Movimiento Ciudadano, que no es movimiento ni es ciudadano, sino un partido político emblema del transfuguismo, está de moda: lo cortejan los líderes de la coalición Va por México para darle viabilidad a su proyecto contra Morena y el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo seduce precisamente para que no lo haga.

¿Pero qué es y qué representa este partido que creó desde la prisión el truculento expriista Dante Delgado?

Entre tantas variables inéditas que caracterizan a la actual disputa por el poder en México, sobre todo la Presidencia de la República, el Congreso y las gubernaturas en 2024, se encuentran los casi tres millones y medio de votos que obtuvo en 2021 esta fuerza amorfa guiada sólo por el pragmatismo del Senador Delgado.

Presentada como una “tercera vía”, entre las coaliciones de derecha y la oficialista, el partido político Movimiento Ciudadano no ha sido la fuerza de vertiginoso ascenso que preveía Delgado: En 2021 se quedó en apenas siete por ciento de los votos, casi la misma votación que obtuvo en 2015 y dos puntos más que en 2018, cuando se la jugó con el panista Ricardo Anaya.

En diputados, a MC tampoco le fue bien en la elección de diputados federales el año pasado, cuando cayó de 27 que obtuvo en 2018 a sólo 23, con influencia cero en términos parlamentarios, si bien conquistó Nuevo León como su segunda gubernatura y ahora con Jalisco gobierna dos de los estados más ricos de México.

Por otra parte, en ninguna de las seis gubernaturas que se elegirán en tres semanas en México triunfará el partido de Delgado y en el mejor de los casos rebasará en alguna el dígito de votación, con candidatas y candidatos que proceden del PRI, de Morena y sobre todo del PAN.

Sin embargo, los tres millones 430 mil 507 votos que MC obtuvo en la elección federal del año pasado son vistos como estratégicos por la coalición que encabeza el magnate Claudio X. González, porque si a esa cantidad se suman los sufragios que obtuvieron PRI, PAN y PRD, superan en 2.5 millones los que obtuvieron juntos Morena, PT y PVEM.

“Eso tuvo que haber prendido todas las alertas en la administración. ¡Perdieron la elección con la oposición!”, festejó González Guajardo cuando expuso a su grupo de simpatizantes que la oposición unida sí le puede ganar la Presidencia de México a Morena en 2024.

“Fíjense –les dijo–: El PAN ganó casi 19 puntos de la votación el 6 de junio, el PRI cerca de 18 puntos, vamos en 37; cuatro el PRD, vamos en 41; siete de MC, estamos en 48. ¡Gánale a 48 puntos! Tenemos una posibilidad real e importante de que una candidata o candidato legitimado de la coalición, si logramos que la coalición sea de cuatro, gana la Presidencia en el 24, queridos amigos. ¡Y a eso hay que tirarle! ¡Ese es el plan del 21 al 24 para la coalición!”

El partido de Dante Delgado ha dado pasos en dirección de la coalición de Claudio X. González: no sólo por los diálogos con dirigentes naranja y logrando colocar a Luis Donaldo Colosio Riojas en las encuestas, sino votando en contra de la Reforma Eléctrica del Presidente López Obrador que favorece a los intereses de las empresas energéticas extranjeras.

El cálculo de Delgado y de sus allegados es que se sumarían a la coalición de Claudio X. si el candidato presidencial es Colosio Riojas, Alcalde de Monterrey y gris Diputado local de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano. Y esto ya está en negociación.

De hecho, un muy amigo de Delgado, el Senador aún morenista Ricardo Monreal, da como un hecho que MC se sumará a la coalición de Claudio X., como declaró en entrevista para el libro La disputa por México:

“Yo creo que va a estar al final MC en este gran bloque, porque lo que MC quiere es ganarle al Presidente de la República la Presidencia. Ya es un asunto casi personal, de construir una fuerza que le dispute al Presidente López Obrador su fuerza en Morena y por eso Movimiento Ciudadano ha actuado con inteligencia, pero al final va a ser parte de ese bloque”.

Por eso no es fortuita la conducta del Presidente López Obrador con los gobernadores de Samuel García y Enrique Alfaro, de Nuevo León y Jalisco, respectivamente, en las sendas visitas que hizo este fin de semana a esos estados y la defensa que hizo de ambos políticos del partido Movimiento Ciudadano en dificultades de Gobierno.

“Yo consideró que no está haciendo mal Gobierno”, dijo el Presidente de México de Samuel García, el frívolo mandatario que lleva sólo seis meses en el cargo en medio de escándalos por la ola de feminicidios, la falta de agua, el aumento al transporte público y la violencia, mientras que a Alfaro, también de menguante respaldo popular, le llevó dinero para obras: Casi ocho mil millones de pesos.

Pasadas las elecciones de junio, en las que seguramente MC quedará en un remoto tercer lugar, el cacique Delgado volverá a hacer cuentas, ganará tiempo y definirá, si así le conviene, sumarse a la coalición de Claudio X. González y materializar el ya conocido combo McPRIAN.

“Los matones no deben ir a la fiesta”. “A todos nos ha pasado. Te invitan a una fiesta y tú, a su vez, quieres llevar a tus amigos”. Celebración, farra, jolgorio.

Esa fue la analogía elegida por el periodista Jorge Ramos para criticar la posición del Presidente López Obrador de no asistir a la IX Cumbre de las Américas que se celebrará en junio en la ciudad de Los Ángeles si no son invitados todos los representantes de los países de América Latina, incluyendo los de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La metáfora de la fiesta no ha sido la más desafortunada entre quienes siguen pensando el mundo en clave Guerra Fría. Ahí está, por ejemplo, el periodista Pascal Beltrán del Río. En Twitter dio rienda suelta a su creatividad (por utilizar alguna expresión amable). Haciendo obvia referencia a la posición del Presidente de México (y del Gobierno de Honduras y Bolivia), el también director de Excélsior escribió: “el dueño del penthouse decide organizar una reunión de vecinos. Evita invitar a tres condóminos, conocidos por ejercer la violencia contra los integrantes de su propia familia. De repente, uno de los invitados dice que, si no van aquéllos, él tampoco. Otros le hacen segunda”.

Ramos y Beltrán del Rio están en las antípodas del periodismo; representan estilos diametralmente distintos de lo que significa la crítica al poder. Uno es serio y reconocido; el otro no. De ahí la extrañeza en que ambos utilicen analogías tan desafortunadas para criticar la posición de López Obrador frente a la Cumbre de las Américas.

No es preciso haber nacido después del derribo del Muro de Berlín para saber que la Cumbre de las Américas no es ni una reunión de vecinos ni una fiesta. La Cumbre de las Américas es el principal foro diplomático del continente americano; no es un after, un encuentro entre amigos, una oportunidad para echar la chela; se trata del encuentro de más alto nivel político en todo en el hemisferio. En éste participan no solo líderes estatales, sino también representantes de ONGs, organismos multilaterales de financiamiento, cámaras empresariales y un largo etcétera de actores y organizaciones; es la cita de la región con su futuro.

En los últimos años habíamos avanzado: internacionalistas y politólogos habíamos llegado al consenso de que en este tipo de foros es mejor no excluir a nadie, por mas mal que nos caiga. Hace exactamente una década, en 2012, en la Cumbre celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, se resolvió que Cuba sería invitada a la próxima edición. Así sucedió en 2015 cuando Raúl Castro asistió a la Cumbre celebrada en Panamá; una reunión histórica. En aquella ocasión Barack Obama, sentado junto al menor de los Castro, habló de un nuevo futuro para la región. Parecía el nacimiento de un nuevo paradigma, un punto de no retorno. No lo fue.

