+ Mala economía, inseguridad…

+ Cero crecimiento, desempleo…

En política, lo que cuenta son los resultados. Y durante el régimen de López Obrador -hoy llega justo a la mitad- sus resultados son un fracaso. Y no lo dice el columnista. En lo absoluto. Así lo indican y comprueban las cifras, los datos duros, los hechos, los escenarios comprobables más que las opiniones de interés. De nada sirve un mandatario popular si a cambio ofrece un país empobrecido, inseguro, insalubre, militarizado y con perspectivas desalentadoras. A la mitad del camino y por sus pésimos saldos, AMLO ha sido el peor Presidente de los últimos tres sexenios.

¿Pruebas? Aquí, las cifras de AMLO durante su primera mitad de Gobierno, irrefutables y contundentes.

¡Son las cifras, estúpidos!:

ECONOMÍA:

– Crecimiento anual promedio: 0.6 por ciento.

– El PIB cayó 0.2 por ciento durante el tercer trimestre de 2021.

– Desempleados: 10.8 millones.

– Gasolina: 20 por ciento más cara.

– Inflación superior al siete por ciento, la más alta de los últimos 20 años.

– Minidevaluación: prácticamente 22 pesos por dólar.

– Seis millones más de mexicanos pobres en tres años con AMLO.

– 6.3 millones de mexicanos pasaron, durante el régimen obradorista, de la clase media a la clase baja. De 53.5 millones se contrajo a 47.2 millones. Es la consecuencia directa de la falta de apoyos a la clase media durante la pandemia, del abandono a pequeñas y medianas empresas que generó desempleo, del terrorismo fiscal, del clima de linchamiento y odios impulsados desde Palacio Nacional.

– Pobreza laboral afecta a 52 millones de mexicanos. ¿Qué significa esto? Que no les alcanza para comprar la canasta básica alimenticia.

– Ante la pobreza generalizada, 1.6 millones de trabajadores retiraron 18 mil 163 millones de pesos de enero a octubre de este año de sus Afores. Es el drama diario de decenas de miles de familias que amanecen con unos cuántos pesos al día.

– Ante el abandono del Gobierno, alrededor de un millón de micros, pequeñas y medianas empresas, quebraron sin remedio.

– Con la 4T, 15 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud ante la desaparición del Seguro Popular. Se les abandonó sin ningún remordimiento.

– 13.4 millones de mexicanos adquirieron deudas y usaron ese dinero para satisfacer necesidades personales básicas y de alimentación. Es decir: pedir prestado para poder comer. Ese es el cambio con López Obrador.

– La inversión fija durante el Gobierno de López Obrador observa un retroceso de… ¡una década! En 32 meses, la caída en la inversión fue del 26 por ciento. Con Peña Nieto, fue de 14 por ciento en el mismo lapso. Con Calderón, del nueve por ciento.

– Para 2022, casi tres billones de pesos más de deuda pública total. Más endeudamiento para todos los mexicanos.

– Pemex pierde cinco mil millones de dólares al tercer trimestre del año.

– Fuga de capitales durante julio, agosto y septiembre de 2021, por 14 mil millones de dólares.

– CFE pierde 14 mil 700 millones de pesos.

INSEGURIDAD:

• 104 mil ejecutados con López Obrador a la mitad del Gobierno. Un 30 por ciento más que con Felipe Calderón y 16 por ciento más que con Peña Nieto en periodo similar. Y sí: son los muertos de AMLO.
• Feminicidios: desde el uno de diciembre de 2018 a octubre de 2020, se registraron siete mil 424 feminicidios, reveló la Jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en México, Edith Olivares Ferreto. Y tan sólo de enero a octubre de 2021, van 842. Por lo tanto, durante el Gobierno de AMLO, el número de feminicidios ya es de alrededor de ocho mil 200.

CORRUPCIÓN:

-La evaluación del World Justice Project (WJP) es un mazazo en la nuca para AMLO: durante su Gobierno aumentó la corrupción. Hoy, México ocupa el lugar 135 de 139 entre las naciones más corruptas del mundo. Con López Obrador, hoy México es más corrupto.

PANDEMIA:

-México es el cuarto país del mundo con más muertos por coronavirus: 293 mil 950, hasta la hora de entrega de esta columna. Sin embargo, según establecen las propias cifras de la Secretaría de Salud, el número de fallecidos alcanza realmente la cifra de 621 mil hasta el 9 de octubre pasado. Infectados: tres millones 884 mil 566. Y a la vuelta de la esquina acecha la Cuarta Ola con la variante Ómicron, con un Gobierno que en lugar de intensificar el proceso de vacunación y reforzar las medidas sanitarias, convocó este miércoles, de manera criminal, a miles para que se juntaran en el Zócalo a aplaudirle a su líder.

– México sólo tiene el 45 por ciento de su población vacunada con esquema completo.

– Durante lo que va de este año, la inversión pública en salud cayó 38 por ciento, lo cual afectó el combate contra la COVID-19.

*****

López Obrador entrega, a la mitad de su Gobierno, un país en pedazos. Más empobrecido. Más violento. Más corrupto. Más insalubre.

¿Qué importa que AMLO sea popular, como lo festinan sus fanáticos y voceros oficiosos, si millones de mexicanos no tienen empleo, sus comercios y empresas quebraron, carecen de seguro gratuito y sus expectativas son de mayor pobreza? ¿Qué importa la popularidad del Presidente, si la inseguridad nos está matando? Eso es lo que nos debe importar, y no estar aplaudiendo como focas bobas que hay un Presidente muy popular.

México, con AMLO, también está siendo militarizado.

Hay que frenar este carnaval de locuras.

En las urnas. En la Corte. En las Cámaras. Como sea.

TW @_martinmoreno

FB / Martin Moreno

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Sin ofrecer ni una sola prueba, cómo si con su palabra bastara, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo lo que dijo que no haría: defender a uno de sus hijos mayores. Andrés Manuel López Beltrán, de 35 años, y chocolatero a partir de la llegada de su padre al gobierno de la República.

El presidente había aclarado que al único que defendería, sería a su hijo menor de edad. Pero no había llegado ni a los tres años en la Silla del Águila, cuando ya, visiblemente molesto, aprovechó una de sus conferencias matutinas desde Palacio Nacional, para llamar mentirosos a periodistas y medios de comunicación que publicaron el reportaje Sembrando Vida y la Fábrica de Chocolate.

La pieza periodística, elaborada por los reporteros Tania Gómez y Sergio Rincón, con el auspicio de Connectas, fue publicada en cinco medios de comunicación: Notas Sin Pauta, Emeequis, Proceso, Aristegui Noticias, y Meganoticias, pero al presidente le afectó, porque así lo evidenció la publicación en dos de esos cinco portales, el de Aristegui Noticias, de la periodista Carmen Aristegui, y Proceso, dirigido actualmente por Jorge Carrasco.

El presidente, acostumbrado a utilizar la tribuna nacional para lo que él considera su “réplica”, en este caso lo hizo para “defender” a uno de sus hijos, el mismo que encabeza Rocío Chocolates y Finca Rocío, donde se siembra cacao y se produce chocolate, un negocio que el segundo hijo del presidente inició en 2019 cuando su padre ya era titular del ejecutivo federal.

El reportaje empieza por explicar el negocio del cacao en Tabasco, que, aunque no es nuevo, sí ha tenido un impulso considerable a partir del programa Sembrando Vida, elaborado por el presidente López Obrador para incentivar a partir del otorgamiento de recursos, la siembra de árboles maderable y frutales, para activar el campo mexicano.

