Opinión en video
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06-11-2024 - 12:05 am
"Norma Piña hizo una bonita paradoja: si el Congreso es soberano y no necesita de las dos terceras partes pero, si está constituido por dos terceras partes, entonces si tiene un límite que es precisamente tener las dos terceras partes".
Siete personas quisieron sustituir a nuestra soberanía, a la Cámara de Diputados, de Senadores, a más de la mitad de los Congresos de los estados de la República, y a la Presidenta. Lo hicieron con un argumento fofo, incoherente y endeble: que hay una parte de la Constitución que ellos llaman “pétreo”, es decir, de piedra, es decir, inamovible. Hay, por tanto, otra, guanga, mollejuda, que no importa si se modifica o no. El primer problema es que nunca dijeron cuáles son esas partes de piedra o las otras flojas y guangochas. Si suponemos que la parte de piedra es que los juzgadores no deben ser electos, pues, ni siquiera ellos mismos, los ministros golpistas, lo consideraronn pétreo: en su propuesta, el ministro González Alcántara Carrancá dice que los jueces se elijan y que los ministros no. Es decir, dentro de lo pétreo hay una parte guanga también. Lo de piedra no lo es tanto, según estos siete truhanes, porque son esos principios de la Constitutción son —dijeron— “intangibles”, no son normas escritas, no se les puede subrayar o ponerles un dedo para seguir su lectura. Según ellos, lo que es inamovible realmente no puede ser citado ni ponerle un número de artículo constitucional. Es como si la Constitución fuera Dios, un fantasma que recorre los pasillos de la Corte, el espectro sobrenatural que sólo esos siete han visto y dicen proteger. Para el resto, es decir, nosotros el pueblo y sus mayorías en el Congreso y el Ejecutivo, la Constitución es un libro aprobado en nombre de todos y que se tiene que obedecer. Para ellos es un espíritu chocarrero que habita en un lugar del que sólo ellos tienen llaves.
La discusión fue vergonzosa. En algún momento, el licenciado Aguilar Morales estableció que lo aprobado por todo mundo, menos por esos siete personajes, no era parte de la Constitución. Pero quizás el que se voló las bardas cargando una bolsa de fideicomisos ilegales, fue Ortíz Mena, el que se burló de nosotros con sus amigos de Harvard. Hizo una serie de diferencias de palabras para tratar de separar lo que no le gusta de lo que sí. Su función no es esa. No estamos en Master Chef, sino en el Pleno de una Suprema Corte. Pero él probaba sus cucharones e iba decidiendo que unas cosas eran reformas y otras destrucciones, a las que llamaba “sustituciones” y citaba leyes en Taiwán y en Perú, ese país tan democrático que, hasta la fecha, gobierna una señora que dio un golpe de Estado.
Dijo Ortiz Mena que la Constitución debe ser la misma antes y después de una reforma. O sea, que privatizar el petróleo no era, ni siquiera por el nombre, “pétreo”, y la Constitución siguió siendo la misma después del Pacto por México. O que la desaparición del ejido cuando Salinas, tampoco la modificó en su parte sustancial. Él habló de esencia, de identidad, como si la Constitución fuera una persona. Habló de independencia como si fuera un país. Luego se fue contra la idea de que los representantes no representan la soberanía popular. Le llamó a las dos terceras partes del Congreso y más de la mitad de los estados de la República, “poder constituido, no constituyente. Volvían los famtasmas, los espectros, que sólo pueden fluir en su “constituyencia” pero una vez quietos, en un constituído, ya no eran una “soberanía”, sino simplemente un pobre “poder reformador”. Según él, la soberanía popular es etérea, no se materializa en ningún artículo, ni siquiera en una institución, un poder, una estructura de autoridad. Es más dijo: “La identidad de la Constitución es un entretejido”. Pensemos un instante en su metáfora. La Constitución es una cobija y si se le descose una parte, pierde su identidad. En mi casa hay varias que ya dejaron de ser sí mismas, pero igual sirven. Qué suerte que no me tapo con la Constitución porque, con las reformas de Salinas, Zedillo, y el Pacto por México me estaría tapando con un kleenex.
El abogado sentenció: “La soberanía no es un órgano, es del pueblo”. Es decir que es una especie de olor que viene del pueblo pero que no tiene materialidad, que no puedes transportarlo a una Cámara de Diputados o Senadores, porque se evapora. Luego, dramáticamente argumentó: “La Constitución no es un pacto suicida”. ¡Ay, por ella brindo yo, déjenme llorar! Se reunieron las dos terceras partes del Congreso, la mitad de los congresistas locales, unas mil 700 personas en total, se vieron a los ojos, tomaron un cuchillo y se sangraron, como Xóchitl Gálvez, en un pacto suicida. Su carta de despedida es un transitorio. Sus motivos son tan incoherentes como los corazones pétreos de las cobijas entretejidas: son indescriptibles, inaccesibles, inmateriales. Quién sabe por qué los mil 700 legisladores quisieron matarse. Habrán sido deudas o mal de amores.
Ya entrado en la metáfora fallida, Ortiz Mena, quizás elaborando otro chiste para los de Harvard se atrevió a decir: “En México no existe el mandato imperativo”. Podemos pensar que emprendió una búsqueda del mandato y no lo encontró en ninguna región del país, en ninguna clase social, género ni nivel de escolaridad. Para él no es mandato que la elección de jueces haya sido una propuesta de la campaña de Claudia Sheinbaum y que esa propuesta ha sido la más votada en la historia del país: 36 millones de votos. No le parece un mandato que quien lo propuso haya sido electa Presidenta con dos terceras partes del Congreso para cambiar la Constitución. No lo encontró Ortiz Mena y dice que no existe en México.
Según él se puede “reformar” pero no “sustituir” y pasó a dar ejemplos de sistemas de justicia muy reconocidos en el Mundo como la India, Belice, y Colombia, aunque no explicó por qué los tomaba de ejemplos o yo no le entendí. Porque hay que decir que no es que no sepamos de derecho, sino que los ministros se expresan mal, no se dan a entender, viven en una oscuridad donde las frases, en vez, de iluminar, sueltan humo de camión.
Norma Piña dice que ningún órgano está por encima de la constitución, ningún consenso está facultado para derogar los principios fundamentales que nos definen como una república laica y federal. No dijo en qué momento elegir jueces le quita lo federal o lo laico al estado mexicano. Simplemente unió una cosa con la otra, sin siquiera ponerle engrudo. También Norma Piña hizo una bonita paradoja: si el Congreso es soberano y no necesita de las dos terceras partes pero, si está constituido por dos terceras partes, entonces si tiene un límite que es precisamente tener las dos terceras partes. No dijo por qué, si el Congreso de Morena y aliados tiene las dos terceras partes, no puede ser soberano. Le faltó ese pequeño detalle a su argumentación que fue pobre y lastimosa. No sé para qué tiene tanta gente trabajando en redactarle sus cosas. Que los corra.
