Hace 62 años, cuando mi madre se casó, lo común era que las mujeres comenzaran a usar, desde la boda civil, lo que entonces se llamaba el apellido de casada, que consistía en sustituir su propio apellido materno por el del marido antecedido por la preposición de, que denota posesión o pertenencia. Así, las casadas eran nombradas como si fueran propiedad del marido, como pertenecientes a su dominio de jefe de familia.

La vieja costumbre se reflejaba en los trámites formales de manera automática, aún cuando no hubiera un documento de identidad oficial que asentara ese como el nombre legal de la persona a la que se referían. En aquellos tiempos no existía nada equivalente a la credencial del INE y las personas podían tener carnés con nombre distintos: en el del seguro social podía aparecer el nombre “de casada”, si se era derechohabiente por el trabajo del marido, pero en el pasaporte aparecían los apellidos “de soltera”. La confusión era recurrente y, a la larga, el enredo de identidad se podía complicar, sobre todo a la hora de reclamar derechos de propiedad o en trámites sucesorios.

Ya desde la década de 1960 fue cada vez más común el rechazo de las mujeres a la asignación de identidad definida por el matrimonio, aunque la mayoría siguiera adoptando plenamente el apellido del marido, incluso cuando se trataba de profesionales con obra propia. Son conocidos los casos de historiadoras relevantes conocidas con el “de” o el de alguna que, incluso después de su divorcio, mantuvo la denominación con la que se había dado a conocer, unida para la posteridad en el nombre al esposo repudiado.

Es probable que, en 1968, cuando mis padres compraron la casa donde vivimos desde entonces y que actualmente todavía ella habita, mi madre haya firmado con el “de Romero” algún trámite, pues era lo usual. Sin embargo, nunca tuvo un documento oficial con ese nombre. Desde su primer pasaporte ella mantuvo sus apellidos paterno y materno y nunca se dijo señora de nadie. Sin embargo, en la cuenta del Sistema de Aguas de la Ciudad de México el arcaísmo nominal se coló y se ha mantenido así desde hace 53 años.

El problema es que oficialmente la persona titular de la cuenta del agua no existe, por lo cual no es posible hacer ningún trámite ni reclamación referente al servicio de agua potable de la casa. Hace unos meses llegó un recibo por una suma desorbitada y mi madre decidió reclamar, pero su queja fue desestimada porque ella no es la titular oficial de la cuenta, acreditada a la señora de Romero, quien oficialmente no existe. El trámite para el cambio de titularidad implica un papeleo y unas comparecencias tremendamente engorrosos para una mujer de 87 años, más en plena pandemia, por lo que decidimos recurrir a un procedimiento de reconocimiento de identidad ante el INFO de la Ciudad de México, el cual, sin tomar en cuenta la edad de la solicitante, ni decidir con perspectiva de género ante la solicitud de una mujer mayor, decidió que el trámite solicitado por el Sistema de Aguas es pertinente.

Todos los documentos de identidad oficiales de mi madre: su acta de nacimiento, su pasaporte y su credencial del INE tienen sus apellidos paterno y materno y la Constitución, en el Artículo 16, reconoce el derecho a la rectificación de datos personales; así, remitir a un trámite engorroso cuando es tan evidente la confusión derivada de una práctica de tintes machistas prevaleciente hace más de medio siglo, de dudosa consistencia legal incluso entonces, es una evidente violación de los derechos humanos consagrados en la Constitución. Sin embargo, el INFO de la Ciudad de México validó sin más la disposición del órgano burocrático.

Ahora el caso está en la cancha del INAI, el cual debe resolver en estos días. A ver si el órgano que es última instancia en la protección de los datos personales revoca la injusta resolución del INFO y hace realidad el derecho a la igualdad y remedia una situación derivada de relaciones asimétricas de poder enraizadas en prácticas añejas que reflejaban estereotipos discriminatorios de género. Entre los requisitos solicitados por el Sistema de Aguas está el acuerdo del copropietario, lo que supedita el derecho de una mujer a rectificar su identidad a la aceptación del varón.

En fin, que este asunto personal refleja el tipo de marañas burocráticas típicas de la administración pública mexicana, donde siguen imperando los prejuicios y los estereotipos machistas, se dificultan enormemente los trámites a las personas que no cuentan con apoyos jurídicos y dejan a los usuarios de los servicios públicos en manos de intermediarios clientelistas o de “coyotes” depredadores que cobran por sus servicios, cuando no estafan y roban a quienes caen en sus redes ante la desesperación por resolver problemas triviales. El INAI tiene la responsabilidad de garantizar el derecho de mi madre a rectificar su identidad.

La historia se repite otra vez, las corporaciones se imponen y capturan a las Naciones Unidas. Qué hubiera pasado hace 30 años, en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, 1992, si los Estados Unidos hubieran aceptado que se establecieran compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estaríamos en otro escenario de cambio climático. Sin embargo, G. Bush y su Gobierno advirtieron que no asistirían a la Cumbre si se planteaba llegar a un acuerdo en reducción de emisiones. La amenaza estadounidense respondía a los intereses de las grandes empresas petroleras, mineras del carbón, automotrices, entre  otras, que se habían agrupado en la Coalición Global del Clima para frenar cualquier política de reducción de emisiones que afectara sus intereses. Además de su participación directa en la Cumbre, la voz de estas encabezada por el propio Gobierno de los Estados Unidos, el mayor emisor de gases de efecto invernadero en ese momento.