No escriben los reporteros que el hijo del presidente se haya beneficiado del programa, pero sí del contexto generado por el mismo al promover en la región tabasqueña, por lo menos en 16 municipios, refiere el reportaje, la siembra del cacao.

También evidencian lo que podría ser un conflicto de intereses, dado que uno de los principales productores de chocolate es el empresario Hugo Chávez Ayala, quien fue nombrado por el gobierno de la República y por un tiempo determinado, director técnico del programa referido. Además, documentaron cómo alguna de la estructura administrativa de Rocío Chocolates, ha sido promovida por Chávez Ayala es decir, que ha puesto a disposición del hijo del presidente, personal para la elaboración de trámites, además de vender también, los productos de los López Beltrán.

De hecho, fue documentado y aceptado por Chávez Ayala, el apoyo que ha dado a López Beltrán, y que son amigos desde la infancia, amistad que lo lleva, por obvias razones, a también conocer al ahora presidente de la República.

El reportaje es aderezado con entrevistas a parceleros de Tabasco quienes explican que no fueron consultados sobre la vocación que seguirían sus campos, sino que prácticamente solo les dieron la opción de la siembra de cacao, y en algunos casos esto no prendió debido a las condiciones y el ambiente para la siembra en la región. Algunos explican que la totalidad de su siembra se perdió y otros que intentaron salvar parte de la misma.

Los reporteros solicitaron entrevista con Hugo Chávez, con Andrés Manuel López Beltrán, y con el presidente de la República. Solo el primero accedió a concederla. Sin embargo, a la publicación del reportaje, es el presidente, y no su hijo, quien a su manera y desde Palacio Nacional, criticó la veracidad del reportaje y denostó a dos de los medios que lo publicaron.

Llama la atención la ácida crítica que López Obrador hace tanto a Proceso como a Carmen Aristegui, particularmente a esta última, pues en los doce años que el tabasqueño se mantuvo buscando la presidencia de la República, celebró los reportajes que publicó la periodista en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, y de Enrique Peña Nieto, evidenciando corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, de hecho, el político defendió y exaltó a la periodista públicamente, en varias ocasiones.

Pero al publicar el reportaje que menciona a uno de sus hijos, el presidente se fue por el ataque para encabezar la defensa del hijo, que, hasta la fecha, no ha salido a referir la pieza periodística en la cual es uno de los protagonistas.

Por ejemplo, en el pasado, López Obrador destacó la independencia de Carmen Aristegui como periodista y comunicadora, no obstante el lunes 29 de noviembre dijo que sí era independiente “pero del pueblo”, dijo: “Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento yo sostengo que son independientes pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo”.

El presidente de la República parece tener memoria selectiva, cuando aseveró que, “ahora es distinto, pero la gente pensaba que Carmen Aristegui era una periodista de vanguardia, yo me quedaba callado, pero en el mismo movimiento nuestro, por respeto, pero era una especie de paladina de la libertad, y yo tengo otra opinión, porque cuando nosotros estábamos en la oposición me entrevistaba una vez cada seis meses y buscaba ponerme en entredicho, como buena periodista conservadora”, pues su otra opinión, al menos la pública, era otra, defendió a la periodista por su independencia, precisamente.

Las redes sociales refrescaron a los usuarios los conceptos que López Obrador tuvo, en 2011 0 2012, sobre Carmen Aristegui, presentando videos, como aquel donde le dice a Aristegui que ella cumplía con “aquello de que la libertad no se implora, la libertad se conquista”, o capturas de pantalla de tuits de la cuenta del ahora presidente de la República, solidarizándose con Aristegui luego de la censura en el sexenio de Peña Nieto.

El presidente se erige desde Palacio Nacional como el nuevo paladín de la verdad. Fustiga que son mentiras lo publicado, ataca a los medios de comunicación y defiende a su hijo, bajo la misma premisa de la que se queja: “cuando la calumnia no mancha, tizna”.

Para el presidente, develar la corrupción, el tráfico de influencias, el conflicto de intereses, en sexenios pasados, fue una hazaña de libertad de expresión que encabezaron algunos medios en el centro y los estados del país, como el caso de Aristegui, pero para el presidente, que eso suceda en su sexenio, es muestra del “conservadurismo” que predomina en los medios de información.

El doble rasero del mandatario una vez más presente, presume que hay independencia en los medios de comunicación, pero no cuando se trata de su familia, su movimiento, su gobierno, su persona. Entonces, dejan de ser independientes para ser tachados de conservadores, total, “cuando la calumnia no mancha, tizna”.

Cuando parecía que ya íbamos de salida de la pandemia en México, surgió la nueva variante Ómicron que ya se encuentra en varios continentes y que la OMS ha declarado de preocupación por la enorme cantidad de mutaciones que presenta. El mundo todo entró en temor por la posibilidad de que ésta fuera capaz de escapar a las vacunas y de imponerse a la peligrosa variante Delta que ha predominado. Desde entonces han corrido por los medios de todo el mundo especulaciones de todo tipo; que si da una enfermedad más leve, que si las vacunas no servirán, y muchas más.

Lo cierto, es que lejos de tener datos certeros, al día de hoy la humanidad desconoce muchos de los efectos de Ómicron. No sabemos si las vacunas seguirán protegiéndonos eficazmente de ella o no. Hará falta esperar semanas para tener datos concretos y verificables de esta cuestión para saberlo con certeza. Lo que sí sabemos ahora es que Ómicron parece contagiarse más fácilmente que Delta, es decir, que es altamente contagiosa y que podría causar enfermedad más severa, podría, escribí. Esto, porque en Gauteng, Sudáfrica, se ha convertido en la variante dominante con una positividad que pasó del 1% al 30% en solo dos semanas y también las hospitalizaciones se triplicaron en solo dos semanas.

Ante esta amenaza, los países han tomado diversos caminos para enfrentarla; desde cerrar sus fronteras parcial o totalmente, como hicieron Estados Unidos, Israel, Japón o Canadá. Esfuerzos que, en realidad, no lograron parar la diseminación de la variante que ya se encuentra en Europa y en América y que, por lo visto, será imposible de detener, nuevamente. Ante ello, algunos países, están implementando programas para vacunar muy rápido a sus poblaciones con una tercera dosis, como anunció el día de ayer el gobierno de Reino Unido. Frente a la incertidumbre, han decidido otorgar a la gente la mayor protección posible, con las vacunas existentes y al mismo tiempo insistir en las medidas de protección contra el covid que ya conocemos, como el distanciamiento social, el uso de mascarillas obligatorias en espacios públicos, la cancelación de eventos masivos, etc.

La emergencia de Ómicron no debería sorprender a nadie. Era perfectamente predecible que si el virus se seguía replicando sin control mutaría hasta crear variantes de muy alta preocupación. La política de “puertas abiertas” al virus, como le llamo yo, que muchos países adoptaron irresponsablemente desde el comienzo de la epidemia, garantiza que el virus siga entre nosotros. Es el caso de Reino Unido, de Brasil y de México, por ejemplo. Países que no mantienen ya (o nunca las mantuvieron) medidas de seguimiento de contactos y de restricciones fronterizas, que además, abrieron completamente su economía y levantaron las medidas de precaución.

Eso, más la inequidad en la distribución de las vacunas a nivel mundial, es el perfecto coctel para la emergencia de nuevas variantes que nos seguirán poniendo en jaque. Claro, a los países pobres con menos población vacunada, les continuará yendo muy mal. Ese es precisamente nuestro caso. Con un porcentaje insuficiente de vacunación, con la población de alto riesgo sin refuerzos, y con niños y adolescentes aún no vacunados, no debemos esperar que las variantes nos traten bien, todo lo contrario: el gobierno tendría que cambiar su estrategia para proteger a la población, cosa que en casi dos años no ha hecho.

