Reitero que la decisión del Presidente de integrar la Guardia Nacional a la Sedena es equivocada. Además de suponer un retroceso en el intento de la Federación por construir una fuerza civil capaz de atender funciones de seguridad pública, es también una traición a la promesa hecha por el Presidente de avanzar hacia un gradual proceso de desmilitarización de la seguridad pública. Es también una decisión a todas luces inconstitucional. Así lo escribí la semana pasada, así lo escribo ahora.[1]

Ahora bien, ¿cuál es el trasfondo de la decisión?, ¿por qué no mantener, como hasta ahora, la administración de la Guardia Nacional en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)? En otras palabras: ¿cuáles son las razones del Presidente López Obrador para asumir esa decisión? Buscar entenderlas, me parece, ayuda a tener una discusión pública en la que apenas se asoman los grises y los matices suelen ser palabra enemiga.

Mi argumento: la motivación central de enviar la Guardia Nacional a la Sedena tiene que ver con el objetivo, no del todo revelado en público, pero sí en privado por funcionarios federales, de resolver los enormes problemas laborales y jurídico-administrativos que supone el haber creado una institución supuestamente civil a partir de personal eminentemente militar. Ese arreglo se ha mostrado ineficaz y ha impedido la consolidación de la institución. Desmontar al Frankenstein es imperativo.

Para empezar, es necesario comprender una cuestión de orden estructural. A saber: de los 78 mil individuos que componen la Guardia Nacional, el 77 por ciento son personal militar. La gran mayoría está en Guardia Nacional en tanto “comisionados”; es decir, prestados por el Ejército a la Guardia Nacional por un tiempo determinado. El resto son, en su mayoría, personal que llegó a la Guardia Nacional desde la Policía Federal (que ha sufrido un proceso de purga desde hace al menos dos años).[2] Hay, además, un pequeño porcentaje de guardias nacionales —los más jóvenes— cuya primera instancia laboral es la Guardia Nacional y no tienen antigüedad ni en Policía Federal ni en ningún otro lado.

El mayor problema está en las condiciones laborales de los militares de la Guardia Nacional. Estos llegaron a una nueva institución con un “oficio de comisión” que en muchos casos no especifica tiempo de llegada y salida y que deja” en pausa” asuntos laborales fundamentales.

Para ejemplo, un botón. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) prevé la posibilidad de otorgar una serie de suplementos salariales a personal militar (una prima personal de riesgo y pago de la potenciación de seguro de vida institucional). En algunos casos, esta prima llega a suponer aproximadamente el 30 por ciento de su percepción ordinaria. El PEF, sin embargo, no contempla estos mismos beneficios para personal militar de la Guardia Nacional, esto es, para el personal “comisionado”.

Desde hace tiempo desde la SSPC se ha intentado convencer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y, en particular a la Secretaría de Hacienda (SHCP), de que los suplementos salariales también deben otorgarse al personal militar de la Guardia Nacional. Sin embargo, tanto la SFP como la SHCP consideran que al otorgarse ese suplemento salarial habría duplicidad (doble beneficio), en tanto que el personal de Guardia Nacional tiene otro tipo de compensaciones —mucho menores— contempladas en el PEF. Ese escollo burocrático se resolvería llevando la Guardia Nacional a la Sedena.

Algo similar sucede con otros asuntos eminentemente laborales. Los militares comisionados a la Guardia Nacional no tienen certeza sobre cuestiones elementales: cómo se contempla su antigüedad en tanto personal militar durante el periodo de su comisión, el origen institucional del pago de sus pensiones, así como el acceso a beneficios laborales como el derecho a apoyo para rentar vivienda. Además, hoy, la Guardia Nacional no tiene hospital propio ni ofrece acceso a un régimen de profesionalización sustentable. Todo lo anterior hace poco atractiva la Guardia Nacional como lugar de trabajo para elementos militares.

Hay otras razones. Si bien trasladar a la Guardia Nacional a la Sedena permitiría un manejo de recursos más ágil, lo cierto es que también sería más discrecional. Solo tres instituciones federales continúan trabajando bajo el antiguo esquema de Oficialía Mayor: la Sedena, la Marina y Hacienda. El resto de la estructura federal funciona bajo el control directo del oficial mayor de Hacienda a través de los famosos Titulares de las Unidades de Administración y Finanzas (TUAF) que imponen un control de recursos más férreo. Las oficialías mayores de la Sedena y la Marina son, en cambio, designados por los secretarios del ramo. ¿Es más fácil así entender de dónde viene la decisión del Presidente?

En resumen: integrar la Guardia Nacional a la Sedena tiene cierta lógica: resuelve problemas administrativos serios, disipa incertidumbres laborales y vuelve más eficaz el flujo de recursos que, al menos en el corto plazo, harán más sencilla su operación. Y, sin embargo, ¿vale la pena en el largo plazo? Lo dudo mucho. ¿Es un “acuerdo Presidencial” la mejor manera de revertir la reforma legislativa de 2019? No, de ninguna manera. ¿Conviene dar este paso cuando en el ecosistema de seguridad y justicia en México —que involucra tanto instituciones civiles como militares— sigue imperando un enorme déficit de rendición de cuentas y transparencia? No, al menos no ahora.

¿Bajo que condiciones sería aceptable integrar la Guardia Nacional a la Sedena? Para empezar, tendría que generarse un acuerdo político nacional que legitimara la decisión. En segundo lugar, tendría que haber un compromiso real —con pesos y centavos— por fortalecer a las policías estatales y para dotarlas de facultades de investigación para que sean estas quienes en el largo plazo asuman la mayor parte de las funciones de seguridad en el país. Por último, debería nombrarse a un Secretario de Defensa Civil que, además, tendría la encomienda de reformar el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional para incorporar a la Guardia Nacional como parte de ese órgano. Estos dos últimos cambios supondrían una urgente, si bien compleja, transición del Ejercito hacia un nuevo paradigma, un paradigma inexorable.

[1] Carlos A. Pérez Ricart, La Guardia Nacional: ¿El inicio del fin del Ejército mexicano?, Sin Embargo, 15 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/09-08-2022/4234815

[2] Sergio Rincón y Arturo Ángel, “Para 2023, la Guardia Nacional no quiere tener elementos civiles, revela plan de Sedena; militares advierten falta de capacitación”, Animal Político, 10 de mayo de 2022. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2022/05/guardia-nacional-2023-plan-sin-elementos-civiles/

En su propuesta de Gobierno para acabar con la inseguridad el Presidente López Obrador propuso una política que bautizó como “abrazos, no balazos”. Nunca es buena idea dejarse llevar por rimas o refranes para promover políticas públicas. Pero si la poesía de la frase es barata, la idea detrás de ella es absolutamente absurda en su planteamiento y nefasta en sus consecuencias.

Para empezar, como todos lo hemos experimentado en nuestras vidas, los abrazos son para los seres queridos y, quizás, para los amigos que aún no hemos conocido y que nos encontramos en el mundo. Los abrazos no pueden ofrecerse por un Jefe de Estado a quienes, militando en la delincuencia organizada, intentan dañar a todo un país y sus ciudadanos. Que tengamos a un Presidente incapaz de entender estos claros preceptos, debería preocuparnos.

La pretendida política de combate a la inseguridad emprendida por el actual Gobierno federal, hasta el momento, ha estado fundada en postulados equivocados acerca del comportamiento humano y es una afrenta al sentido común que debe normar la acción de cualquier gobernante.

Esta política, seamos sinceros, comenzó a fallar desde el primer minuto en que se puso en práctica. La razón principal es que siempre ha sido una tentativa por evadirse de la realidad. Pero el análisis quizás no termine ahí y habría que considerar un elemento todavía más ominoso: la posibilidad de que sea beneficioso para el grupo en el poder mantener un especie de concordato con el crimen organizado. Todo hace pensar que así es. En otra ocasión me referí a la manera en que el obradorismo ha utilizado los servicios de bandas criminales organizadas para ganar elecciones y, en algunas instancias, incluso para gobernar. La afinidad del Presidente con los criminales está a la vista y hay episodios icónicos que así lo acreditan, incluyendo la liberación fuera de proceso de delincuentes y la convivencia en el entorno familiar de conocidos criminales.

