajaban a bordo de una camioneta que era perseguida por otra en la que viajaban seis efectivos de la Secretaría de Marina (Semar).
Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Fiscalía General del Estado de Guerrero luego de que acreditó el uso excesivo de la fuerza y la falta de acceso a la justicia en el caso de la muerte de un menor ocurrida en 2016 en el poblado de “El Aguacate”, Municipio de la Unión, en el estado de Guerrero.
Los hechos ocurrieron el 8 de abril de 2016, cuando el pequeño fallecido, junto a otro menor de edad, acudió a apagar una bomba de riego en la huerta de su padre; en el trayecto, los niños se percataron de la presencia de un grupo de hombres armados que viajaban a bordo de una camioneta que era perseguida por otra en la que viajaban seis efectivos de la Semar.
En un momento de la persecución, los civiles armados descendieron del vehículo y comenzaron a correr en dirección a los menores, mientras, los elementos castrenses abrieron fuego contra los presuntos delincuentes, lo que ocasionó la muerte del menor al ser impactado por las ráfagas.
A raíz de lo ocurrido, la CNDH advirtió que los marinos no actuaron acorde con el Manual de Uso de la Fuerza, ya que desconocían su contenido y aplicación, además de que no contaban con capacitación alguna; también, incurrieron en falta de diligencia que derivó en el uso excesivo de la fuerza letal, al no ponderar el riesgo al que expondrían a la población de “El Aguacate” al efectuar al menos 65 disparos.
Cabe señalar que el día de los hechos un Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio en agravio del menor, misma que a la fecha continúa en integración; mientras en septiembre de 2016, se inició el procedimiento administrativo ante el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Semar, la cual fue archivada por falta de elementos de prueba para acreditar la responsabilidad del personal.
Respecto a las fallas en la procuración de justicia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constató la deficiente actuación de la Fiscalía de Guerrero al no asegurar la totalidad de los casquillos percutidos, ni la ubicación exacta de los mismos en el lugar de los hechos; sin embargo, sí determinó que los casquillos recuperados no eran similares a las armas utilizadas por loe elementos de Marina aunque éstas no quedaron bajo el resguardo del Agente del Ministerio Público sino de la propia instancia federal.
Las declaraciones de los elementos de la Semar, quienes señalaron que si habían disparado sus armas de fuego el día de los hechos, fue otra de las situaciones que evidenciaron las irregularidades en las diligencias realizadas por el Agente del Ministerio Público, quien también omitió requerir la bitácora de servicio del personal, así como realizar dictámenes en materia de química forense y asegurar los vehículos involucrados.
Derivado de todas estas observaciones, la CNDH recomendó al Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, la reparación integral del daño a los familiares de la víctima, la cual deberá incluir atención psicológica y tanatológica, además de que serán inscritos en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso a los derechos y beneficios previstos.
Además, la Semar deberá colaborar con la CNDH en la queja que presente ante su Órgano Interno de Control, así como en la integración de la carpeta de investigación por la denuncia que formule ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra seis efectivos. También deberá capacitar al personal de la Octava Región Naval, sector Ixtapa Zihuatanejo, del vigésimo Segundo Batallón de Infantería de Marina, en materia de derechos humanos, con énfasis en “Principios Básicos”, “Código de Conducta” y “Manual de Uso de la Fuerza”.
En lo que respecta a la procuración de justicia, la Comisión hizo un llamado al Fiscal General del Estado de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos, para que deje la investigación de este caso en manos de la FGR, dependencia con la que deberá colaborar en la realización de nuevas diligencias que permitan determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los integrantes de la Semar.
Además, la fiscalía estatal deberá colaborar en la queja que formule la CNDH contra del Agente del Ministerio Público ante el Órgano Interno de Control; capacitar en materia de integración de indagatorias, que incluya la preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, la cadena de custodia y la debida diligencia a los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal en el Distrito Judicial de Montes de Oca.