Para empezar, frente a esta incertidumbre, el presidente López Obrador, debería instruir que se compren suficientes vacunas para cubrir a toda la población, tanto infantil como juvenil, de manera expedita. Asimismo, garantizar que personal de salud, adultos mayores y adultos con comorbilidades, reciban de manera urgente una tercera dosis de la vacuna. Implementar medidas de distanciamiento social y no invitar a congregaciones masivas, parecería de sentido común. Asimismo, se debería llevar a cabo una vigilancia epidemiológica real en aeropuertos para identificar a posibles portadores, cosa que México no ha hecho y que tarde o temprano tendrá que hacer, si no quiere que la mortandad de la población continúe.

Prever que Ómicron pudiera resultar en una emergencia similar a la del comienzo de la pandemia, lejos de ser una exageración innecesaria, es una medida responsable ante la falta de información. De hecho, de haberse adoptado una política previsora en febrero del 2020, nos hubiera ahorrado mucho dolor y muchas muertes. Parece increíble tener que repetirlo, pero frente a la covid-19 y sus terribles efectos en la salud de la población, no cabría ni un gramo de desdén, ni de exceso de confianza. Parecería que no hemos aprendido nada, cuando como humanidad, permitimos que el virus se expandiera por todo el mundo y lo dejamos convivir, libremente, con millones de personas que han dado oportunidad a que el virus mute.

Frente a la incertidumbre, pues, no caben los detentes, ni la ceguera voluntaria, el “ahí se va” en el que hemos estado viviendo los últimos años. Si el gobierno no implementa políticas consistentes y responsables frente a la pandemia, México seguirá sufriendo los embates del virus y la mortalidad que conlleva.

Hay que ser positivos, sin embargo. El presidente López Obrador, tiene ante sí, una nueva oportunidad para corregir la estrategia de salud, y garantizar a la población mexicana que el menor número de vidas se pierda.

Esperemos que la aproveche, porque es evidente que el virus seguirá mutando y todavía tenemos mucho o muchos que perder.

Ojalá, querido lector.

Como sabemos, el 11 de mayo del 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Comunicación Social[1] (LGCS), mejor conocida como la “Ley Chayote”. La misma, se aprobó en un proceso legislativo lleno de irregularidades y bajo la consigna de hacer un pacto legislativo liderado por el PRI, quien en ese entonces gobernaba y tenía las mayorías en ambas cámaras.

No podemos olvidar que dicha ley fue discutida y aprobada por orden de la Primera Sala de la Suprema Corte al considerar que el Congreso había incurrido en una omisión regulatoria que favorecía la censura sutil bajo la asignación arbitraria y opaca del gasto de comunicación social a medios privados. La referida ley, hoy vigente, ha sido declarada inconstitucional por la Primera Sala de la SCJN el pasado 8 de septiembre. Es decir, ya son dos ocasiones que el más alto tribunal de la nación le enmienda la plana al legislativo. ¿Pero qué fue lo que señalamos en su momento desde Artículo 19, Fundar y el colectivo #MediosLibres para advertir que la Ley Chayote no cumplía con los requisitos constitucionales ni los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y publicidad oficial?

La Ley Chayote incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial, pues considera que las campañas de comunicación pueden tener como objeto la difusión de “logros de los gobiernos y sujetos obligados” abriendo la posibilidad de que esta se siga utilizando como una herramienta para promover figuras públicas y/o partidos políticos generando una sobre-exposición de los mismos a la sociedad mexicana.

De igual forma, la ley permite la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos. En la sentencia del 15 de noviembre de 2017 (la primera), la Corte buscó subsanar la omisión de regular el artículo 134 al señalar claramente que la gravedad de la omisión legislativa, deriva en la falta de criterios claros y objetivos de asignación de la publicidad oficial. Esta falta redunda en el control de las líneas editoriales: “hablas bien de mí, te doy dinero; hablas mal, reduzco o te quito”. Sin embargo, la ley no prevé nada al respecto, simplemente remite a la creación de unos lineamientos por parte de la Secretaría de Gobernación o sus homólogas en las entidades federativas que la Ley Chayote llama “Secretarías Administradoras”, situación que no cambia nada a la asignación discrecional y excesiva de este gasto.

Es importante advertir que la falta de criterios de asignación de la publicidad oficial representa una violación directa al Artículo 7o de la Constitución y del 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Precisamente por eso hemos insistido en la necesidad de que los recursos publicitarios se asignen según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos, que deberán evaluar distintos factores, tales como el perfil del público al que va destinada la campaña, los precios, la circulación, la audiencia del medio y distintos criterios de equidad.

A su vez, la ley centraliza más el control del gasto en publicidad oficial. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha señalado la necesidad de contar con un control externo de la asignación de pauta oficial. Sin embargo, la LGCS -salvo las referencias a la Auditoría Superior de la Federación- se omite por completo la elaboración de controles descentralizados para vigilar y fiscalizar el uso de la publicidad oficial. Al contrario, la ley le otorga facultades a la Secretaría de Gobernación y sus homólogas locales. Por ejemplo, en los artículos 35 y 37 de la referida ley se señala que es la Secretaría de Gobernación quien está a cargo del Padrón de Nacional de Medios de Comunicación, lo cual es grave debido a las facilidades para que continúe con una labor históricamente asociada a una función censora.

Por último, la LGCS no dispone de transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating, puntos medulares que debe contemplar una correcta regulación. Actualmente, no existen indicadores disponibles ni confiables sobre las audiencias, el rating, las visitas y la circulación de los distintos medios de comunicación. La ausencia de un sistema de medición imparcial e independiente perjudica al monitoreo de los medios de comunicación. Es necesario establecer un sistema imparcial y externo de medición de audiencias, basado en estándares certificados de medición y así asegurar que la asignación de la publicidad se haga a partir de criterios técnicos, cosa que con la ley vigente, no sucede ni existe.

Con las advertencias mencionadas, es urgente que la ley que emita el Congreso de la Unión en estas vísperas, integre debidamente estos puntos señalados. De lo contrario, se estaría cayendo en un círculo vicioso en donde se afecte la pluralidad mediática y la democratización de los medios de comunicación, y por ende, el ejercicio de derechos. Tiene como plazo fatal el 15 de diciembre y no se ve la más mínima intención de avanzar en esta agenda. La actitud de legisladores y legisladoras no es menor, implica un reto a la soberanía y autoridad de la Corte. Incumplir con su sentencia puede considerarse desacato y eso tiene consecuencias severas sobre las autoridades responsables de cumplir con el fallo constitucional.

La Ley General de Comunicación Social era a todas luces inconstitucional, así lo advertimos en su momento, y así lo reconoció el máximo tribunal constitucional. Ya son dos veces que la SCJN le enmienda la plana en esta materia al Poder Legislativo y eso es inédito. Ahora, el Congreso de la Unión tiene la encomienda de regular debidamente pero no quiere. Desde la sociedad civil, academia y el periodismo independiente y democrático, aglutinados en el colectivo #MediosLibres, propusimos un proyecto técnicamente solvente, adecuado y pertinente en 2018 pero fue desdeñado por la mayoría legislativa en aquel entonces, a saber, Morena. El trabajo ya está hecho, hay una base mínima para discutir para construir una institucionalidad que conjure el infame “no pago para que me peguen” prevaleciente.

