+ ¡No a la engañifa!

+ Y viene el referéndum

Más allá de triunfalismos y condenas  – a favor o en contra de una estrategia propagandística a todas luces tramposa, manipuladora y estéril realizada el domingo -, el fracaso de la llamada consulta popular para juzgar delitos del pasado, exhibe y demuestra algunas realidades más que interesantes y que, a querer o no, influirán en el futuro político de López Obrador y del partido en el Gobierno.

Por lo pronto, y con base en los hechos ocurridos frente a las solitarias urnas del uno de agosto, de las cifras y los escenarios desprendidos, echemos un vistazo a las razones y consecuencias por las cuáles dicha consulta – desairada hasta por su creador e impulsor: AMLO, que se cubrió de antemano del fracaso dominical culpando al INE – obtuvo un sonoro fracaso, tal como se anticipaba:

–Los ciudadanos no se tragaron esa patraña de “enjuiciar a los expresidentes”, un delirio político imaginario que el propio López Obrador ha desechado de antemano, mostrándose en público partidario del borrón y cuenta nueva. La engañifa no prendió en esta ocasión, y solamente participó un siete por ciento promedio del padrón electoral. Las urnas recibieron votación paupérrima, lejos de los cálculos iniciales hechos por el régimen obradorista. La pregunta ambigua causó desconfianza, por lo que 87 millones de mexicanos la ignoraron. Y gastar 500 millones de pesos en otra ocurrencia presidencial en tiempos de pandemia y crisis, es una factura que desde el domingo se le empezó a cobrar – y se le cobrará a futuro- a AMLO.

–La votación fue un desaire directo hacia López Obrador y eso es lo que, en el fondo, le preocupa al Presidente y a Palacio Nacional, que esperaban que millones sobre millones se volcaran en las urnas para responder al mandato del amo. Sí, las “mascotas y solovinos de cariño” – como les llama el propio Andrés Manuel-, esta vez no respondieron: el techo electoral de AMLO en 2006 y 2012 (15 millones de votos), se partió a la mitad. Más allá del “enjuiciar a los expresidentes”, estaba en juego el poder de convocatoria de López Obrador, y al menos en esta ocasión, ese poder no tuvo la repercusión esperada.

–Quienes magnifican el número de votación recibida en la consulta popular – casi siete millones de votos-, comparado con los 16.5 millones registrados el 6 de junio en la intermedia en favor de Morena, y los 30 millones del 2018 (10 millones de voto útil/indeciso que decidió castigar al PRI y cinco millones de votos más provenientes del propio priismo inconforme con la candidatura de Meade), pecan de simplistas: independientemente de las motivaciones electorales recientes (Presidencia en juego, Congreso y gubernaturas en disputa), en el centro del uno de agosto estaba a prueba el llamado de López Obrador a sus huestes, y ese llamado se desinfló. El marcado descenso en cifras electorales les preocupa, y mucho, en Palacio Nacional, porque el dato duro es uno: la votación para AMLO y Morena se ha desgajado.

–No son los expresidentes y su linchamiento popular lo que estuvo en juego. No. Esas figuras políticas solamente son utilizadas por AMLO para seguir culpando al pasado de los múltiples errores del presente (4T), y continuar manteniendo el discurso que tanto le gusta a sus fanáticos y le conviene al Presidente: responsabilizar al pasado del desastre actual sin asumir su propia responsabilidad. Eso es más que evidente. Así que el desaire de la mayoría (93 por ciento no se prestó a esa farsa salida de la cabeza de López Obrador), es un síntoma claro que lanza un mensaje a futuro: no nos prestaremos a los cada vez más abiertos y delirantes engaños emanados desde Palacio Nacional.

–El desencanto electoral con el régimen de AMLO es manifiesto. No sólo perdió, en la pasada elección intermedia, la mitad de los votos obtenidos en 2018 (30 millones contra 16 millones) sino que, de paso, refrendó durante la consulta popular que los niveles de respaldo ciudadano a AMLO (55 por ciento en promedio) han repercutido directamente y de manera negativa con las votaciones recibidas hacia AMLO y Morena. Van de la mano.

–“La consulta sirvió para algo: gracias a ella conocemos el auténtico voto duro e incondicional de AMLO y Morena. Se trata, más o menos, de siete millones de personas, menos de la cuarta parte de los 30 millones de 2018”, definió en su cuenta de TW el maestro Raúl Trejo Delarbre, especialista en elecciones y medios. Allí están las cifras. ¿Quién lo desmiente?

–La votación de la consulta popular hace inevitable el cálculo electoral rumbo a marzo del 2022: el Referéndum Revocatorio en el cual se decidirá la permanencia o la salida de López Obrador de la Presidencia. Estamos a sólo ocho meses de que se realice y las votaciones para AMLO/Morena cada vez son menores, los resultados de la 4T son un desastre, el desgaste de Gobierno cada vez es mayor, las mentiras y disparates del Presidente han hartado a los ciudadanos, la “mañanera” es una ópera bufa, mientras la pinza se cierra: de acuerdo a Roy Campos, número uno de consulta Mitofsky, hoy, un 51 por ciento de los mexicanos está a favor de que AMLO permanezca en Palacio Nacional, y un 48 por ciento quiere que ya deje la presidencia. Hay empate técnico. Solamente son tres puntos de diferencia. En 240 días pueden ocurrir muchas cosas, y ya sabemos que la aprobación ciudadana, conforme pasa el tiempo, tiende más a bajar que a subir para con cualquier mandatario.

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López Obrador, las cabezas de Morena y los voceros alineados al régimen – aún desde antes del domingo pasado-, comenzaron a culpar al INE del fracaso que se avecinaba. Chorradas. Su intención, más que justificar el fracaso de la consulta popular, es debilitar o matar al instituto de cara al Referéndum Revocatorio del 21 de marzo próximo, para que dicho proceso no lo encabece la actual dirigencia del INE. No lo lograrán. Se quedarán con las ganas con todo y sus fanatismos. El actual INE liderado por Lorenzo Córdova organizará y contará los votos del referéndum.

La consulta popular fue un fracaso para AMLO.

Nos enfilamos hacia el Referéndum Revocatorio.

¿AMLO se queda o se va a su rancho?

TW @_martinmoreno

FB / Martín Moreno

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Lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el resultado de la consulta ciudadana que se realizó el domingo 1 de agosto, para saber si los ciudadanos mexicanos participan de la decisión de “un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”, “no descarta la posibilidad de que haya juicios, la autoridad tiene en todo momento derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos, eso queda abierto.

“La consulta más que nada era para iniciar procesos, siempre y cuando se lograra que fuese con una participación del 40 por ciento, y de esa manera vinculatoria”.

Entonces, no hay razón para que, acusados como son por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los ex presidentes de la República, si la presidencia tiene pruebas de los dichos del mandatario nacional, sean investigados conforme a derecho.

La votación de la consulta, como ya se sabe, apenas llegó al 7.74 por ciento de participación ciudadana, con lo que no es vinculatoria. Pero, como se sabía también antes de la consulta, ello no exime de investigación a quienes en el pasado cometieron abusos, actos de corrupción, o se aprovecharon del poder en beneficio propio o de los suyos. Eso, debería investigarse y punto.