Tuvieron que pasar varios años para que los efectos del calentamiento global fueran tan evidentes que ya no se pudiera seguir engañando más a la población con las dudas generadas por las corporaciones, disfrazadas de ciencia, de que el fenómeno no existía y que si existía no era por causas humanas. La catástrofe planetaria tuvo que avanzar para que la respuesta comenzara a darse, para que iniciará la transición energética.

Los pasos han sido lentos y no han logrado revertir la tendencia creciente en emisiones, pero ya no hay duda del fenómeno y sus causas. Las propias empresas petroleras comienzan a ser obligadas, judicialmente, a reducir emisiones, como el caso ejemplar de Shell. En este proceso, no sólo se reconoce el calentamiento global del planeta por causas humanas, se ha comenzado a reconocer también que la forma dominante en que producimos nuestros alimentos es la principal causa de la destrucción de ecosistemas, destrucción que ha provocado ya la “Sexta Extinción Masiva de Especies”, además de ser una de las principales causas de emisiones de gases de efecto invernadero.

Se reconoce que el sistema alimentario imperante, dominado por un puñado de inmensas corporaciones transnacionales, contribuye de manera muy importante a las emisiones de gases de efecto invernadero, a la degradación y perdida de fertilidad de los suelos, es el principal contaminante del planeta, a la vez que es causa de hambre y expulsión de las familias campesinas de las tierras fértiles. Esta dominación corporativa ha provocado que las poblaciones de varias naciones de las llamadas naciones del Sur sufran hambre, mientras que en sus territorios se producen alimentos para ser exportados a las naciones del Norte. Este sistema ha provocado que se destinen enormes extensiones de tierras agrícolas a la producción de ingredientes para la elaboración de elementos ultraprocesados, productos que no tienen valor nutricional alguno y, al contrario, son un riesgo para la salud. Estos productos son la causa principal de la epidemia global de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

En este contexto, Naciones Unidas ha llamado a la realización de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios teniendo como objetivo llegar a establecer acciones para la “erradicación del hambre, la creación de sistemas alimentarios más saludables e inclusivos y la protección de nuestro planeta”. La Cumbre se realizará en septiembre y en estos días se realiza la Pre-cumbre.

Desde hace más de 40 años se creó el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de Naciones Unidas donde, desde hace más de 10 años, se estableció el Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas. Este organismo ha establecido importantes recomendaciones sobre políticas alimentarias que han sido seguidas por diversos gobiernos. El CSA es reconocido como el organismo más democrático de Naciones Unidas, con una participación de miles de organizaciones civiles desde productores, ambientalistas, pueblos indígenas y consumidores.

Naciones Unidas traicionó a su propio organismo, el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA), para la concepción y organización de la Cumbre. A diferencia de la Cumbre de Río donde las corporaciones, por medio de Estados Unidos, bloquearon acuerdos fundamentales para la humanidad, en la Cumbre de Sistemas Alimentarios las corporaciones dieron un salto para pasar a tomar el control y organizarla junto con Naciones Unidas. En vez de diseñar y organizar la Cumbre con el CSA, Naciones Unidas lo hizo con el Foro Económico Mundial, la mayor expresión global del mundo corporativo y financiero. El hecho llamó la atención internacional y comenzaron a desatarse las críticas a la captura de esta Cumbre. Fue entonces que Naciones Unidas, al servicio de la industria de agroquímicos y transgénicos, comenzó a maquillar el evento para hacerlo parecer democrático e incluyente.

La Cumbre está cooptada, capturada por las corporaciones de agroquímicos y transgénicos, las que manejan el mercado internacional de granos y de los principales ingredientes para los productos ultraprocesados. Justamente se trata de las corporaciones que han impuesto un modelo agrícola devastador, contaminante y con una alta concentración de la tierra, un sistema que basa su producción en el trabajo de jornaleros agrícolas que laboran en las peores condiciones de salario, exposición a tóxicos y desplazamiento. Es uno de los sector en que se presentan las mayores violaciones a los derechos humanos de los trabajadores. Los organizadores de la Cumbre han declarado que las corporaciones no participan en la Cumbre y así es, no lo hacen directamente, guardan la cara, lo hacen a través de diversas asociaciones empresariales y organizaciones de fachada que sirven a sus intereses.

En este proceso, el Mecanismo de la Sociedad Civil, formado al interior del Comité de Seguridad Alimentaria, que representa a más de 380 millones de campesinos, de pescadores, pastoralistas, pueblos indígenas, consumidores, comunidades urbanas en inseguridad alimentaria, mujeres, jóvenes, personas sin tierra, entre otros, tomó la decisión de no reconocer la Cumbre, denunciar la interferencia de las corporaciones y realizar con el movimiento civil internacional una Cumbre alternativa. Una denuncia que ha unido a sectores sociales, académicos, exfuncionarios de Naciones Unidas, organizaciones de toda índole.

A sólo un día de haber iniciado las actividades oficiales de la Pre-Cumbre, el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sustentables (IPES-Food), un grupo de los más reconocidos especialistas independientes en la materia, anunció su retiro de la Cumbre. Se espera que existan voces que desde dentro hablen por el interés de la humanidad no sobre las nuevas tecnologías que presentan las grandes corporaciones y que no son más que formas de mayor control del que ya ejercen. En este sentido, el subsecretario de Agricultura Victor Suárez, expresidente de la Asociación Nacional de Empresas comercializadoras de Productos del campo realizó una intervención importante en la Cumbre, señalando la necesidad de regular los agroquímicos, favorecer la agroecología, parar los transgénicos y regular los ultraprocesados con varias medidas, como los etiquetados de advertencia.