Queda claro que los detractores del pasado sobre esta situación antidemocrática son los beneficiarios de hoy. Hoy el Gobierno federal ha reducido atinadamente el gasto de publicidad cinco veces respecto a la administración de Peña Nieto que dilapidó 70 mil millones de pesos. Pero mantiene la discrecionalidad que se ha traducido en la concentración del 53 por ciento gasto de comunicación social en 10 medios, mientras el resto (más de 300 medios) recibe el 47 por ciento. Hoy destaca en el “top 10”, por ejemplo, los medios del Grupo Cantón vinculados al Diputado morenista Cantón-Zetina.

El estado de cosas actual es contrario al ejercicio pleno, crítico, independiente y robusto de la libertad de expresión, así como al correlativo derecho a la información de la sociedad. Si el actual Gobierno considera que los medios de comunicación lo golpean cotidianamente, no se explica por qué la omisión de empujar una adecuada regulación que conlleve un saneamiento de las relaciones medios-poder público. O sí, y la explicación es que ninguna fuerza política en este país tiene la convicción democrática suficiente para construir relaciones transparentes con los medios de comunicación y prefieren mantener abierto un mercado negro de compra y venta de líneas editoriales.

[1] Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCS_110518.pdf

Es un esfuerzo jurídico y político sin precedentes. La demanda mexicana contra varias compañías productoras y distribuidoras de armas en Estados Unidos es el mayor intento realizado por el Estado mexicano para detener el flujo de armas provenientes de aquel país.[1] A continuación, un recuento de lo sucedido desde el 4 de agosto, fecha en que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó la demanda ante la Corte del Distrito de Massachusetts y el pasado 22 de noviembre, día en que las empresas respondieron al alegato mexicano.

Empecemos por el principio. El 4 de agosto de este año, el Gobierno de México acusó a once empresas distintas de conducirse en forma negligente al diseñar, producir, distribuir y comercializar sus armas. La negligencia con la que se conducen estas compañías —según la lógica de la demanda— facilita que todos los días se trafiquen alrededor de 600 armas de manera ilegal a México y terminen en manos del crimen organizado.

Son varios los puntos que ataca la demanda, pero pueden sintetizarse en tres áreas: diseño y producción, distribución y venta, y publicidad y comercialización. En el primer campo identifico los siguientes argumentos: a pesar de que existen tecnologías para ello, las armas no tienen dispositivos que impidan su uso por personas distintas al comprador, que faciliten su trazabilidad o impidan su fácil modificación para aumentar su poder de fuego. En el área de la distribución y venta, la crítica es que las empresas distribuyen y venden sus productos a toda tienda con licencia para vender armas, sin importar si esta ha sido investigada por haberse coludido en el pasado con traficantes. Además, toleran (e incentivan) ventas múltiples a compradores recurrentes y previsiblemente asociados a redes criminales. Esto es: saben que sus armas son parte del tráfico ilegal y no solo no les importa, abastecen precisamente a ese mercado. Por último, con relación al área de publicidad y comercialización, la demanda sugiere que los departamentos de venta de las empresas enfatizan las “características militarizadas” de las armas, y hacen uso de motivos mexicanos especialmente atractivos para usuarios al sur de la frontera. Esto solo puede significar una cosa: las compañías saben que su mercado está en México. No lo esconden. No les importa. Son negligentes.

Era previsible que el camino legal de una demanda de este calado iba a estar lleno de espinas. No es fácil ganar una demanda en Estados Unidos; mucho menos cuando se hace contra uno de los grupos de presión más grandes del mundo, con excelentes relaciones entre los congresistas de ese país y con abundantes recursos para pagar abogados. La respuesta a la demanda por parte de las empresas y hecha pública el lunes pasado confirmó dos cosas: aunque el camino es cuesta arriba, una victoria mexicana no es inverosímil. Aquí David le puede ganar a Goliat —aunque necesitará más que una honda y una piedra para ello.

¿Qué argumentan las empresas armamentistas? Muchas obviedades, algunas con mayor sentido que otras; y, sin embargo, afortunadamente, casi todas fáciles de contra replicar para la Consultoría Jurídica de la SRE. A continuación, resumo los argumentos de las empresas en cuatro puntos.

Dicen, en primer lugar, que todas las acusaciones de la demanda nacen del hecho de que son criminales quienes compran ilegalmente la armas, que son criminales quienes las introducen de manera ilegal a México y que son criminales quienes hacen uso indebido de las mismas en territorio mexicano. Todo el daño narrado en las 130 páginas de la demanda, dicen, es 100 por ciento atribuible a actividad criminal de gente que de ningún modo está relacionada con las empresas. El razonamiento es fácilmente rebatible.

Argumentan, también, que la demanda no cumple con el “umbral de evidencias suficientes” para iniciar una acción legal. Según la respuesta de las armerías, la demanda mexicana está repleta de presunciones, pero no presenta evidencias concretas que muestren responsabilidad alguna por parte de los acusados. Etiquetan la evidencia mexicana como “vaga y “llena de conjeturas”. Esto es sencillamente falso y una somera revisión a la demanda original basta para desvirtuar el argumento.

Dicen, en tercer lugar, que existe un argumento de legitimación procesal activa. Según las empresas, el Gobierno de México no solo no puede acreditar que ha sufrido directamente un daño por parte de las empresas demandadas, sino que no puede demandar. Así sin más, las empresas piden a la Corte que desestime de inicio el caso y ni siquiera entre al fondo del asunto porque México no ha probado que tiene derecho a una reparación. En este sentido presentan dos argumentos: uno tiene que ver con la larga cadena que inicia con la compra de un arma y que termina con el  acto criminal (lesión u homicidio) y otro que tiene que ver con el hecho de que México se considere víctima de crímenes cometidos en su territorio o en contra de su población. En ambos casos, el Gobierno tiene suficientes elementos para hacer frente a los razonamientos.

Por último, las empresas sostienen que la famosa ley Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA)– hace improcedente la demanda. Esta ley —que es, en la práctica y en la teoría, inmoral y resultado de una arbitrariedad— vuelve prácticamente inmune a la industria armamentista ante demandas por daños ocasionados por sus productos. La Cancillería mexicana defiende que PLCAA no resulta aplicable para crímenes cometidos fuera de la frontera de los Estados Unidos y que, por tanto, no evita la procedencia de este litigio particular. Las distribuidoras y fabricantes de armas consideran lo contrario. Este debate, aparentemente trivial, será el mayor obstáculo que tendrá que sortear, al menos en primera instancia, la demanda mexicana. Es la primera vez que un Gobierno extranjero hace este tipo de demanda y, por tanto, aquí el pronóstico debe ser más cauteloso.

¿Qué sigue? La etapa de la “esgrima jurídica”; la etapa de los alegatos y el debate; la hora de los especialistas. Tocará esperar al próximo 31 de enero para conocer la contrarréplica del Gobierno de México a los argumentos de las armadoras y al 28 de febrero para revisar la respuesta final de las empresas demandadas; será, sin embargo, hasta mediados de 2022 en que conoceremos si la Corte Federal de Massachusetts admite o no la demanda; luego, solo mucho tiempo después, sabremos la decisión de los jueces.

La moneda está en el aire. En esta columna seguiremos su vuelo esperando, claro, que no caiga cruz. David puede ganar a Goliat. Sería un acto de justicia.

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[1] Sobre el tema escribí dos artículos. Uno de ellos en este mismo espacio:

Carlos A. Pérez Ricart, ¿Movimiento audaz de la Cancillería?, Sin Embargo, 24 de agosto de 2020.

https://www.sinembargo.mx/24-08-2021/4018160

Carlos A. Pérez Ricart, Eugenio Weigend, Raúl Zepeda Gil, Luces y sombras de la demanda mexicana contra las armerías estadunidenses. Véase: https://seguridad.nexos.com.mx/luces-y-sombras-de-la-demanda-mexicana-contra-las-armerias-estadunidenses/

@guerrerochipres

La presencia de elementos federales en labores de seguridad pública en la Ciudad de México rompe con paradigmas y convenciones, unas más relacionadas con la crítica procedente de quienes perdieron alguna interlocución con el Gobierno, y contribuye a la coordinación entre organismos que empujan la reducción de la incidencia delictiva en la capital nacional.