Pero todo eso no tenía realmente qué ver con el primer punto que era el que se había puesto a discusión. Lo era, en cambio, si los partidos políticos podían impugnar una reforma constitucional que no tiene que ver con ellos. Norma Piña había dicho que sí, que electoral y partidista eran lo mismo. Es decir, aquí, en vez de separar, juntaron ambas cosas. Según la señora Piña todo lo electoral tiene que ver con los partidos. Así, Alito se podría meter en la elección del comité de padres de familia de tu escuela. Así de estúpido. Ortiz Mena fue más allá y habló de que todo lo democrático tiene que ver con los partidos. No, si por ellos fuera, la salud tendría que ver con los partidos. Imaginemos que la democracia sindical o universitaria donde se eligen rectores, por ejemplo, tuviera que ver con Alito y Marko Cortés. Pero, un momento, en Coahuila sí tenía que ver hasta con las notarías.
Cuando Pérez Dayán se pasó del lado de que no procedía que los partidos pidan anulaciones para cosas que no tienen que ver con las elecciones de partidos, Norma Piña sacó el as bajo la manga: ya no son ocho votos, son seis los que se necesitan. Incluso, aventándose una de Karam, propuso “pensarlo porque yo creo que estamos cansados”. La ministra Lenia Batres dijo:
—Wow! Seis votos para anular la Constitución, wow!
Después de un receso de una hora, en que esta columna tuvo que sacar a pasear al perro, hacer de comer, y lavar trastes, regresaron a discutir y a votar cuál es la mayoría de once. De verdad, regresaron a votar las matemáticas. Unos creen que son seis y otros que ocho. Yo, personalmente, creo que la mitad más uno de once es 7 porque no se puede dividir a un abogado por la mitad, pero sólo es mi opinión con las matemáticas que me enseñaron en la primaria. Los ministros tan estudiados en Harvard, a lo mejor opinan otra cosa. Y lo hicieron Ríos Farjat, Norma Piña y Laynez Potisek. Pero hay que decirlo. Los ministros golpistas perdieron. Ni las matemáticas los favorecieron. Aún así, no qusieron llamarle derrota. Dijo, dolido, Ortiz Mena que ya no se reía como en Harvard de todos nosotros: “Se desestiman los conceptos que plantearon las partes, por eso no es válido o inválido. Desestimar no es dar invalidez”. Lo sucedió el ponente, ese prohombre de las leyes y sus interpretaciones, Alcántara Carrancá quien dijo sin miedo a lo obtuso: “la reforma es válida sin necesidad de nuestro reconocimiento. El proyecto sólo proponía invalidar pero no reconocer la validez porque es válido”. Clarísimo, González Alcántara Carrancá. ¡Por ella brindo! ¡Déjenme llorar! En el mundo normal, cuando algo no es válido, pues es inválido, pero no en el mundo de estos jueces: sólo se desestima. No quisieron reconocer que la derrota de los partidos, de la Marea Rosa, del Junior Tóxico, de Xóchitl Gálvez, y de Piña les tocaba profundo en su corazón pétreo. Sólo hicieron un puchero y dijeron: se desestima, no porque sea válida o inváilda sino porque así duele menos. Visiblemente molesta, Norma Piña regañó a las ministras que ya se estaban despidiendo antes de que ella concluyera la sesión y tocara con su martillito para indicarlo. Estaba muy enojada porque la Constitución es la Constitución y no pudo hacer nada para hacerla pasar por un fantasma con la que ella y sus cinco ministros hablan por las noches y se mandan whattsapps.
Saliendo, Luis Aguilar Morales salió a agradecerles a los trabajadores huelguistas su apoyo. Se disculpó: “Pero no se dieron las cosas. La verdad estamos triste porque tratamos de hacer más. No fue la suficiente. Son ustedes el alma del poder judicial y por tanto del México democrático e independiente”. Parecía futbolista al que no se le dieron los resultados. Quedaban atrás seis años de entorpecer al poder legislativo, de hacer desplantes en actos públicos, de querer estar por encima de los poderes electos. Quedaba atrás la huelga todo pagado de los trabajadores de los juzgados, los plantones que me hicieron perder tres citas de trabajo. Quedaba atrás la propia propuesta de Norma Piña, a destiempo, Quedaba atrás la propuesta de Alcántara Carrancá de que se eligieran unos y no otros. Quedaron a tras esos que dijeron que esa propuesta era un punto para negociar, cuando el tiempo de negociar había pasado en junio, en los foros a los que no quisieron asistir. Quedaba atrás todo el primer litigio del cambio de régimen en México. Quedaba, a fortunadamente, atrás. Pero no lo olvidaremos. El golpismo de medios, opinadores, jueces y ministros, queda ahí en juestra memoria colectiva, en aquellos meses en que quisieron suplantarnos porque nuestro voto quién sabe para qué lo dinos, nosotros los plebeyos, los que no deberíamos de hablar de derecho porque no somos doctores de Harvard. Atrás.
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06-11-2024 - 12:04 am
"No son mundos paralelos, somos también sonámbulos".
I
El viento cuando enseña sus uñas
deja huellas por décadas
en las laderas de la vida;
jeroglíficos que buscamos traducir
al paso de los años.
II
No hemos dejado de escribir en el pizarrón,
el gis y el borrador ahí están.
El reloj sigue en la pared
marcando horas, minutos, segundos,
con sus doce números.
III
Las bodegas de la memoria
están intactas
a pesar de la espeleología psíquica.
En lo intangible
que se expresa a cada paso
la rutina cumple su tarea;
incansable
la historia continua su relato.
IV
No son mundos paralelos,
somos también sonámbulos,
el mundo mismo lo es
desde su remoto origen.
Esa brecha, a veces fractura,
y hasta abismo en la filosofía,
es una suerte de dormir despiertos:
el afamado déja vu.
Nos permea
aunque aparenta no estar presente,
más que en cortas anécdotas
o en el relámpago de ciertas imágenes
V
Cuando escribíamos en el pizarrón
a espaldas del mundo próximo,
asistíamos a una prueba de existencia,
un aprendizaje que aún no termina.
Cada tramo recorrido,
sigue en su lugar.
La carretera
es solo una interpretación del camino:
acortar es su nombre.
A veces ya no reconocemos,
las líneas de nuestras manos.
Cuantos kilómetros de certezas perdidas
y de adquiridas incógnitas
Aparecer y desaparecer
la magia de todos los días.
VI
Los necesarios espejos
para cerciorarse,
para afirmar,
que aquí andamos.
Al menos en la imagen corpórea;
mientras seguimos pensando ¿qué es todo esto?,
en este mundo que grita cada vez más fuerte
hasta ensordecernos, grita al inundar
los espectros de los días y las noches,
con su angustiosa soledad
de algoritmos a la deriva.