Muchas cosas pasaron. La elección de Trump en 2016, las crisis políticas en Venezuela, Nicaragua y Colombia, la ridícula intervención de Luis Almagro en la elección de Bolivia de 2019 y el ascenso del fascismo en Brasil rompieron el optimismo vivido en Panamá. Para la Cumbre de Perú en 2018 volvió a utilizarse el foro para avanzar una agenda política contra el Gobierno de Nicolas Maduro, una decisión que no solo devaluó el foro diplomático, sino que a la postre se demostró inútil.

Cuatro años después de la Cumbre Lima se presenta una nueva oportunidad para retomar el rumbo y apostar por devolver la Cumbre de las Américas a un lugar central en las discusiones sobre el futuro de la región. En lugar de aprovecharla, el Gobierno de Biden —presionado por todos los frentes— parece abocado a excluir a los representantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela. Para evitarlo se han manifestado los gobiernos de México, Bolivia, Honduras y, en menor medida, Chile.

No estoy convencido de que la amenaza de López Obrador de no asistir a la Cumbre si sus pares venezolanos, nicaragüenses y cubanos no son invitados sea una buena idea. Se trata de una apuesta alta, innecesariamente alta. Es posible que la amenaza logre su efecto y estos países terminen por ser invitados a la Cumbre. López Obrador habrá, entonces, al menos en el corto plazo, ganado. ¿Pero ganado exactamente qué?

En el largo plazo no es claro cómo esta posición fortalecerá al Presidente de México en otras áreas de la vida diplomática regional y, en particular, como ayudará a enarbolar su ya de por sí tirante relación con Estados Unidos. Agregar otro punto de fricción a una agenda bilateral ya fracturada por el tema eléctrico y migratorio parece, cuando menos, innecesario.

Más allá de la posición de México, queda claro que, si la Cumbre de las Américas quiere ofrecer algo más que inestabilidad, sectarismo y división, haría bien la Casa Blanca en asumir que América Latina no es la misma de los años noventa.

Los retos geopolíticos de la región son enormes; la disputa comercial y política entre Beijing y Washington no va a resolverse a partir de la extrema politización, sino de la cooperación pragmática.  A veces —casi siempre— arreglar problemas implica platicar con todos, incluso con aquellos que no te caen bien. De eso se trata la vida. Y también la Cumbre.

Toda gran capital y metrópolis del planeta cuenta con uno o varios aeropuertos que le permiten dar una bienvenida digna a los viajeros que la visitan.

Las mayor parte de las naciones se esmeran en tener aeropuertos internacionales de gran calidad, como punto de primer contacto de los visitantes foráneos con el país. Un aeropuerto es usualmente el primer contacto entre culturas y la oportunidad que tienen las naciones para darle sentido a la palabra hospitalidad. Hay aeropuertos que cambian la fisonomía de todo un país, como el aeropuerto Internacional Hamas, en Qatar, que será visitado en diciembre por miles de turistas durante el mundial de fútbol.

Otros tienen grandes atracciones que hacen del aeropuerto toda una experiencia, como el aeropuerto Changi de Singapur. En una ciudad como Nueva York conviven varios aeropuertos –si incluimos Nueva Jersey– de manera armoniosa porque se hizo un muy buen diseño del espacio aéreo

En el caso mexicano la necesidad de contar con un nuevo aeropuerto que sirviese al área metropolitana de la Ciudad de México se debió primordialmente a la saturación del aeropuerto capitalino actual. El proyectado Aeropuerto de Texcoco iba a permitir solucionar este problema, pues su construcción fue resultado de diversos estudios de alto nivel que se realizaron por espacio de varios años.

Como sabemos, al arribar a la Presidencia de la República, López Obrador decidió detener su construcción, ya muy avanzada para entonces, basado en el resultado de una consulta insólita que ordenó siendo candidato triunfante. Aludiendo a que existían prácticas corruptas en su conceptualización y ejecución y que el aeropuerto dañaría la ecología de la zona, López Obrador terminó con el sueño de muchos mexicanos de contar con un aeropuerto de clase mundial. Cabe decir que ninguna de las razones que esgrimió el Presidente fue probada, muestra de que la decisión se debió más a un capricho que a una consideración meditada.

En lugar del Aeropuerto en Texcoco, el Presidente instruyó la construcción del actual aeropuerto Felipe Ángeles, proyecto que desde el principio fue muy criticado, debido a problemas graves de accesibilidad, por inconveniencias desde el punto de vista aeronáutico y por el daño arqueológico a ciertos residuos fósiles que se encontraron. A pesar de todo ello, el aeropuerto fue inaugurado recientemente de manera fastuosa, no obstante que aún faltaba mucho trabajo para terminarlo. Algunos expertos pronostican que, en el caso más optimista, el Aeropuerto Felipe Ángeles, realmente estará totalmente listo hasta el 2024. Pero, además, según otros conocedores del tema, el mejor uso que se le puede dar a este aeropuerto no es el de atención a pasajeros, sino el de servicios de carga.

En los últimos días ha quedado claro, para quien esté poniendo atención, que muchas de las críticas que se le hicieron al proyecto dieron en el blanco.

Quizás por ello, las aerolíneas y otras empresas no hayan querido trasladar sus operaciones al Felipe Ángeles. Normalmente debiera ocurrir lo contrario: disputas por parte de aerolíneas y otras empresas para establecerse antes que los demás en un nuevo y más moderno aeropuerto.

El problema ahora es que la autoridad federal y no la libre determinación empresarial es la que está obligando a las empresas a mudarse del aeropuerto antiguo al nuevo.

Un ejemplo de cómo se está realizando esta imposición lo atestiguamos hace unos días. Como resultado de errores en el control aéreo, un incidente en el que participaron dos aeronaves y que pudo haber ocasionado un grave accidente, fue al final evitado por la pericia de uno de los pilotos. A raíz de ello, fue destituido el funcionario responsable de la navegación en el espacio aéreo.

Recientemente, además, se han dado a conocer casos de nepotismo en la operación del viejo aeropuerto que hubieran hecho palidecer al régimen priísta postrevolucionario. Reacio a hacer las cosas de manera racional, el Gobierno federal no ha hecho nada ni para evitar la probabilidad de accidentes ni para acabar con el nepotismo. Antes al contrario, provechó el incidente citado para convencer a que las aerolíneas se mudaran al nuevo aeropuerto, al ser evidentes los problemas causados por su saturación. Incluso el Secretario de Gobernación se reunió con los directivos de las aerolíneas para convencerlos, muy probablemente contra su voluntad, de trasladar una importante parte de sus operaciones al nuevo aeropuerto.

Es clara la desesperación del Gobierno para evitar que uno de sus proyectos insignia se convierta en un elefante blanco, lo cual sería un elocuente homenaje a su ineptitud.

Lo más grave del caso es la utilización de la autoridad gubernamental para obligar a empresas a reubicarse en contra de la racionalidad económica y los imperativos éticos.

Hay que ser claros: los casos de la Unión Soviética y otros nos enseñan que las decisiones administrativas en vez de las fuerzas del mercado no conllevan la satisfacción ni de empresas ni de clientes ni de consumidores. También nos enseñan que decisiones autoritarias tienen como corolario desastres de todo tipo que cuestan vidas humanas. El caso de Chernóbil es prototípico. Hoy el régimen oficialista está jugando con fuego y un accidente aéreo de gran envergadura en la Ciudad de México no se puede descartar. Que así sucediera constituiría una tragedia anunciada.

Fundado en la filosofía del México Ganador, el Gobierno postobradorista por venir propondrá un proyecto aeroportuario mucho más racional que el presente, e insistirá en que la relación del Gobierno con el sector privado deberá fundarse en la colaboración y no en la imposición.

Los mexicanos lo merecemos.

@guerrerochipres

Si algo funciona es porque da resultados. Una afirmación de sentido común. Lo mismo aplica para el modelo de actuación en materia de seguridad en la capital nacional.