Si la delincuencia hoy en día opera lo mismo en delitos del fuero federal que del local, ¿por qué las autoridades policiales no deben hacer lo mismo? Han comenzado a publicarse resultados de esa intervención de la Guardia Nacional, por ejemplo, Milenio que encuentra un aumento de 50 por ciento en la cifra de carpetas por trasiego de droga, a nivel nacional, tras la creación de ese organismo insignia de la presente administración.

Las fronteras en la comisión de delitos se diluyen. Ahora podemos conocer de grupos que lo mismo perpetran robos de vehículos que se dedican a la venta de droga, con todas las violencias lesivas u homicidas asociadas en la pugna por el control territorial.

De los 100 mil integrantes de la GN, alrededor de dos mil 500 operan en la capital nacional en un esquema de colaboración diaria con las autoridades de la CDMX, la Sedena y las ya generadoras de muy dinámica cooperación como la SSC y la FGJ.

El proceso de pacificación debe ser integral —políticas sociales, prevención, operación con inteligencia, vigilancia del ciclo pleno de seguridad y reinserción—, y concentrarse en los delitos de menor cifra negra y de mayor impacto social, como el homicidio doloso, el feminicidio, la violación y los daños patrimoniales a los segmentos populares y medios algunos de los cuales han tenido un repunte.

La coordinación entre autoridades encargadas de la seguridad pública, en los tres órdenes de Gobierno, resulta fundamental. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado ya la operación de elementos de la Guardia Nacional, bajo el mando del General Luis Rodríguez Bucio, principalmente en alcaldías limítrofes con municipios del Estado de México, como Cuajimalpa.

Garantizar la seguridad de la ciudadanía no es tarea exclusiva de un Gobierno, sino una labor compartida e integrada que permita disminuir la incidencia delictiva y supone la apertura a la denuncia ciudadana formal y al reporte anónimo.

Ese proceso está en marcha en la capital nacional, que en el 2018 tuvo su año con más delitos de alto impacto, con 55 mil 720 denuncias, de acuerdo con el análisis DISI que cada mes realiza el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México sobre este tipo de ilícitos.

A partir del año siguiente, el 2019, comenzó un proceso de disminución que ha alcanzado este 2021 el mejor registro, con 27 mil 064 denuncias por este tipo de delitos. Una reducción del 51 por ciento en comparación con 2018.

Hoy, en la capital nacional se ha roto con esquemas tradicionales para la pacificación insistentes en la presencia única de fuerzas policiales. Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana o gabinetes de seguridad y paz de las alcaldías trabajan en coordinación y ponen en el centro de atención a las y los ciudadanos. Y eso es una buena noticia.

Ómicron pronto estará en todo el planeta; usted no dude de eso. El coronavirus reforzado se extenderá aún con el cierre de fronteras, y no porque lo diga yo sino porque esa es la lección que dejaron sus hermanas variables. Los argumentos de las partes se repetirán como en 2020: unos pedirán a los gobiernos encierros totales y otros dirán que el costo para la economía de los más pobres es peor que la enfermedad.

Pero Ómicron fortalece la otra lección no atendida: que se deben atacar las causas. ¿Por qué nació Ómicron? Es simple de entender: cada vez que se replica en cada nuevo enfermo, el virus ensaya versiones de sí mismo. Hasta que sale una más resistente y mejorada. Si el mundo hubiera entendido por qué es urgente repartir vacunas entre los países más pobres quizás habríamos evitado esta variable. En los siguientes meses veremos a las potencias asumiendo su parte de culpa e impulsando una idea que los mexicanos, con más problemas que Ómicron, entienden bien: primero los pobres.

Fracasó el modelo que privilegió el reparto de vacunas entre los ricos (porque de alguna manera incomprensible llegarían a los más pobres). La pandemia tomará nuevos bríos, y los mercados financieros globales castigan desde el viernes el rendimiento de las grandes empresas porque se prevé un invierno difícil, una nueva caída de la economía, un nuevo frenón. Lecciones tan aleccionadoras, Batman. Lástima que no todos las entienden.

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En México, la lección que vemos con las vacunas ya presentó consecuencias y reacciones. Como con el virus, el neoliberalismo vendió la idea de que entregar la riqueza a los de por sí ricos de alguna manera incomprensible impactaría para bien en los más pobres. No sucedió. La desigualdad se acentuó y la pobreza también. El llamado de “primero los pobres” hecho por Andrés Manuel López Obrador es la reacción a ese fracaso, a las consecuencias de un modelo fallido. La pregunta es si la reacción será suficiente para corregir el rumbo antes de que la población desespere.

El principal reto de este Gobierno, dicho en palabras del propio Presidente, es dejar las bases para corregir el rumbo. Pero al mismo tiempo que se instauran bases se tiene que atender lo inmediato. La metáfora del avión sirve como pocas: es imposible bajarlo del aire para reparaciones, como no se puede detener un país; y cambiar al piloto no sirve si el avión está destartalado. Entonces hay que hacer la maniobra en pleno vuelo: cambiar las turbinas, arreglar una ala, modificar los asientos y hacer entender a los de primera clase que la nave es de todos y que deberían compartir algo de lo que se comen entre los hacinados en la parte trasera, y no sólo cacahuates y cerveza.

La pandemia ha provocado un aumento de la pobreza. Y lo que pasa en Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y otras entidades nos dice que pacificar al país es todavía un sueño, un anhelo lejano. La 4T se topa, entonces, con que el día a día demanda gran parte de su esfuerzo y no sólo impulsar un cambio de fondo. El Presidente mismo sabe, y lo ha dicho, que si no cumple con bajar los índices de la violencia su administración será castigada. Lo mismo pasa con la pobreza: si no mejora la estadística, nadie lo achacará a la pandemia. Se lo cargarán a su mandato. Repito la pregunta: ¿será suficiente el tiempo que queda, que es menos de tres años, para corregir el rumbo que llevaba el país antes de que la población desespere? Para eso último habría que analizar las encuestas disponibles, siempre con la advertencia de que hay que tomarlas con pinzas.

De acuerdo con Morning Consult Political Intelligence, el Presidente mexicano y el Primer Ministro de la India se disputan, sin mayor competencia (sólo la que hay entre ellos), el primer lugar en la evaluación de líderes globales. En la medición que resta los ciudadanos en contra y los que están a favor, Narendra Modi tiene 47 puntos y López Obrador tiene 44. Y en los sondeos individuales, el líder indio suma 71 por ciento a favor y 23 en contra, mientras que el mexicano anda en 68 por ciento a favor y 24 en contra.

Los datos son consistentes con las últimas dos mediciones de las pocas que han salido a estas alturas. Consulta Mitofsky daba el viernes pasado 66.0 por ciento a López Obrador, y El Universal, el mismo día, arrojaba dos números fuertes: una aprobación del 68 por ciento, pero los que darían su voto para retenerlo –durante una eventual consulta de Revocación de Mandato– son el 76 por ciento.

Tomemos la media: 67 por ciento. Es la mitad de camino entre el 68 por ciento que dan Morning Consult y El Universal, y un punto arriba de Consulta Mitofsky, que tiene 66. Pues bien, usando los ponderados de Oraculus, la tabla histórica de los presidentes de México queda así, en el mes 35 de su gestión:

• López Obrador, 67 por ciento.
• Felipe Calderón, 59 por ciento.
• Ernesto Zedillo, 58 por ciento.
• Vicente Fox, 56 por ciento.
• Enrique Peña Nieto: 37 por ciento.