En este proceso de cooptación de la Cumbre y de Naciones Unidas por las corporaciones de los agronegocios una voz crítica importante ha sido la de los expertos que han tenido el cargo de relatores de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación. Los relatores han dedicado parte de su vida a realizar reportes de la situación de la alimentación en diversas regiones del mundo, como Olivier de Shutter que elaboró un reporte sobre México.

De Shutter fue uno de los primeros en denunciar la captura de la Cumbre y señalar cómo la agroecología que debería ser el centro de la propuesta está siendo evadida o usada por las corporaciones desvirtuando su sentido. De Shutter escribió:

“En la última década se han logrado enormes progresos en el desarrollo, la difusión y la documentación de los beneficios de la agroecología. Los sistemas agroecológicos toman una variedad de formas (agrosilvicultura, policultivos, sistemas mixtos cultivo-ganadería) y son llamados por una variedad de nombres (orgánico, regenerativo, biodinámico, permacultura, etc.). Pero lo que tienen en común es la diversidad. La agroecología crea resiliencia mediante la combinación de diferentes plantas y animales, y utiliza sinergias naturales –no productos químicos sintéticos– para regenerar suelos, fertilizar cultivos y combatir plagas”.

La agroecología ha sido ampliamente respaldada por científicos, grupos de la sociedad civil y organizaciones de agricultores. Su capacidad única para transformar todo el sistema alimentario y reconciliar las dimensiones económicas, ambientales y sociales de la sostenibilidad ha sido reconocida por la evaluación de la agricultura mundial (IAASTD, por sus servicios), dirigida por el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) e informes históricos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y la Plataforma Intergubernamental de Políticas y Ciencia en Biodiversidad y Ecosistemas… En la India, Sikkim se ha convertido en el primer estado 100 por ciento orgánico del mundo, mientras que en Andhra Pradesh 580 mil granjas han adoptado la “agricultura natural de cero emisiones” y están viendo beneficios económicos y ambientales”.

La utilización de sinergias naturales entre plantas-plantas y animales-plantas, el uso de fertilizantes orgánicos y la aplicación de la ciencia al conocimiento y uso de estas sinergias están mostrando la alternativa para la salud del planeta y la población. Sin embargo, este es un conocimiento y una ciencia que queda en las manos de los productores, que se vuelve de uso colectivo, sin patentes, algo que va en sentido contrario al control corporativo que busca que el productor dependa de todos los insumos, semillas y nuevas tecnologías que introduce al mercado.

El descrédito de la Cumbre de Sistemas Alimentarios avanza y debe ser un punto de quiebre para recuperar los espacios de Naciones Unidas de la interferencia de los intereses corporativos. El futuro de la humanidad se está jugando cuando estamos en un umbral muy crítico en el cual ya no se puede seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes, porque esos resultados ya están poniendo el presente y futuro en riesgo.

Al tiempo que se realiza la Pre-Cumbre, miles de eventos alrededor del mundo se llevan a cabo para impulsar las alternativas con el fin de cambiar el sistema alimentario dominante, para hacerlo sustentable, que ayude a capturar gases de efecto invernadero en lugar de emitirlos, para que podamos mantener la agrobiodiversidad de nuestros alimentos y nuestras culturas culinarias, para que los campesinos y campesinas puedan fortalecerse en los mercados locales y regionales, para darles un futuro menos caótico a nuestros hijos.

+ Niños al matadero

+ Desobediencia civil

Como ningún Presidente a la mitad de su sexenio, López Obrador dice – una día sí, y otro también-, cualquier cantidad de disparates, mentiras y barbaridades. “No vamos a ser rehenes de obligarnos a comprar vacunas para los niños”, fue la expresión inmisericorde de AMLO el lunes pasado. Vaya ausencia de humanismo.

Si las ocurrencias y puntadas del tabasqueño – quien en corto se jacta de saber contar chistes bajo el peculiar humor del trópico- únicamente fueran para hacer reír a su corte palaciega, no habría ningún problema. Que se carcajeen como hienas de los chascarrillos de AMLO y se acabó. Pero no es así.

Desde hace meses, las barbaridades y tonterías que dice AMLO sobre la manera de enfrentar a la COVID-19 han costado vidas. No nada más vidas de sus fanáticos – a quien López Obrador les llama “mascotas” o “solovinos con cariño”, según ha expresado el propio Presidente porque lo obedecen como perros fieles y hacen todo lo que les ordena-, sino también de ciudadanos que han tenido la desgracia de atravesarse frente a irresponsables sin cubrebocas que los contagian sin ninguna precaución o pudor. De “el coronavirus no será tan dañino” hasta “salgan a comer, no pasa nada”. De enfrentarlo con amuletos y estampitas hasta el agraviante y miserable “nos vino como anillo al dedo”.

Pero esa terquedad psicópata de López Obrador ha cruzado ya la frontera del humanismo hasta rayar en la criminalidad. El mundo se aterra ante las palabras del Presidente de México: “Llueve, truene o relampaguee, no vamos a mantener cerradas las escuelas…”.

A AMLO no le ha bastado que más de 600 niños hayan muerto de coronavirus en México.

A AMLO no le ha bastado que en nuestro país, hasta el corte de junio pasado, casi 53 mil infantes se han contagiado de COVID-19.

A AMLO no le ha bastado que para finales de agosto – cuando pretende que 25 millones 680 mil 370 alumnos de educación básica regresen a las aulas-, la tercera ola de coronavirus se encontrará en su punto más alto, según advierten científicos y especialistas.

A AMLO no le ha bastado que más de 131 mil menores en México hayan quedado huérfanos por la pandemia, superando, inclusive, a Brasil y a Estados Unidos. (Fuente: The Lancet. 22/Julio/2021).