Percepción de inseguridad e incidencia delictiva se mantienen alineados a la baja desde hace algunos meses. En las últimas tres décadas ocurrió al final del 2005 y en 2011.

La estrategia diseñada en y para la Ciudad de México ha permitido obtener una disminución de 54 por ciento en los delitos de alto impacto, aquellos que mayor daño ocasionan en las víctimas, ya sea por los niveles de violencia empleados al perpetrarlos o por la afectación social masiva generada por aquellos.

Tres delitos permiten dimensionar los logros obtenidos, por ser también aquellos donde la posibilidad de cifra negra se reduce drásticamente: el homicidio doloso, y el robo de vehículo con y sin violencia. El primero registra una disminución del 64 por ciento entre 2019 y 2022, el segundo cayó 63 por ciento y el tercero 54 por ciento.

Las mediciones están sustentadas en un rigor sistemático implementado desde 2015 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero también en los estudios que realiza el Inegi sobre la percepción de la población sobre la inseguridad.

Por si fuera poco existen instancias de análisis independiente que pueden corroborarlo. En realidad, inclusive quienes se concentran en promover puntos de vista adversariales al partido en el gobierno local y federal evitan referirse a logros evidentes en la CdMx en seguridad.

Hoy, la ciudadanía se siente más segura. Ha contribuido la política de prevención y contención pero también la modificación de sus hábitos. Las encuestas de percepción muestran una mejoría de hasta 25 puntos porcentuales. Eso significa que una de cada cuatro personas que hace más de tres años se sentía insegura, ahora ya no tiene esa sensación.

Según la encuesta ENSU del Inegi la percepción de seguridad al ir a los bancos mejoró 14 puntos, 11 en el transporte público y 10 en los cajeros automáticos. En conjunto, esa mejoría se traduce en que las personas retomen hábitos como portar objetos de valor, dejar salir a menores de edad a la calle, caminar de noche o visitar a amigos o familiares.

La contundencia de los datos en la Ciudad de México parece haber animado la visita que este martes temprano realiza el Presidente López Obrador al Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Se puede vivir más tranquilos, y eso es resultado de la estrategia de seguridad —atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia policial y coordinación interinstitucional— impulsada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

A ello debe acompañar siempre la denuncia ciudadana la cual es indispensable para activar el aparato de procuración de justicia. La prevención tiene todavía una enorme oportunidad como el sistema de sanciones y reinserción social que ha comenzado a ser revisado en la CdMx.

La capital nacional está en el centro de la atención y puede ser un ejemplo de políticas públicas eficientes en seguridad pública.

Al interior del lopezobradorismo, más que adentro de Morena, hay detalles de la sucesión presidencial que no se han discutido y de ellos, uno en particular es el elefante en la habitación. Todos saben que allí está, pero jamás se discutirá en público, más allá de ciertas vaguedades o recomendaciones que puedan venir del Presidente o de los que se puedan considerar “fieles de la balanza” o actores neutros. El tema allí está, como un elefante, y ocupa gran parte del cuarto; pero antes que señalarlo o moverlo o despertarlo, por conveniencia se le da la vuelta. El tema al que me refiero es la posibilidad de una ruptura.

Que no se hable en público de él no significa que no sea un elefante. Para algunos, corresponde directamente a Andrés Manuel López Obrador tocar el tema y a nadie más, porque los líderes dentro del movimiento tienen etiquetas que les impiden decirlo sin que se interprete como un posicionamiento de grupo. Si Mario Delgado hablara sobre la posibilidad de una ruptura interna durante el proceso de selección del candidato para 2024 de inmediato se relacionaría, diga lo que diga, con un planteamiento desde el grupo de Marcelo Ebrard. Lo anterior es apenas un ejemplo que se puede multiplicar al infinito.

Dentro del movimiento del Presidente se tiene muy claro que habrán, desde afuera, intentos por provocar esa ruptura. Para estos actores externos es tan valioso un desgarramiento interno en Morena como la selección misma de su candidato. Un Gabriel Quadri bien puede representar el pensamiento de PRI, PAN y PRD, pero difícilmente ganaría la Presidencia; lo mismo pasa con una Lilly Téllez o una Margarita Zavala, un Luis Donaldo Colosio o un Enrique de la Madrid: sí, representan a la derecha mexicana y son ejemplares dignos de ella, pero ya a población abierta difícilmente podrían competir con una Claudia Sheinbaum o con un Marcelo Ebrard. Por eso es que dentro del lopezobradorismo se entiende que los grupos intelectuales, políticos, empresariales y mediáticos querrán alentar la discordia porque sólo así, dividiendo, podrían aspirar a crecer en las encuestas.

Los operadores políticos del McPRIAN –y discúlpenme que ya ni cuente al PRD pero ya no sale en las encuestas– buscarán inyectar descontento dentro de la izquierda a través de personajes clave. Primero, generando desaliento con la idea de que “el Presidente ya decidió quién lo va a suceder”; segundo, abriendo las puertas de par en par aunque sin dejar en claro para qué; un “vente, acá vemos”, como hicieron con Ricardo Monreal en 2018, aunque era sabido que jamás bajarían a Alejandra Barrales por subirlo a él en la candidatura por la capital.

Monreal nos decía en entrevista para el libro La Disputa por México: “Pero al final, si nosotros tres [Sheinbaum, Ebrard y él] o el propio Adán Augusto; si los cuatro no nos ponemos de acuerdo, uno de ellos, el que se salga con el diez por ciento, ya no le pidas más, con el diez por ciento de intención de voto que arrastre afuera y perdemos o podemos perder. Porque le disminuyes a la fuerza hegemónica y le agregas, en una suma doble, al grupo opositor; porque ese tendrá que estar solo en uno de los dos bloques. Por eso es lo importante de que Morena tenga la capacidad y el talento de abrir el proceso, de no satanizar y no perseguir a quienes pensamos diferente”.

Detrás de ese breve párrafo hay mucho, pero me voy por partes.

***

Lo primero y más importante es definir en dónde están los eslabones débiles de la cadena en la sucesión, y eso impone intentar leer a cada una y uno de las y los precandidatos. Me voy a ir a los obvios, primero.

Claudia Sheinbaum. ¿Podría ella provocar una ruptura si no sale seleccionada? Rotundo no. Es, de entre todos, la más lopezobradorista. Sheinbaum trabajó duro para que naciera Morena y para consolidar el movimiento y nunca causaría una fisura y para terminar pronto: jamás de los jamases el McPRIAN le ofrecería algo por fuera. Descartada.

Marcelo Ebrard. Bueno, aquí el análisis es más complejo y la argumentación podría ocupar muchas palabras. Para acelerar conclusiones, va mi opinión personal: la radicalización de la política mexicana en dos fuerzas, una oficialista y otra opositora, dejó el centro casi vacío y le dio cierta mala fama. Ebrard ha sido visto en el pasado como de centro-democrático aunque más cargado a la izquierda. Pero salirse de Morena sería un salto hacia una alberca –parafraseo a Álvaro Delgado– que se quedó sin agua, es decir, la alberca cómoda del centro en la que cabían un Claudio X. González o Elba Esther Gordillo; un Lorenzo Córdova o un Felipe Calderón.

Quizás en 2012 Ebrard habría sido un buen candidato de moderada izquierda que cae bien en la derecha, pero eso que hace poco era una cualidad hoy se vuelve algo inaceptable. El mismo López Obrador lo ha alentado: nada de andar con vacilaciones, nada de andar con medias tintas. Por lo que escucho y lo que deduzco de él, veo difícil que la ruptura venga por allí aunque nunca descarto nada. Se le van a acercar, por supuesto, si no es que ya lo hicieron. Es un juego peligroso para él incluso abrir los oídos. No es un adolescente y sabe que tampoco lo ven tan bien del otro lado, y reproduzco algo que nos dijo Gustavo de Hoyos para el mismo libro, La Disputa por México:

–¿Ustedes estarían dispuestos a aceptar a alguien de Morena de candidato presidencial? –le preguntamos.