Nunca como hoy la cercanía entre el poder y el crimen había sido tan estrecha. En ningún momento como el actual habíamos estado tan cerca de transformarnos en un narcoestado. Los acontecimientos dantescos de los que fuimos testigos en los últimos días representan una escalada en la acción del crimen organizado. En Baja California, Guanajuato, Jalisco,  Chihuahua,  Michoacán y en otros lugares – en lo que parecieron ataques orquestados contra la sociedad civil – cientos de personas sufrieron vejaciones en su patrimonio y en su integridad física, sin que hubiera una reacción eficiente por parte de los elementos de la seguridad pública. 

Lo ocurrido es algo inadmisible en cualquier sociedad civilizada que se organice bajo el amparo de la Ley. Quizás el momento cumbre de este desaguisado fue cuando la Alcaldesa morenista de Tijuana, Baja California, pidió a los delincuentes que con sus eventos violentos paralizaron a la metrópoli norteña, “cobrar las facturas a quienes no les pagaron” y no a las familias y a los ciudadanos. Esto deja ver que una parte del Estado mexicano ya se ha rendido de facto ante los criminales. 

No estamos muy lejos de convertirnos en un Estado fallido. Ese sería el legado más siniestro de este Gobierno. 

Aunque hay muchos responsables en los gobiernos, no hay duda de que la culpa mayor la concentra el Presidente de la República. Pero también lo son los serviles titulares de la Secretaria de Seguridad y la Fiscalía General de la República. Capítulo separado merecen los Secretarios de la Defensa Nacional y el Secretario de Marina que, deshonrando los deberes fundamentales de las Fuerzas Armadas, han confundido la subordinación institucional con la sumisión personal hacia el Presidente de la República. Muy seguramente los cinco habrán de responder en su momento a la justicia por sus omisiones y complicidades. Su lamentable y criminal actuación ha producido cientos de miles de muertes y demasiado dolor humano. Todos ellos, incluyendo al Presidente, deben enfrentar la justicia nacional e internacional. Si no es así, entonces tendríamos que decir que el filósofo Anacharsis tenía razón cuando mantuvo que las leyes eran como telas de araña, suficientemente fuertes para detener sólo al débil, pero demasiado débiles para sostener al fuerte. A pesar de todo no debemos desfallecer, pues ya se organiza la sociedad civil en la construcción de una ruta para recuperar la justicia, seguridad y paz en México.

@guerrerochipres

La reciente violencia en el Bajío y norte del país no puede ser revisada fundamentalmente desde la perspectiva de un supuesto fracaso de la estrategia de seguridad nacional o las intenciones atemorizantes de los grupos que los perpetran.

Los hechos ocurridos la semana pasada en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California requieren también una revisión de los modelos de seguridad pública vigentes y la coordinación con fuerzas federales.

La violencia comenzó la noche del martes en Zapopan —donde el Ejército desactivó una reunión de líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación— se extendió hasta Tijuana, y a su paso dejó más de una decena de muertos, vehículos y negocios incendiados, ataques ante los cuales la capacidad de reacción y contención de las corporaciones locales quedó marginada.

Esas cuatro entidades, en conjunto, concentran el 30.6 por ciento de los homicidios dolosos cometidos en el país en los primeros seis meses del año. Son punto de la violencia generada por grupos del crimen organizado que han buscado y pagado protección de elementos de las policías municipales desde hace décadas y hoy queda clara la urgencia de capacitación, depuración y dignificación.

Estos acontecimientos no son nuevos, pero tampoco se pueden resumir en un asunto de cobrar “las facturas a quienes no les pagaron”; son una realidad de la debilidad operativa que ha sido aprovechada por los criminales.

Un modelo de seguridad eficiente genera resultados y percepción ciudadana positivos y, sin necesidad de que su base sea visible, está sustentado en inteligencia y operación policial, voluntad política y esquemas de prevención.

La Ciudad de México registra avances que deben ser considerados. El modelo impulsado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y operado por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, está encaminado a fortalecer las capacidades operativas y de inteligencia de la corporación policial, en una coordinación constante con fuerzas federales.

Este esquema ha permitido reducir la incidencia de delitos de alto impacto en 54 por ciento entre el primer semestre de 2019 y el de este año, y mejorar la percepción ciudadana de seguridad en 25 puntos.

Estos resultados se ven fortalecidos con una real apertura para considerar la denuncia ciudadana como fuente de insumos policiales que permite diseñar operativos y desplegar elementos donde son realmente necesarios.

Los delitos no se han erradicado y sería un gran error pretender que así se piense, pues falta mucho por hacer, pero se debe reconocer el cambio sustancial y considerar la posibilidad de que sea un modelo a replicar en otras entidades donde es urgente modificar sus estrategias.

Es difícil, para un ciudadano cualquiera –yo entre ellos–, interpretar qué está pasando con el crimen organizado en México. Por qué el estallido de esta semana y por qué, como vimos, en algunos focos de violencia hubo atentados directos contra civiles. Primero habría que definir si el ataque en Baja California está motivado por las mismas razones que los de Chihuahua, Jalisco o Guanajuato, y no los apunto en un orden particular. Y segundo, qué motivó que se lanzaran acciones terroristas contra inocentes en Ciudad Juárez, violando una cierta lógica criminal de no tocar la “base social” porque, para algunos grupos al margen de la Ley, es su “muro de contención”.

Cualquier análisis debe despejar una primera capa de la neblina mediática. Los incendios de vehículos y negocios; los bloqueos y los ataques coordinados en zonas urbanas no son nuevos. Se padecieron con los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador. Claro que hay más ruido hoy que en el pasado, porque una buena parte de la prensa y una gran cantidad de los académicos que antes eran fuentes confiables están en contra del Gobierno de izquierda y sus interpretaciones quedan comprometidas por tendencias personales.

Algunos de estos episodios del pasado reciente permiten advertir que en la mayoría de los casos se trata de una movilización que responde a acciones del Gobierno. El 7 de noviembre de 2008, cuando fue detenido en Reynosa Jaime González Durán, “El Hummer”, un exmilitar fundador de Los Zetas, hasta con patrullas de la policía local bloquearon las avenidas para evitar que fuera trasladado al aeropuerto. En junio de 2010 –es otro ejemplo–, en Monterrey, hombres armados secuestraron autobuses y los atravesaron en varias de las principales avenidas de la ciudad por el arresto de otro capo. Y lo mismo el 1 de mayo del 2015: los jefes se sintieron amenazados y, en respuesta, además de los aparatosos incendios de camiones y vehículos atravesados en avenidas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) derribó un helicóptero de la Fuerza Aérea con un lanzacohetes y mató a ocho militares y a un policía federal en el municipio de Villa Purificación, Jalisco.

Hay un primer dato, innegable: la “base social” es movilizada cuando los jefes de sienten amenazados. Esto nos dice que, al menos en Guanajuato, Jalisco y Baja California, hubo una demostración de fuerza porque los capos del Cártel Jalisco Nueva Generación sintieron que los están cazando, después de que la Secretaría de la Defensa Nacional irrumpió en una reunión. El mensaje de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, es el mismo que en el pasado: está molesto porque lo molestan. Ojo por ojo contra las autoridades encargadas de la seguridad nacional. Obvio no es un mensaje contra las policías locales, que casi siempre están compradas, sino contra las federales por atreverse a vigilarlos.