Grita sus noticias,
esos hilos rotos:
los globos de gas de la infancia,
que se pierden
entre el viento helado
del atardecer.
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06-11-2024 - 12:04 am
"En la etapa de la primera mujer mandataria de la nación en estos 30 días, no se ha visto un cambio en la presidencia de la República".
“El populismo es el germen de la tiranía”. Roberto Cachanosky
Para el partido Morena todo evidentemente se reduce a la popularidad. Eligen candidatos en razón de quién tiene mejores resultados en las encuestas y no necesariamente a quien presente el mejor proyecto político administrativo. Eso, de hecho, pasa a importar nada, si aseguran votos suficientes para derrotar al adversario en turno. El de Morena es, a final de cuentas, una apuesta populista.
De la mente de su líder fundacional y moral, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, intentaron resolver problemas a través de consultas hechizas que no aportaron bases para la toma de decisiones, pero sí votos para las elecciones. Una muestra poblacional que no es vinculante para Ley alguna, pero que les sirvió en su momento para justificar la inacción. Por ejemplo, aquella “consulta” para determinar si se juzgaba o no a los ex mandatarios nacionales, los “del periodo neoliberal”. Aun cuando el tema fue primordial en la campaña del ahora ex titular del ejecutivo, que a gritos prometió acabar con la corrupción y castigar la del pasado, nada sucedió. Lo que sí, le dio mucha popularidad, primero la promesa de enjuiciarlos, y luego la “sapiencia” de consultar si lo hacía o no.
La popularidad en Morena llegó hasta la elección de su candidato a la presidencia de la República y de quienes contendieron por los gobiernos estatales. Aun cuando Marcelo Ebrard, quien se preciaba de ser un serio y de peso contendiente en la interna, presentó un proyecto de gobierno y de nación, las encuestas que supuestamente realizaron en el CEN de Morena, dieron como resultado que la más popular, y por ende la ganadora, era la hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
En momentos de crisis, el ex presidente siempre rescataba las encuestas que le daban un índice de aceptación por arriba de los 70 puntos. Esa era su mejor defensa, incluso cuando dejó de tener actos públicos o se limitó a hacer viajes en aerolíneas comerciales como lo había presumido, como había prometido, seguía valiéndose de sus seguidores para sofocar desde su púlpito presidencial hasta la más mínima crítica en su contra.
Por popularidad propuso, y el poder legislativo con mayoría morenista le aprobó, que fuesen electos los integrantes del poder judicial. Marginando la experiencia, desdeñando la preparación académica e ignorando la capacidad y el desarrollo en la materia, el Poder Judicial de la era de Morena en México, será electo “por el pueblo” en una carísima jornada electoral que sobrepasa en números los costos de la elección presidencial de 2024, y se presume será la elección con más boletas y más extenuante en tiempo y decisión, aun cuando no se ponderarán parámetros de medición más allá de la popularidad que haya dejado una campaña política.
Hace unos días, el 1 de noviembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumplió un mes como titular del Poder Ejecutivo. En la etapa de la primera mujer mandataria de la nación en estos 30 días, no se ha visto un cambio en la presidencia de la República, tampoco la impresión del carácter femenino, ni la disminución de la polarización social, mucho menos la baja en los índices delictivos o la recuperación de la economía. A grandes rasgos, el país sigue estancado en la era lopezobradorista, tal cual lo dejó el fundador del movimiento del cual forma parte la presidenta.
El peso que se venía en 19.71 por un dólar norteamericano el 1 de octubre, para el 1 de noviembre se tasa en los 20.70 pesos mexicanos por dólar. Las inversiones no han aterrizado; la más grande que se avizoraba, la de la mega planta de Elon Musk en Nuevo León, está cancelada o por decir lo menos, en veremos si se concreta, lo que dependen del resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
En política de desarrollo social, o bienestar como lo llaman en Morena, se adicionaron tres programas sociales de ayudantías económicas a sectores de la población, para mujeres de 60 años, para niños de educación básica y atención hospitalaria para adultos de la tercera edad que son el continuismo de los que establecieron en el sexenio pasado y que son parte de esa gran base de apoyos sociales que mantiene al partido oficialista en el poder.
En materia de inseguridad, la presidenta tomó el timón de la operación con una guerra interna en el cártel de Sinaloa que no pudieron contener en la pasada administración, y tampoco han podido en la presente. Nada más en Sinaloa, entre septiembre y octubre, cuando se desató la narcoguerra con el bando de los herederos de Ismael Zambada García, el Mayo, y los vástagos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, porque los segundos entregaron a los Estados Unidos al padre de los primeros, los asesinatos superan los 332 casos de acuerdo al conteo que día a día realizan periodistas del diario El Noroeste.
Tan solo en un día, en aquella entidad federativa, fueron abatidas 19 personas según datos oficiales, aunque ciertamente no están contabilizadas en la estadística del informe diario de la Comisión Nacional de Seguridad.
Aun cuando un mes puede resultar un plazo cortísimo para una evaluación, los cambios que se han percibido han sido imperceptibles. Por ejemplo, la presidenta retomó la mañanera donde los adversarios son los mismos, persiste la crítica a un sexenio que terminó hace 12 años; vaya, hasta los adjetivos calificativos para denostar a un adinerado activista político se repiten una y otra vez con un tono pausado de una voz que no es la suya.
El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, ha iniciado el entramado para cambiar la dinámica de la secretaría y tener herramientas para combatir al crimen, pero aun no cuenta ni con la estructura necesaria, ni el personal suficiente, ni los acuerdos con las entidades o municipios más violentos.
Lo que sí ha cambiado es la estadística. A diferencia de todos los sexenios anteriores desde el electo en 2006, en las cifras de los homicidios dolosos de la Comisión Nacional de Seguridad ya no aparecen los datos públicos, únicamente son visibles los números oficiales, es decir aquellos que recolecta a su antojo y conveniencia el secretariado del sistema nacional de seguridad.
Considerando esos números manipulados, en un mes, del 1 de octubre al 1 de noviembre se cometieron 2 mil 381 asesinatos. Para dar una idea de lo falsa que es esa estadística, va un ejemplo: el 21 de octubre el propio gobierno informó del abatimiento a balazos de 19 personas en un operativo de captura de un miembro de la criminalidad organizada en Sinaloa, ese día la CSN informa que en ese estado se cometieron solo 3 asesinatos. Considerando que quizá el 21 no alcanzaron a alimentar la información de los 19 muertos, revisar el día 22 de octubre da cuenta que no es así, pues “oficialmente” se registraron 7 homicidios dolosos.
De las cifras reales de la inseguridad, solo sabremos por los trabajos que desde la sociedad se hagan en la recopilación de la información tomada de las calles que dominan los cárteles de la droga, ahora más libres para también utilizar carros bomba, aeronaves, drones y armas de alto calibre para sembrar terror y derramar sangre de manera impune.