Pero no, ahí está el presidente Enrique Peña Nieto, libre, impune, de los señalamientos que en campaña le hizo el propio López Obrador, y también sus secretarios y principales colaboradores se mantienen en la impunidad. A excepción de Rosario Robles, la ex secretaria de Desarrollo Social, y quien fue colaboradora también del hoy presidente de la República, no hay otro en prisión.

El caso de Emilio Lozoya ha servido solo para ser un ejemplo de lo que es ser impune. Señalado en el sexenio pasado de corrupción, investigado entonces y ahora, llegó a un acuerdo con las autoridades y permanece en libertad, a pesar que tanto la Fiscalía General de la República, como la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de hacienda y crédito público, le han iniciado investigaciones por corrupción en el caso Odebrecht.

El presidente López Obrador, dijo, un día después de la desairada consulta, que tales resultados no eximían de investigación a quienes hayan abusado del poder en el pasado, y en esas condiciones, respondiendo a sus constantes acusaciones, está obligado a presentar las denuncias de lo que haya encontrado al recibir la administración pública nacional. No hacerlo, será caer en lo que tanto ha combatido en el pasado, al menos en el discurso: la impunidad.

La fiscalía general de la República, comandada por Alejandro Gertz Manero, haya votado o no en la consulta del domingo, es la institución que está obligada también, a llevar a cabo esas investigaciones. No hacerlo, lo hará también cómplice de la corrupción y la impunidad en México.

Como primer gobierno de la República de la izquierda, del encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se esperaban y se esperan, para la segunda mitad de su sexenio, cambios que vayan más allá de la forma de hacer gobierno, redireccionar presupuestos, o cambiar de proyectos, que sea un gobierno que combata de manera frontal la corrupción, y para ello, y ahora sabemos que esta consiente, no requiere de consultas, tanto como de ejercer el Estado de Derecho, que lleve ante la justicia a quienes minaron las arcas nacionales, transaron con el poder, abusaron de su posición, o se corrompieron en la estructura de la administración pública.

El presidente López Obrador aun tiene tiempo de llevar, poder, espacio y estructura, para denunciar a quienes en el último o en los sexenios anteriores, cometieron actos ilegales en detrimento de la sociedad mexicana y las instituciones públicas. Su discurso aquel de no buscar venganza o perder el tiempo investigando a los que le antecedieron, ha quedado rebasado por el diatriba que tan seguido expresa para señalar a los ex presidentes de haber dejado un país minado, plagado de corrupción.

Poco más de siete millones de personas votaron por el sí el domingo 1 de agosto, López Obrador está obligado, a responder con actos de justicia a los ciudadanos que atendieron su llamado y el de su partido Morena para acudir a las urnas de la consulta y hacerse partícipes.

Ya no caben los pretextos, el presidente lo sabe, el fiscal general también, están obligados a terminar con la impunidad. Pero no con discursos ni con arengas mañaneras, sino con pruebas, procesos ministeriales y juicios. A México le hace falta ese cambio, y el presidente, está en deuda.

Pues así está la vida, querido lector. Enloquecida, en un país que está viviendo la tercera ola o pico de covid, la peor, desatada por la variante Delta, como si nada estuviera sucediendo. Hablo con mis familiares y me dicen “¿de verdad está ocurriendo eso?” y claro, escuchan las noticias, pero como todo está abierto, vivimos en un semáforo verde disfrazado de naranja que en realidad es rojo, pues no le dan ningún crédito a lo que escuchan. Mi madre va al doctor y cuando le consulta sobre el plan de vacacionar, el galeno muy orondo (e irresponsable) le dice que sí, que se vaya de vacaciones, “le va a sentar muy bien ver la playa y el mar”. La amiga de mi hija se junta con sus primos, el primo ya contagiado de covid, sin saberlo, contagia a todos cuando van a un gimnasio. Comienzan con síntomas, se hacen pruebas rápidas, salen negativos, no se aíslan, se van de vacaciones. La gripa no cede… La gente no entiende, se cansó y ya no le importa. Por ellos, que pase lo que tenga que pasar y se enferme quien tenga que enfermarse. Es increíble, porque lejos de haber mejorado, empeoramos, no entendimos nada. Vuelvo a ver fotos de amigos en bares y cantinas, sentados juntos y muy contentos, sin cubrebocas, disfrutando de lecturas y de tragos. El covid ya se murió para ellos que tienen una o dos dosis de la vacuna. Todos están convencidos de que no pueden contagiarse y si lo hacen, les dará una gripita. Viven en una fantasía delirante, sin duda. Pero una fantasía auspiciada por el gobierno que también ya se cansó, ya terminó de enloquecer. Ya no guardan las formas, todo ese show que montaron desde hace un año, con peroratas pseudocientíficas, tarde tras tarde. Ya no fingen, no. Ya, de plano, nos enseñaron la tramoya: el señor presidente decide, siempre lo hizo. Con ideas y prejuicios, muy alejados de la ciencia, en la completa ignorancia, las medidas que se han de tomar. Políticas equivocadas, demenciales. López Obrador ya enseñó la mano que siempre estuvo detrás de la estrategia y quién era el mandamás. Ya depuso a sus expertos, se ven, nítidamente, sus caprichos, su necesidad, absolutamente criminal, de no gastar en la salud y la vida de los mexicanos. Lo sospechamos desde febrero del año pasado, lo corroboramos hoy. No contuvieron al virus porque era muy caro, lo dejaron correr porque era lo más barato. El subsecretario López Gatell, su marioneta gustosa, dispuesto a mentir y decir cualquier barbaridad para adecuar la estrategia de salud a la voluntad presidencial. Delirante, abusivo, criminal. Que se muera quien tenga que morirse. Primero, los pobres, sí señor. No importa. Ahora, primero los adolescentes y los niños, a los que no se vacunarán porque para el presidente gastar en sus vacunas “es superfluo”, un “desperdicio”. Primero, la Guardia Nacional. Con esos miles de millones extras podría vacunarse a toda la población de adolescentes entre 12 y 18 años, con esquema completo. Y sobraría dinero. Pero el presidente prefiere que se edifiquen cuarteles, no quiere salvar la salud y la vida de niños y adolescentes. No le importa. Estamos frente a un déspota que puede decirlo abiertamente, sin que ocurra nada. “Desperdicio”, dijo y nada pasó, en este país. Puede mentir, inventar que no hay evidencias de seguridad de las vacunas para engañar a la gente, que le creerá sus mentiras. No pasa nada. Al déspota nadie le dice nada. La oposición se queda callada, es insignificante, no se entera de lo que el presidente hace. Viven, como él, en el país de su narrativa, están enfermos de su enfermedad, son otro muñeco del gran ventrílocuo que es el presidente.