–No, no lo veo viable porque…

–¿Marcelo Ebrard, para decirlo más concretamente?

–No, no lo veo viable. Para mí, y siendo bien respetuosos de las personas y sin descalificar en lo más mínimos los atributos personales, me parece que las personas que están en el núcleo del obradorismo, como es el caso de Marcelo Ebrard; como es el caso de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México [Claudia Sheimbaum]; como es el caso del líder del Senado [Ricardo Monreal], de todos mis respetos, evidentemente, conjuntamente con el Presidente López Obrador, representan el núcleo de una visión.

Luego, un párrafo de oro:

“Lo que representa Va por México, lo que impulsa Sí por México, es la antítesis de esa visión. Entonces sería difícil traer al capitán de un corsario para que navegue en la embarcación que va del otro lado, ¿no? Lo veo francamente inviable, con todo el respeto que me merecen las personas. Pero es como si yo les dijera que si se imaginan a Marko Cortés de candidato de Morena, ¿verdad? Nadie en su sano juicio lo pensaría. Es exactamente lo mismo”.

***

¿Entonces? ¿Adán Augusto López? No. El Secretario de Gobernación no traicionaría al movimiento. Ni Rocío Nahle, y tampoco veo a Tatiana Clouthier haciendo un Lilly Téllez o un Germán Martínez. Nos vamos acotando, entonces, a un solo nombre: Ricardo Monreal. ¿Podría ser él quien provocara la ruptura?

Yo creo, como muchos en Morena, que el Senador Monreal está presionado para negociar. Está estirando la liga, como se dice. Pero él es un hombre inteligente y sabe que tampoco puede ya tensionarla demasiado porque se le va romper, a él y a toda su familia, que básicamente está colocada, por todo el país –sobre todo en Zacatecas y en la capital de la República–, dentro de la nómina de la 4T. ¿Se atreverá a provocar una ruptura? Yo creo si alguien puede ser, es él. Pero dependerá de qué le ofrezcan del otro lado. Su ego le dice que tendrían que darle la candidatura presidencial del McPRIAN, pero su pragmatismo le aconseja que si le ofrecen la de la Ciudad de México, la tome. En lo personal creo que no se la ofrecerán, que estirará la liga, que hará lo posible porque no se reviente pero si se revienta, brincará a Movimiento Ciudadano. Son escenarios que él ha ideado casi sin discreción, por eso es visible para muchos que quiere negociar. Que le repartan del pastel, pues, para ser tan Monreal como ha sido siempre.

Concluyo con esto: El elefante llamado “posible ruptura en Morena por la sucesión presidencial” está en la habitación y es imposible no verlo. Pero también es cierto que es un elefante que puede ser músculo puro o globo de aire. Ahora está y mañana quién sabe.

Conforme los días pasan hay más claridad de lo que viene. Pero hay algo que debe tenerse muy, pero muy en cuenta: un López Obrador fuerte garantiza un Morena fuerte; y un Morena fuerte desactiva las ganas del “ya me voy”. Porque, ¿quién en su sano juicio se baja del cuello de una jirafa para subirse a un mono que le ofrece llevarlo a la copa de los árboles?

El carácter ilusorio de la realidad, el hecho de que sea una representación en la conciencia, una representación más o menos estándar —decía en la entrega anterior— es la clave de que los seres humanos seamos capaces de imaginar, de traer novedades al mundo. Si no vemos lo real, la cosa-misma, sino su imagen en nuestra conciencia, podemos sospechar que “lo que es” bien pudiera ser de otra forma, de múltiples formas entre las que, obviamente, preferimos las que mejor se acoplan con nuestros deseos.

Hoy quisiera volver al abordaje de este asunto, pero desde la faceta que para mí es la más originaria de todas: los sueños, pues son la gran puerta por la que podemos comprender que “lo que es” no es como aparece en nuestra conciencia. En la actualidad, tenemos muy clara la frontera entre el sueño y la vigila, y pensamos que lo que sucede en sueños, pese a su posible viveza, no es. Hemos establecido que la realidad es la vigil; pero no siempre fue así, ni en la historia ni en nuestras biografías. Mostrémoslo con algunos ejemplos:

En el pasado (aunque todavía hoy muchos siguen creyéndolo), los sueños eran tan o más veraces que la vida. En la Grecia clásica los dioses utilizaban los sueños para comunicarse con las personas. Así lo constata el diálogo platónico Fedón, donde Sócrates confiesa que tuvo un sueño insistente que lo instaba a dedicarse a lo más poíético (productivo), y que por eso entregó su existencia a la filosofía, pero, viendo próximo su fin — en este diálogo está a punto de tomar la cicuta— Sócrates duda de que la filosofía sea lo más poíético, y para no desobedecer lo que le ordenaban sus sueños, escribe unos poemas, pues tal vez la poesía fuese de entre todas las actividades humanas la más poíética. Ahora no me interesa la duda vocacional de Sócrates, sino lo que para él y su época significaban los sueños: mensajes divinos que era preciso obedecer: igual o incluso más reales que la vigila.

Otra idea de que los sueños son completamente reales aparece en el poeta romano Lucrecio, quien, en su libro De rerum natura, explica que, cuando soñamos, el alma se desprende del cuerpo y va a un mundo donde sucede lo que ocurre el los sueños, y que la prueba de este desprendimiento es el hecho de que cuando se nos despierta intempestivamente no despertamos conscientes del todo, pues el alma no tiene tiempo de entrar tan rápido en el cuerpo.

Y otro tanto ocurre en la infancia. Permítaseme citar un recuerdo personal: cuando mi hijo Ulises a la edad de 4 años estuvo enojado conmigo varios días, porque había soñado con unos dinosaurios que lo atacaban y yo, que estaba en su sueño no lo había ayudado a escapar. En algún momento de la infancia no tuvimos clara la frontera entre lo soñado y lo vivido. Y, de hecho, son contadas las veces (sueños lúcidos) en las que ponemos en duda la fantasmagoría de lo soñado cuando estamos soñando: lo soñado se nos impone con la misma certeza que lo que aparece en nuestra conciencia cuando estamos despiertos y percibimos el mundo.

Así, no tiene nada de extraordinario que podamos imaginar, pues de hecho, estamos imaginando siempre, es nuestro estado.

La educación (formal, no formal e informal) nos impone una imagen del mundo, la imagen oficial de nuestra época; establece un sueño como el único valido y no está mal, pues de lo contrario cada persona viviría como cada loco en su propio mundo. Valdría la pena, sin embargo, reivindicar el derecho que tienen otras fantasmagorías: defender la multiculturalidad.

Twitter @oscardelaborbol

“Si no llegamos a una negociación, los trabajadores de Telmex vamos a tener que movilizarnos; vamos a tener que hacer huelga y sacrificarnos. En el caso de una huelga siempre hay que hacer sacrificios. Irnos a huelga es no cobrar; no somos empresarios, somos trabajadores; vivimos con un salario semanal. Si nos vamos a huelga va a ser duro, pues ¿cómo pago la tarjeta de crédito o la renta de mi casa, o cómo le compro medicamentos a mis hijos?. Viviríamos una serie de circunstancias que se analizan y dan un poco de resquemor, de temor, pero si no lo hacemos nos van a desaparecer”. -Un compañero telefonista

Existe un tema de gran relevancia a nivel nacional que extrañamente no ha recibido la atención mediática que merece o que se esperaría dada su trascendencia. Se trata de la posible huelga en la empresa Teléfonos de México (Telmex), propiedad del Ing. Carlos Slim Helú y administrada por diversos miembros de su familia. Slim es dueño de la empresa desde el 9 de diciembre de 1990, cuando la adquirió a través de una subasta pública en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Así se convierte al poco tiempo en el hombre más rico y poderoso de México, alcanzando a ser, en algún momento, “el hombre más rico del mundo”.