En un mes, aun cuando no es plazo evaluativo suficiente, poco ha cambiado en México. O tal vez casi nada. Lo que sí, es que como en el sexenio pasado, se ha ponderado que en los primeros 30 días al frente de la administración del gobierno de la República, la presidenta Sheinbaum tiene un 70% de popularidad según las encuestas. Y con eso basta porque finalmente, más que un gobierno popular, está claro que el sexenio que inicia es la continuidad de un gobierno populista cuyas consecuencias para el país se verán en un futuro ya inmediato.
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06-11-2024 - 12:02 am
"Entre la postura del partido de Trump y la del partido de Harris con respecto a este tema, parece mucho peor para México, sin lugar a dudas, la primera".
En lo que respecta al tema de la seguridad, ¿cuál es el resultado que más le conviene a México en este proceso electoral del 5 de noviembre en Estados Unidos? ¿Cómo estaría mejor México? ¿Con Kamala Harris o con Donald Trump? Estas son preguntas muy básicas. En realidad, no importa si gana uno u otro candidato; lo que importa es que el partido que gane la elección presidencial, también obtenga una mayoría en el Congreso. Pero más allá de eso, ¿cuál es la postura que, en temas de seguridad y política de drogas, conviene más a México? Cabe destacar que, para los estadounidenses, el tema de la seguridad en su relación con México, tiene que ver con el narcotráfico directamente y con el manejo de sus fronteras.
Para casi todos en ese país, la explicación de todos los males en México en términos de violencia e inseguridad, por un lado, y sus problemas de adicción y muertes por sobredosis de drogas, por el otro, tienen que ver con el ‘narco’ y los ‘carteles’. La situación real en México y Estados Unidos con relación a estos dos temas es mucho más compleja, pero la política antinarcóticos estadounidense y la colaboración que sugiere o impone ese país sobre México en esos rubros, se ha enfocado mayormente en la llamada “guerra contra las drogas” y la estrategia kingpin—es decir, en un enfoque en el abatimiento/arresto de ‘narcos’ o en el corte de cabeza a los llamados ‘carteles’. Dicha estrategia se ha procurado independientemente del partido que domine la escena política de Estados Unidos en un momento dado. Republicanos y demócratas—a través de sus agencias de seguridad y principalmente de la agencia antinarcóticos, la DEA—se han enfocado en el tema del ‘narco’ mexicano cuando se trata de resolver su epidemia de drogas (ahora llamada crisis del fentanilo).
La política antidrogas de Estados Unidos, más allá de asegurarse de resolver el problema del consumo de estupefacientes en ese país, parece funcionar como método de control geoestratégico y geopolítico. que le permite a sus agencias de seguridad tener presencia territorial más allá de las fronteras de lo que ‘ellos’ llaman “América”. En realidad, la política de drogas estadounidense no parece ser una política enfocada en resolver el problema del consumo masivo de fármacos ilegales en ese país o del excesivo número de muertes por sobredosis—que en cada uno de los tres años pasados excedió las 100,000. La estrategia antinarcóticos de ese país se enmarca como un tema clave de seguridad nacional y se constituye como una prioridad en materia de política exterior.
La política exterior estadounidense es en general bastante estable y atiende a los intereses de Estados Unidos básicamente. En los temas domésticos parece haber mucha más divergencia entre los demócratas y los republicanos, particularmente en lo que se refiere a la narrativa de distintos temas en tiempos electorales (aborto, impuestos, cuestiones de raza y género, etcétera). En política de drogas y cooperación antinarcóticos con México, no parece haber mucha diferencia en las posturas de uno y otro partido en la práctica—quizá en el discurso, es un poco diferente. En este sentido, constatamos que, tanto las administraciones demócratas como las republicanas, se han enfocado en el tema del ‘narco’ y han impuesto la militarización de la lucha antidrogas a otros países del hemisferio, incluyendo de manera central a Colombia, Centroamérica y, por supuesto, a México.
El caso de México es emblemático en ese sentido, y Estados Unidos y sus empresas del sector fronterizo-militar-industrial parecen haberse beneficiado ampliamente de la militarización de la seguridad fronteriza de ambos lados y la lucha antidrogas en territorio mexicano. La Iniciativa Mérida, como un plan de cooperación antinarcóticos con nefastas consecuencias para la seguridad y la paz en México, comenzó en la administración de George W. Bush y se consolidó en el gobierno de Obama. Según este ejemplo, la presión velada hacia México (disfrazada de “responsabilidad compartida”) para arrestar y extraditar narcotraficantes y enviar a las fuerzas armadas a hacer frente a la crisis de inseguridad en el país, la ejercen tanto republicanos como demócratas.
No obstante lo anterior, el discurso incendiario de lo que han denominado miembros clave del partido republicano en los últimos años como la declaración de “una guerra contra los carteles mexicanos”, sí parece ser tema exclusivo del movimiento América Primero, iniciado e inspirado por Donald Trump. La idea va más allá de denominar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, lo que les permitiría a las agencias estadounidenses violar la soberanía de México en su lucha contra este flagelo.
En realidad, lo que ha sugerido Trump y lo que ha inspirado al movimiento MAGA es la posibilidad de enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano—e incluso bombardear desde el aire a los malvados “carteles”. Los miembros del partido demócrata, no han apoyado aparentemente, hasta ahora, la idea trumpista de acabar con los ‘bad hombres’ a través de una guerra letal en contra de los carteles mexicanos. Declarar esa guerra, en realidad, sería declarar una guerra contra México y sus pueblos. Entre la postura del partido de Trump y la del partido de Harris con respecto a este tema, parece mucho peor para México, sin lugar a dudas, la primera.
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05-11-2024 - 12:05 am
"El Poder Judicial no tiene ninguna facultad para atacar lo que aprobó el Constituyente Permanente y que ya es ley suprema".
¿No que la ley es la ley? ¿No que la Constitución y la ley no se negocian? Resulta que sí. En México la justicia se compra y se vende, lo sabemos todos, pero ahora lo reconoce explícitamente el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá con la misma desfachatez que considera normal ser anfitrión, en su mansión de Las Lomas de Chapultepec, de la cena clandestina de la cúpula judicial de Norma Piña con el priista Alejandro Moreno “Alito” y el panista Santiago Creel para conspirar a favor de Xóchitl Gálvez y contra Claudia Sheinbam.
Hasta el último momento de su existencia desde que la creó Ernesto Zedillo, porque en los hechos ya está muerta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quiere negociar la Constitución y la ley, como lo pretendió hacer también hace 20 años, junto con el gobierno de Vicente Fox, en el desafuero de Andrés Manuel López Obrador con personajes tan vigentes como Creel, su coordinadora de asesores, María Amparo Casar, y el magnate Claudio X. González.
Y es tal el descaro del ministro González —que enfurece cuando se omite su apellido materno de aspiración aristócrata— que decidió plantear desde Estados Unidos una negociación a la presidenta Claudia Sheinbaum para, con su venia, anular sólo parte de la Constitución sobre la elección de juzgadores, en medio de un cabildeo entre juristas y opinadores que propalan que esa jugada política facilita una salida salomónica a la crisis generada en realidad por los propios ministros del PRIAN.