A AMLO no le ha bastado que el Instituto Nacional de Pediatría tenga casa llena por COVID-19. (La Prensa. 26/Julio/2021).

A AMLO no le ha bastado que en 31 de 32 estados, la pandemia haya repuntado.

A AMLO no le ha bastado que, prácticamente, el 10 por ciento de los muertos por COVID-19 en todo el mundo (alrededor de 4.1 millones) se registra en México. (Oficialmente, hasta el lunes pasado se habían reportado 238 mil 595 decesos, aunque extraoficialmente, y así lo ha reconocido el propio Gobierno mexicano, los fallecidos en el país por coronavirus ascenderían a más de 400 mil).

Y ante las cifras de la muerte en México por coronavirus – dolorosas, irrefutables-, la necedad criminal de López Obrador:

“No hay que exagerar con medidas autoritarias… No vamos a mantener las escuelas cerradas. Sólo en México y en Bangladesh han permanecido cerradas las escuelas por tanto tiempo. Ya fue bastante…”, advierte AMLO. Pero la diferencia de fondo con otras naciones que sí han aplicado medidas sanitarias eficaces, es que en México, el manejo de la pandemia ha sido un desastre desde el principio. Así que esta comparación que hace López Obrador es equivocada y fallida.

AMLO dispara cualquier sandez sin importarle la vida de millones de niños de primaria y secundaria. Su ignorancia, irresponsabilidad y autoritarismo, están llevando a México a una tragedia humanitaria de mayores proporciones a la que hoy nos azota.

“A clases, llueva, truene o relampaguee”, sentencia AMLO en una frase que refleja su desesperación personal por razones de forma y fondo: porque sabe que su proyecto ha fracasado (allí están las cifras negativas en economía, inseguridad, narco, pandemia, salud, desempleo, crecimiento, inversión, etc.). Porque sabe que a mitad de su Gobierno, el país se le deshace entre las manos. Por una condición imperante: ante la derrota del político, aflora el autoritarismo. Son las reacciones típicas de quien asume el fracaso de Gobierno.

Por López Obrador habla la irresponsabilidad chabacana que contrasta con las advertencias severas de científicos y especialistas:

“Bajo las circunstancias actuales, no debe haber un regreso a clases”, alerta la doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, Laurie Ann Ximénez-Fyvie.

“No es momento de regresar a clases. La vida vale mucho más”, apunta el médico e investigador Héctor Rossete.

Y la pregunta, inevitable:

¿Mandará AMLO a la escuela a su hijo de 13 años de edad, aun en medio de una pandemia fuera de control?

*****

La mayoría de los padres de familia no está de acuerdo en que sus hijos regresen a clases presenciales: 68 por ciento considera que los gobiernos no se han preparado adecuadamente para un regreso seguro de los alumnos a las aulas (El Universal. 26/Julio/2021). 62 por ciento rechaza el regreso a clases presenciales en las escuelas. (El Financiero. 27/Julio/2021). ¿Con la #TerceraOla de #COVID-19 disparada, tú enviarás a tu (s) hijo (s) a las aulas?, preguntamos en nuestra cuenta de TW el domingo pasado. El 93 por ciento votó por “ignoraré a AMLO”.

Ha llegado el momento de la desobediencia civil, ante la irresponsabilidad criminal de AMLO de pretender enviar al matadero a millones de niños a las escuelas – con la pandemia descontrolada- bajo un mensaje más de conveniencia política (México ya domó a la pandemia) que de humanismo (salvar vidas).

Preferible un año escolar perdido, que un hijo muerto.

¿Usted, arriesgará a sus hijos?

TW @_martinmoreno

FB / Martin Moreno

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Este primero de agosto de 2021, se decidirá si se ejerce el Estado de Derecho en México, o si no se ejerce, y la impunidad, de suyo asfixiante en el país, sigue imperando.

A propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se llevará a cabo una consulta ciudadano, para saber si los ciudadanos mexicanos desean que se procese a los actores políticos del pasado por las decisiones que hayan tomado. Aunque el ejecutivo de la Nación refiere que es para juzgar a los ex presidentes, no es de manera exclusiva así.

López Obrador propuso en un inicio la consulta, específicamente para juzgar a los ex presidentes que él considera integran el periodo que ha llamado “neoliberal”, desde Carlos Salinas de Gortari, hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y, especialmente, Felipe Calderón Hinojosa, el ex mandatario nacional que más ocupa al actual presidente de la República.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, modificó la pregunta propuesta por el presidente López Obrador, al confirmar que en México no se hacen leyes con nombre y apellido, inquisitorias y de carácter que afecten los derechos humanos de las personas. Entonces la pregunta que los mexicanos leerán en la consulta de este próximo domingo 1 de julio, que organiza el Instituto Nacional Electoral, es la siguiente, “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

De esta forma, la consulta termina no siendo exclusivamente para los ex presidentes, sino para todos aquellos actores políticos que hayan encabezado un gobierno en los años pasados, incluido se supone, aquellos de la Ciudad de México, donde los ahora miembros de Morena, fueron gobierno con el PRD, o cualquiera de los estados de la República gobernados en el pasado por panistas o priístas. En general, “actores políticos” por “decisiones tomadas en los años pasados”. Por supuesto esto incluye también a ex secretarios de Estado, y representantes de paraestatales.