La suerte extraordinaria de Slim al adquirir el monopolio de telefonía mexicano se refuerza a través de su gran su pericia como negociador dentro de la industria de las telecomunicaciones, con los gobiernos en turno (de todos los colores e ideologías) y con sus trabajadores organizados. El magnate siempre se ha llevado relativamente bien con todos, especialmente con las autoridades públicas mexicanas y la élite política, quienes le han permitido operar con toda libertad y privilegio sin cuestionarlo, aceptando su apoyo en campañas y condonándole impuestos—eso sí, por ley, derivado de su “filantropía”.

La relación entre Slim y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), que es en realidad el sindicato de Telmex, ha sido relativamente buena, aunque no ha estado exenta de tensiones, ni de riesgos de ruptura. Sin embargo, en los últimos años—y principalmente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto—el deterioro ha sido visible. Hoy en día, la relación entre Telmex y su sindicato vive quizás uno de sus momentos más críticos. Los trabajadores de la empresa mexicana de telefonía reciben salarios justos y prestaciones que se consideran decorosas, incluyendo una jubilación que les permite vivir con dignidad el resto de su vida.

En lo personal, me parece apropiada la situación laboral de los trabajadores sindicalizados de Telmex y me parece justa y necesaria una negociación que los beneficie siempre. Eso esperaría yo de todos los trabajadores de México y del mundo. Los logros del sindicato de Telmex deberían extenderse, por lo menos, a todos los trabajadores de la República Mexicana en todas las industrias; claro que ello debería ir junto con reglas claras para ambas partes y un mayor compromiso por parte de la fuerza laboral. Es claro que los beneficios extraordinarios que recibe la familia Slim se los debe a sus trabajadores y a la suerte que tuvo el Ing. Slim Helú de ser el elegido por parte del expresidente de Salinas de Gortari para adquirir la empresa monopólica más rentable del país (para un privado) de todos los tiempos. En otras palabras, Carlos Slim fue elegido para convertirse en el hombre más rico de México.

Parece ser que el Ingeniero Slim Helú lo entendió muy bien y se comprometió, desde que se dio la privatización de Telmex, a respetar el contrato colectivo de trabajo. Él parece haber comprendido la importancia de mantener una relación medianamente afable con su sindicato. Y así fue por varios años. Las reformas económicas estructurales—también llamadas reformas neoliberales–aniquilaron al movimiento sindical en México y el resto del mundo, pero el sindicato de Telmex resistió por razones obvias y por su poder superlativo en una industria de telecomunicaciones oligopólica en la cual la empresa del Ing. Slim es la más relevante y no podría sobrevivir sin sus trabajadores—que, para desgracia de la familia del dueño, se mantienen unidos y luchando por sus derechos.

Las pasadas dos administraciones fueron especialmente complicadas para el movimiento sindical de los telefonistas de México. Según me reportan los compañeros, se registraron importantes violaciones al contrato colectivo de trabajo durante el Gobierno de Felipe Calderón—cuando era Secretario del Trabajo, nada más y nada menos que Javier Lozano Alarcón. Eran los tiempos de Genaro García Luna y su Plataforma México, cuando operaron en conjunto la Secretaría de Seguridad Pública y la empresa de telefonía mexicana bajo el liderazgo de Héctor Slim Seade. Este último parecía tener una buena relación con quien ahora espera un juicio en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York por sus alegados vínculos con la delincuencia organizada, en particular con el Cártel de Sinaloa.

Pero el peor momento para el sindicato antes de la crisis actual fue en tiempos del Pacto por México del expresidente Enrique Peña Nieto, a partir de la reforma al artículo 28 constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica—bajo la cual se crearon la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Como en otros sectores, la creación de estos organismos “autónomos” favoreció claramente al capital privado transnacional. El avance de empresas como AT&T fue contundente en este periodo, en el cual adquieren particular relevancia personajes como Alejandra Lagunes y Mónica Aspe, quienes utilizaron las conocidas “puertas giratorias” entre el sector público y la industria privada (sobre todo esta última) y contribuyeron al avance del gran capital transnacional en el sector de las telecomunicaciones.

Durante este periodo, los trabajadores de Telmex lucharon una ardua batalla para evitar el desmantelamiento de su sindicato y la pérdida de sus beneficios y prestaciones por cambios realizados en la estructura de la empresa—la cual parecía haber tomado como ejemplo el caso de British Telecom. Afortunadamente, los telefonistas lograron mantener su organización en los difíciles años de 2013 a 2017, cuando la familia Slim y algunos de sus socios o aliados avanzaban hacia una renovación o división mañosa para quebrar al sindicato, como parte de la transformación global de la industria de las telecomunicaciones. Pero finalmente el sindicato se mantiene y hace que la empresa respete el contrato colectivo de trabajo bajo el liderazgo de su Secretario General, Francisco Hernández Juárez.

Hay quienes—fuera del sindicato, por supuesto—cuestionan el papel de Hernández Juárez y su larguísima permanencia como Secretario General (desde 1976). Son ya muchos los años; 46 para ser exactos. Sin embargo, también son muchas las batallas que han ganado los telefonistas bajo la guía del histórico líder sindical. La base, no parece haberse equivocado. Los compañeros me cuentan que “el apoyo al compañero Hernández Juárez es apabullante, aunque sí existe una mínima disidencia”. No parece existir otro liderazgo al momento que pueda gestionar las demandas de los telefonistas de forma tan efectiva. En el STRM, los compañeros trabajadores alegan la existencia de prácticas verdaderamente democráticas—a pesar de lo que dicen los críticos—y en particular la existencia del “voto libre, secreto y directo”.

No me sorprende en lo más mínimo el apoyo de la base trabajadora hacia Hernández Juárez, dados los grandes logros de este sindicato que mantienen un trabajo dignificado, incluyendo una jugosa pensión. Y así debiera ser en todos los sectores y sobre todo en las industrias en las cuales algunos individuos selectos y familias privilegiadas adquieren extraordinarias ganancias. Pienso sobre todo en la empresa que hizo a quien alguna vez fuera “el hombre más rico del mundo”. ¿O no sería justo?

Slim no hubiera sido nadie sin sus trabajadores y creemos que así debería entenderlo. La compra de Telcel y la expansión mundial de su empresa y diversificación hacia otros mercados, no hubieran sido posibles sin la adquisición del monopolio mexicano de telefonía en los noventas. El Ing. Slim parecía estar consciente de ello y había mantenido, según me cuentan, una relación cordial—más no amistosa—con sus trabajadores hasta hace muy poco. Se alcanzaban acuerdos, pero no había huelgas. Sin embargo, ha pasado el tiempo; las circunstancias cambiaron, se transformaron los mercados, y se dio un inevitable cambio generacional.

La familia del ingeniero tiene cada vez más relevancia en la toma de decisiones dentro de la empresa. Carlos Slim Domit (presidente del Consejo de Administración de Telmex y América Móvil), Daniel Hajj (CEO de América Móvil) y Héctor Slim (CEO de Telmex) no parecen ser partidarios de las luchas sindicales y más bien parecen determinados a desaparecer muchos de los derechos laborales que sus trabajadores habían conquistado en el pasado. Bajo un esquema post-neoliberal en el cual los grandes monopolios u oligopolios transnacionales dominan a nivel global, sus prácticas parecen estar avaladas por otros actores, que igual limitan la competencia e intentan cancelar los derechos de los trabajadores.