Separaría el caso Ciudad Juarez. No sólo porque hubo una actitud atípica del crimen organizado respecto al resto de las ciudades con violencia –ataque directo a civiles, actos de terrorismo–, sino porque se dieron motivaciones locales (el enfrentamiento en el Cereso) a las que respondieron grupos delincuenciales locales, como los Mexicles o los Artistas Asesinos. A esa tensión local debe agregarse la persecución de José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, quien el 20 de junio asesinó a dos sacerdotes jesuitas y a otros dos civiles en Cerocahui, Urique, Chihuahua. Las bandas serranas están conectadas con las de Juárez y ellas, a su vez, con dos grupos en disputa desde tiempos de Felipe Calderón: La Línea y el Cártel de Sinaloa. El tipo de reacción, sin embargo, se parece mucho a la de los grupos criminales nacionales: causar inestabilidad social como respuesta a las autoridades por acciones que no les favorecen.

Desprendo, entonces, otros datos hasta aquí: el Cártel Jalisco exhibió su músculo social en Guanajuato, Jalisco y Baja California, mientras que las pandillas locales de Ciudad Juárez hicieron lo propio, por las lógicas aplicables a Chihuahua.

Claro que si recurrimos a los analistas molestos con López Obrador (académicos, periodistas u/y otros simpatizantes de la oposición), la culpa es de la política de seguridad federal, como un todo. El deseo de que vaya mal compromete su capacidad para analizar los acontecimientos y lo que vimos la semana pasada, en su óptica, es única y exclusivamente culpa del actual Gobierno federal. No se busca explicar lo que sucede: se busca acomodar hechos, medias verdades y mentiras de tal manera que se pueda señalar directamente al Presidente. No se dice, por ejemplo, que lo que vimos no es nuevo y que los criminales no aprendieron esta semana a presionar con bloqueos y ataques a vías de comunicación. ¿Para qué analizar las lógicas criminales si se puede resumir todo en el supuesto fracaso del esfuerzo federal, o en el supuesto compromiso de AMLO con el narco?

Queda todavía mejor explicado cuando se revisa el ataque a las tiendas de conveniencia, que se repite una y otra vez en las últimas dos décadas. Para intentar manchar a López Obrador lo ligan a razones políticas. Dicen que se atacan los Oxxo, que pertenecen a Femsa, porque el Presidente ha obligado a sus dueños, como a todos los grandes corporativos, a que paguen impuestos. No se dice que esas no son las únicas tiendas atacadas por el crimen organizado y que por simple matemática son las más visibles: hay 20 mil locales en todo el país, por encima de todos los Starbucks en Estados Unidos y apenas abajo de las 24 mil Subway regados en aquel país.

La cultura de los memes le viene muy bien a la oposición del Presidente, sean académicos, políticos o periodistas: tres o cuatro palabras ingeniosamente acomodadas para sustituir el análisis. Eso no ayuda a comprender lo que sucede pero ya no importa: de lo que se trata es de manchar con ánimo electoral, es decir, manchar con ganas de que ayude a ganar elecciones.

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Tampoco ayuda decir que estamos muy bien y voltearnos a otro lado. No le ayuda, sobre todo, al Presidente. Se entiende que encontrar análisis sin dolo es una tarea exhaustiva en estos tiempos; pero hay que, al menos, hacer el intento por quitar la neblina mediática y razonar sin pasión. Lo que nos dice la semana pasada es que el crimen organizado tiene capacidad para usar segmentos de la población, reducidos, para generar terror en las mayorías. Y reconocerlo es parte de la búsqueda no sólo de la verdad, sino de soluciones de fondo.

Claro que a muchos con corazón de derechas les encantaría que se respondiera con grueso calibre a la base social del crimen. Curioso, porque son los mismos que denuncian la militarización del país. Pero es justo en esa paradoja donde se debilita su propia voz: dicen que no quieren militares, pero les encantan, como les encantaba la pistola humeante de Calderón, o la de Peña.

Y aquí entramos a los terrenos una ética posible. Sabemos que los criminales han ocupado espacios donde el Estado se ha ausentado; y no son los treinta o cincuenta que salieron por orden de uno o varios capos a bloquear avenidas o a quemar negocios: son esos muchos que crecieron en un mundo donde los caciques y los “jefes” son la ley, con minúscula, y que no tienen más opción que doblegarse a su cultura criminal. ¿A dónde salieron corriendo “El Chueco” y sus socios? A la frontera entre Chihuahua y Sinaloa, adonde pocos se atreven a ir, adonde no hay instituciones visibles. Pero si el Presidente pone un pie en Badiraguato es porque ya se doblegó al Cártel de Sinaloa. Esa acusación simplista hace más daño del que parece: se denuncian zonas donde el Estado no tiene presencia, pero cuando el Estado quiere hacerse sentir, dicen que es por asociación delictuosa. Porque no se trata de denunciar: se trata de hacer daño político. Y al hacerlo son capaces de cortarse una mano para gritar que el Gobierno no hace nada contra los que cercenan manos.

Lo que vimos esta semana, sin embargo, es una confirmación de que hay segmentos de la población que requieren ser rescatados del poder de los grupos criminales. Que hay jóvenes que sirven de base social y que están allí, listos al llamado de los “jefes”. Son los que no reconocen al Estado como autoridad. ¿Y cómo se responde al reto que representan? Como ya vimos, si se les responde a balazos van a responder a balazos, e incluso van a irse contra las poblaciones civiles, como en Juárez o en otras partes del país, para dramatizar su poder de respuesta. Y como ya vimos, si se les acaba con gruesos calibres vendrán otros a sustituirlos, cada vez más jóvenes, porque son miles y miles los que fueron abandonados históricamente por el Estado y porque simplemente no tienen más opción que obedecer a su figura (malentendida) de autoridad.

Contra todo lo que muchos educados en el calderonismo y en el peñismo quisieran, lo que nos dice la semana pasada es que se necesita ir por esos que sirven de base de apoyo y rescatarlos para bien. No darlos por perdidos porque si los matamos, si sacamos la pistola humeante para rematarlos, otros detrás de ellos, atentos a su ejemplo, ocuparán su lugar. El dinero del crimen no tiene fin, ni en México ni en Estados Unidos, ni en ningún lado. Y entonces será un cuento de nunca acabar. La matanza sin fin.

Al mismo tiempo, lo que nos dicen los eventos de la semana pasada es que el Estado debe ir por los que organizan a la base social; que la tienen secuestrada y le suministran drogas, armas, dinero y educación criminal. Porque si los “jefes” operan con impunidad, entonces se le dice a la base social que ser “jefe” es admisible y es rentable. Que ser como ellos está bien, es aceptable y es una meta viable. El Estado debe ir por los “jefes” y presentarlos ante la justicia pero a la vez debe darle otros ejemplos de éxito a las bases que están atentas y dependen de ellos. Ejemplos de éxito en sociedad. Y eso no lo garantiza un modelo económico que privilegió a una élite y donde la lección es que entre más corrupto e inmoral se es, más se escala en una sociedad.

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A muchos les gusta el discurso del “esos son los que matan, secuestran y venden drogas a nuestros hijos”. Esos son, decía Felipe Calderón. Y quedó probado que muchas veces lo hizo sin pruebas. Pero como ya estaban supuestamente ubicados, a darles con todo: a perforarles el pecho a balazos.

El problema es que “esos”, a los que Calderón y sus miles de simpatizantes quieren ver escurriendo sangre en las calles, son hijos de alguien y llegaron a la condición de parias sociales porque fueron justamente tratados como “esos”. El Estado les dio la espalda, y –en esa lógica– merecen ser ejecutados por el Estado, incluso por la espalda.

De la semana pasada rescato una historia: la de los Artistas Asesinos. Estuvieron involucrados –creo que fueron las víctimas– en la violencia del Cereso de Ciudad Juárez. Son sicarios, matan. Pero no nacieron sicarios.

Con la llegada de la industria maquiladora a esa frontera, que privilegia la contratación de fuerza laboral femenina, muchos de ellos crecieron en las calles, hijos de madres solteras (un fenómeno aparte que vale la pena revisar después, a fondo). Esos muchachos se volvieron artistas del grafiti y así crecieron, como artistas callejeros. Pero fueron madurando y en 2007, cuando llegó Gente Nueva del Cártel de Sinaloa, los contrataron y los entrenaron como sicarios. Tuvieron un rol importante en la guerra contra el Cártel de Juárez. Menores de edad, fueron cayendo presos y terminaron su entrenamiento tras las rejas. Entrenamiento de sicarios, por supuesto. Pudieron ser Jean-Michel Basquiat o Banksy. El Estado les dio la espalda, a ellos y a sus familias.