“Yo estoy tendiendo la mano: Estamos tendiendo la posibilidad de una negociación, una reflexión, una invitación a que se pondere”, declaró el ministro González al diario estadounidense The New York Times, una postura más propia de un mercader que de un juez independiente, porque en los hechos ofrece a Sheinbaum poner a subasta la Constitución.
El tema nunca debió llegar hasta aquí, por la sencilla razón de que el Poder Judicial no tiene ninguna facultad para atacar lo que aprobó el Constituyente Permanente y que ya es ley suprema, salvo si hubo vicios de procedimiento. Pero no: Pudo más la política y la defensa de los intereses de las élites.
No es fortuito que la oferta de González a Sheinbaum, a través de The New York Times, sino parte de una estrategia de la derecha: Un día antes, el viernes 1, Ernesto Zedillo publicó también en Estados Unidos, en The Washington Post, un artículo que descalifica otra vez la elección de juzgadores y afirma que en su primer mes de gobierno la Presidenta de México ha caracterizado “por la demagogia, el clientelismo, la incompetencia y el abuso de poder”.
El fraseo de Zedillo sobre Sheimbaum es idéntico al de Claudio X. González, quien fue su asesor entre 1994 y 2000, como él mismo lo ha dicho: “Estuve en un tiempo en la función pública, trabajé en la Secretaría del Trabajo, en la Secretaría de Agricultura y luego tuve la oportunidad de acompañar al presidente Ernesto Zedillo los seis años de su Presidencia en la Oficina de la Presidencia, y fue muy enriquecedor eso”.
En su carácter de asesor de Zedillo, González Guajardo atestiguó la reforma que aniquiló de un manotazo a la antigua SCJN y que se convirtió en la defensora de las élites que están furiosas con la reforma actual y que, ante su derrota, buscan con el ministro González una negociación.
La oferta del ministro es también el reconocimiento de que su proyecto de sentencia, que este martes 5 será sometido a votación del pleno de la SCJN, no tiene base constitucional, como cualquier abogado sabe, y es sólo una maniobra politiquera, como también lo demuestra el cabildeo entre opinadores para que hablen de la salida “sensata” al choque entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el Judicial.
El pacto político que González ofrece es inaceptable, como ya lo rechazó la Presidenta de México, porque es un acto desesperado de los ministros que jamás quisieron impulsar una reforma al Poder Judicial y apostaron, como políticos conservadores que son, a que Morena y sus aliados no alcanzarían la mayoría calificada para cambiar la Constitución.
Los ministros saben que que el juicio de amparo no procede contra adiciones o reformas a la Constitución y aún así ordenaron a jueces de consigna conceder suspensiones. Saben también que la acción de inconstitucionalidad tampoco es procedente para impugnar una reforma constitucional, pese a lo cual González aceptó esos recursos de PRI y PAN.
Y es así porque jueces, magistrados y ministros, encabezados por Piña, han antepuesto la política a la Constitución, salvo que, de último momento, tengan poquita vergüenza y memoria.
¿Por qué digo vergüenza y memoria? Porque si los ministros Javier Láynez Potisek, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Jorge Pardo Rebolledo son congruentes con los criterios jurídicos que los preceden deberán votar en contra del proyecto de González porque en 2016, a propuesta de Piña, rechazaron la acción de inconstitucionalidad promovida por López Obrador para revisar una reforma a la Constitución de México.
La demanda presentada por López Obrador como presidente de Morena en contra de la reforma constitucional que transformó al Distrito Federal en la Ciudad de México fue bateada por el ministro Láynez Potisek, quien la desechó de inmediato el 17 de febrero de 2016 y tres meses después, el 2 de mayo, a propuesta de Piña Hernández, la mayoría de los ministros de la SCJN confirmó el desechamiento con el mismo argumento de que la acción de inconstitucionalidad no es la vía para impugnar una reforma constitucional.
¿Por qué habrían de cambiar de criterio? Ya lo veremos en sus votaciones. Pero lo cierto es que la SCJN y el Poder Judicial todo están ya muertos con la reforma aprobada por el Constituyente Permanente que, precisamente, busca terminar con la compra-venta de la justicia.
Habrán de venir todavía muchas complejidades en la implementación de la elección de juzgadores, con errores en la implementación y con el sabotaje permanente de los derrotados, pero la criatura de Zedillo, nacida en 1994, ha muerto.
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05-11-2024 - 12:04 am
"Aunque el régimen actual ha hablado de la importancia de la innovación, no hay realmente un compromiso para transformar de manera radical la política científica y tecnológica".
El próximo 6 de noviembre se instalará la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara de Diputados, que tendrá como objetivo dar seguimiento a los planes del poder Ejecutivo en la materia. La principal innovación es la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación que reemplazará las funciones del antiguo Conacyt. Para ello la Cámara baja ya tiene en sus manos el proyecto presentado por la Presidenta para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En un primer momento del análisis parecería una excelente idea el elevar a rango de Secretaría el impulso a la ciencia y la tecnología. También parece un gran proyecto el lograr la soberanía científica e independencia tecnológica de México.
El problema es que todo queda en pronunciamientos demagógicos. Aunque el régimen que hoy gobierna – que se ve a sí mismo como continuador del proyecto de país del ex Presidente López Obrador – ha hablado de la importancia de la innovación, no hay realmente un compromiso para transformar de manera radical la política científica y tecnológica.
La propia presidenta ha dicho que no aumentará de manera significativa el presupuesto de la nueva Secretaría. Como sabemos, una iniciativa a la que no se le financia apropiadamente no es un proyecto prioritario. En términos puramente contables se entiende la reticencia del gobierno para no financiar como se debe a la ciencia y la tecnología. Después de todo la administración pasada incrementó significativamente la deuda de la hacienda pública, dejando muy poco margen de maniobra al gobierno actual.
No hay una crítica a la actuación del gobierno pasado en materia de apoyo a la ciencia y la tecnología, que disminuyó el presupuesto al Conacyt de poco más de 34 mil millones de pesos en 2018 a poco más de 33 mil millones de pesos en 2024, sin contar el efecto inflacionario.
Aunque por ahora no se habla de cosas absurdas como “la ciencia neoliberal”, que utilizó retóricamente la última directora del Conacyt, el hecho de que no se critique el daño que se le causó a la institución no augura nada bueno.
En el decreto que se propone para modificar la Ley Orgánica en la materia se planea que la nueva Secretaría – junto con la Secretaría de Educación Pública – coadyuven a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue estímulos fiscales para el desarrollo de la investigación. Habrá que ver en qué consistirán y si son de tal magnitud que promuevan la participación del sector privado en un grado superlativo.