En este contexto, se da el conflicto entre Telmex y su sindicato, quienes se irían a huelga si la empresa se empeña en no cumplir con el contrato colectivo de trabajo en esta última negociación. En términos generales, Telmex plantea eliminar la cláusula 149 de dicho contrato. En otras palabras, la empresa busca “mutilar” la jubilación. Esto es algo que los trabajadores no pueden aceptar, pues cuentan con excelentes beneficios en esa área, a diferencia de la mayor parte de los trabajadores mexicanos que se adhieren por fuerza y por ley al tramposo esquema de pensiones administrado por los oligopolios financieros transnacionales.

Entre las peticiones del sindicato, que hasta la fecha no ha querido aceptar Telmex, está un 7.5 por ciento de aumento directo al salario y un incremento del 2.9 por ciento en prestaciones (considerando los actuales niveles de inflación), además de que se cubran las dos mil vacantes con su esquema de jubilación regular. Al mismo tiempo, se manifiesta el deseo por la “no terciarización”, en el marco de la prohibición del llamado “outsourcing” (o subcontratación laboral) por parte de las empresas del sector público.

Lo que quiere la empresa es que las nuevas plazas se vinculen al sistema de pensiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) que plantearían un esquema de jubilación bastante precario en comparación con el que se tiene ahora mismo. Esto resulta insultante e inaceptable, considerando los altísimos ingresos que recibe la empresa en un sector oligopólico. Así, los compañeros trabajadores expresan su frustración argumentando que a los administradores y dueños de la empresa “no les importa a quien afecten mientras continúen generando jugosas utilidades; entre más exploten al trabajador y le expriman ganancias por su trabajo, pues es mejor para ellos”. Y así puede afirmarse que los miembros de la familia del magnate “se presentan como filántropos, pero que son en realidad comerciantes”—confirmándose de este modo, su origen y sus costumbres.

Y así está a punto de estallar la huelga en Telmex, lo cual representaría un problema mayor para la economía en el país y sus telecomunicaciones. Vale la pena entender que, por la importancia del sector y su estructura de mercado, el sindicato de telefonistas de México ha tenido la posibilidad de negociar con—y de poner de cabeza a—la empresa en manos del hombre más rico y poderoso de México—que además es el principal contratista del Gobierno mexicano. Por lo anterior, llama la atención la poca cobertura mediática con respecto al tema. El Presidente mexicano y el Gobierno de la Cuarta Transformación en su conjunto se encuentran en una encrucijada entre i) darle gusto al empresario más poderoso del país que es “amigo” de la actual administración o ii) atender a sus supuestos principios que tienen que ver con la defensa de los derechos de la clase trabajadora bajo el lema de “primero los pobres”.

En este contexto, por petición de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se acordó prorrogar hasta el 7 de junio la huelga prevista para el mediodía del miércoles 11 de mayo—; ella se comprometió a mediar en este conflicto. El resultado final aún es incierto y veremos de qué está hecho el Gobierno de la 4T en tiempos donde los oligopolios transnacionales tienen el principal poder de mercado en la era post-neoliberal.

La negociación que empezó hace algunos días, promete ser la más complicada que ha tenido el sindicato en los últimos tiempos. Mientras tanto, la empresa recurre a otras prácticas para lograr sus objetivos y debilitar, por lo menos, al poderoso STRM. Inicia entonces un proceso para legitimar el contrato colectivo de trabajo de la empresa hermana Telcel en una estrategia que parece amañada. Este contrato lo promueve el despacho de un peculiar personaje, Ramón Salvador Gámez Martínez, quien goza de fama de “ser el rey de los contratos de protección”, representando a los llamados sindicatos blancos o “sindicatos de papel” que trabajan únicamente para beneficiar a las empresas, más no a los trabajadores (https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2006/pederastas-plaza-publica.html). Gámez Martínez también parece haber estado vinculado a escándalos de pederastia y su nombre se relaciona con el material del libro de la periodista Lydia Chacho titulado: Los demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil (Grijalbo, 2005).

Nota final:

La potencial huelga de Telmex nos plantea preguntas serias sobre el futuro no sólo del STRM, sino del sindicalismo mexicano en su conjunto y nos hace pensar en muchas de las prácticas corporativas para romper al sindicalismo y las estrategias dirigidas por el gran capital para comprar liderazgos y crear sindicatos que respondan sólo a los intereses de los empresarios. En otra ocasión nos conviene también analizar el papel tramposo de las grandes centrales obreras extranjeras que bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) supuestamente representan la solidaridad laboral internacional, pero que en realidad contribuyen al avance de la oligarquía y del gran capital transnacional apoyados por legisladores y políticos del Norte Global.

Del mismo modo, en una entrega posterior, analizaremos el papel de los abogados que no son trabajadores y pretenden ser dirigentes sindicales (¿recuerdan a alguien así?). Por experiencia aprendimos que ellos “suelen convertirse en corporativos de trabajadores y esos bufetes nunca tardan mucho en venderse al patrón”. Daremos ejemplos interesantes de lo que podría suceder en el norte del país con los “nuevos sindicatos independientes” en el sector maquilador.

Se requiere de un movimiento sindical masivo (a nivel nacional y lejano a la trampa de la supuesta solidaridad imperialista) que no fraccione a los trabajadores en “clicas”—atendiendo a la trampa del pluralismo que divide a grupos de interés minúsculos para beneficio del gran capital transnacional. Se requiere de una verdadera organización de clase que logre que los trabajadores sean capaces de detener industrias completas y así puedan, como grupo, ejercer un poder real sobre su mano de obra [en sus naciones específicas] en la era post-neoliberal.

No deja de sorprenderme el espíritu optimista y jovial de Andrés Manuel López Obrador al arrancar las mañaneras. ¿Cómo hace para presidir la reunión de seguridad a las 6 de la mañana, en la cual se hace el recuento de infamias que cada 24 horas recoge la vida de las alcantarillas de este país, y presentarse a una conferencia de prensa minutos más tarde como si viniese de un Spa y un masaje relajante?

Sus críticos dirán que tal polaridad obedece a una disposición al bloqueo de todo aquello que no entra en la tesis de que su presidencia es un éxito. Otros, más favorables, asumirán que no es más que una característica propia de un Jefe de Estado; gestionar los detalles sin perder la perspectiva de conjunto; es decir, abordar los contratiempos de cada día manteniendo la vista en la perspectiva del derrotero a seguir. Usted escoja.

Lo cierto es que con frecuencia genera equívocos esta visión diacrónica y sincrónica simultánea dirán los sociólogos, dentro y fuera de la caja según los mercadólogos, o bipolar de acuerdo con la psicología de revista de salón de belleza.

Cuando el Presidente afirma que debemos proteger a los delincuentes parecería que está viendo un bosque lejano con árboles muy distintos a los que cada día nos topamos los mexicanos. ¿Cómo puede decir eso cuando los cárteles y las bandas siembran el terror, asesinan, extorsionan, violan y destrozan la vida de comunidades? ¿Lo desconoce el mandatario?

No, no es así. López Obrador ha asistido a cerca de 800 reuniones destinadas a inventariar los diarios horrores del país y conoce con precisión el grado de violencia y sufrimiento que padecen los mexicanos. Y no solo porque lo escucha en el parte policiaco y militar de cada día, también porque lejos de estar encerrado en una oficina de Palacio, es un hombre que recorre comunidades y se entera de los pareceres de los habitantes y autoridades locales.

¿Por qué entonces esta aparente suavidad del Presidente en sus referencias a sicarios y delincuentes en comparación, por ejemplo, con la dureza que utiliza al hablar de sus rivales políticos? Encuentro tres razones.