La cuestión es que en México, de acuerdo a su Constitución y sus leyes, procesar a cualquier actor político, no debería ser un hecho sujeto a una consulta, sino una obligación y facultad de la ahora Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República), tanto como es, de quienes ocupan los cargos que en el pasado ostentaron esos “actores políticos”, denunciar las irregularidades que encontraron al tomar posesión, ante lo cual, y habiendo elementos que presuman la comisión de un delito, la FGE, o cualquier otra fiscalía estatal, tiene la responsabilidad de investigar y consignar.

El Estado de Derecho es precisamente eso, el sometimiento a las leyes promulgadas, por parte de los ciudadanos, las instituciones, las entidades públicas, los gobiernos y las entidades privadas, para mantener la gobernanza. Privilegiar este principio es garantizar el ejercicio del Estado de Derecho, considerando la separación de los poderes, la igualdad, la legalidad, la transparencia.

En este sentido, y suponiendo (poco sustentable, pues quién no va a querer que se juzgue a los “actores del pasado” si cometieron una conducta irregular), que en la consulta la mayoría votara por el no investigarlos, significaría que todos los delitos cometidos (en caso de tener pruebas) ¿quedarían en la impunidad?, pues sí, porque justamente eso es lo que se está preguntando.

La consulta ciudadana del 1 de agosto es para saber si los mexicanos quieren que se ejerza el Estado de Derecho o no. Un despropósito de las leyes mexicanas, que determinan en la Ley, que: “Al Ministerio Público de la Federación le corresponde, en representación de los intereses de la sociedad: la investigación y la persecución de los delitos del orden federal y los de su competencia ante los tribunales, la preparación y el ejercicio de la acción de extinción de dominio, la intervención en todos los asuntos que correspondan a sus funciones constitucionales, así como promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la persona imputada, de la víctima o de la persona ofendida durante el desarrollo del procedimiento penal, establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en el Código Nacional, la presente Ley, y las demás disposiciones legales aplicables”. Precepto que no se debe llevar a consulta, sino ejercerlo como está mandatado en la Ley.

Si el presidente de la República, algún secretario de estado, gobernador, alcalde, diputado, o cualquier actor político, al llegar al cargo encontró, en la etapa de transición y posterior a la misma, que los “actores políticos del pasado¨, cometieron alguna irregularidad, la obligación que tiene es la de presentar una denuncia, y el Ministerio Público está obligado a investigarla y en dado caso consignarla. No hay más, la Ley es muy clara y precisa.

El propio presidente López Obrador, tuvo y tiene la oportunidad, para denunciar actos ilícitos que su administración haya detectado en el sexenio de su antecesor, Enrique Peña Nieto, sin embargo, fuera del proceso que se le sigue a la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, o al ex director de PEMEX, indagación que heredó la actual administración, o aquellos procesados del área de seguridad del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, no hay más. Mientras en campaña, de manera sistemática, desde 2006 hasta 2018, el hoy presidente López Obrador, prometió investigar la corrupción, fuera de eso, no lo ha hecho.

Hoy día, prefiere, en lugar de tomar acciones para las cuales está facultado, someter el Estado de Derecho a la voluntad del pueblo, y no ejercer la facultad que tiene, o respetar la que asiste a la Fiscalía General de la República, entidad que debiera iniciar la investigación sin necesidad de consulta.

Pero México está en un momento donde la voluntad de un presidente, proclive a las campañas políticas, ha decidido consultar el ejercicio del Estado de Derecho. Ojalá, si es que acaso la participación de la ciudadanía importa, se consultara también, si los mexicanos desean que los narcotraficantes, criminales organizados y delincuentes que tienen azotados a pueblos y ciudades enteras en este País, deben ser perseguidos, investigados y procesados, porque eso, tampoco se está haciendo. Lo que predomina en esta nación, es la impunidad.

El día de hoy martes, que escribo esta columna, el presidente López Obrador anunció que niños y adolescentes mayores de doce años no formarán parte de la Campaña Nacional de Vacunación, a pesar de que ya hay vacunas aprobadas para ellos. Sí, así como lo oye; justo cuando ha decidido reabrir el sector escolar en agosto, en plena ola de contagios, desatada por la variante Delta, mucho más agresiva con los jóvenes y los niños y las personas no vacunadas.

La razón es sencillamente barbárica, indignante e inaceptable: el presidente se niega a gastar dinero, es decir, nuestro dinero, el de todos nosotros, no el suyo, en salvar vidas y comprar vacunas para niños y adolescentes porque “las farmacéuticas quieren hacer negocios y quisieran estar vendiendo siempre vacunas”. Comprarlas para niños es para él “un desperdicio”, “superfluo” y “consumista”. Si, leyó bien: dijo desperdicio, superfluo y consumista. Remató con que su gobierno “no será rehén” de las malvadas farmacéuticas, por si alguien, algún ingenuo como yo, tenía la esperanza de que sus hijos fueran vacunados próximamente por el gobierno de México. Entérese: el gobierno de México sacrificará a sus jóvenes porque el presidente, cual cacique porfirista, considera al país su hacienda, en la que niños y adolescentes pueden ser sacrificados, sin enfrentar ninguna consecuencia.