Mientras, se escuchan sirenas de ambulancias, se vuelven a escuchar, aullando. Mientras, mi hija, mis sobrinos, los hijos de mis amigos, encerrados, viendo la vida pasar y sus esperanzas de recuperar algo de lo perdido, desvanecidas. Porque no, mijita, no hay vacunas para ustedes. El señor que nos gobierna, no quiere comprarlas, quiere que todos vayan a la escuela presencial como un experimento, un plato de Petri, un método de selección natural. Unos enfermarán severamente, verán su vida destruida por las secuelas, otros morirán, incluso, por falta de atención especializada. No le importa, es un criminal sin consciencia. No tiene dudas, no escucha, no se informa; tiene ideas, prejuicios, deseos, y lo peor: el poder. Tiene el poder para dejar indefensos a millones de mexicanos, para hacer que nuestra embarcación, donde vamos todos, por desgracia, naufrague. Y a nadie parece importarle, parece que también han enloquecido, han perdido la brújula moral: conversaciones impensables en otro tiempo “tú, ocúpate de salvar a tus hijos, lo demás no tiene remedio”, me dicen viejos amigos lopezobradoristas “oye, espérate, ¿y los demás, los pobres, los que no pueden viajar, que son casi todos?” les contesto azorada “¿no que primero los pobres?, ¿no votamos por eso, justamente?, ¿cómo puedes decirme eso?”. Me quedo rumiando, ¿es en serio? ¿no hacer nada? ¿sálvense los ricos? Me quedo deprimida, pensando, pensando, pensando ¿es realmente en serio? ¿lo van a dejar salirse con la suya? ¿dejarán inermes a niños y adolescentes sin que nadie haga ni diga nada? Respiro profundo, muy profundo, lo más profundo que puedo, pero algo adentro duele, me sigue doliendo. Siento el viento helado de la noche, escucho el rumor de la lluvia, mientras suenan ambulancias a lo lejos. Veo todo por lo que luchamos décadas, todas nuestras banderas enlodadas, chapoteando en el fango. Me pregunto, solitaria y amargamente, cómo haremos para sobrevivir a este naufragio mi familia, mis amigos, todos, cuántas vidas más se perderán, cuántas se verán vulneradas por la locura criminal de sacrificar la salud y la vida de niños y adolescentes por la decisión, enloquecida y obscena, del presidente López Obrador, de no gastar en ellos. Estamos solos, querido lector, en esta nave que naufraga.

Washington, D.C.- Silvano Aureoles, gobernador saliente de Michoacán, visitó Washington la semana pasada para advertir que, según su parecer, México se está convirtiendo rápidamente en un “narcoestado” y Morena en un “narcopartido”. La temeraria denuncia encontró oídos receptivos, a decir por el perredista, de funcionarios estadounidenses, centros de estudio, la OEA y Adam Schiff, presidente del Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

“Me dio la impresión de que el congresista (Schiff), presidente del comité, está muy informado del tema porque me dijo, ‘Es muy grave lo que está sucediendo en México’. Coincidió conmigo en que la democracia en el país está en riesgo… Hubo una frase que él uso: ‘Esto tiene que sacudir la política estadounidense’”, declaró Aureoles describiendo la supuesta reacción de Schiff.

En rueda de prensa el viernes, Aureoles sostuvo que, en el encuentro con Schiff, que según él duró 45 minutos, le entregó un dossier de presuntas pruebas confidenciales que muestran cómo grupos delincuenciales aterrorizaron al electorado para obligarlo a votar por Morena en la “narcoelección” del 6 de junio en Michoacán.

De acuerdo con el político michoacano, el demócrata de California le habría dicho que “hay cierta reserva” y “prudencia” en elevar el tema de la violencia y el narcopoder en México porque la administración Biden necesita la colaboración sobre migración del gobierno de AMLO.

La oficina de Schiff corroboró el encuentro con Aureoles, pero refutó tajante su versión sobre la conversación que, subrayó, fue privada.

“No comentamos sobre reuniones privadas, pero no es un relato fiel de la discusión”, me dijo Lauren French, portavoz de Schiff, desmintiendo las afirmaciones de Aureoles.

La inusual refutación fue en respuesta a mi pregunta pidiendo corroborar la versión unilateral de Aureoles de que Schiff reaccionó “preocupado” a su alegato de que México se está volviendo un “narcoestado” y Morena un “narcopartido”, exclamó que iba a “sacudir la política” de EEUU y afirmó que no era el momento propicio para abordar el tema con México.

En su capacidad de presidente del poderoso Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Schiff es uno de un puñado de legisladores con máxima “security clearence”, lo que le da acceso a información secreta de los servicios de inteligencia. El comité que preside tiene jurisdicción sobre 20 departamentos y agencias federales que recaudan inteligencia, incluidos el Departamento de Estado, el FBI, la CIA, la NSA y la DEA, entre otros.

Schiff recibe a gente que le pide cita y cuya opinión considera importante escuchar. Pero son reuniones privadas, para no atribución. Al hacer público el contenido de su conversación con Schiff, lo que hizo primero en su cuenta de Twitter, Aureoles violó las estrictas normas de secrecía que rigen las conversaciones privadas en Washington.

No es la primera vez que Aureoles rompe protocolos. El año pasado, difundió en redes sociales videos exhortando a los michoacanos nacionalizados a votar por Biden, en un acto claramente injerencista.

En el encuentro con los medios el viernes en un céntrico hotel, en el que de entrada aclaró que estaba vacunado, mostró un video de un presunto narco instando a votar por los candidatos de Morena en Michoacán, así como actas de distritos que muestran que el único partido en registrar votos en la elección para gobernador fue el oficial.

Se negó a dar a conocer el resto de las supuestas pruebas—videos, audios, testimonios, actas electorales—argumentado que no quiere poner en peligro la vida de los denunciantes y testigos.

“Fue una narcoelección, esa es una afirmación categórica, donde los grupos del crimen organizado operaron e indujeron a través de amenazas y presiones para que los electores votaran por el partido del presidente, por Morena”, insistió.

Alertó que lo que dice pasó el 6 de junio lo van a querer replicar en las elecciones en seis estados en 2022 y en las presidenciales en 2024. “En 2024 el presidente de México lo va a imponer la delincuencia organizada”, aseveró.

Arremetió contra Andrés Manuel López Obrador y su política de “abrazos no balazos”, acusándolo de haber permitido que los grupos delincuenciales actuaran “a sus anchas” para que Morena también ganara en Baja California, Sinaloa y Sonora.

No es la primera vez que Washington escucha denuncias no corroboradas, que pudieran sonar creíbles, de políticos mexicanos. En los noventa, Eduardo “El Búho” Valle denunció que el narco tenía penetrada la estructura gubernamental y que a Luis Donaldo Colosio lo mataron los narcopolíticos. El gobierno de Carlos Salinas lo negó.

Aureoles también se entrevistó con David Rodríguez, director de la oficina de asuntos mexicanos en el Departamento de Estado, y Edward Heartney, representante permanente de EEUU ante la OEA; Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria; Santiago Cantón, jefe de la misión observadora a las elecciones mexicanas y relator del informe a la OEA, y con el Secretario General de la OEA Luis Almagro. También habló con un grupo de especialistas convocado por el Instituto México del Centro Woodrow Wilson

Aureoles dijo que entregó a Almagro y a los funcionarios del Departamento de Estado el dossier de presuntas pruebas con la solicitud, “de no hacerlo público”.

No se encontró con Esteban Moctezuma, embajador de México en EEUU. De acuerdo a textos de WhatsApp en su celular, que leyó en voz alta en la rueda de prensa, Aureoles comunicó a Moctezuma sus deseos de verlo. El embajador respondió que le avisara cuando llegara a Washington para ponerse de acuerdo. Así lo hizo. Moctezuma ya no le respondió.