Me sorprendió saber que todavía hay “doblados” (viene de “doble a”). Habrá pocos de aquellos; la mayoría murió en su juventud. Me sorprendió porque eso significa que han logrado instruir a otros, a sus hermanos menores y a primos, a sus vecinos. Seguramente morirán jóvenes también.

Yo nací en Ciudad Juárez. Mi barrio era pobre y muy violento en los años 1970 y lo sigue siendo hoy, imagínense. La diferencia con los Doble A es que tuve padre y madre. Aurelio trabajó sin descanso y mi madre, Lupita, también, en casa. Un poco de suerte y un mucho de educación temprana me salvó, quizás, del entorno de abandono institucional.

Pero otros no tuvieron tanta suerte. Como los Artistas Asesinos.

Vale la pena hacer a un lado la política y analizar lo que estamos viviendo. Si no atendemos las causas de la violencia, escuchemos bien, no vamos a sanar como sociedad. Y si nos dejamos convencer por los que aman las pistolas humeantes acabaremos con varias generaciones más de “esos”, los hijos del abandono. “Esos”, a los que les fallamos como sociedad y “esos” que ahora nos han respondido, cuánta tristeza, a balazos.

El lunes 8 de agosto el Presidente anunció: “ya por acuerdo de la Presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa… a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma”.

La idea, a partir de entonces, ha sido que, dado que los partidos de oposición se declararon en “moratoria constitucional” y adelantaron su rechazo a cualquier reforma legislativa que propongan el Presidente o su partido, el Presidente buscará la manera de modificar el mando civil de la Guardia Nacional e incorporarla a la Secretaría de la Defensa Nacional por vía, ya sea de un decreto, o de una modificación de ley, que para aprobarse no requeriría de mayoría calificada en el congreso.

Como ya es costumbre, la propuesta de López Obrador no ha sido bien recibida por los sectores opositores, pero también ha sido vista con recelo incluso por algunos de sus simpatizantes. La razón es un poco más compleja que el tradicional acto reflejo de quienes rechazan, sin examinar, cualquier cosa que proponga el Presidente.

Aclaro que no me propongo aquí analizar el grave problema de inseguridad y la espiral de violencia, en apariencia interminable, en la que el país ha estado sumergido desde al menos el 3 de enero de 2007, cuando Felipe Calderón inició una guerra frontal contra el narcotráfico para la que empleó la fuerza militar bruta e indiscriminada. Lo que me interesa analizar, y esto apenas como un punto de partida para entender un problema por demás embrollado, es cuáles son las ideas detrás de la reticencia tanto de simpatizantes como de opositores al Presidente a aceptar la propuesta de pasar el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.

Como mencioné, esta renuencia va más allá de un acto reflejo, o de la repetición automática de consignas que, en vista de las circunstancias actuales, parecen más la expresión de una fantasía que un reclamo serio, como aquella que exige regresar inmediatamente a todos los militares a sus cuarteles.

Por lo que hemos podido escuchar en diferentes foros, de parte de voces tanto afines como opuestas al proyecto gobernante, podemos reconocer, por lo pronto, tres motivos detrás del rechazo a la propuesta. El primero es la desconfianza histórica y fundada de parte de varios sectores sociales en contra de las fuerzas armadas y su historial irrefutable de violaciones a los derechos humanos. Si bien es cierto que en esta administración el desempeño tanto del Ejército como de la Marina están muy lejos de los actos abominables cometidos en sexenios anteriores, las matanzas de Tanhuato, Ostula o Tlatlaya -sólo por mencionar las atrocidades más recientes- no se borraron de la memoria una vez que las fuerzas militares cambiaron de mando.

El segundo motivo es el hecho de que el papel preponderante de las fuerzas armadas en el Gobierno de López Obrador es tal vez el único aspecto que no estaba explicado desde su proyecto de Gobierno. Ni en el libro que precedió a su última campaña presidencial, ni en sus discursos y arengas en mítines, ni en sus declaraciones a la prensa, ni en su toma de posesión, ni en el Plan Nacional de Desarrollo presentado ya en 2019, se habló franco y claro de todas las facultades y responsabilidades que se concederían a los órganos castrenses.

Esto, desde luego, no es razón para rechazar en automático la ampliación de su ámbito de acción e influencia -algo que sí hacen quienes, sin mayor examen, califican los cambios de “militarización”, un término controversial que, desde mi punto de vista, merece ser empleado con mucho mayor consciencia de sus implicaciones-. El caso es que, por decirlo de manera simple, no estábamos preparados para esto.

Una vez que se confirmó el triunfo de López Obrador en las urnas teníamos ya una idea sólida de cómo sería la política social – “primero los pobres”-, sabíamos qué esperar de los recortes en el gasto administrativo – “austeridad republicana”-, teníamos idea de cómo sería la relación entre los empresarios y el fisco -”separar el poder político del poder económico”, e incluso sabíamos dónde estarían los huecos más importantes de la administración. Aunque pudieran sorprendernos acaso los detalles de la implementación, lo cierto es que las ideas fundantes detrás de cada política estaban largamente anunciadas y se engaña quien diga que no veía venir las decisiones más emblemáticas del Presidente, esté en contra de ellas o esté a favor.

Pero en todo esto apenas figura el papel de los militares. Y eso incluye aceptar que nunca se prometió, como tratan de hacernos creer algunos, regresarlos a sus cuarteles -si algo, en el Plan Nacional de Desarrollo se habla de la necesidad de seguir recurriendo a estas instancias en labores de seguridad pública-. En realidad, se hablaba poco de los militares en general, y eso, me parece, es lo que ahora nos genera cierta incomodidad cada vez que una decisión de Gobierno recurre a ellos de manera estratégica.

El tercer motivo, menos visible, de rechazo a la propuesta del Presidente es, si me permiten decirlo así, un hueco en el argumento de que las labores de seguridad a nivel federal no pueden llevarse a cabo por una institución de mando civil porque ésta sería, en la visión del Presidente, inevitablemente corrompible.

Como sustento de esta  afirmación se recuerda el desempeño de la policía federal comandada por Genaro García Luna, actualmente bajo proceso penal en los Estados Unidos acusado de conspiración para importar, poseer y distribuir cocaína -sucintamente dicho, acusado de vínculos con el narco. Y si a esto se añade la inoperancia de la policía federal de Calderón, o la de Peña Nieto en la pacificación del país, es entendible la desconfianza en este tipo de instituciones.

El problema es que el propio Presidente omite mencionar un contraejemplo que, toda proporción guardada, es un caso bien conocido de buenos resultados en seguridad, apoyados exclusivamente en instituciones civiles y que parte de los mismos principios obradoristas sobre la construcción de la paz. Es el caso de la estrategia implementada por Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

La estrategia consta de cuatro ejes. El primero es la atención a las causas, por medio de programas sociales y apoyos a la educación. Aquí se incluyen programas como Barrio Adentro, en el que los servidores públicos recorren casa por casa las zonas de mayor delincuencia para identificar focos de violencia, o programas como Reconecta, diseñado para reincorporar  a primeros infractores en labores productivas.

El segundo eje es el desarrollo policial, un proyecto llamado “más y mejor policía”, y que, como explica su encargada, Marcela Figueroa, se basa en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2009. Esa ley, a su vez, establece cinco ejes: (i) carrera policial; (ii) profesionalización de la policía; (iii) certificación, (iv) régimen disciplinario y (v) seguridad social.