Primero, su muy conocida tesis de que la violencia engendra más violencia. Es un principio ético y también práctico, luego de dos sexenios en los que las fuerzas armadas hicieron justamente eso con resultados, en efecto, contraproducentes. Durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, período de “guerra” abierta contra los cárteles, el número de asesinatos creció año con año. Lejos de extinguirse con esta merma, las fuerzas del sicariato parecían multiplicarse de manera indefinida. Una clara demostración de que, por sí misma, la violencia genera más violencia. En este sexenio no han disminuido las muertes, pero la cifra ha dejado de crecer. Por lo demás, ejecutar o torturar sicarios no solo no elimina a la delincuencia sino envilece al propio Estado y deja en el ejército la peligrosa percepción de que se encuentra por encima del orden institucional. La declaración presidencial sobre la necesidad de “proteger” a los delincuentes del uso ilegal de la fuerza, quizá no es la manera más afortunada de enunciarlo, pero en términos de una sociedad que aspira al estado de derecho, difícilmente podríamos estar en desacuerdo con el espíritu que la anima.

Segundo, López Obrador ha repetido una y otra vez que el ejército es pueblo. Lo que no ha dicho, hasta donde sé, pero cada vez estoy más convencido de que lo piensa, es que los miembros de los cárteles también lo son. Cuando el presidente aboga por una estrategia que se aboque a los factores socioeconómicos que causan la delincuencia (la falta de oportunidades para los jóvenes, la descomposición social y familiar, la ausencia de valores y en general la pobreza), implícitamente está definiendo a la criminalidad como el resultado de una sociedad injusta y desigual. Por más que sus delitos sean abominables, asesinar o torturar a quienes los cometen, de alguna forma, equivale a victimizarlos dos veces. Esto no significa que deban gozar de impunidad o que la autoridad se mantenga indiferente; pero sí que debe trabajarse en contener el daño que causan dentro de los márgenes de la ley y, más importante, resolver las condiciones que propician su existencia y su reproducción.

Tercero, tengo la impresión de que, dentro de esta estrategia de atacar las causas, paliar la falta de oportunidades y prescindir de la violencia inútil, el Presidente consideró que el despliegue de la Guardia Nacional en el territorio y la construcción de cuarteles reduciría o al menos estabilizaría por lo pronto el protagonismo del crimen organizado. Según este esquema, mientras el Estado atendía las causas de largo plazo mediante la construcción de opciones para los jóvenes, en el corto plazo la sola presencia física ayudaría a contener la criminalidad. Obviamente no ha sido así. La inacción de las fuerzas de seguridad fue interpretada por las bandas como una oportunidad para expandirse. Quizá no haya más muertos que antes, pero existen muchas evidencias de que el Narco ha intensificado su control del territorio.

Me parece que ha llegado el momento de que la 4T revise su estrategia. Por un lado, porque lo que corresponde al despliegue de cuarteles y la actitud pasiva no ha dado el resultado esperado y por otro porque la creación de oportunidades y la eliminación de la pobreza (es decir la atención a las causas) han sido más bien precaria debido mayormente a la crisis económica.

No se trata de desatar la guerra absurda e ilegal contra los cárteles que ya mostró su inutilidad, pero sí de ejercer funciones mucho más decisivas para contener la expansión del crimen y propiciar la recuperación efectiva de territorios y carreteras perdidas. Si hubiera que hacer una crítica a la estrategia de seguridad del Presidente sería en este sentido y no en el de escandalizarse por su empeño en combatir a los delincuentes dentro del marco de la ley, por más que su petición de “protegerlos” no haya sido la mejor manera de expresarlo. @jorgezepedap

Bajo esta cínica misión funcionó durante 150 años un sistema de escuelas-internados en Estados Unidos, que tenía como propósito anular la identidad de los niños de los pueblos originarios del país del norte, quitándoles su lengua y tradiciones y obligándolos a actuar como occidentales. Para ello, los niños indígenas eran arrancados del seno de sus familias para obligarlos a ingresar de manera forzosa a este sistema que los reeducaba para occidentalizarlos, es decir para colonizarlos desde el pensamiento hasta el territorio.

Una investigación del Departamento del Interior sobre la operación de este sistema, presentado el pasado 12 de mayo, ha encontrado que al menos 500 niños fallecieron como “resultado de abuso, enfermedades y accidentes”, según el informe citado por la agencia AP y publicado por La Jornada (https://bit.ly/3wcoNay). En el informe se explica que “algunas de las escuelas eran administradas directamente por el gobierno federal, y otras por organizaciones religiosas, católicas y protestantes, con financiamiento y supervisión federal”. El sistema de escuelas-internados dedicadas a arrancar la identidad cultural de los niños indígenas funcionó por 150, de 1819 hasta 1969.

Además de la separación de sus familias y el internamiento forzoso, los menores eran obligados a trabajar y eran víctimas de maltrato, resumió la BBC en un resumen del reporte.

“El sistema federal de internados desplegó metodologías sistemáticas de militarización y de alteración de la identidad para intentar asimilar a los niños indios americanos. Las normas a menudo se hacían cumplir mediante castigos corporales, como el aislamiento, la flagelación, la privación de alimentos, azotes, bofetadas y esposas. A veces, se obligaba a los niños indígenas más mayores a castigar a los menores. Si trataban de escapar, el castigo era peor. Además, se les prohibía hablar sus idiomas”. El Gobierno estadounidense está revisando más de 98 millones de páginas de registros sobre los abusos acontecidos en esos internados que, no obstante, no siempre fueron documentados (https://bbc.in/3wh1vAp).

El informe del Departamento del Interior anticipa que la cifra de niños indígenas muertos bajo este sistema de colonización será mucho mayor, pues este reporte preliminar apenas analizó la situación de 20 internados de un total de 408 escuelas que operaron en 37 estados y territorios en el periodo referido. Las muertes de niños indígenas podría ascender a decenas de miles, se anticipa en el informe. El informe completo del Departamento del Interior tiene 106 páginas y recopila testimonios históricos sobre los abusos cometidos en esos centros.Aquí se puede leer el documento completo: https://www.bia.gov/sites/default/files/dup/inline-files/bsi_investigative_report_may_2022_508.pdf.

Esta investigación en parte es motivada por los hallazgos de un informe semejante sobre un sistema de internados que operó en Canadá y que encontró la muerte de más de seis mil niños indígenas de aquél país en condiciones semejantes, según se dio a conocer en junio de 2021. Según un reporte de la BBC: “Desde 1863 hasta 1998, más de 150,000 niños indígenas fueron separados de sus familias y llevados a internados estatales en Canadá. Estos colegios administrados por el gobierno, y operados mayormente por la Iglesia católica, formaban parte de la política para lograr asimilar a los niños indígenas. A los menores no se les permitía hablar su idioma o practicar su cultura y muchos eran maltratados y sufrían abusos” (https://bbc.in/3FPMeK2).

Además del caso canadiense, el informe sobre el sistema de internados para niños indígenas en Estados Unidos es motivado porque la titular del Departamento del Interior, Deb Haaland, es ella misma indígena, de la comunidad Laguna Pueblo y es la primera indígena en un gabinete presidencial en la historia de Estados Unidos, se destacó al presentarse el informe.

En un artículo de opinión publicado en el Washington Post, Haaland escribió: “Muchos estadunidenses podrían alarmarse al enterarse de que Estados Unidos también tiene una historia de arrancar a niños nativos de sus familias en un esfuerzo por erradicar nuestra cultura y borrarnos como pueblo. Es una historia de la cual tenemos que aprender si nuestro país busca curarse de esta era trágica”. La titular del Departamento del Interior recordó “que sus propios abuelos maternos y su bisabuelo fueron enviados a la fuerza a estos internados” (https://bit.ly/38uOjhZ).

El sistema de colonizar la identidad de los pueblos originarios de Estados Unidos tuvo una escala masiva. De acuerdo con el informe, hacia 1926, “casi 83 por ciento de indígenas en edad escolar estaban en ese sistema. Muchos fueron castigados físicamente si se atrevían a hablar en su idioma o practicar sus tradiciones. Un fundador de una de estas escuelas resumió así la misión de este sistema: mata al indígena, salva al hombre”.