No parece activar el optimismo el hecho de que tampoco haya una crítica al hecho de que en el pasado sexenio el gobierno se apropió de recursos de fideicomisos administrados por el Conacyt destinados a la ciencia y la tecnología.
No obstante todo esto, esperemos que en el Congreso se lleve a cabo una discusión seria que permita hacerle mejoras al decreto presentado por el Ejecutivo. Lo primero que habría que hacer es que las dos Cámaras exijan un aumento significativo del presupuesto federal al fomento de la ciencia y la tecnología. Ya basta de austeridad para la ciencia en México.
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05-11-2024 - 12:03 am
"Este 5 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, una fecha declarada por la ONU en 2014 para visibilizar la importancia del trabajo de quienes no cuentan incluso con remuneración, derechos laborales ni acceso a seguridad social".
¿Y si no hubiera quién atendiera a las personas necesitadas de cuidado, entre ellas adultas mayores, enfermas o con discapacidad? Imagínalo por un momento…
Caos y probablemente colapso en hogares, instituciones de apoyo, hospitales y centros de salud, espacios donde se tendría que atender a quienes dependen de cuidados diarios.
Tan solo la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados del INEGI estima que en México 58.3 millones de personas son susceptibles de recibir cuidados en los hogares, y en dos de cada tres casos la atención la ofrece otra —con “a” porque son las mujeres generalmente quienes realizan esas tareas— integrante de la familia.
Este 5 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, una fecha declarada por la ONU en 2014 para visibilizar la importancia del trabajo de quienes no cuentan incluso con remuneración, derechos laborales ni acceso a seguridad social.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 76 por ciento de los casos es una labor desempeñada por mujeres, con jornadas extensas o sin horario establecido y en condiciones de vulnerabilidad. En 2021 estimó que en América Latina más de 12 millones de personas están involucradas en el cuidado y solo 20 por ciento tiene acceso a seguridad social.
En los últimos años, varios países han dado pasos hacia la formalización del trabajo de cuidado. Uruguay y Argentina han implementado sistemas nacionales de cuidados que otorgan servicios y apoyos tanto a quienes lo necesitan como a las y los cuidadores, aseguran los derechos laborales, acceso a la seguridad social y capacitación continua.
En la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya planteó el Sistema Público de Cuidados.
Con el envejecimiento de la población, el incremento de enfermedades crónicas y el cambio en las estructuras familiares, se proyecta que la demanda de cuidados aumentará significativamente en los próximos años. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, para 2030 se necesitarán alrededor de 20 millones de trabajadores adicionales a nivel mundial.
Alcanzar en seis años los Objetivos de Desarrollo Sostenible respecto a la promoción del trabajo decente y la igualdad de género implica establecer regulaciones laborales específicas y asegurar que las y los cuidadores puedan acceder a condiciones de trabajo dignas.
En tanto estamos a tiempo de preguntarnos y respondernos: ¿quién cuidad a quien cuida?
@guerrerochipres
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05-11-2024 - 12:00 am
"Los gobiernos mexicanos del siglo XXI han tenido particularidades, y la personalidad del Presidente resalta en la toma de decisiones y en el ejercicio de su administración. En el caso de la primera Presidenta de México, existen expectativas de si seguirá el camino de su antecesor o si pondrá su propio sello distintivo".
Una nueva administración en cualquier institución, ya sea de carácter público o privado, siempre genera una especulación natural sobre cómo será la gestión de quien llega como responsable. En el caso de quien encabeza el poder ejecutivo, siempre existe la duda de cómo será su estilo de gobernar.
Los gobiernos mexicanos del siglo XXI han tenido particularidades, y la personalidad del presidente resalta en la toma de decisiones y en el ejercicio de su administración. En el caso de la primera presidenta de México, existen expectativas de si seguirá el camino de su antecesor o si pondrá su propio sello distintivo.
De entrada, se están repitiendo fórmulas exitosas, como la conferencia mañanera, que marca la agenda pública, y los anuncios de más programas sociales, que fortalecen su voto duro. Pero también se repiten errores, como la postura de cero diálogo con la oposición partidista, el discurso de confrontación y la radicalización de la postura sobre la reforma al poder judicial.
Sin embargo, existen acciones que requieren un seguimiento particular. Primero, el empoderamiento de varios de los miembros de su gabinete, como Omar García Harfuch (SSPC) y el canciller Juan Ramón de la Fuente, quienes están retomando el orden constitucional en sus funciones. Por ejemplo, en el caso del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quedó claro que ya no tiene otra vía de comunicación en el Gobierno mexicano más que con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como lo marca la propia Constitución.
Es importante recordar que algunos funcionarios están repitiendo en su cargo, como Rogelio Ramírez de la O (SHCP) o Ariadna Montiel (Bienestar). También hay actores políticos que ocuparon un cargo en la administración anterior, pero ahora tienen otras responsabilidades, como Rosa Icela Rodríguez, que pasó de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de Gobernación, o el caso de Raquel Buenrostro, que de Economía pasa ahora a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
En cuanto al anuncio de reformas constitucionales y otras leyes federales, se siguen aprobando las propuestas de la recta final del Gobiernode AMLO, y solo se han presentado dos reformas de iniciativa propia. La primera es la reforma constitucional de igualdad sustantiva, con un enfoque en la brecha salarial y en la erradicación de la violencia contra la mujer. La segunda es una reforma a la Ley Federal del Trabajo para otorgar seguridad social a los trabajadores de plataformas digitales de entrega de productos y transporte de pasajeros, esta última sin haberla platicado al menos con el sector empresarial.
Sin embargo, la realidad supera en muchas ocasiones a las ideas y buenas intenciones. En menos de un mes en el cargo, dos asesinatos de gran impacto social y mediático ya están teniendo su efecto: primero, el caso del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, y luego el del sacerdote chiapaneco Marcelo Pérez. Ambos casos son una prueba del abuso y operación sin control del crimen organizado. Es precisamente en el combate a la inseguridad donde se percibe mejor cómo puede ser el estilo de gobernar.
Claudia Sheinbaum aún está a tiempo de evitar la fallida estrategia de “abrazos, no balazos” implementada por López Obrador, que provocó más de 200 mil homicidios dolosos. Tampoco puede emprender una guerra frontal como la de Felipe Calderón, o evitar hablar del tema y no atenderlo, como fue el caso del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Si bien se anunció una estrategia de seguridad de cuatro ejes con la utilización de ciberseguridad e inteligencia, si esta no se acompaña de diálogo y trabajo en conjunto con todos los sectores de la sociedad, se pronostica un fracaso que afectará no solo al Gobierno sino a todo el país.