El tercer eje de la estrategia es el de dotar a la policía capitalina con facultades de investigación. Anteriormente, las labores de investigación estaban concentradas en la Fiscalía, y los elementos de la Secretaría de Seguridad sólo podían hacer detenciones en flagrancia o con una orden del juez. A partir de una reforma legal se creó la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, con sus áreas propias de investigación y análisis, que les ha permitido identificar, seguir y detener a grandes generadores de violencia.

Esta dependencia trabaja coordinadamente con el área de investigación de la fiscalía, lo que nos lleva al cuarto eje: la coordinación. Todos los días hay un gabinete de seguridad en el que se reúnen la Jefa de Gobierno, el Secretario de Gobierno, el Secretario de Seguridad, la Fiscal, el titular del C5, y diferentes servidores públicos, dependiendo el tema que se deba tocar. En cada reunión se analizan los hechos del día anterior y se comparte información entre dependencias.

Como resultado de esta estrategia de cuatro ejes, en la Ciudad de México los homicidios dolosos han descendido 65 por ciento y los delitos de alto impacto han bajado 58 por ciento durante esta administración.

El primero y el cuarto ejes de esta estrategia no son diferentes de los propuestos desde hace años por López Obrador como su propia política de pacificación: atacar las causas que generan la violencia, por un lado, erradicar la corrupción en las instituciones y coordinar a las dependencias encargadas de la seguridad, por otro. No hace falta recordar que el propio Presidente tiene un gabinete de seguridad que se reúne todos los días a las 6 de la mañana, antes de iniciar su conferencia.

Las estrategias contrastan en que, mientras que a nivel federal se recurre a instituciones militares, en parte para aprovechar sus recursos tanto materiales como inmateriales, en la Ciudad de México se apostó -pues no quedaba de otra- a reformar desde sus mandos y hasta sus bases a toda la policía. Se implementaron controles de confianza y sanciones a mandos corruptos o denunciados por abusos, pero también sistemas de reconocimiento de méritos, profesionalización universitaria y capacitación. Los salarios de las y los policías de base aumentaron más de 45 por ciento en tres años.

Y aunque se podría argumentar que una policía estatal no se compara ni en responsabilidades ni en tamaño con las demandas que enfrenta la seguridad pública a nivel nacional, hay que recordar que la policía de la Ciudad de México, con sus 37,000 elementos -80,000 si contamos a la Policía Bancaria e Industrial- conforma el 30 por ciento de la fuerza policial de nivel estatal de todo el país y en ese mismo nivel es la policía más grande de América Latina.

En el Plan Nacional de Desarrollo se establece que “La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tendrán como otra prioridad el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones policiales estatales y municipales”. También se dice que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, “se desarrollará un Modelo Nacional de Policía que considere y articule los esfuerzos y aportaciones de los tres órdenes de Gobierno”.

Si bien se podrá decir que el enemigo que enfrentan las fuerzas armadas en sus labores de seguridad pública es mucho más colosal del que enfrenta cualquier policía estatal, lo cierto es que está pendiente el reforzamiento de las policías estatales más allá de la de la Ciudad de México, y que de todos modos, y a pesar de sus precariedades, éstas participan en las acciones coordinadas contra la delincuencia organizada.

En suma, respecto a este punto que llamo “hueco argumental”, creo que la explicación de la Presidencia no ha sido suficiente para convencer de la necesidad -no sólo de la conveniencia factual, sino de la necesidad legal- de dotar de un mando militar a la Guardia Nacional en tanto organismo fundamental encargado de la Seguridad Pública a nivel federal. La evidencia que nos da la Ciudad de México es que un Gobierno honesto y bien coordinado puede dar resultados con una institución de mando civil, y que esta experiencia, si no puede directamente adoptarse a nivel federal, al menos debería poder replicarse en el resto de los estados. Paradójicamente, el éxito de la estrategia cuatroteísta capitalina tiene todavía que ser incorporado en la argumentación con la que debe convencer el Presidente.

El mundo actual es un supermercado de respuestas fáciles y rápidas donde el individuo satisface de manera inmediata su curiosidad y donde los maestros —hoy en el colmo de la ignorancia de su verdadera función— orgullosamente se autodesignan: “facilitadores”. Porque dicho sea de paso: la principal misión de quienes supuestamente deberían ayudar a formarnos: maestros, padres, verdaderos amigos es problematizar, criticar, mostrar lo endebles que resultan las respuestas fáciles y rápidas con las que, por no revisarlas, se produce el triste espectáculo de quienes pasean indiferentes por la mera superficie de la vida.

Pero no vayamos tan rápido: no afirmemos que la curiosidad —una emoción consustancial al ser humano y a algunos animales— está en peligro de extinción entre nosotros porque todo conspira para ello, sin antes habernos demorado otro poco en aquello en que consiste la curiosidad: hemos dicho que es el deseo de enterarnos de lo desconocido, y de ahí se sigue que quien anda curioseando se enfrasca en una aventura cuyo desenlace puede ser venturoso o desastroso: porque no siempre la curiosidad nos lleva a buen puerto: los alquimistas que sentían el deseo vehemente de descubrir la transmutación de los metales en muchos casos perdieron la vida, y también está el triste desenlace de numerosos geómetras que buscaron con ahínco remontar a axioma el postulado de las paralelas: invirtieron su vida entera en una investigación sin resultados.

La curiosidad, dijimos, no siempre fue considerada positivamente y algo de razón había en ello. Hoy, en cambio, la calificación que le damos se ha invertido y lamentamos que la curiosidad no esté lo suficientemente generalizada y hasta nos parece nefasto que las personas existan sin una pasión por el conocimiento o que se estanquen y estén apoltronados sin que la inquietud de una búsqueda los lleve más allá de su zona de confort. La curiosidad y la lectura se han entronizado como lo incuestionablemente valioso.

La curiosidad nos invita a lo desconocido, a salir a su encuentro y, por ello, no es sólo una manera de hablar la comparación entre el curioso y el aventurero: el aventurero es quien se arriesga a lo que viene. La aventura está indefectiblemente asociada a los viajes, a ese deseo de ir a otros lugares que hoy, por cierto, también hemos despojado del riesgo planeando todo aquello con lo que habremos de encontrarnos: pues, antes de salir, elegimos nuestro destino, ventana o pasillo, comparamos los sitios de hospedaje y hasta el menú de lo que contendrá el desayuno, pero, sobre todo, identificamos lo que no podemos perdernos. El viaje está de cabo a rabo asegurado. Hoy tampoco los viajes nos conducen a lo desconocido, sabemos tanto antes de nuestro arribo que la experiencia de estar en otro sitio sólo sirve para constatar que ahí se encuentra lo que ya sabíamos: lo prefigurado hasta el cansancio. En la mayoría de los casos le hemos quitado al viaje la aventura y lo hemos convertido en un tour turístico vayamos solos o en manada conducidos por un guía.

El curioso era un aventurero y también quien sentía un fortísimo deseo, una pasión por lo desconocido: alguien obsesionado, capaz de desvelarse con tal de estar con el objeto de su amor del que no podía apartarse: el curioso era un amante. Pero la intensidad del amante la producía la excepcionalidad del amor; pero hoy el amor, igual que los viajes, también ha perdido su encanto: hoy sabemos de los opiáceos endógenos que intervienen en la bioquímica del amor, sabemos que todos los amores se ciñen a la curva de Gauss, que viene uno y luego otro, y lo sabemos aunque sean muy pocos quienes hayan experimentado realmente el amor, porque también el mundo es un supermercado de amantes fáciles y rápidos.

Propongamos, entonces, como conclusión una respuesta rápida y fácil: la curiosidad no es posible en un mundo donde todo es fácil y rápido.