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Creo que el Presidente tiene un bono de aceptación popular bastante bueno, incluso histórico. Y puede utilizarlo para profundizar los cambios que se plantea, claro. Pero también, cada vez con mayor urgencia, debe canalizar el bono en enfatizar en los temas que tienen efectos en el día a día de los ciudadanos. Mencionaría dos: inseguridad y pobreza. En mi opinión, en ambos le urge mostrar resultados y deberían volvérsele una obsesión, así como lo fue, durante los primeros tres años, hablar de la prensa y los intelectuales o impulsar los proyectos prioritarios como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Dos Bocas o el Transístmico.

Y dicho (o escrito) con todo respeto, una vez que eche a andar estrategias de corto plazo para la pobreza y la inseguridad, debe poner todo su esfuerzo en el otro elefante acostado en la cocina: la corrupción.

El Fiscal Alejandro Gertz Manero no funcionó, al menos hasta ahora; la Secretaría de la Función Pública parece adormilada; la Unidad de Inteligencia Financiera sufrió un cambio fuerte con la salida de Santiago Nieto y todavía no se sabe qué pasará, hacia dónde caminará; la Auditoría Superior de la Federación está secuestrada por aparentes vivales y el mismo Presidente ha restado legitimidad al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué nos queda? Celebrar que al menos Emilio Lozoya está detenido. Y celebrar porque hay ánimos de celebrar algo. Cualquiera podría preguntarse si eso es todo lo que vamos a ver, y no detenidos del calibre de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray o, al menos, Carlos Romero Deschamps.

Corrupción, pobreza e inseguridad. No hay manera de acomodar uno antes que el otro. Son los tres grandes problemas nacionales y, a mi manera de ver las cosas, el Presidente debería dedicar todo su esfuerzo –y aprovechar su bono de aceptación– para trabajar sobre ellos. Le quedan menos de tres años, aunque este 1 de diciembre cumple los primeros tres. Lo otro está encaminado, incluso blindado; esas obras van sobre rieles (al menos Tren Maya, Dos Bocas y AIFA, del otro desconozco mucho) y sólo imponderables las detienen.

Inseguridad, corrupción y pobreza. Sin ningún orden sugerido. Creo que eso debe ocupar la mente y el esfuerzo de López Obrador. Y si cruza el siguiente tramo con resultados puntuales en esos tres frentes (olvídense del 67 por ciento de aceptación, que eso distrae), el Presidente cerrará el sexenio con tal fuerza que la transición de 2024 será un mero trámite.

La popularidad de López Obrador tiene otras aristas, por supuesto.

Por un lado, es una sacudida a la oposición. Si quiere conservar lo que tiene, debe reconocer varias cosas. Una es que su estrategia, reciclada de 2006 (vender a AMLO como “un peligro”), no resultó. Otra, que la prensa ya no es suficiente para hundir a un Presidente y que el discurso de los intelectuales (exhibirlo como un “dictador”) se ha equivocado. Los números podrían sugerirle a la oposición un nuevo rumbo. A ver si lo entiende.

Por el otro, el Presidente podría sentirse satisfecho y cómodo así como va. Y creo que sería un error. Corrupción, pobreza e inseguridad: esa debe ser su prioridad en el siguiente tramo, sugiero humildemente. Tiene manera de concentrarse en ello. La historia, e incluso el Ómicron, le da la razón cuando plantea que “primero los pobres”. Ahora debe dedicar todas sus fuerzas a mostrar resultados.

Es curioso que las caravanas migrantes organizadas o “acompañadas” por miembros de la organización Pueblo Sin Fronteras y sus aliados en el continente—a veces financiados por algunas fuentes comunes—coinciden en general con algún evento político de gran relevancia en los Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, en las elecciones intermedias de 2018; las luchas por el poder político en la era de Trump que desembocaron en los denominados Protocolos de Protección Migratoria (MPP por sus siglas en inglés) o Programa Quédate en México; la reinstauración del MPP; o el inicio de la agenda denominada “Reconstruir Mejor” (o Build Back Better por su traducción al inglés).

Se acerca ahora mismo, lenta pero segura, una caravana hacia la frontera México-Estados Unidos. Los organizadores o líderes de la misma son ya conocidos. Lo que no es conocido a ciencia cierta es el financiamiento de este aparente movimiento social, que algunos han llegado incluso a denominar—quizás de forma romántica e ingenua—una novedosa forma de “autodefensa” migrante. El impacto político de estas movilizaciones en masa, por el contrario, han desembocado—de una forma bastante irónica—en mayores restricciones migratorias, tales como el llamado Programa “Quédate en México” o el sistema de “metering” que limitaba el número de migrantes que podían pedir asilo en puentes fronterizos o puertos de entrada oficiales.

La nueva caravana se ha ido mermando desde su formación hace ya algunas semanas y ahora busca refuerzos en algunas ciudades del país donde los organizadores tienen contactos con albergues—particularmente en algunas ciudades del estado de Veracruz, así como en Sonoyta y Caborca, Sonora (donde supuestamente uno de los líderes de la caravana, Irineo Mújica, administra espacios migrantes). Dicha movilización se desarrolla en el marco de dos sucesos fundamentales en la Unión Americana ligados a la política y al tema de la migración. Uno es la casi inminente reimplementación (tal vez con otro nombre y slogan) del programa “Quédate en México”, y el más importante se enmarca en la puesta en marcha de la agenda Build Back Better (BBB). Esta agenda se materializa en un plan para transformar la matriz energética de Estados Unidos, con miras a reconstruir la economía estadounidense mediante políticas keynesianas que se comparan con un “Nuevo Acuerdo” (New Deal), pero ahora verde.

Dicho esquema es avanzado por la actual administración estadounidense del demócrata Joe Biden y fue propuesta por el ala más radical de ese partido, encabezada por políticos “progresistas” como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. Esta agenda beneficiará, en mayor medida, a grandes grupos empresariales que dominan el sector de las energías renovables en Estados Unidos y que aprovecharán un gasto gubernamental billonario para brindar además trabajo a una gran cantidad de personas que habían sido excluidas del desarrollo en ese país y habían abandonado el “sueño americano”.

Dicho plan va tomando forma—aunque aún es incierto su desempeño—con la aprobación, el 15 de noviembre, de la Ley de Inversión en Infraestructura y Trabajos y la aprobación, en la Casa de Representantes (falta el Senado), de la Ley “Transformar Mejor” (BBB) el 19 de noviembre. Parece que la agenda avanza rápidamente, pero aún faltan definir los detalles finales y proceder a la implementación. Para lo segundo, se requerirá—si todo sale bien—de grandes cantidades de mano de obra a nivel nacional en un intento por reactivar la economía estadounidense. Sin embargo, esta especie de Nuevo Acuerdo Verde también requerirá de mano de obra no calificada extranjera dispuesta a participar en las tareas más arduas de la “mejor transformación” a través del desarrollo masivo del sector de las energías renovables para luchar contra el malsano cambio climático que supuestamente podría causar una catástrofe mundial.

Considerando la legislación del BBB y la masiva inversión para transformar la matriz energética de Estados Unidos—y el resto del mundo, por ende—se espera cambien la perspectiva y las políticas dirigidas a administrar y regular los flujos migratorios en el continente. Se pronostica, en primer lugar, que se regularice a una parte importante de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular/ilegal y se acepte la entrada de trabajadores migrantes nuevos, bajo ciertas condiciones—siempre favorables al gran capital (ahora concentrado en la industria de las energías renovables). Así, se daría un giro de 180 grados al discurso relativo al tema migratorio, si todo sale como lo planean las élites que actualmente gobiernan a los Estados Unidos.