En resumen: el presidente López Obrador decidió no gastar el dinero de todos los mexicanos en la salud y la vida de millones de adolescentes mexicanos que no tienen ninguna defensa frente al coronavirus, un virus nuevo que puede poner en riesgo su vida y su salud de manera permanente. No importa que la Cofepris haya aprobado, hace un mes, la vacuna de Pfizer para ese grupo de edad, ni que la noticia hay sido anunciada, con bombo y platillo, por el subsecretario López Gatell en su cuenta de twitter “es una noticia que permitirá seguir protegiendo al pueblo de México”. No, no importa que los adolescentes, en esta tercera ola estén siendo hospitalizados, e intubados, desarrollando secuelas como miocarditis o encefalitis, o que incluso estén perdiendo la vida. No, no importan los adolescentes que en Sinaloa acaban de fallecer, ni en Baja California Sur y que hubieran podido salvar su vida si el presidente no considerara sus vidas “un desperdicio”. No importa el dolor de los padres que ahora mismo tienen hijos en terapia intensiva, al borde de la muerte, y que hubieran podido evitarse, si hubieran sido inmunizados. No, al presidente no le importa, para él lo prioritario es darle dinero a la Guardia Nacional, para ella sí que hay dinero (nuestro dinero): cincuenta mil millones más, como acaba de anunciarse.  No, no hay dinero para vacunar a niños y adolescentes en la peor crisis de salud en un siglo. No, el presidentito, así en diminutivo, no quiere gastar en la salud y la vida de los mexicanos: le quedó grande el saco, y la Historia, inmensa; esa en la que ansiaba inscribirse como héroe y en la que acabará como uno más de los criminales que han gobernado a México, muy lejos de Juárez y de Madero. Carga ya con el oprobio de haber sacrificado a medio millón de mexicanos, con su estrategia fallida, y ahora se dispone a dar el siguiente paso: sacrificar a niños, negándoles la vacunación lo que permitirá que desarrollen una forma severa de la enfermedad. Parece un cuento siniestro y maligno, porque así planea, además, mandarlos a la escuela, en la que se anuncia ya como la peor ola, a que se contagien masivamente con un virus mucho más contagioso, completamente inermes, “llueve truene o relampaguee”, como dijo autoritariamente, hace unos días.

No sé si usted lo vea, querido lector, pero esta locura, este experimento social, de selección natural, totalmente carente de ética, es también totalmente estúpido desde el punto de vista epidemiológico: entre más circule el virus, más difícil será parar la transmisión comunitaria lo que a su vez  volverá totalmente inviable reabrir el sector educativo por los constantes contagios, pero no solo eso: entre más circule el virus más posibilidades tendrá de mutar y convertirse en un problema aún mayor, poniendo en riesgo no solo a México, sino al mundo.

Ambas decisiones, reabrir el sector educativo durante la tercera ola de covid y no vacunar a los adolescentes, son de naturaleza ideológica y no científica: la Organización Mundial de la Salud ha dicho, clara y reiteradamente, que si la transmisión comunitaria es alta, no es seguro reabrir las escuelas, y también, hay ya múltiples evidencias internacionales de que la variante Delta está afectando de manera más severa a adolescentes y niños, elevando las hospitalizaciones pediátricas. No solo eso: los niños y adolescentes pueden desarrollar el síndrome inflamatorio multisistémico, una urgencia de gravedad, además de desarrollar covid persistente, lo que afecta seriamente su salud a largo plazo. Por ello es que muchos países, entre ellos Estados Unidos e Israel, aprobaron de emergencia la vacuna de Pfizer para niños de 12 a 15, tal como hizo la Cofepris en México, antes de que el presidente decidiera que era “un desperdicio” que México gastara en vacunas para ellos.

Todo esto es un crimen, desde donde se le vea y debería ser inadmisible para todos y cada uno de los mexicanos que les importe su gente, sus familias, la vida de quienes son el futuro de México, para quienes tienen hijos y quienes no, de todas las clases sociales, pero especialmente por los pobres, quienes no pueden llevar a sus hijos a vacunar a Estados Unidos, que es la inmensa mayoría de este país.

Si permitimos que el presidente se salga con la suya, habremos permitido una atrocidad sin nombre, en la que niños y adolescentes serán sacrificados frente a los ojos de todos, por una austeridad que es, hay que decirlo, una forma de criminalidad.

Tal vez, López Obrador crea que no, no nos importa, pero el presidente se equivoca: no permitiremos que siga sacrificando la vida de los mexicanos, impunemente, y eleve la negligencia e irresponsabilidad que han enlutado a nuestro país con las vidas de niños y adolescentes, solo por su decisión, obscena, de no gastar en vacunarlos. No lo elegimos para esto, y sin duda, yo no voté por esta nueva forma de necropolítica que hoy nos gobierna.

Hay que decírselo alto, claro y fuerte: Señor López Obrador, gastar en la vida y la salud de nuestros hijos no es ni un desperdicio, ni superfluo, ni consumista:  le exigimos que compre vacunas para todos y cada uno de los mexicanos mayores de 12 años, garantice su derecho a la salud y la vida, YA #ConNuestrosHijosNo

Washington, D.C.—Adriana González Carrillo, cónsul titular de México en Fresno, California y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), chocó contra un cerco cuando conducía en severo estado de ebriedad un SUV Dodge Durango 2020, con placas diplomáticas, sobre la carretera 41. El hecho ocurrió el domingo 17 de enero de 2021, pero no es hasta ahora que trasciende públicamente a raíz de mi indagatoria sobre una nota diplomática enviada por el Departamento de Estado a la Embajada de México.

Con base en el reporte 21003170 de la Policía de Fresno, al que tuve acceso, la policía llegó al lugar del accidente a las 23:05 y de inmediato se percató que la diplomática mexicana conducía bajo intoxicación etílica. “Se salió de la carretera. Arremetió contra la cerca lateral. Balbuceó. Se le aplicó la prueba. Caminó erráticamente. No puede manejar”, dice el parte policial sobre el choque. No fue privada de su libertad por su condición de inmunidad. Fue recogida por su “compañera de trabajo” Linda Carrasco, cónsul de documentación en el Consulado de Fresno.