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@oscardelaborbol

El ataque a ciudadanos de manera azarosa y sin ningún otro motivo que enviar un mensaje quizá no sea una táctica inédita del crimen organizado, como dijo el Presidente, pero sin duda ha adquirido en los últimos días una intensidad como no se había visto antes. La excelente pluma de la reportera Elena Reina del diario El País, lo describió a cabalidad este sábado: “Un vecino va a una pizzería a cenar, o a una tienda de alimentación, o a echar gasolina a su coche, o vuelve del trabajo en un autobús de la fábrica, cuando todo estalla. Cuando la mecha que se prendió tras la rejas de una cárcel, gobernada por todos menos por el Estado, se extiende a la puerta de su casa. Y entonces una ciudad completa se convierte en un macabro escenario bélico, que es para los criminales campo abierto donde pasearse con bombas y rifles de asalto desatando el pánico y acribillando a gente a quemarropa, como si estuviera en un videojuego”.

En menos de una semana se ha reproducido la escena anterior en distintos sitios en el país: Ciudad Juárez, Tijuana, Tecate y Mexicali, este jueves; y el martes en Guanajuato y Jalisco. Se trata de organizaciones diferentes, aunque en todos los casos obedece a la misma razón: venganza, pero con cargo al ciudadano común. En Ciudad Juárez, remite a una reacción de una banda denominada Mexicles, tras una riña en la cárcel en la que salieron mal parados frente a sus rivales Los Chapos. Sus secuaces no encontraron otra forma de quitarse la frustración que salir a matar vecinos; saldaron la jornada con nueve personas asesinadas al azar. El ataque en Guanajuato y en Jalisco, fue también una reacción de enojo, en este caso de la organización CJNG, tras el intento fallido por parte de las autoridades de detener a sus líderes en una reunión clandestina organizada esos días. En este caso al parecer nadie habría perdido la vida, pero docenas de personas fueron despojadas de sus vehículos, y tuvieron que observar la manera en que fueron consumidos por las llamas.

Incendiar autos para bloquear el paso de las autoridades durante un operativo no es una estrategia reciente. Pero en este caso simplemente obedeció al deseo de enviar al Gobierno un mensaje, a medio camino entre la protesta y la amenaza de lo que puede hacer el crimen organizado contra la población.

Como se recordará en octubre de 2019 el Cártel de Sinaloa logró que el Presidente optara por liberar a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” que había sido detenido unas horas antes, a cambio de que no ejercieran su amenaza de emprender ejecuciones masivas en Culiacán. No es fácil juzgar una decisión de este tipo, considerando lo que estaba en juego. Pero lo cierto es que mostró a los criminales el valor estratégico de usar a los ciudadanos como moneda de cambio frente a las autoridades.

Matar personas al azar en represalia o como amenaza constituye un cambio de estrategia del crimen organizado, que durante años había jugado a construir “tejido social” en las plazas ocupadas, para ostentar la imagen de protector y benefactor de la población. En algunos casos, incluso, organizando el reparto de juguetes el día de los niños o despensas el día de la madre, patrocinando festividades y financiando obras locales. Pero la fragmentación de las bandas y sus luchas internas, el salvajismo desatado y la rápida rotación en el control de plazas, está dejando atrás tales actitudes.

De hecho, una de las razones para atacar a la población obedece a la estrategia de “calentar la plaza” por parte de un grupo rival al que domina en la ciudad. La violencia desatada obliga a las autoridades a intervenir, lo cual termina debilitando a la agrupación que controla el lugar, para beneficio de la que intenta introducirse.

Nos habíamos acostumbrado, por desgracia, a que la extorsión de los llamados giros negros en ocasiones provocaba el ataque a un local y el asesinato de clientes de manera gratuita, en represalia contra un empresario remiso o renuente. Lamentable como es, se trataba de operativos criminales contra un objetivo puntual. Un tipo de delito que ha obligado a las autoridades a desarrollar estrategias específicas.

Pero contra el asesinato al azar, en cualquier sitio y a cualquier hora, no parecería haber defensa; representa un desafío enorme para el estado, imposibilitado de cuidar todo el tiempo y en todo el territorio.

En los últimos días el Presidente ha dejado de hablar de “abrazos, no balazos”. Menos mal. Nadie puede estar en desacuerdo con el hecho de que debe trabajarse sobre las verdaderas causas (falta de oportunidades, impunidad, desintegración social y familiar); pero es evidente que la intensidad y extensión de la violencia obliga a un trabajo en dos flancos, el de largo plazo y el inmediato. Y este último sólo puede proceder de un despliegue mayúsculo de la capacidad del Estado para contener la enorme fuerza del crimen organizado.

Me parece que la construcción de una fuerza de 170 mil elementos de la Guardia Nacional y 500 cuarteles distribuidos a lo largo de todo el país, objetivos que aún están en proceso de conseguirse (actualmente la GN cuenta con 110 mil unidades y 220 instalaciones), son un paso clave en este propósito. Única manera de aspirar a recuperar el control del territorio. Absurdo seguir enviando al Ejército, como lo hizo Calderón, a dar golpes a una región solo para que el crimen retornara una vez que los militares se retiraban.

No sé si trasladar la GN a la Decretaría de la Defensa sea la mejor opción, como lo propone ahora López Obrador, pero me queda claro que ha llegado el momento de comenzar a discutir seriamente, y despojados de consignas políticas, lo que verdaderamente conviene al país. No es ético seguir pontificando, desde la seguridad de una residencia en la Ciudad de México, que la única solución “civilizada” es fortalecer policías y conseguir que los ministerios públicos sean honestos y profesionales, mientras los habitantes de gran parte del país y su patrimonio viven inseguridades inadmisibles. No se trata, desde luego, de dejar de ser rehenes de los cárteles para comenzar a ser rehenes de los soldados. Pero sí de asimilar la gravedad de la situación y discutir nuestras opciones sin mezquindades políticas. @jorgezepedap

Los episodios de violencia organizada que se vivieron esta semana en Jalisco y Guanajuato el martes, el jueves en Ciudad Juárez y en cuatro localidades de Baja California el viernes, confirman lo que las autoridades no quieren admitir: que vivimos en México en una guerra informal que es funcional para jugosos negocios ilegales en donde la sociedad mexicana queda atrapada en medio del fuego.

Un operativo desplegado por el Ejército el martes 9 de agosto en Ixtlahuacán del Rio, Jalisco para detener a Ricardo Ruiz Velasco, auto reconocido como jefe del cuerpo de élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató otro episodio de narcobloqueos y ataques a civiles y establecimientos en la Xona Metropolitana de Guadalajara y en al menos seis municipios de Guanajuato. Estos hechos de violencia fueron perpetrados por grupos de halcones y sicarios para entorpecer la respuesta de las fuerzas de seguridad y permitir la escapada del mando del cártel.

Si bien el Gobierno federal reportó 16 personas detenidas por los hechos de violencia, cinco en Jalisco y 11 en Guanajuato, el Ejército fracasó en detener al líder del CNJG que pretendía capturar. Inicialmente se dijo que a pesar de los daños a vehículos y establecimientos comerciales, no se reportaron agresiones a personas, pero el jueves la Fiscalía General de Jalisco confirmó que fallecieron tres personas ajenas a los grupos criminales.

Apenas se hacía el recuento de daños de la violencia desatada por el CJNG en Jalisco y Guanajuato, el jueves 11 de agosto se vivió en Chihuahua una de las batallas más cruentas en esta guerra informal que vivimos en México. Luego de una confrontación entre las bandas criminales de los Mexicles y Chapos en el Centro Estatal de Reinserción Social nº 3 de Ciudad Juárez, posteriormente ocurrieron varios episodios de violencia que incluyó ataques directos a la población civil dejando 11 personas fallecidas, entre ellas una mujer embarazada y cuatro trabajadores de una estación de radio perteneciente al grupo Megaradio. Además de los disparos directos a la población, en este caso también se incendiaron intencionalmente varios comercios, en algunos casos con trabajadores y clientes en su interior.

De manera inesperada, pues no se informó de operativos de las fuerzas armadas en esa entidad, el viernes 12 ocurrieron narcobloqueos en Mexicali, Tijuana, Ensenada y Playa de Rosarito en Baja California. De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 14 eventos se suscitaron en Tijuana, cuatro en Ensenada; tres en Tecate; dos en Mexicali, y tres en Playas de Rosarito.