No obstante este panorama que pareciera resultar tan benéfico para todos en la Unión Americana—incluyendo a los migrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos, y hasta para quienes desean pedir asilo en este país—la realidad resulta ser bastante más complicada y los acuerdos parecen continuar siendo bastante injustos. Parece ser que la sociedad estadounidense se encuentra más polarizada que nunca con relación al tema migratorio y que existe actualmente un segmento de la población que rechaza a los migrantes más pobres—aunque desean que éstos sigan trabajando (de forma invisible) en las labores más arduas para seguir “haciendo a América grande”. Así, aunque la administración del Presidente Joe Biden haya planteado la necesidad de aprobar una reforma migratoria comprehensiva en el Congreso, el éxito de la misma se ve no sólo lejano, sino imposible.

La ley del BBB—en caso de aprobarse en el Senado como se encuentra actualmente—otorgaría un permiso temporal (parole amnesty en inglés) a millones de trabajadores extranjeros que se encuentran actualmente en Estados Unidos sin haber acreditado legalmente su situación migratoria. Lo anterior causa una gran incomodidad entre los sectores conservadores en el país. Ello dificultará aún más la aprobación de cualquier intento de reforma migratoria comprehensiva y un camino a la ciudadanía para los más de 10 millones de migrantes indocumentados en la Unión Americana. En este contexto adverso, a lo que más quizás podría aspirarse es a generalizar las políticas de acción diferida que únicamente retrasan la deportación y no confieren antigüedad, ni prestaciones a los trabajadores extranjeros que entraron al país de forma irregular o ilegal, como sea el caso.

Así, esquemas como DACA y DAPA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y Acción Diferida para Padres de Estadounidenses) se generalizarían, beneficiando así a la economía estadounidense en su conjunto. Al mismo tiempo, se reforzarían las ventajas para los grandes empresarios (generadores de fuentes de trabajo), pero desafortunadamente se mantendría a los migrantes que llegaron indocumentados a Estados Unidos en la incertidumbre. Por otro lado, parecería ser que se mantendrían las actuales restricciones a la llegada de nuevos migrantes y refugiados, pero quizás se innovaría en la penosa implementación de nuevos esquemas de selección de personal o de selección de los migrantes más fuertes y más aptos para la “mejor reconstrucción” de los Estados Unidos de América.

Parece ser que lo anterior ya había venido sucediendo, si se consideran los éxodos de migrantes de distintas partes del mundo que deben cruzar varias fronteras, partiendo desde naciones sudamericanas (como Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana o Chile, entre otros), y que deciden tomar un largo y peligroso camino hacia el “sueño americano”. Dichos flujos de migrantes son facilitados por sofisticadas redes transnacionales de traficantes de personas que operan con métodos cada vez más sofisticados y que, de forma sospechosa, rara vez (si no es que ninguna) son desmanteladas.

Muchos de estos grupos de migrantes y refugiados cruzan la peligrosa selva del Darién donde la autoridad migratoria de Panamá (el Servicio Nacional de Fronteras o SENAFRONT)—que opera de manera muy cercana con las autoridades estadounidenses y recibe abundante financiamiento por parte de las mismas—les registra y toma sus datos biométricos. Por lo anterior, sorprende que en el discurso se hable de crisis migrantes (o de refugiados) inesperadas en la frontera México-Estados Unidos (ej., la reciente “crisis” de migrantes haitianos), porque todo apunta a que el Gobierno estadounidense conoce perfectamente los perfiles exactos de quién llegará a su frontera y de dónde vienen.

En resumen, bajo el contexto actual del BBB, parece que cambia el discurso en Estados Unidos con respecto al tema migratorio, pero se mantendrían las restricciones de entrada. Todo parece apuntar a que el programa “Quédate en México” o MPP se reinstaurará como lo ordenó la Corte Suprema de los Estados Unidos, quizás ya con la venia de México—lo que faltaba para hacerlo efectivo. A cambio de esto, México podría ya haber negociado algunas vías para la regularización de migrantes mexicanos en la Unión Americana, aunque ello implique más que nada esquemas de acción/deportación diferida. Dentro de este esquema se vislumbran excepciones que continuarán haciendo posible la selección de los individuos y familias más aptos para los arduos trabajos del Nuevo Acuerdo Verde estadounidense. Por su parte, parece ser que México, en una decisión llena de pragmatismo, opta por dar asilo—sin contar con suficientes recursos—a los migrantes menos fuertes y más vulnerables. No sorprende este esquema, pues siempre Estados Unidos ha tratado a su vecino como un “Patio Trasero”.

No parece ser entonces una coincidencia que Elvira Arellano del “otro” (¿?) Pueblo Sin Fronteras, hoy en día La Familia Latina Unida, le diera la bienvenida a AMLO en Washington DC. Veremos si el Gobierno de México acepta finalmente (quizás con otro nombre) la implementación del MPP o algo parecido. Por lo pronto, parece que se aplazará la deportación de los migrantes mexicanos hoy indocumentados pues fungirán como los obreros del Build Back Better. Simultáneamente, se continuarán alentando las migraciones desde Sudamérica, entrarán las familias y los individuos más fuertes, y quedarán en el camino (algunos muertos o ultrajados) los más débiles.

Por su parte, las caravanas migrantes arropadas por miembros de Pueblo Sin Fronteras, entre otras organizaciones no gubernamentales, muy probablemente tendrán finalmente los mismos efectos que han tenido desde 2018. Es decir, contribuirán a la polarización en torno al tema migratorio en la Unión Americana y se recrudecerán las posiciones antinmigrantes de los sectores conservadores estadounidenses. Por su parte, se cerrarán cada vez más las fronteras a la llegada de nuevos solicitantes de asilo y la división ideológica hará cada vez más difícil la aprobación de una reforma migratoria comprehensiva en el Congreso estadounidense, que abriría un camino a la ciudadanía para aquellos que han dado a ese país su trabajo y los mejores años de su vida. Entonces las caravanas, en lugar de ser formas novedosas de transmigración y autodefensa, como algunos lo han planteado, podrían tener un resultado adverso y reforzar al final los esquemas de explotación de la mano de obra no calificada que busca mejores oportunidades en la era del Build Back Better.

Hay un asunto filosófico que en nuestros días se ha tornado de la mayor importancia: la pregunta por el sentido de la vida. Puede ser que no nos la formulemos en esos términos precisos; pero sí, con fórmulas cotidianas como ¿qué voy a hacer?, ¿de qué se trata?, ¿qué onda?, o simplemente: ¿qué?, ¿cuál es el sentido?

Esta pregunta se vuelve pertinente, porque lo que nos daba sentido quedó suspendido por la pandemia que hemos padecido hace ya casi dos años y que vino a trastornar la vida a la que, bien o mal, nos habíamos acostumbrado. La cosas cambiaron y en la mayoría de los casos para mal: la forma como en cada edad se sufrió el encierro fue diferente: los niños perdieron la intemperie y el juego real con los demás, los jóvenes ávidos de hacer sus vidas con su grupo etario migraron a comunidades virtuales, a enamoramientos virtuales, a aventuras virtuales. Todos vimos naufragar nuestros proyectos ante un mundo que se había clausurado, el afuera se volvió amenazante y los demás, agentes peligrosos cuya cercanía podía matarnos. Se derrumbó la economía, dejamos de vestirnos, de acicalarnos y nos dimos a buscar escapatorias de la única realidad que poseíamos: nuestro confinamiento. Todos nos volvimos virtuales; el mundo real se volvió una pantalla y nosotros mismos un avatar, una entelequia.