La frase de la misión del sistema resume todo el horror que encerraba este propósito: eliminar todo lo que de indígena hubiera en las personas para occidentalizarlas, eliminarles su idioma, su religión, cosmovisión y cultura. Esta aculturación era complementada por un vasto proceso de despojo y reordenamiento del territorio que permitió a los colonizadores europeos y estadounidenses apropiarse de tierras y recursos sobre los que se levantó el proceso de acumulación de capital que volvió a esta nación en una de las más ricas y poderosas del mundo.

No está de más resaltar lo inhumano y desgarrador que era este sistema de arrancar a los hijos de las familias indígenas de sus hogares, para reformatearlos colonialmente: no hablar su lengua, no practicar sus costumbres, convertirlas en otras personas a como nacieron. La concepción detrás de este atroz programa de “matar al indio, salvar al hombre” implica la negación de todo lo que no fuera blanco y occidental, negar y eliminar al otro, al diferente en su idioma, religión y cosmovisión.

El avance del informe recién presentado es escalofriante. Su impacto será mayor al conocer el reporte completo. Miles de niños muertos bajo la maquinaria de un brutal sistema de colonización de las mentes, cuerpos y territorios indígenas.

El pasado miércoles 11 de mayo del 2022 se hizo viral en redes sociales un video en el que pobladores civiles de Nueva Italia, del municipio de Mújica, en el estado de Michoacán, persiguen y hacen huir a varias unidades del Ejército Mexicano y a sus tripulantes, en una acción atribuida a la organización criminal Cárteles Unidos.

El pasado jueves 12 de mayo del 2022, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador habló de ese caso: “Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del Ejército en estos tiempos. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida los integrantes de bandas de delincuentes, también ciudadanos inocentes y soldados y marinos, y no le importaba a los de arriba, porque es muy fácil decir: ‘Hago valer la autoridad, no me va a temblar la mano’, todo eso que hacían, cuando estaba de por medio la vida de otros, de muchos”.

Explicó el mandatario: “Nosotros cambiamos y tanto la Secretaría de la Defensa, como la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza. Les decían a los oficiales del Ejército, de la Marina: ‘Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos’. Eso cambió, además, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos”.

Justificó López Obrador: “Esta es una política distinta, completamente distinta, por eso lo de ayer, que muchos celebraban de que era el mundo al revés; pues para mí fue una actitud responsable”.

Existe un precedente similar: el domingo 26 de mayo del 2019, 11 soldados fueron capturados y desarmados por presuntos auto defensas civiles de la Comunidad de Cuimbo, municipio de La Huacana, Michoacán, quienes fueron liberados luego que mandos militares devolvieron a sus captores algunas armas que les habían sido decomisadas.

El martes 28 de mayo del 2019, a través de un comunicado oficial, la Secretaría de la Defensa Nacional justificó la actitud prudente de los soldados que evitaron generar un conflicto mayor, frente a un grupo de personas, mayoritariamente mujeres y niños, que podrían haber sido manipuladas para atacar a los militares.

La mañana de ese mismo martes 28 de mayo del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador encomió la actuación de la patrulla de militares que fueron amagados y obligados a entregar sus armas en Michoacán.

Explicó AMLO: “La actitud de los soldados fue muy responsable, muy digna y valiente. Porque lo que es una cobardía es abusar de nuestros semejantes. Esa es una cobardía. Por eso, todo mi apoyo y mi respaldo a los soldados. Los marinos y los soldados son pueblo uniformado”.

Frente a hechos de esta naturaleza, más allá de las explicaciones y justificaciones del Presidente, ¿hasta dónde y a quien corresponde el uso legítimo de la fuerza del Estado, en representación de los legítimos intereses de la población?

“El poder político, o sea el poder del Estado, es el único que tiene el monopolio de la coacción física legítima para hacerse obedecer. Lo cual significa que solamente él está en aptitud de acudir a la amenaza o al uso de la fuerza a fin de dar eficacia a sus disposiciones. Esta es una de las diferencias básicas entre el poder del Estado, como sociedad total, y el poder de las sociedades menores insertas en su territorio al amparo de sus leyes”, pondera el jurista Rodrigo Borja, en su Enciclopedia de la Política (Tomo I, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 2002. Pág. 635).

Explica Rodrigo Borja que “en el Derecho Constitucional se denomina fuerza pública a los contingentes armados que el Estado organiza, bajo mandos jerarquizados y una severa disciplina, para proveer a los fines de su seguridad externa e interna. Por lo general se divide en dos grandes cuerpos: las fuerzas armadas y la policía, sometidos ambos al comando supremo del jefe del Estado”.

Establece el constitucionalista que “las fuerzas armadas están llamadas velar por la defensa de la soberanía e invulnerabilidad estatales, en términos de integridad soberana y territorial, y por la garantía de su ordenamiento jurídico”.

El jurista italiano Norberto Bobbio (1909-2004) lo explica de esta manera: “En toda sociedad, y por tanto también en una sociedad democrática, la función fundamental del derecho es establecer las reglas sobre el uso de la fuerza, lo cual significa: quién debe ejercerla (no cualquiera, sino sólo aquellos que estén debidamente autorizados); cómo (con un juicio regulado); cuándo (no en todo momento, sino cuando se hayan cumplido los procedimientos definidos por la ley), y cuánto (no se puede castigar un pequeño hurto del mismo modo que un homicidio)”.

En su libro “Diálogo en Torno a la República”, en coautoría con Maurizio Viroli (Tusquets Editores, España, 2002), Bobbio explica: “una de las grandes funciones de la ley es establecer de qué modo debe utilizarse el monopolio de la fuerza legítima del Estado” (página 59).

ESTÁNDARES

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido algunos estándares aplicables al uso de la fuerza, como los refiere en su Informe Anual 2015, Capítulo IV-A, sobre “Uso de la fuerza”

“En todo Estado, particularmente en sus agentes del orden, recae la obligación de garantizar la seguridad y salvaguardar el orden público. De esta obligación general, nace la facultad de los Estados de hacer uso de la fuerza, misma que encuentra sus límites en la observancia de los derechos humanos, pues si bien los agentes estatales pueden recurrir al uso de fuerza y en algunas circunstancias, se podría requerir incluso el uso de la fuerza letal, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus autores”, dice la Comisión Interamericana en su análisis inicial.

El principio de absoluta necesidad refiere a la posibilidad de recurrir a “las medidas de seguridad ofensivas y defensivas estrictamente necesarias para el cumplimiento de las órdenes legítimas impartidas por la autoridad competente ante hechos violentos o delictivos que pongan en riesgo el derecho a la vida o la integridad personal de cualquier habitante”, explica la Comisión.

Considera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que para hacer uso de la fuerza, los agentes legitimados deben “aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de la fuerza, según corresponda, pues su despliegue de fuerza debe perseguir en todo momento reducir al mínimo los daños y lesiones que pudieran causarse a cualquier persona” (Pág. 533).

LÍMITES

La Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, promulgada el lunes 27 de mayo del 2019, define en su Artículo 6, los siguientes Principios:

El impacto del uso de la fuerza en las personas estará graduado de la siguiente manera: Persuasión, restricción de desplazamiento, sujeción, inmovilización, incapacitación y lesión grave, advierte la ley.

Sobre el extremo de quitar la vida al agresor señala: “utilizar la fuerza letal como una acción excepcional, permitiendo el uso de armas menos letales o de fuego con la finalidad de repeler y neutralizar la agresión, no teniendo otra opción para proteger la vida de las personas ajenas o la propia, a sabiendas que existe un alto riesgo de causar la muerte del agresor”.

El Gobierno de López Obrador está obligado a replantearse los alcances y los límites que la ley le permite en el uso de la fuerza legítima del Estado, pues no hay futuro sin paz y sin justicia, porque el dolor derivado de los abusos y del horror solo profundiza los rencores. La crueldad de las bandas delictivas contra la población civil es creciente.