Fuentes cercanas al embajador dijeron que estuvo muy ocupado esa semana con la visita de un grupo de funcionarios de la Cancillería y que Aureoles no insistió.

El general Glen D. VanHerck, comandante del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de EEUU con jurisdicción sobre México, recientemente afirmó que las organizaciones criminales controlan hasta 35 por ciento del territorio “ingobernable” de México (Briefing 16/03/2021). AMLO lo negó.

El subjefe de operaciones de la DEA dijo que los carteles operan en México con plena impunidad (Npr 21 03 2021). Michoacán es uno de cinco estados mexicanos que el Departamento de Estado recomienda a sus ciudadanos no viajar debido a la violencia y los secuestros.

Es indisputable que el narco se ha fortalecido, o no se ha debilitado, como se quiera, bajo el gobierno de la 4T. Pero no siempre se sabe por qué dicen las cosas los políticos. Casi siempre tienen motivos ocultos e intereses mezquinos. ¿Qué pretende el gobernador con su retórica? ¿Atraer reflectores? ¿Blindarse de acusaciones para cuando ya no tenga inmunidad? ¿Urdir intrigas? Sea lo que fuere, su indiscreción dejó un mal sabor de boca en el Capitolio.

Twitter: @DoliaEstevez

Una oportunidad para reflexionar y generar mejores prácticas de promoción de la cultura democrática podría desperdiciarse si cada sector no acepta lo que puede agregar de valor al proceso político comunitario de nuestro país.

Eso puede comenzar desde la omisión de identificar lo que se hizo y no se hizo: 1) los que llamaron a no votar por su perdurable lastimadura después de la elección del 2018 y también por la percibida por ellos como errores, ocurrencias y excesos; 2) los que promovieron la consulta desde una posición inercial y mecánica según la cual el apoyo por el primer mandatario se traduce automáticamente en movilización y apoyo y 3) quienes participaron, en respaldo o rechazo de la tesis envuelta en la enredada pregunta y desean, con todo y todo, consolidarse como empoderados ciudadanos

Y, a contracorriente de opiniones fragmentarias, la población coincide desde diversos puntos de vista, en que los ex servidores públicos que depredaron el erario deben ser castigados y que la voluntad política debe dirigirse en esa dirección haya sido cual haya sido el volumen de participación.

El ejercicio tiene que ser dimensionado en función de la dinámica de participación ciudadana que representa para un futuro cercano la base de transformación democrática de México.

Para quienes la oposición a las propuestas emanadas del poder presidencial ha sido recurrente y sistemática, el número de votantes sirve para alimentar el tema de discusión en el punto del “si no es vinculante, entonces no tuvo razón de ser”. A esa reflexión siguen eventualmente burlas e insultos.

Esta fue la primera Consulta constitucional avalada por los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y el árbitro electoral (el INE), desarrollada con reglas de validación y validez más cercanas a las de un proceso electoral y que, por lo mismo limitaban las posibilidades de una respuesta que permitiera, de origen, obtener ese 40% del padrón para hacerla vinculante.

El instrumento en sí inaugura una nueva etapa para la participación ciudadana. Este tipo de ejercicios nos permiten construir desde los valores de la población y de sus agendas. La corrupción de personajes políticos es una de esas circunstancias a las que el ciudadano otorga un valor negativo.

Aquellos que buscaron desincentivar la Consulta, por razones ideológicas o partidistas, en realidad fueron en contra de la oportunidad de empoderamiento de la ciudadanía, aunque probablemente por unas horas se sintieron mezquinamente satisfechos por “el fracaso” del ejercicio.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que la mera realización de la Consulta y que la gente haya acudido representa un éxito para la democracia. Los adversarios de Morena van a tener algunas complicaciones en la consulta de marzo sobre revocación del mandato: si no participan, ¿avalan la permanencia en el poder de AMLO?

La jornada de este domingo se convirtió, además, en la de mayor participación con relación a otros que no llegaron a constituirse como Consulta constitucional. En la CDMX votaron más de 800 mil personas, mientras que en el plebiscito de 1993 sobre si las autoridades capitalinas debían ser electas participaron más de 300 mil, o en la de 1998 sobre el Fobaproa fueron 500 mil.

El país se instala incipientemente así en una dinámica propia del empoderamiento ciudadano de las democracias participativas europeas contemporáneas…aunque en el camino hay comportamientos viscerales coloniales y algunos más modernos.

@guerrerochipres

La otra pregunta no estaba en la boleta, aunque sí estaba en la Consulta Ciudadana: ¿quieres que las actuales autoridades electorales lleven a cabo, en marzo de 2022, la consulta sobre la revocación o ratificación del mandato de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México?

Escribo esto cuando apenas regreso de votar. Leo opiniones de todo tipo: quejas contra el INE, fotos de casillas vacías y muchas burlas por la que parece ser una muy baja afluencia. A 1.5 cuadras de mi casa había una mesa receptora abierta cuando salí. Pero tuve que pasarla, cruzar otras mesas receptoras en mi camino y caminar nueve cuadras más para emitir mi sufragio. Allá me tocó. No importa, que nueve cuadras son nada, sobre todo con un sol extraordinario.

Pero me pregunto si alguien se vio obligado a decidir entre tomar un camión en medio de la pandemia o quedarse a ver la repetición de los Juegos Olímpicos y tomarse una cerveza. Si no sienten obligación moral o ética, lo segundo le habrá ganado. Quizás. No sé. Apenas supongo. En algunas horas lo sabremos pero se notaba cuando fui a votar: había pocos, o nadie, en la mesa. Y las calles estaban llenas de familias porque es domingo y ya.

Intento ponerme en los zapatos de Lorenzo Córdova. Qué complicado. Sus afines, como José Woldenberg, fueron opositores de la Consulta Ciudadana. A su vez, él tiene que garantizarla porque, creyera o no en ella o le gustara o no la pregunta, es su promotor y organizador. Y si fue poca gente es un fracaso del INE porque tuvo el encargo. Y a su vez, si va poca gente le confirma dos cosas, a él, a Córdova: una, que tenía razón (dirá) cuando pidió más dinero para organización y, dos, que quizás la gente que le es más afín tenía razón (esto no lo dirá).

Lorenzo Córdova está parado en medio de la vía donde dos trenes aceleran hacia la colisión. La burla de los opositores por la poca afluencia alimenta el odio de los que atribuyen la poca afluencia al INE. Dos corrientes que van en un mismo sentido, sin quererlo. Los que celebran el eventual “fracaso” calientan a los que ya tienen un culpable para un eventual fracaso: el INE de Lorenzo Córdova.

La otra pregunta que no estaba en la boleta –aunque sí estaba en la Consulta Ciudadana– tomará vuelo en el oficialismo, justificada y alimentada por la burla de los opositores: ¿quieres que el INE de Lorenzo Córdova lleve a cabo la consulta sobre la revocación o ratificación del mandato de López Obrador? Su respuesta, la del oficialismo (que es el que la tiene más fácil para sacar una reforma político-electoral) suena desde ahora a que es un categórico NO.

Hace minutos se escuchaban truenos de una tormenta rumbo al INE de Córdova. Ahora caen gotas gruesas sobre su tejado.