Es momento de que Claudia Sheinbaum tenga su propio estilo para gobernar, en el que se fortalezca la construcción de la paz y la claridad de que se debe gobernar para todos los mexicanos, incluidos aquellos que no coinciden con su forma de pensar. #OpiniónCoparmex
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04-11-2024 - 12:05 am
"Hablo de las élites que habitan de tiempo atrás una nación propia. Es una nación que ocupan ministros y magistrados, intelectuales que defecan canapés de tanto que comen en recepciones y ricos y muy ricos que se sirven de los demás. Hablo de la burocracia dorada y de académicos encumbrados, que son parte de esta nación dentro de la Nación mexicana, y también de un puñado de periodistas que ha ganado fortunas destruyendo por encargo. De una nación dentro de otra que se ve a sí misma demócrata y libertaria y es la nación desde la que se dictan discursos y se escriben verdades o mentiras o mitades de las dos y no importa porque se acatan y ya. O se acataban, y ya".
El 29 de octubre pasado, poco después de que la Suprema Corte publicara en sus redes el proyecto para invalidar parte de la Reforma al Poder Judicial, su ponente, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, publicó otro relato mediocre, ahora en el diario El Heraldo de México, donde mezcla de manera desafortunada una película del cine mudo alemán con una novela que parte de un mito medieval judío. Ese texto lo titula así: “La Reforma Judicial: un Gólem sin control”; y dice que “ya son muchos los destrozos que provocó” la Reforma Constitucional y que por lo tanto, debería abolirse.
Durante una entrevista realizada un día después, el 30 de octubre, González Alcántara (quien usa, como todos ellos, un tercer o cuarto apellido: Carrancá) se lanza contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador (a quien le debe la oportunidad de convertirse en Ministro) y contra la Presidenta Claudia Sheinbaum. Reprocha que “mantenerlos” en Palacio Nacional resulta más caro que las prestaciones de los ministros de la Suprema Corte. Se trata de una mentira, por supuesto, como el periodista Obed Rosas documenta en un texto posterior. Pero la Verdad con mayúscula, para este Ministro que comparte residencia con algunos de los multimillonarios de México, es una baratija prescindible y de malas costumbres.
Tanto en sus declaraciones públicas como en el mismo proyecto que pretende invalidar “parte” de la Reforma veo a un individuo prepotente y a la vez más ordinario de lo que él mismo supone. No es distinto al secretario de un Juzgado que lleva años sacando copias y se cree por encima de los ciudadanos y los maltrata. Es como el dueño de la calle que te raya el carro si no le das dinero por estacionarte. Es el hipócrita sobrado de servidumbre que se enorgullece de “servir a la Patria” pero esconde expedientes para beneficiar a los que no tienen Patria. Es el burócrata de élite cuya mayor hazaña es haber aprendido a vivir de todos los demás. Es un directivo de banco (público o privado) que cada vez que toma vacaciones pagadas –muy seguido– lee mal una novela o ve peor una película pero con eso le basta para escribir en sus memorias sobre lo caro de la vida.
Y es el que reclama porque un pensamiento más progresista se impone para la Suprema Corte y necesariamente sobre él, el Ministro “imparcial” que presta su mansión para que Alejandro Moreno Cárdenas y Norma Piña conspiren contra Claudia Sheinbaum en pleno proceso electoral; él, que reclama la parcialidad en otros pero marcha hombro a hombro con Marko Cortés, Roberto Madrazo, Elba Esther Gordillo, Claudio X. González, Vicente Fox Quesada, Enrique Krauze, Lorenzo Córdova y otros de su misma calaña.
Y nadie se extrañe si mañana se declara “de izquierda” como Creel, Claudio o Lorenzo; nadie se extrañe si mañana se llama a sí mismo “un demócrata” por las credenciales que se otorga por marchar una vez, con Polo rosa y sombrero Panamá, que “por el INE” aunque todos sabíamos que era por Xóchitl Gálvez; aunque todos sabíamos que la gente como él nunca antes en su vida sintió deseos de marchar por, y es un ejemplo, las múltiples injusticias que se cometen desde el Poder Judicial contra miles de mexicanos pobres o indígenas mientras que el sistema del que se sirve le abre sus oficinas perfumadas a depredadores como, y es otro ejemplo, Ricardo Salinas Pliego.
Y es probable que el Ministro usa la figura del gólem (que sacó de una película) por prejuicios; y es probable que la interpretara como se le dio la gana por esa actitud de autosuficiencia tan de derechas. No lo dudo. La llama “leyenda del folclor judío” aunque es parte de la mitología y la diferencia es sutil pero reveladora. El gólem no es un monstruo con vida propia que decide destruir; a diferencia de Frankenstein, que concentra el debate sobre la creación de la vida, el gólem es un autómata y la vida le es prestada. Frankenstein nace en el fervor del siglo XIX por la moral y la ciencia, mientras que el gólem es una respuesta a la expoliación constante que sufrió el pueblo judío durante su estancia en Polonia (pogromos, sobre todo de los rusos).
Pero el Ministro no siente necesidad de profundizar porque piensa que lo sabe todo y como sabe todo, entonces su proyecto propone destruir poquito la Reforma Judicial que es, y él lo sabe, destruirla toda. Sólo un imbécil no lo ve. Sólo un provocador o un ciego reconoce en el proyecto de González Alcántara un deseo de “conciliar”: una vez que la Corte se autorice a modificar la Constitución, entonces se dará permiso para seguirla tocando. Ese es el trasfondo y el Ministro lo sabe. Pero su vanidad de mármol no le permite aceptar que muchos se han dado cuenta o sí lo acepta, pero le vale.
***
Dijeron que López Obrador era un dictador y que se intenta convertir “una democracia” –como la que según ellos vivíamos con Felipe Calderón o con Enrique Peña– en una dictadura. Y como lo dijeron, quisieran que viviéramos en una dictadura. Porque lo que realmente quieren es demostrar que todo lo que no viene de su mano no merece ser reconocido; que todo lo que no fue confeccionado por ellos es anormal y nefasto.
Hablo de las élites que habitan de tiempo atrás una nación propia. Es una nación que ocupan ministros y magistrados, intelectuales que defecan canapés de tanto que comen en recepciones y ricos y muy ricos que se sirven de los demás. Hablo de la burocracia dorada y de académicos encumbrados, que son parte de esta nación dentro de la Nación mexicana, y también de un puñado de periodistas que ha ganado fortunas destruyendo por encargo. De una nación dentro de otra que se ve a sí misma demócrata y libertaria y es la nación desde la que se dictan discursos y se escriben verdades o mentiras o mitades de las dos y no importa porque se acatan y ya. O se acataban, y ya.
Desde esa nación de democracia impecable dentro de otra de pedigrí dudoso se dictó ir contra López Obrador. Por eso se le frenaron todas las iniciativas en el Congreso y antes, se le cerró el paso y se le destruyó con todos los medios a su disposición. Desde esa nación se dictó que se fusionaran los partidos disponibles para enfrentar a la izquierda, la gran amenaza del status quo, y desde esa nación se seleccionó a una impostora (supuestamente indígena, supuestamente empresaria, supuestamente de izquierda) para contender contra Claudia Sheinbaum.