Aunque estos episodios de confrontaciones entre fuerzas de seguridad y grupos armados privados no son nuevos, lo ocurrido esta semana escala en la intensidad de los ataques directos a la población civil. Especialmente en el episodio de violencia ocurrido en Ciudad Juárez, el pasado jueves, fue evidente la intención de los grupos armados privados de atacar directamente a la población civil de modo indiscriminado e indignante.

A diferencia del discurso predominante desde la clase gobernante que interpreta la mayoría de los homicidios como bajas entre los grupos de criminales, sintetizado en la frase “se matan entre ellos”, lo ocurrido esta semana en Jalisco, Guanajuato, Ciudad Juárez y Baja California demuestra que la sociedad civil mexicana queda atrapada en medio del fuego entre las fuerzas armadas públicas y los grupos armados privados al servicio de las empresas del capitalismo ilegal.

Para tratar de parar esta violencia organizada, debemos identificar correctamente este fenómeno: se trata de una guerra informal no reconocida por el Estado dado que todavía la conceptualizan como una guerra contra el crimen organizado en una falsa narrativa de buenos (el Gobierno y sus fuerzas de seguridad) contra los malos (los cárteles y sus ejércitos de sicarios). De ser sólo una guerra contra las drogas, ya hace tiempo que las amplias fuerzas del Estado habrían detenido a los principales capos y terminado con las actividades de estas empresas del crimen organizado.

Los hechos violentos de la semana pasada dejan en claro el fracaso de la política de seguridad que han emprendido las administraciones del panista Felipe Calderón Hinojosa, del priista Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Éste último en particular no sólo ha fracasado en detener la violencia, sino que en contra de lo que prometió en campaña, no ha devuelto a los militares a los cuarteles sino que les ha dado más atribuciones y ámbitos de competencia haciendo a las fuerzas armadas un actor más poderoso de lo que ya era. El Gobierno de la Cuarta Transformación también ha incumplido su oferta de desplegar otra política contra las drogas, como su eventual legalización.

En este contexto, las políticas estatales no sólo no han detenido la violencia sino que en el mismo Estado es corresponsable de la misma, ya sea por omisión, por corrupción, complicidad o ser responsable de la impunidad con la que operan estas redes de macro criminalidad. Redes de las que muchos mandos políticos, militares y policiacos son cómplices.

Esta guerra informal es más amplia que una supuesta lucha de soldados y policías contra sicarios, implica un tipo de violencia que es funcional para que operen negocios ilegales que abren paso a jugosas dinámicas de acumulación de capital que benefician no sólo a los que están al frente de los cárteles de las drogas, las armas y la trata de personas, sino que benefician también a banqueros lavadores de dinero, empresarios que blanquean los capitales, y los mandos políticos, militares y policiales que permiten que estos lucrativos negocios sigan operando.

Mientras desde el Estado se siga permitiendo el funcionamiento de los negocios del capitalismo ilegal, seguirán existiendo bandas de sicarios que protegen estas corporaciones, que se pelean plazas y territorios y continuará la simulación de la guerra contra el narcotráfico, con las secuelas de narcobloqueos, masacres, homicidios masivos, ataques directos a la población civil, desplazamientos, desapariciones y cuerpos enterrados clandestinamente en fosas ilegales. Y la sociedad mexicana atrapada y en medio de esta violencia funcional al capitalismo ilegal.

Hay dos instituciones públicas que reiteradamente se están excediendo en sus funciones: el Instituto Nacional Electoral que encabeza Lorenzo Córdoba Vianello y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que preside el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

El INE está empecinado en regular la participación y actividad política de los presuntos precandidatos presidenciales, y en particular los del partido Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, en un tiempo y espacio que no le corresponde, de acuerdo con lo que establecen tanto la Constitución Política de nuestro país como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por su parte, el Tribunal Electoral se excede en sus facultades al pretender regular las decisiones que el Poder Legislativo ha tomado, en su ámbito interno, en el cual es independiente y soberano, en lo que corresponde a la integración de la Comisión Permanente, en la cual concurren diputados y senadores del Congreso de la Unión.

Veamos el primer caso.

El primer párrafo, del Apartado A, del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de sus funciones, el Instituto Nacional Electoral debe apegarse a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

El punto 1 del artículo 225 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales precisa que “el proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.

Esto significa que el proceso electoral para elegir Presidente de la República inicia formalmente hasta septiembre del 2023.

Por su parte, el punto 3 del mismo artículo 225 señala con claridad que “la etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el Consejo General (del INE) celebre durante la primera semana de septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias”.

El Punto 2 del artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es muy específico al señalar que “durante los procesos electorales federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo Federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección”.

Aclara además el Punto 3 del referido artículo 226 que “los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato”.

En seguida, el Punto 1 del Artículo 227 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales explica que “se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido”.

En este momento no hay precandidatos debidamente registrados por partido político alguno, sólo hay ciudadanos que aspiran a ser postulados a cargos de elección popular, pero en una temporalidad que no está regulada por la autoridad electoral, puesto que el proceso electoral formal 2023-2024 está todavía muy lejano y de acuerdo con la ley todavía no se ha iniciado.

Por lo tanto, las actividades que un político pueda realizar durante los fines de semana o fuera de sus horarios de trabajo en el servicio público no pueden ser reguladas, fiscalizadas o sancionadas por el Instituto Nacional Electoral, sin importar cuál sea el cargo de elección popular al que el referido ciudadano pueda aspirar.

Pero si todas estas observaciones no fueran suficientes habría que regresarnos al origen, al punto de partida, a consultar el inciso b) del artículo 3 de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales en la que se advierte que para los efectos de esta Ley se entiende por “Actos Anticipados de Precampaña las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura”.

También, por su propia vertiente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está incurriendo en excesos que deberían ser frenados por una reforma constitucional que ponga límites a los magistrados.

El pasado jueves 4 de agosto del 2022 el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emplazó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que en un máximo de tres días integrara de forma plural y representativa la Comisión Permanente, en atención a un reclamo del partido Movimiento Ciudadano que exigía un lugar en ese órgano legislativo que opera en los recesos de los periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión.

El Artículo 78 de la Constitución General de la República señala que “durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones”.

En ninguna parte de este artículo constitucional se especifica que deban estar representadas todas las fracciones políticas de diputados y senadores, o en qué proporciones y términos deberían estar representadas. La integración de la Comisión Permanente es producto de una negociación política entre las diversas fracciones en el ámbito interno del Poder Legislativo, que es autónomo y soberano.

Ordenó el Tribunal Electoral a la Cámara de Diputados determinar qué Diputado y de qué partido dejaría de formar parte de la Comisión Permanente para que fuera relevado por un legislados de Movimiento Ciudadano.

Desde el miércoles 26 de enero del 2022 el Tribunal Electoral había resuelto que las cámaras de senadores y diputados deberían incorporar a la Comisión Permanente, a una representación del grupo de senadores independientes del denominado Grupo Plural y a un Diputado representante del partido Movimiento Ciudadano.

El exhorto del Tribunal Electoral ha sido desestimado en por lo menos cuatro ocasiones –entre enero y agosto– por las juntas de coordinación política de senadores y diputados, al considerar que los magistrados electorales se exceden y vulneran la dignidad a independencia del Poder Legislativo, al involucrarse, indebidamente, en los asuntos internos de un poder soberano.

El Artículo 99 de la Constitución del país establece que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, la organización interna y el funcionamiento del Poder Legislativo no está en su ámbito de competencia. Diputados y senadores están en ejercicio de una función pública que es totalmente ajena al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En todo caso, la autoridad competente para analizar, juzgan y resolver un conflicto interno en el Poder Legislativo, si así fuera planteado, tendría que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no un Tribunal Electoral.

El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se están excediendo en sus funciones.

Son expresión de los últimos resabios en la integración de entidades públicas por el censurable método de cuates y cuotas que tradicionalmente se han adjudicado como botín los partidos políticos que los usan para defender privilegios e intereses.