La concentración de alcohol en la sangre de la panista cuando ocurrió el accidente era 0.14, casi dos veces por encima del nivel legal permitido de 0.08, consigna el expediente judicial M21904841 de la Corte Superior de California del Condado de Fresno.

De acuerdo con el expediente que consulté, González renunció a su derecho a comparecer presencialmente el 18 de mayo ante la juez Mónica Díaz. Representada por su abogado Eddie Ruiz, no disputó los dos cargos por DUI (conducir bajo los efectos del alcohol), un delito no grave. La juez giró fallo inculpatorio. Fue sancionada con una multa por 1,521 dólares, un curso obligatorio para alcohólicos de tres meses y 88 horas de trabajo comunitario.

En lugar de cumplir los 169 días en la cárcel en el condado de Fresno que merecía, la juez Díaz le concedió libertad condicional (probation) por tres años. Estará bajo la supervisión de la corte hasta el 17 de mayo de 2024. La próxima audiencia será el 18 noviembre a las 8:30 am.

El 10 de junio, la Embajada de México regresó al Departamento de Estado la licencia diplomática de conducir que la dependencia federal expidió a nombre de González.

Fuentes oficiales mexicanas que pidieron no ser identificadas, corroboraron haber recibido una nota diplomática del Departamento de Estado que, afirmaron, fue en respuesta a un comunicado que la Embajada de México dice haber enviado el 25 de marzo sobre la “falta menor” de González. En la nota diplomática, con fecha 25 de mayo, la dependencia a cargo de Antony Blinken habría precisado que la cónsul debe acatar el fallo del juez y desahogar el proceso bajo las leyes de California sin privilegio de inmunidad.

La Embajada me dijo que para tener acceso a las notas diplomáticas referidas debo solicitarlas a través de la Unidad de Transparencia de la Cancillería.

En respuesta a mi correo electrónico pidiendo su reacción, que marcó copia a Roberto Velasco, González llama el DUI “infracción de tránsito” y dice que en los “próximos días” concluirá las horas de servicio de trabajo comunitario en un albergue para indigentes en Fresno. No pide disculpas ni ofrece renunciar. (Leer texto completo).

González distribuyó por WhatsApp a la red de cónsules mexicanos en California el “posicionamiento personal” que me mandó. Sin tener la menor idea de los hechos, algunos se preguntaron por qué hasta ahora y qué motivó la sanción de la corte.

González y Tarsicio Navarrete, cónsul en Calexico, son cuotas panistas de Marcelo Ebrard, quien los nombró en 2019. González no tenía experiencia consular, aunque sí conocía de política exterior. Presidió las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado. Asimismo, dirigió el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado.

El DUI y la violencia doméstica son los delitos en que más incurren la comunidad mexicana. Casi siempre resultan en deportaciones fulminantes. A través de Twitter y Facebook, los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos distribuyen infografías alertando a los mexicanos contra el peligro de conducir ebrios. Son preparadas por la Dirección General de Protección Consular de la SRE y enviadas con la orden a la red consular de difundirlas.

“Conducir bajo la influencia de alcohol o drogas podría ocasionar tu detención, arresto y deportación”. “¿Sabías que según el Departamento de Transporte de Estados Unidos mueren 30 personas al día en accidentes vehiculares relacionados con el consumo de alcohol?” “Los choques causados por conductores que se encuentran bajo la influencia del alcohol cobran 10 mil vidas en Estados Unidos”. (Ver textos completos).

González no es la única ni la primera. Una funcionaria que trabaja en la Misión Permanente de México ante la OEA comparecerá por DUI el 2 de agosto en la Corte de Distrito del Condado de Fairfax, Virginia.

En 2015, el cónsul general en Atlanta, Ricardo Cámara Sánchez, fue detenido por conducir ebrio. La policía lo mandó a casa en un taxi, con un citatorio judicial. En grabación difundida por medios locales, el agente que lo detuvo le dice: “normalmente iría Usted directamente a la cárcel, pero debido a su estatus consular no puedo arrestarlo”.

Tras pagar multa por mil dólares y cumplir 40 horas de servicio comunitario, Cámara Sánchez, miembro del Servicio Exterior Mexicano con rango de embajador, fue regresado a México. El descrédito ante la comunidad mexicana y el daño a la imagen del país no justificaban dejarlo. Fue reemplazado por el embajador Francisco Javier Díaz de León, quien sigue en el cargo.

En el Condado de Fresno viven y trabajan más de 200 mil mexicanos, que no tienen los privilegios ni la protección política ni el dinero para defenderse que tiene su cónsul. Trabajadores que se dejan la piel en los campos agrícolas. El blindaje institucional del que está siendo objeto González sienta un pésimo ejemplo y envía un mensaje de doble moral.

El delito de DUI no es una “falta menor”, como versa la narrativa oficial. Tampoco una “infracción de tránsito”, como tergiversa los hechos González. Es un delito reprobable ética y moralmente cuando el que incurre en él es representante del Estado mexicano, rosto y voz de México en el extranjero.

No parece ser el plan de Marcelo Ebrard y sus alfiles retirar a González del cargo. Han decidido arroparla pese a su paradójico estado legal de “libertad condicional” y pese a haber perdido credibilidad y la capacidad de predicar con el ejemplo. Construyen una realidad paralela, en la que falsean el contenido de las leyes estadounidenses, y no informan hasta que una periodista pregunta y aun así lo hacen de manera amañada. Todo con tal de no dañar la imagen de la SRE y con tal de salvar un nombramiento político del Canciller.