***

De todas maneras, la consulta podía arrojar cualquier dato, menos resultados. No mete a nadie a prisión. No exhibe a los corruptos (o presuntos corruptos) por su nombre. No ordena enjuiciar a nadie y no menciona ni siquiera la palabra “expresidentes”. Los que fuimos a votar fue por mucha voluntad personal. Los zapatistas, por ejemplo, hicieron su votación sin contar con autoridades electorales y ganó el SÍ. Creo que de todas maneras ganaría el sí: los que estaban motivados a votar lo estaban por la posibilidad de decir que sí a juzgar a los expresidentes de México aunque “juzgar” y “expresidentes” estuviera fuera de la boleta.

Pero, otra vez: la consulta no metía a nadie a prisión y apenas abría la posibilidad de realizar comisiones de la verdad que, a su vez, no necesitan consulta sino voluntad política. Tremendo entuerto. Y deje el entuerto: si había tan pocas casillas, ¿por qué no se bajó la vara a la consulta? Es decir, ¿por qué se mantuvo el mismo 40 por ciento obligado del padrón electoral? El INE de Lorenzo Córdova puede responder que porque no estaba en sus facultades hacerlo; que porque implicaba cambiar leyes. Y es un círculo vicioso que lleva a lo mismo: a este INE, al de Lorenzo Córdova: nunca habría logrado cambiar una sola Ley si es que se lo hubiera propuesto porque no lo consideran imparcial los que tienen los votos para cambiar una Ley.

Por eso de una vez digo que es NO, categórico, a la otra pregunta no estaba en la boleta: ¿quieres que este INE, el de Córdova, traiga como encargo la consulta de revocación o ratificación del mandato de López Obrador? Ni locos que estuvieran los que tienen mayoría. Ni locos permitirían que sí, que el INE de Lorenzo Córdova se encargue. Esta consulta fue un ensayo pero la otra los deja sin Presidente. ¿Se la van a dejar en sus manos?

Hace minutos se escuchaba la posibilidad de una reforma político-electoral que remueva a los actuales consejeros, empezando por Lorenzo Córdova. Ahora queda claro que el oficialismo no tiene dudas: hará todo por removerlo.

De entre las muchas cosas que me intrigan, hay una relacionada con la creación que aún hoy, luego de haber escrito tantos libros de literatura, no consigo explicármela bien a bien: ¿cómo ocurre el proceso que conduce a la novedad?

Hay tres palabras que se refieren a este asunto: “crear,” “inventar” y “descubrir”. La primera implica la operación radical de extraer de la nada lo creado, ex nihilo se decía en latín: no estaba de ninguna manera y luego está. “Inventar” significa literalmente hacer venir. Sí lo que viene no estaba sería equivalente a crear; si lo que viene, en cambio, simplemente estaba oculto, entonces inventar sería descubrir, desvelar, destapar: poner al descubierto una combinación desconocida o echar afuera algo que estaba contenido.

El ajedrez, según esto, sería una creación: las reglas que lo rigen, la definición del tablero y las piezas, el juego que se da entre sus no estaba antes de que su autor lo concibiera; en cambio, las prácticamente infinitas jugadas serían no una creación, sino un descubrimiento, pues todas ellas, por muy complicadas o por mucho talento que exija hallarlas están, no obstante, implicadas en las posibilidades del juego, son una combinatoria posible.

No podemos decir lo mismo de la literatura, pues aunque el escritor, como el ajedrecista, juegue con el lenguaje y este tenga sus reglas, la gran diferencia es que el escritor no solo combina las palabras que existen en el diccionario de acuerdo con unas reglas fijas, sino que revoluciona las reglas, desborda el lenguaje y hace aparecer nuevos significados, mientras que el ajedrecista se atiene a las piezas estipuladas (no puede tener más de 16 piezas) y si viola las reglas des sus movimientos rompe el juego.

En la literatura, y en general en el arte, el juego consiste precisamente en romper las reglas; es por ello el territorio más propicio para la creación. Pero no sólo, pues en la historia de la cultura hay más elementos que los exclusivamente artísticos.

Asomémonos a la técnica; veamos de cerca una de las primeras creaciones, la más sencilla: el hacha. Posee básicamente tres partes: mango, cabeza y filo. Los tres elementos, es muy probable que hayan estado en la naturaleza: un palo y una piedra afilada. Esos elementos inertes, que de segura estaban ahí a la mano, sólo se volvieron hacha cuando alguien los integró y asestó el primer golpe. Existían las partes pero no existía la forma y el sentido que convirtió al palo y a la piedra afilada en hacha: el hacha es una creación tan excelsa como lo es cualquiera de los poemas metafísicos de Quevedo. Esa primer hacha estableció la familia de hachas que va, ahí sí, como los juegos del ajedrez, combinando y recombinando, una y mil jugadas, una y mil cabezas y filos y mangos, pues las eficaces hachas modernas no son sino des-cubrimientos del hacha primera que ella sí fue creación en sentido estricto.

Creador es quien pone en el mundo una forma nueva, descubridor, quien perfecciona esa forma, quien va sacando las posibles combinaciones que esa forma contiene, los descubridores son, en general, los ajedrecistas del hacha.

De estos dos: creadores y descubridores, me interesa el primero, ¿cómo hace el creador para generar una nueva forma? Si uno piensa mucho, como el ajedrecista, encuentra una combinación que estaba implícita, descubre. En cambio, sí uno pensando mucho o no pensando en nada, pero es capaz de ver otra forma, un sentido que ni siquiera estaba buscando, entonces crea. A esto se le ha llamado serendipia, aunque yo prefiero llamarlo chiripada. ¿Cómo poder ver una forma que no estaba, un sentido que no había, cuando, precisamente uno anda cegado por estar buscando una cosa que no halla? ¿Cómo encontrar lo otro, lo nuevo?, pues así, no cegándose por lo buscado, sino asombrándose ante lo que aparece cuando no aparece lo que uno anda buscando. Ser capaz de ver en el aparente fracaso el hallazgo que ese fracaso oculta y muestra a la vez.

Twitter: @oscardelaborbol

El tema de los campos de exterminio en México nos habla de una tragedia humana de magnitudes sin precedente en el marco de una especie de guerra no convencional moderna, acompañada de niveles de corrupción e impunidad desmedidos. La existencia de estos lugares, más allá del significado del concepto utilizado (por actores específicos) para describirlos, plantea también los más serios cuestionamientos a la historia oficial que ignoró los verdaderos efectos de un conflicto armado o más bien una “guerra contra el narco” declarada por el gobierno mexicano y avalada en el marco de la Iniciativa Mérida. Por esto último, no me sorprende que los esfuerzos de búsqueda reciban un apoyo fundamental por parte de la llamada “sociedad civil internacional” que van de la mano de las agendas de “desarrollo internacional”.

No obstante las implicaciones políticas de la búsqueda de desaparecidos en el conflicto armado en México de los últimos años, la existencia de los campos de exterminio nos dan cuenta de una realidad trágica que debe esclarecerse y se debe llamar a cuentas a los responsables. Las “fosas comunes” que se van encontrando en diversos lugares de México plantean una serie de preguntas que no podrían—o mejor dicho, no deberían—quedar en la ignominia. Es encomiable el papel de algunas organizaciones de la sociedad civil, principalmente el papel de los colectivos de madres buscadoras de sus hijos y familiares. Así se ha avanzado en la identificación de cuerpos en estos campos de exterminio como el de La Bartolina.