Nuestros desplazamientos que habían sido medidos en kilometros, se midieron por metros, por centímetros. El universo se redujo a unos cuantos cuartos y nos quedamos en el presidio doméstico con nuestros seres queridos, o no tanto, y creció, al menos estadísticamente, el maltrato infantil y la violencia en las casas. Sin quererlo y de la noche a la mañana estábamos en el infierno que describe Sartre en su obra de teatro A puerta cerrada, y muchos comprendieron la frase con la que concluye ese drama: “el infierno son los otros”.

Aunque el infierno verdadero es la soledad, el miedo, la desesperanza, la falta de proyectos, de sentido, de finalidad y, encima de todo, también nos ha venido atenazando la muerte, la muerte de amigos, de familiares, de miles de personas que día a día se sumaban a las estadísticas y siguen sumándose porque este infierno no ha acabado y amenaza en oleajes sucesivos. Hay, me atrevo a aventurarlo, una desolación en el paisaje. No se puede cruzar indemne un mundo que de pronto nos obligó a frenar nuestra normalidad, lo que le daba sentido a nuestras vidas. ¿Cómo rehacernos?, ¿hacia dónde reconstruirnos hoy? Son preguntas para las que la filosofía debe darnos algunas respuestas, algunas salidas, pues quizá la única ventaja que podremos sacar de todo este desastre vivido es replantearnos el sentido de nuestra existencia. Eso quiero hacer, de eso quiero hablar y por eso los invito a mi conferencia que no voy a dictar, sino a vociferar acerca del sentido de la vida. Mañana martes 30 de noviembre a las 8 de la noche en el Péndulo de la Roma. Será presencial y virtual. Quiero hacer del pensamiento un espectáculo público y que entre todos llevemos a cabo una reflexión que nos inspire, que nos dé algunas pautas para proseguir.

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@oscardelaborbol

Ómicron, la nueva variante del Covid, podría ser el nombre de una serie de televisión o de una novela futurista. Y en cierta manera lo es. Lo poco que aún se sabe de esta versión surgida en África es que tiene una capacidad de mutar muy superior a la de sus predecesoras. Eso significa un futuro plagado de incertidumbre. Por lo pronto, el solo anuncio de su existencia sacudió a las bolsas el viernes pasado y provocó la suspensión de vuelos desde África a buena parte del resto del mundo. A las medidas restrictivas que diversos países de Europa venían adoptando de cara al invierno y a la cuarta oleada de la pandemia, se suma ahora la enorme incógnita que Ómicron representa. Y ya era preocupante el anuncio de hace unos días de que el efecto de la doble vacunación se debilita aceleradamente pasados seis meses.

Habíamos aceptado que el Covid llegó para quedarse, pero dábamos por descontado que lo peor había quedado atrás y que en lo sucesivo constituiría una especie de Influenza más rigurosa, una enfermedad más molesta que mortal, gracias a las vacunas y al desarrollo de remedios para los síntomas. Pero esa presunción se está haciendo trizas rápidamente.

En las últimas horas los laboratorios han anunciado análisis de emergencia para asegurar que las vacunas que se encuentran en circulación siguen vigentes frente a esta nueva variante. Lo sabremos a ciencia cierta dentro de algunos días. Pero incluso si así es, la rapidez de mutación de Ómicron podría poner en duda, una y otra vez, tal garantía. Hasta ahora la Organización Mundial de la Salud, OMS, había designado las variantes de COVID con las letras del alfabeto griego en orden descendente: Alfa, Beta, Gamma, Delta. Por alguna razón decidió ahora saltarse varias de estas letras y llegar a la O, 15 de la lista, (Ómicron es la O breve, Omega la O larga). Pero a estas alturas está claro que, como los nombres de los ciclones que van agotando el santoral, nuevas variantes irán asumiendo otras letras griegas, lo cual nos condena a vivir con la esperanza de que ninguna de las siguientes versiones rompa el relativo blindaje que ofrecen las vacunas vigentes.

Sin ánimo de ser catastrofista, la biología no hace distingos ni existe un impedimento bíblico que impida una eventual mutación a algo mucho más letal para los seres humanos.

En ese sentido nos encontramos en una carrera contra el tiempo: acotar la reproducción del Covid antes de que surjan variantes aún más peligrosas. Por desgracia, el egoísmo de los seres humanos se convierte en nuestro peor enemigo. No es casual que las dos últimas mutaciones hayan surgido en India (Delta) y en África (Ómicron), regiones donde los niveles de vacunación son particularmente bajos. En las densas poblaciones de estas zonas el Covid encuentra un enorme campo de expansión y, en esa medida, de mutación incesante.

Los países más ricos han actuado de manera unilateral, haciendo lo necesario para salvarse a sí mismos sin darse por enterados de que vivimos en una burbuja planetaria. Delta requirió unas pocas semanas para convertirse en la variante predominante en Occidente a partir de su primera detección en el sudeste asiático. Con Ómicron está sucediendo aún más rápido. Este sábado varios gobiernos informaron haber detectado casos documentados en territorio europeo. Las potencias tendrían que haber entendido que la salud de un alemán, un sueco o un neoyorquino es tan frágil como la indefensión en la que vive un nigeriano o un paquistaní. La solución final contra el Covid es planetaria o no es.

El acaparamiento de las vacunas en las sociedades occidentales y sus remilgos para participar en una ayuda humanitaria que ponga a disposición de los países pobres una solución, más allá de lo testimonial o simbólico, se está volviendo en contra de los habitantes de las propias potencias.

La crisis de salud tomó al mundo por sorpresa a principios de 2020; los gobiernos reaccionaron con las inercias que estaban vigentes en un orden pre pandémico. Pero ahora tal estrategia está condenada a fracasar frente a los datos que comienzan a surgir y la amenaza de un nuevo ciclo de contagios. Tendríamos que asumir la lección y entender que nos encontramos ante una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor.

Pero no solo tendría que cambiar la estrategia planetaria para enfrentarlo. Los gobiernos también tendrían que hacerlo de manera distinta al interior de sus propias fronteras.

En México se montó una logística de vacunación bajo la lógica de que se trataba de una intervención de emergencia y extraordinaria. Nada para presumir, pero se logró un cometido aceptable (ligeramente por debajo de Brasil, Colombia, Argentina o Turquía países con los cuales podría compararse).

Pero los nuevos datos revelan que el Covid llegó para quedarse y con él la necesidad de nuevas y reiteradas vacunaciones masivas. Lo que creíamos sería una campaña de una vez y para siempre de erradicación del virus, se convertirá en una tarea permanente de una forma u otra. Esto entraña una nueva estrategia. Por un lado, para no utilizar enormes contingentes de brigadas extraordinarias, ni hacer uso de escuelas y edificios públicos que se han reintegrado a sus rutinas. Y por otro, para permitir a los ciudadanos recurrir a la vacunación en farmacias o clínicas de barrio en cualquier momento, sin limitarlo a breves y restrictivos periodos.

Se entiende que el gobierno de la 4T haya asumido la responsabilidad absoluta del esfuerzo para inocular a la población a lo largo de 2021. Se trataba de un fenómeno demasiado intempestivo y desconocido. Pero ahora tendríamos que incorporar a la sociedad en su conjunto, sus recursos y su infraestructura, para hacer de la forzada convivencia con este virus una tarea de todos. Habrá que aprender a vivir con el Covid, si es que queremos vivir, punto.

@jorgezepedap