Desde esa nación ahora se ordena a la Suprema Corte frenar cualquier intento por democratizar al Poder Judicial. A las élites dentro de esa nación les gusta el Poder Judicial así, como está, porque es el que les construyó su empleado Ernesto Zedillo y es el que les permite no pagar impuestos (por ejemplo) o ganar casos incluso contra el Estado mexicano porque, al final, esa nación dentro de la Nación mexicana se siente (y de alguna manera fue, durante dos siglos) el Estado mexicano.
Fue esa nación que ocupan las élites más privilegiadas la que decidió que usted y yo tuviéramos elecciones medianamente libres. Fue esa nación la que nos autorizó, después de tantos fraudes, que los votos se contaran. Y todo estuvo bien hasta que alguien les cambió su concepto de democracia, que habían resumido en apenas unos cuantos días de libertad electoral cada seis años. Y todo estuvo bien hasta que alguien habló de democracia económica y social; de la urgencia de que todos paguen impuestos. Todo estuvo bien hasta que sintieron que les movían la cama de plumas y entonces sí pegaron el grito.
Entonces sí hablaron de una dictadura de las mayorías. ¿Cómo es posible que los plebeyos, bellacos y prietos –dijeron– decidan el rumbo de la Nación y reciban beneficios de ella? Es la rebelión que acusa el Ministro González Alcántara Carrancá en sus textos y en sus entrevistas; es la anormalidad de la que hablan los intelectuales; es la dictadura de la que tanto se escribe en la prensa.
Dijeron que Claudia era una dictadora y que se intenta convertir “su democracia” en dictadura. Gritan que se prohibió el derecho a gritar; se organizan marchas para denunciar que en este país ya no se puede marchar. Acusan odio con pancartas cargadas de odio y desean esa dictadura con todo su corazón para demostrar que es cierta. Porque, para esta nación de privilegiados, la Verdad con mayúscula es una baratija prescindible y de malas costumbres.
El Ministro González intenta vender su proyecto como “conciliador”, y pobre de aquél de buena voluntad que se lo crea porque es un mamotreto lleno de agujeros, mañas y prejuicios, alejado del aseo jurídico y tramposamente político. Y la Corte lo discutirá y lo maravilloso es que por primera vez no responderá por sus votos en conjunto. Cada Ministra y cada Ministro decidirá en lo individual, ante la Historia y la Nación. Si votan por sus fobias serán observados, y si votan con cabeza fría también.
Y ahora sí pregunto: ¿alguien duda de los tiempos inéditos que vivimos? ¿Cuántas veces en nuestra Historia millones de mexicanos habían puesto los ojos en ese edificio (la Suprema Corte) forrado de maderas finas, con pisos de mármol, nóminas eternas y nombres largos de tanto apellido pegado uno después del otro con la goma del aspiracionismo?
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04-11-2024 - 12:05 am
"Quienes decidirán las listas que irán a votación serán estos Comités de Evaluación, con el visto bueno de cada uno de los poderes del Estado".
Por Marcia Itzel Checa Gutiérrez
La semana pasada, los tres Poderes de la Unión anunciaron la integración de los Comités de Evaluación establecidos en la reforma al Poder Judicial. De acuerdo con el artículo 96 Constitucional, estos comités serán los encargados de evaluar los perfiles que se registren para las candidaturas judiciales que se someterán a voto popular en junio de 2025. Nada menos que 881 responsabilidades se elegirán, las cuales incluyen 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte, 1 magistrada y 1 magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 10 magistradas y 5 magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral, 3 magistradas y 2 magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina, 464 magistradas y magistrados de circuito, así como 386 juezas y jueces de distrito.
Cabe recordar que el corazón de la reforma judicial es la modificación del método de designación hacia uno basado en la elección popular de quienes integran el Poder Judicial en sus distintos niveles, bajo la justificación que será el pueblo quien elegirá a sus juezas y jueces (et. al.) y, por lo tanto, quien les dote de legitimidad (de origen). Sin embargo, en esta premisa se ha omitido “un detalle”: quienes decidirán (preseleccionarán) las listas que irán a votación serán estos Comités de Evaluación, con el visto bueno de cada uno de los poderes del Estado.
La semana pasada se anunció precisamente la integración de estos comités. El Legislativo no dio mayor explicación sobre el proceso seguido para determinar los cinco perfiles de su Comité, sólo se observaron notas que evidenciaban jaloneos entre cada una de las cámaras del Congreso sobre cuántos lugares le correspondían a cada una. Por su parte, el Ejecutivo anunció su Comité mediante un boletín, que tampoco explica las justificaciones detrás de cada nombre, algunos de ellos sumamente cercanos al gobierno y/o con simpatías públicas hacia este, al igual que el caso del Legislativo. En el caso del Judicial, su Comité se aprobó en sesión pública tras varias rondas de votación. Si bien este fue el ejercicio más transparente de todos, tampoco quedaron claros los criterios tomados, aunque es el único con una integración plural de sectores y sin evidentes cercanías partidistas o con el gobierno, así como con lineamientos para su funcionamiento.
Lo anterior pone de manifiesto una gran alerta: la captura de estos mecanismos “ciudadanos”. En distintas designaciones, se han incluido o establecido órganos ciudadanos para construir confianza sobre las decisiones que se toman, bajo la lógica de que actúan de manera distinta a los partidos políticos. Es decir, se espera que no reproduzcan el cuatismo ni el reparto de cuotas en la asignación de determinada responsabilidad pública y que sus trabajos sean más objetivos. Hay experiencias serias que demuestran esto; siendo clave su integración con perfiles independientes y autónomos del gobierno y los partidos para asegurar la imparcialidad en su actuación.
Desafortunadamente, no es el caso de los comités de la reforma judicial, donde dos de los tres tienen profundos sesgos. Esto confirma gran parte de los cuestionamientos planteados a esta reforma judicial, su fin último parece reducirse a cambiar a las personas juzgadoras por otras afines al proyecto partidista gobernante, en lugar de generar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la justicia de todas las personas. Justicia a modo.
En términos de sus trabajos será fundamental que transparenten sus lineamientos, la metodología y los criterios con base en los cuales van a cumplir su misión. Es decir, aunque independientes, los comités tienen que someterse a ejercicios de escrutinio y transparencia. Por lo tanto, se vuelve esencial el carácter público de sus reuniones, decisiones y trabajos, así como la máxima publicidad de la información de todo el proceso. Entre más transparentes y participativos sean estos ejercicios se construye confianza y legitimidad, sin embargo, esto se ve difícil por su captura de origen.
Estamos en días cruciales, no sólo por el avance en los trabajos de estos comités sino por las discusiones que se darán en el pleno de la Corte sobre la constitucionalidad o no de la reforma al Poder Judicial. Mantengámonos atentas y atentos.
#SinCuotasNiCuates
* Itzel es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones.
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