La Bartolina se describe como “un centro de exterminio que el Cártel del Golfo utilizó entre 2009 y 2016”. Es un predio ubicado en Matamoros, Tamaulipas, a poco más de 40 minutos de Brownsville, Texas, donde viví por ocho años. Me enteré de su existencia desde el año de 2016, gracias al periodista Enrique Lerma (a quien conocía en persona y que entonces trabajaba para Noticias 48 Univisión) y a reportes preliminares en el periódico El Mañana. De acuerdo a la información que se proporcionó, este lugar fue descubierto primero por elementos del Ejército y la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (en la administración de Egidio Torre Cantú). Sorprende que el gobierno estatal que siguió—es decir, el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca—haya mantenido un silencio incómodo que termina hasta que la Procuraduría General de la República, junto con la Comisión Nacional de Búsqueda, atraen las investigaciones correspondientes.

Los hallazgos en La Bartolina son escalofriantes. Se han encontrado por lo menos media tonelada de restos óseos, además de diversos objetos que pertenecieron seguramente a las víctimas de exterminio por parte del Cartel [o de desaparición forzada por parte de las fuerzas castrenses]. Aún no se termina con los trabajos y los colectivos de madres buscadoras desean ingresar al lugar para realizar la búsqueda de restos de sus seres queridos. Dicen algunos miembros de estos grupos que no buscan culpables, que buscan a sus “hijos, hijas, padres, madres, hermanos, hermanas y familiares”. Entre acciones no perfectamente coordinadas, supuestamente algunas organizaciones piden una tregua al Cartel que domina ese territorio para comenzar sus labores en lo que fuera un “campo de exterminio”.

La existencia de este tipo de lugares y las historias detrás de los mismos parecen realmente perturbadoras y nos hablan de atrocidades que se cometieron en medio de una denominada “guerra contra las drogas”, avalada y apoyada por el gobierno estadounidense en el marco de la Iniciativa Mérida. Existen más preguntas que respuestas al tratar de explicar lo sucedido en estos espacios de muerte. La historia oficial sobre la Bartolina nos habla, de forma preliminar, sobre un campo de exterminio de un “cartel” que se encontraba en pugna con otro cartel muy sanguinario. Viví en esa región por algunos años y aún no me puedo explicar a ciencia cierta lo ocurrido.

Matamoros es la cuna del Cartel del Golfo y algunos se han referido a esta región como una “tierra de narcos”, es decir, una ciudad de alguna forma dominada por grupos que se dedican al narcotráfico. Su ubicación geográfica estratégica en tiempos de prohibición—al poseer costa y ser al mismo tiempo frontera—la hace un lugar lógico para el contrabando de alcohol primero y luego para el narcotráfico. Sin embargo, la virulencia de lo sucedido en la segunda década de este siglo no parece poder explicarse de forma sencilla. ¿Por qué tanta saña, tanta violencia? La sanguinariedad y la brutalidad de los sucesos ocurridos—no sólo en Matamoros, sino en todo el estado de Tamaulipas y en el noreste y el Golfo de México—sólo se podría explicar siguiendo la lógica castrense. Aún hay mucho por investigar sobre el paramilitarismo militar que se infiltró en el Cartel del Golfo después de la llegada de los Zetas. Estudié ese fenómeno en esa misma región desde 2010 y aún tengo más preguntas que respuestas. Los restos encontrados en La Bartolina ponen de nuevo en la mesa una pregunta que no he podido contestar.

¿Qué pasó en Matamoros? ¿Qué pasó en Tamaulipas? ¿Qué ha pasado en México todos esto años que se llenó de cementerios? El silencio cómplice de las autoridades estatales y federales, así como la historia oficial que trata de describir este fenómeno—aún hoy en día—como una simple guerra entre carteles me decepciona y me escandaliza. Son demasiadas las víctimas; muchas de ellas se encuentran desaparecidas. ¿Quién está en la Bartolina? ¿De quién son las toneladas de huesos que se han encontrado en Matamoros, en Tamaulipas, en todo México?

Aún recuerdo lo sucedido el 5 de noviembre de 2010 en Matamoros, el día del abatimiento de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias “Tony Tormenta”, uno de los principales líderes del Cartel del Golfo en ese momento. Yo vivía en Brownsville, Texas y escuché las balaceras que se dieron en toda la ciudad por casi diez horas [algunos dicen ocho, pero yo conté como diez]. Yo vivía y trabajaba muy cerca de uno de los puentes fronterizos (todos se cerraron, por cierto), por lo que podía ver el humo y parecía que del otro lado se desarrollaba una guerra. Algunos académicos y otras personas ajenas a esta realidad no entienden por qué yo llamé a lo que pasó en Tamaulipas una guerra (una “guerra civil moderna”), pero todos los que ahí estuvieron me entenderían perfectamente.

Ansiedad, miedo, terror, y una indescriptible sensación de inseguridad y dolor fue lo que sentían quienes me contaron lo que sucedió al otro lado de la frontera (de donde yo estaba) ese día. En los días siguientes escuché muchas versiones disimiles y algunas de ellas me parecía inverosímiles. Algunas personas me platicaron de persecuciones violentas en automóviles, de luces, enfrentamientos a tiro limpio, presencia de francotiradores, granadas y helicópteros, cuerpos apilados en las calles; ellos calculaban varias decenas de muertos. Escuché ese tipo de historias por varios días, pero algunas no me hacían sentido o no quería creerlas y todas ellas contradecían a lo reportado por los grandes medios de comunicación.

Después de casi diez horas de balaceras entre miembros de la delincuencia organizada, la SEDENA y la Marina Armada de México, el saldo oficial fue más/menos de “tres marinos, un soldado y cuatro delincuentes muertos, así como cuatro agentes de la Marina y dos militares heridos” (La Jornada, 6 de noviembre, 2010). Los medios mexicanos reportaban 10 muertos, incluyendo a Tony Tormenta y a un periodista y algunos medios de comunicación locales en Estados Unidos hablaban de un número posiblemente mucho mayor. Días después del abatimiento de Tony Tormenta me reuní con Michael A. Barkin, entonces Cónsul de Estados Unidos en Matamoros [hoy asesor de política exterior del Comando Estratégico de Estados Unidos (USSTRATCOM)], y él muy “fresco”, tranquilo y seguro me dijo que los muertos eran los que decía la prensa…y “punto final”.

Finalmente decidí, por sanidad mental, y después de varios días sin dormir bien, cerrar el capítulo y dejar de preguntar. Decidí, a pesar de todo lo que escuché y lo que me dictaba la lógica—debido a la larguísima duración de los enfrentamientos y a las municiones utilizadas en casi 10 horas de tiroteos—aceptar la versión oficial. Los recientes acontecimientos relacionados con los denominados campos de exterminio en la Bartolina abren una herida y me hacen recordar que existe una historia que se debe de contar, que es preciso investigar.