Estas dos instituciones deben ser objeto de una minuciosa revisión, ajuste y depuración, tanto en su integración como en el alcance de las normas que los regulan y los facultan, a través de una reforma constitucional vigorosa y de fondo.

Acostumbrados a las historias de amor románticas con finales felices, convenientes para todos y políticamente correctas, nos hemos convertido en enjuiciadores de aquellas relaciones que salen de nuestra comprensión. Pero el amor se ha expresado eternamente de las formas más absurdas e inexplicables; pareciera que Eros apunta su flecha y la tira no sólo al afecto que gusta a todos y que dura para siempre, sino a relaciones que rebasan lo normal, motivo de escándalo y, por lo mismo, disfrute de los apasionados y revoltosos que aman salir de las reglas.

Tratar de entender el amor que sintieron Camille Claudel por Auguste Rodin, Collete por Gabrielle Goudeket o Clara Wieck por Robert Schumann, sería como desentrañar un enigma. Desde una perspectiva moral, muy de moda en la actualidad, imposible. Seguramente acusaríamos a los amantes de estas mujeres de crueles, abusivos o incluso pedófilos. No podrían pasar el examen impuesto hoy para proteger y considerar víctimas a las mujeres de hombres sin moral. Se diría que son bestias que salen de sus casas a buscar una presa sólo por el gusto de apuntar una conquista más en su catálogo de Don Juanes.

Sin embargo, cuando revisamos exhaustivamente las biografías de estas fantásticas mujeres, descubrimos que sus historias de amor habitan en espacios insondables. Por la biografía de Camille Claudel, nos enteramos de que ella y Auguste Rodin se enamoraron como iguales, a pesar de no serlo por la diferencia de edad; él era casado y ya era muy famoso. Pero sufrieron y se entregaron en una historia de admiración y abuso de ida y vuelta. Pese a su juventud, Camille sometió a Auguste a la pasión oscura y absoluta del amor.

La aprendiz del gran escultor le abrió las puertas a sitios inexplorados. Sabemos que ella sufrió, pero ¿quién habla del sufrimiento de Rodin? Ambos, el uno dentro del otro, ella a partir de él, pero también él descubriéndose en ella, emprendieron un viaje en el que se rompieron las reglas de lo establecido y fueron derrotados al mismo tiempo que victoriosos por vivir una historia única, llena de sinsabores, pero también de una intensidad sin medida. Camille terminó encerrada en un hospital psiquiátrico en el que vivió muchos años. ¿Fue culpa de Rodin?, ¿es acaso el camino natural de una mujer extremadamente sensible y que más allá de su relación con Rodin, siempre vivió al borde de la locura? La obra de Claudell es potente, sensual, rompe con los límites de lo conocido en su momento y en todas las épocas; es oscura y es luminosa, es ardiente y apasionada como lo fue su amor por Rodin.

Cuando la adolescente Collete conoció al famoso escritor Gabrielle Goudeket, “Willy” como le decían, se fascinó con la personalidad de un hombre 15 años mayor que ella. Siendo una chica de provincia, se escapó con él para adentrarse en la vida libertina de París. Introducida por su amante en los decadentes círculos del arte, gozó con la invitación a explorar su lado lésbico también promovida por él. Willy usó a Colette como a muchos otros artistas jóvenes, que, con tal de ver publicadas sus obras, se las entregaban para que él las firmara. A Colette no pareció importarle demasiado que su amante la usara por un buen tiempo, lo sabemos por sus extraordinarias novelas con gran carga autobiográfica. La famosa escritora estaba sedienta de ese joie de vivre experimentado a partir de las enseñanzas del ambicioso personaje. Con el tiempo, Colette descubrió no sólo los abusos, sino también las múltiples infidelidades de las que era objeto. Lejos de convertirse en la víctima oficial de “Willy”, se liberó y recuperó los derechos de su obra. Siempre, a pesar de él y después de él, llevó una vida envidiable (para cualquier época); fue actriz, cantante y brilló como escritora. Para muchos moralistas, es el ejemplo del comportamiento reprobable, pero paradójicamente, podría también ser el símbolo de una vida digna y prolifera, que se rehusó a autoinmolarse y convertirse en cómoda víctima para ganar adeptos. Colette es la imagen de una mujer poderosa, reivindicadora de los derechos y de la libertad de todas las mujeres.

Por su diario íntimo sabemos que Clara Wieck amó apasionadamente a Robert Schumann desde que tenía nueve años y él 21. A pesar de que tuvo que lidiar con obstáculos inimaginables, la virtuosa del piano y gran compositora vivió al lado del hombre al que amó hasta que él murió y jamás volvió a amar a nadie. La pasión absoluta que Clara tuvo por el compositor la llevó a pelear un juicio en contra de su propio padre, que acusaba a Schumann de abusador, indeseable y pervertido. El matrimonio tuvo ocho hijos y una vida de infortunio por la enfermedad mental de Schumann, que terminó sus días en un asilo psiquiátrico. Sin embargo, no existe un sólo registro en el que Clara se haya colocado como víctima. Lejos de dejarse someter por el machismo de su padre y del mismo Schumann que era inseguro y la quería encerrada en casa cuidando hijos, ella se impuso. Es una de las primeras estrellas del ámbito musical como intérprete, al nivel de Chopin y Lizst, y una compositora de enorme talento. La economía de la numerosa familia era sostenida, justamente, gracias a las giras internacionales de la pianista. La obra de Clara es un campo fértil de ideas musicales, las canciones que compuso de la mano de Schumann quedan como un legado a manera de epístola apasionada y llena de erotismo.

En esta época de persecución en las redes, abundan las difamaciones contra hombres que se han relacionado con mujeres fuera de lo considerado correcto. ¿Qué papel jugarían mujeres como Camille, Collete o Clara? Y aquí es donde debemos tener cuidado. Defender a una víctima es obligación de todas y de todos y no debemos dejar pasar un acto reprobable bajo ninguna justificación. No obstante, el que una mujer usurpe el papel de víctima y lo use para jalar la atención de los medios puede convertirla en victimaria de quien ella acusa, ocasionándole un daño irreparable, incluso, destruyendo su vida. Así como hay muchas mujeres que están utilizando el poder del #MeToo y la visibilidad de un asunto tan complejo como es el abuso para denunciar y hablar de su dolor, también existen, y hay que decirlo, las que lo han aprovechado para contar historias que no ocurrieron y en las que se colocan como presas indefensas de un hombre. Mientras tanto, muchas verdaderas víctimas siguen en silencio, porque no encuentran el sitio ni la forma de denunciar.

Así como las redes sociales se han vuelto una arena pública en la que muchas mujeres han podido denunciar la violencia que han sufrido frente a la indiferencia institucional, también ha sido una plataforma de linchamiento injustificado. Juicios lapidarios contra hombres que están lejos de ser los villanos de la historia y que son sometidos a los más inverosímiles insultos; el anonimato cubre con una máscara a quienes ultrajan y deja sin defensa a los insultados. Hoy, debemos escuchar a las víctimas y creer 100 por ciento sus historias, por increíbles que parezcan, pero eso las compromete a decir la verdad y no falsear situaciones para ganar notoriedad. Nada daña más la causa de las mujeres que la construcción de una falsa identidad de víctima.

Somos seres humanos que vivimos experiencias que nos marcan en todos los sentidos; unas maravillosas y otras no tanto. Desde mi perspectiva, debemos aprender a parar en seco a un abusador. En la medida que razonemos cómo funciona su psicología y cuáles son las áreas de riesgo en las que podemos caer, sabremos defendernos. Incluso, si hemos experimentado cualquier tipo de lo que consideramos maltrato, entenderemos que nuestra vida no se acaba ello, y tendremos la inteligencia para superar el mal momento buscando todos los medios, acudir a otras mujeres y a otros hombres para ser apoyadas y lograr constituirnos en algo más que una víctima, mujeres poderosas que sepamos defendernos y defender a otras.

@Suscrowley