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Desde septiembre del año pasado, fecha en que se anunció el inicio de la construcción del NAICM, en al menos 27 municipios del Estado de México se han registrado conflictos por tierras, agua, bosques, derechos indígenas y derecho al medio ambiente. En ese respecto, más de 20 organizaciones sociales han advertido que no permitirán la consecución del megaproyecto por considerar que atenta contra la vida de los pueblos y su entorno.
El caso de San Salvador Atenco, Estado de México, revivió hace unos días con el anuncio de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisará el caso de 11 mujeres abusadas sexualmente durante el operativo de 2006 que dejó dos muertos y más de 200 heridos. Para los líderes de los pobladores, la represión de hace 10 años, ordenada por el Gobierno del Estado de México, entonces comandado por Enrique Peña Nieto, fue el anuncio de lo que sería una de las presidencias más impopulares de la historia del país.
El caso de tortura y violencia sexual contra al menos 11 mujeres en San Salvador Atenco, Estado de México, cometido en 2006 por parte de policías estatales, será llevado a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
El presunto agresor, quien iba acompañado de otro sujeto que libró la ira de la turba, fue capturado luego de intentar asaltar a los pasajeros de una combi que iba del tren Suburbano al municipio de Nicolás Romero. En respuesta, el grupo de agredidos, además de vecinos de la zona, decidieron hacer “justicia” por cuenta propia, por lo que sometieron al muchacho, lo ataron a un poste de electricidad, y lo golpearon hasta el punto de dejarlo casi sin signos vitales.
Desde miércoles llegó la maquinaria pesada y por la tarde llegó un grupo de civiles, “golpeadores” presuntamente contratados por la empresas Lince y Cipsa, y desmantelaron parte de campamento para permitir la entrada de trascabos y camiones de volteo.
Filiberto Gómez Díaz asumió la gubernatura del Estado de México en 1929, año en que fue fundado el Partido Nacional Revolucionario, antecedente del actual Revolucionario Institucional (PRI).Veintidós priistas han gobernado esa entidad, sin perderla ni una sola vez. Hoy, el Gobernador es Eruviel Ávila Villegas, quien, como sus antecesores, ejerce el control sobre sus millones de habitantes por medio de la represión. En el último sexenio, las autoridades mexiquenses intentaron legalizar esta práctica por medio de leyes que justifican las agresiones de cuerpos policiacos contra civiles. En 2017, los mexiquenses votarán para elegir a su sucesor y la represión es un factor que se suma a la violencia, corrupción y censura ya no como aliado para mantener la hegemonía, sino como el enemigo que contribuiría a dejar atrás casi nueve décadas sin alternancia, tal como sucedió este año en Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo, en donde los habitantes utilizaron su voto para castigar a un partido cuya relación con los ciudadanos se ha basado en el miedo.
El Gobierno del Estado de México ha acechado durante el último mes a siete comunidades por llevar a cabo sus proyectos de megaobras en la entidad, denunciaron activistas, quienes afirman que las agresiones se han realizado escalonadamente por parte de la policía de la entidad, apoyada incluso por elementos de la Policía Federal.
De proyectos turísticos, mineros, agroindustriales, residenciales, petroquímicos, que han acabado, o amenazan con acabar, con recursos naturales y dañan el medio ambiente, está repleto el país. Sin embargo, no es algo nuevo: sexenio tras sexenio, durante los últimos 16 años, cada Presidente alienta estos abusos al no actuar tajantemente contra las megaobras que contaminan e incluso saquean a pueblos originarios sus tierras; esto, dicen organizaciones civiles, muestra que en México los intereses económicos pueden más que salvaguardar el ambiente y la salud de la población.
Un grupo de choque desalojó este lunes a integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que se encontraban en las cercanías de los terrenos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) para evitar que las obras tocarán terrenos ejidales.
Parques eólicos, concesiones mineras, hidroeléctricas, autopistas, líneas de transmisión, entre otras megaobras, han ido transformando el paisaje rural en industrial a pasos agigantados que dejan huellas imborrables en los ecosistemas, denunció el activista Carlos Mazo.
Encuentros ciudadanos sobre la Constitución de la Ciudad de México, el Día Mundial de la Libertad de Prensa y 10 años de los disturbios en San Salvador Atenco en la agenda de esta semana.
La tensión en comunidades del Estado de México opositoras a megaproyectos se avivó esta semana. La entrada de Grupo Higa, escoltada por elementos de la policía estatal, a la comunidad de San Francisco Xochicuautla para destruir casas, y de topógrafos y militares en una zona ejidal de San Salvador Atenco, a sólo dos kilómetros de los terrenos del NAICM, pusieron en guardia a los habitantes, quienes afirmar han quedado vulnerables ante un Gobierno que endurece la Ley contra la protesta pública y ha dado muestras de su fidelidad a las empresas favoritas del Gobierno federal.
La lucha que comunidades y activistas han emprendido en contra de obras, empresas y gobiernos derivan en procesos largos, a veces a favor, que las mantiene latentes. Ejemplo de ello son los conflictos que encendieron las alarmas esta semana en pobladores en el Estado de México: San Francisco Xochicuautla y San Salvador Atenco, ambos con más de siete años de litigio. Sin embargo, no son los únicos: en el país existen al menos 200 conflictos contra megaproyectos, de acuerdo con datos de la Coordinadora Nacional de Afectados Ambientales.
Pueblos en resistencia y que se oponen a las megraobras en el Estado de México preparan una estrategia legal para tirar la llamada “Ley Atenco”, hoy renombrada “Ley Eruviel” [en alusión al Gobernador priista de la entidad], la cual permite aplicar la fuerza “letal” contra manifestantes, a criterio de las fuerzas policiacas.
La nueva Ley que regula la fuerza pública en el Edomex tiene como objetivo atacar a las personas y comunidades que están en contra de megaproyectos, denunciaron activistas. Dicha legislación provocará “asesinatos legales” de defensores de derechos humanos, advirtieron.
as cámaras de video vigilancia del Estado de México detectaron el momento en el que tres sujetos robaban alambrado de cobre en el municipio de San Mateo Atenco.