El hallazgo de más de media tonelada de restos óseos es solo la punta del iceberg de lo que ha pasado en México después de que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, bien asesorado por sus socios del Norte y colaborando en el marco de la “responsabilidad compartida” de la Iniciativa Mérida, decide declarar su “guerra contra el narco”.

¿Los restos de quién están en el predio La Bartolina? ¿Hablamos simplemente de un campo de exterminio del Cartel del Golfo? ¿Hablamos de paramilitarismo criminal o de desapariciones forzadas con objeto de exterminar a los enemigos del Estado Mexicano sin seguir el debido proceso? ¿Estamos hablando de crimines de lesa humanidad? Esperemos que los colectivos de búsqueda—los cuales reciben el férreo apoyo de la sociedad civil internacional que opera muchas veces al amparo de poderosas organizaciones filantrópicas y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional—puedan realizar su trabajo y logren su objetivo de encontrar a sus familiares. Recordemos que este tipo de hallazgos se extienden a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Esperemos que se esclarezcan los hechos, se identifique a las víctimas y se localice a los responsables donde quiera que estén, ya sea en México o fuera del país. Es preciso conocer la verdadera historia de los crímenes de guerra y no enfocarnos únicamente en la guerra de carteles que supuestamente tiene exclusivamente sus raíces culturales en México. Esperemos conocer bien lo que realmente pasó en esos “campos de exterminio” y asegurar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se convierta únicamente en un instrumento de presión de gobiernos de América Latina al servicio de su principal promotor. Estamos pendientes de lo que harán los colectivos de búsqueda, la sociedad civil internacional y sus financistas, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación. Su labor es realmente loable: encontrar a los desaparecido y develar la verdad.

Hoy se realizará la consulta para conocer la voluntad de los ciudadanos sobre investigar o no los crímenes del pasado. Un poco como la rifa del avión, esta iniciativa es el resultado de la persistencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, personalmente interesado en convertir el tema en un asunto de debate y discusión pública. Pero al igual que la rifa, frente a las muchas dificultades y obstáculos enfrentados, ha terminado por convertirse en un ejercicio un tanto surrealista que cada quien está interpretando a su manera.

Para empezar, por el ajuste que debió hacer la Suprema Corte a la extraña consulta que ponía a consideración de la población si era menester o no enjuiciar a los expresidentes, como si la aplicación de la ley y el castigo de los delitos tuviese que ser decidido por votación. Contra lo que algunos creen, los expresidentes no tienen fuero que los exima de ser llevados ante tribunales. Si así fuera sería explicable que se necesitará un mandato jurídicamente superior, en este caso la voluntad popular. Pero al no existir fuero, resulta extraño someter a plebiscito decidir si los expresidentes deben ser investigados; primero, porque si hay delitos comprobables la Fiscalía no necesita permiso para iniciar una averiguación; y, segundo, porque si no hay delitos comprobables, por abrumador que resulte el sí, tampoco se les pueden fabricar pruebas por más que los que votan así lo hayan decidido. Justo por esa razón la Suprema Corte tuvo que hacer acrobacias para satisfacer la preocupación del Presidente sin incurrir en un absurdo jurídico sometiendo a la opinión de la mayoría si se aplica o no la ley. La pregunta sobre la que hoy votan los que acudan a la urna lo dice todo:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Un segundo problema tiene que ver con la interpretación de lo que se está decidiendo, toda vez que la pregunta termina siendo ambigua. Para el Presidente López Obrador no hay ninguna duda sobre lo que esta consulta pretende. En sus conferencias de prensa mañaneras, día tras día, ha insistido en la necesidad de que la gente exprese si desea castigar o no la corrupción de los expresidentes. Para él es eso lo que está en juego. Desde el arranque de su administración él había dicho una y otra vez que no iba por el castigo, que no deseaba mirar atrás sino adelante. Por alguna razón, a mitad de camino, parecería haber cambiado de opinión sin aceptarlo explícitamente. Incluso estos días ha dicho que él votaría por el no porque en su corazón no anida la venganza, pero al mismo tiempo no ha ocultado su intención de que la consulta se haga a como de lugar. Una manera de no dar su brazo a torcer en público, pero al mismo tiempo hacerlo “contra su voluntad inicial porque lo habría pedido el pueblo”. Las razones políticas sólo pueden especularse, pero es indudable que en términos discursivos favorece enormemente al actual régimen que la conversación pública gire un rato en torno a la corrupción de regímenes anteriores.

Pero esta no es la única lectura que la consulta ha recibido. Al presionar la realización de este referéndum sin importar el modo, la Presidencia no previó que la Suprema Corte arrojase una pregunta que da pie a otra interpretación. Otros sectores, incluso críticos del obradorismo, lo han visto ahora como una oportunidad de atraer la atención no tanto, o no exclusivamente, al tema de la corrupción sino al de los derechos humanos violentados en el pasado, entendidos en el sentido más amplio. La mera posibilidad de que un resultado abrumador ejerza presión para hacer algo respecto a los miles de desaparecidos y asesinados, y en general sobre las muchas víctimas de la violencia, abre perspectivas de un ajuste con el pasado. Personajes como Javier Sicilia, crítico reiterado del Presidente, consideran que es una oportunidad para que la población exija a López Obrador que cumpla por fin con una “agenda de víctimas”, un tema sobre el cual, en opinión de muchos, la 4T ha sido deliberadamente omisa. Algunos otros activistas ponen el énfasis en la posibilidad de crear Comisiones de la Verdad para escuchar a las víctimas y Tribunales Transicionales para abordar los crímenes políticos del pasado.

Ciertamente no es este el ángulo que originalmente pretendía Palacio Nacional, que se ha limitado a hablar de delitos de corrupción cometidos específicamente por los exmandatarios. De hecho, hacer responder a los presidentes por los crímenes contra la población cometidos durante su respectiva administración, pondría en la mira más temprano que tarde al propio López Obrador, considerando que su sexenio terminará con una cifra aún más alta de asesinados y desaparecidos, por no hablar de las cifras ingentes de los que han caído por la epidemia.

¿Qué podemos esperar? Una cifra pequeña de participación, pero en proporción abrumadora en favor del sí. Muy lejos del 40 por ciento del padrón electoral que contempla la Constitución para que el resultado se convierta en un mandato legal, pero con un saldo desproporcionado en favor de que se emprenda una investigación sobre el pasado. Ahora bien, ¿qué tipo de investigación? Como no tendrá valor jurídico sino político, los actores sociales lo interpretarán de acuerdo a sus agendas e intereses.

La Presidencia intentará ganar “la narrativa” sobre corrupción; por el contrario, activistas y organizaciones sociales impulsarán los temas de derechos humanos. Las Cámaras legislativas serán sometidas a la presión de la opinión pública para que se formen Tribunales de la Verdad y equivalentes. Pero los alcances y propósitos de estos proyectos serán la arena de confrontación de las siguientes semanas.

Al final la Presidencia obtendrá lo que necesitaba. Pero al mismo tiempo no queda descartado que esto abra el camino a ejercicios de indagación sobre la responsabilidad de los presidentes en la violación de los derechos humanos de la población y en el enorme saldo de víctimas que ha dejado la violencia. Algo que no esperaba Palacio Nacional. Como dice el dicho, cuidado con lo que deseas, porque puede hacerse realidad.

@jorgezepedap

Con independencia del resultado de la Consulta Popular que se celebra este 1 de agosto, en días recientes el comunicado de los zapatistas anunciando que participarán en este ejercicio impulsó un reclamo muy añejo de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos que el Estado y grupos violentos privados han cometido contra la sociedad mexicana desde hace décadas: justicia y verdad para las víctimas.

La polarización que existe en la vida pública nacional entre quienes respaldan el proyecto de la Cuarta Transformación y quienes lo critican y detestan, siempre termina por envenenar el debate público. En el caso de la Consulta Popular los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) saldrán a votar con la idea de que la consulta terminará siendo un mandato directo para juzgar a los expresidentes; en cambio, quienes cuestionan o no toleran a AMLO desprecian el ejercicio calificando la consulta de absurda, un engaño e intento de distracción, cuando no un gasto inútil. Pero en ambos casos se deja de lado el reclamo esencial de la justicia: ver este ejercicio de participación popular como la posibilidad de mirar hacia abajo y hacia atrás para ofrecer justicia y verdad a quienes han padecido masacres, exterminios, torturas, persecuciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

A estas alturas todo parece indicar que la Consulta Popular no alcanzará los votos suficientes para ser vinculante: 40 por ciento de la lista nominal que implican 37.5 millones de votos. Y coincidiendo con otros comentaristas, creo que la mayoría de los participantes responderán sí a la pregunta redactada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, calificada de extensa y poco clara.

Pero a estas alturas, la Consulta Popular, como dijo Juan Villoro, es más bien un ejercicio simbólico pero que debería apuntar al reclamo histórico de las víctimas de la violencia estatal en este país.

Este es el llamado que lanzó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el comunicado “Por qué Sí a la Consulta y Sí a la pregunta”. Ahí señalan: “Tampoco trata de juzgar ni condenar a nadie.  Trata de los derechos de las víctimas, de su derecho a la justicia y a la verdad. Su derecho a saber por qué se decidieron tales acciones u omisiones, con cuáles leyes se les dio sustento legal. Y quiénes fueron o son los responsables o irresponsables, desde el más alto, hasta el más bajo nivel.  Eso sería la verdad y su consecuencia sería la justicia. No están a consulta ni la una ni la otra. Se consulta si estamos de acuerdo en apoyar a las víctimas que reclaman saber qué pasó, por qué, y quién; y demandan justicia”. Y eso último se subraya: no están a consulta la verdad y la justicia para las víctimas.

Tras el pronunciamiento del EZLN se expresaron otros posicionamientos semejantes del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata, y los centros de derechos humanos Fray Juan de Larios (Fray Juan) de Saltillo y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, de San Cristóbal de las Casas.

En este sentido también se han pronunciado organizaciones como el Movimiento para una Paz con Justicia y Dignidad, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y las agrupaciones de familias organizadas que buscan a sus desaparecidos.

Con independencia del resultado numérico de la consulta, el mandato político que surja de esta Consulta Popular debería ser el de crear los mecanismos necesarios para brindar verdad y justicia a las víctimas del presente y del pasado. Algunos piden una comisión de la verdad que mediante ejercicio de memoria e investigación, se llegue a saber quienes fueron los responsables de la violencia estatal (masacres, represiones, torturas) cometidas contra movimientos sociales o populares, pueblos y comunidades o sectores específicos de la sociedad como pueblos indígenas, campesinos o estudiantes.

Eso pasa por conocer los hechos del presente y del pasado que violaron de modo masivo los derechos y garantías de miles de mexicanos. Ya sea mediante una gran Comisión de la Verdad (que piden expertos desde la llamada Justicia Transicional) o mediante otro mecanismo, se deben conocer los responsables de ordenar masivos operativos para reprimir movimientos sindicales como el de los ferrocarrileros, magisterial (en distintas épocas), médicos y enfermeras y electricistas.

Se deben conocer los responsables de ordenar la represión a movimientos estudiantiles en distintas partes del país como Chihuahua, Morelia, Guadalajara o Ciudad de México que terminaron con la represión encarcelamiento o masacres como la de 1968 y 1971; o la persecución y asesinatos por parte de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) entre 1968 y 1973.

De la Consulta Popular debe salir el mandato político para investigar e identificar a los servidores públicos (del Presidente hacia abajo) que ordenaron la Guerra Sucia que incluyó la persecución, desaparición, tortura, y ejecución extrajudicial de miles de integrantes de las organizaciones que optaron por las armas para cambiar la realidad social del país. Eso incluye a los militares que ordenaron torturar y ejecutar a guerrilleros en cuarteles militares y a quienes ordenaron los abominables vuelos de la muerte desde la base aérea militar de Pie de la Cuesta en Acapulco y, según algunos testimonios, otros vuelos de la muerte que arrojaron cuerpos de disidentes en el lago de Chapala.

Una comisión de la verdad o un jurado popular o como se llame, debe investigar y nombrar a los responsables de las graves masacres que se han cometido en este país, desde el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia (incluida su esposa embarazada) el 23 de mayo de 1962, ocurrido en Morelos. Y debe investigarse el asesinato de Samir Flores Soberanes, ocurrido en este Gobierno, también en Morelos. Deben conocerse los nombres de quienes ordenaron y cometieron la masacre del 2 de octubre de 1968, el Halconazo de 1971, y las masacres de Aguas Blancas, El Charco y Acteal.

Con consulta o sin ella, la sociedad debe empujar desde abajo para poner fin a la cadena de atrocidades e impunidades que permiten que México sea el país con más desaparecidos que cualquier dictadura militar y el país con más fosas clandestinas en el mundo. Se debe tener un mandato político para dar con los responsables de siete centros de exterminio que operaron Los Zetas en Nuevo León, a comienzos de la década pasada y donde hay allí más de 850 mil restos humanos.

Alguien debe dar cuenta del centro de exterminio identificado en Patrocinio, Coahuila. Hay por todo el país toneladas de cuerpos calcinados y miles de cuerpos mutilados, que son el rostro más trágico y sangriento de una supuesta guerra contra las drogas ordenada torpe e impunemente por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, que produjeron episodios sangrientos como la masacre de Allende en marzo de 2011.

Para este ejercicio de memoria histórica para nombrar todas estas atrocidades cometidas contra el pueblo de México no se parte de cero. Debe retomarse la investigación judicial que en 2001 abrió la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) durante el Gobierno de Vicente Fox y que al final cerró sin resultados por presiones de militares y responsables de la Guerra Sucia.

Pero también debe retomarse el trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos que entre 2011 y 2014 escuchó miles de testimonios de víctimas, organizaciones sociales, pueblos y comunidades que denunciaron despojos, violencias, devastación ambiental y violencias de todo tipo en todo el país. El informe final de este tribunal se nombró, atinadamente, “Libre comercio, Guerra Sucia, impunidad y derechos de los pueblos”.

Para esto debe servir, en todo caso, el mandato político de la Consulta Popular: para brindar verdad y justicia a las víctimas basados en el derecho de los pueblos. Es hora de terminar con las cadenas de atrocidades e impunidades que tienen sumida a la sociedad mexicana en una guerra informal y sumidos en nuestro propio holocausto. Se debe poner fin a este sufrimiento y los responsables tienen qué ser nombrados y obligados a pagar por ello.