La capacidad e influencia de un cónsul para desempeñar el cargo y proteger con eficiencia a sus paisanos descansa, sobre todo, en su autoridad moral. Esa autoridad moral es la que le permite enfocar sus esfuerzos en una de las prácticas consulares más habituales: la prevención del delito. Es decir, informar, educar, concientizar a la comunidad para que no caiga en la comisión de delitos tales como la violencia doméstica, el daño en propiedad ajena y, justamente, el conducir un vehículo en estado de ebriedad.

Twitter: @DoliaEstevez

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PRECISIONES DE ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO

27 de julio de 2021

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RESPUESTA DE LA PERIODISTA DOLIA ESTÉVEZ A ADRIANA GONZÁLEZ

La Cónsul Adriana González trata de desviar la atención sobre el delito que cometió hacia una discusión semántica. Mi artículo documenta irrefutablemente la comisión de un delito y el afán de ocultar los hechos que protagonizó esta funcionaria pública.

Al margen de traducciones o términos jurídicos, el punto central es que la Cónsul de México en Fresno cruzó la línea roja hacia el descrédito y la ausencia absoluta de autoridad moral para ejercer el cargo. Su interlocución ante la comunidad mexicana y frente a la autoridad estadounidense ha quedado erosionada.

Dolia Estévez.

La investigación de personajes de la política del pasado, como se plantea en la Consulta del próximo domingo 1 de agosto, es un asunto de tal amplitud que abarca no solo a ex presidentes, sino a todos aquellos que cometieron delitos en agravio de la sociedad.

Uno de ellos, Luis Cárdenas Palomino, enfrenta hoy en día acusaciones que lo tienen en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, sujeto a proceso por actos de tortura en 2012 en contra de cuatro personas acusadas de secuestro.

El ex mando de la Policía Federal habría torturado a sospechosos de estar relacionados con la llamada banda del Zodiaco, de la que se dijo entonces era liderada por Israel Vallarta y Florence Cassez. Ella liberada por irregularidades en el proceso penal no necesariamente por su ausencia de participación; él, en prisión desde hace nueve años y aún sin recibir sentencia.

Ahora, las autoridades ampliaron el marco de las investigaciones contra quien fuera considerado brazo derecho de Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad Pública federal durante la presidencia de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico.

Aplicar la justicia para las víctimas implica la revisión a fondo de todas las actividades irregulares y, en consecuencia, delictivas que pudo cometer una persona al detentar un cargo público.

En el caso de Cárdenas Palomino, ahora se sabe que las investigaciones se extienden al manejo de sus finanzas, en donde existe la presunción de ingresos hasta por 37 millones de pesos provenientes de sobornos del cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva.

La participación de instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, resulta central para comprobar y comprender la dimensión de estos delitos, que implican, presuntamente, una red de lavado de dinero.

La investigación de delitos del pasado es una obligación de las autoridades del presente, basadas en un marco legal. Llamar a una Consulta es un ejercicio cívico que da legitimidad a los actos y fortalece la participación ciudadana en la democracia del país, desde una ciudadanía más educada y respetada.

Son dos elementos que se conjuntan, no se excluyen. Quienes descalifican el instrumento rechazan la posibilidad de ampliar las herramientas por medio de las cuales la sociedad puede manifestarse, más allá de si se está a favor o en contra de la pregunta central del ejercicio.

La aplicación de la ley, es cierto, no debe ser consensuada, y ya es aplicada como en el caso de Cárdenas Palomino u otros personajes de la política del pasado que han sido sometidos a indagatorias y procesados ante la evidencia sólida y concreta de sus actos ilegales.

También es cierto que estamos frente a una nueva ciudadanía, mejor preparada, participativa y que demanda respeto en su toma de decisiones y definición de posturas. Rechazar los instrumentos que fortalecen esta nueva realidad va en contrasentido de lo que busca la sociedad.

@guerrerochipres

Curiosamente, no fue Andrés Manuel López Obrador quien me convenció de votar en la Consulta Ciudadana del 1 de agosto próximo, a pesar de que es –aunque no vaya a votar– uno de sus principales promotores. Mucho menos fue el Fiscal Alejandro Gertz Manero, de quien espero poco, honestamente. Fueron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea​ los que me convencieron​. El 2 de octubre pasado (vaya fecha), el Ministro de la Suprema Corte dijo: “La pregunta [de la Consulta] no habla de juzgar. Habla de emprender procesos de esclarecimiento de decisiones políticas. Va encaminada más a la creación de comisiones de la verdad y a procedimientos judiciales”.

Como muchos otros, creo que la aplicación de la Ley no se debe someter a una consulta. Ni el Ministerio Público ni los tribunales necesitan consultar a nadie para ir por los criminales porque es su obligación, y sí requieren de investigaciones serias, carpetas sólidas y juicios robustos y transparentes que terminen con la plaga de la impunidad y obliguen el castigo a los culpables. La pregunta que aprobó la Corte y que promueve el INE no habla de “juzgar” y tampoco de los “expresidentes”, dos palabras que eran clave. Así como así, el ejercicio parecería demagogo e inútil. Pero luego vino el argumento de Zaldívar y luego (en ese orden) el mensaje de los zapatistas. Y creo que allí me vi. Allí hallé razón para acudir a la Consulta Ciudadana.

Las comisiones de la verdad tienen en América Latina su mejor momento en la segunda mitad del siglo xx, después de dictaduras y guerras civiles que dieron manos libres a los gorilas (con perdón de esos fenomenales primates herbívoros). El Salvador, Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala, Perú, Bolivia o Colombia estructuraron comisiones para revisar el pasado y buscar la reconciliación después de décadas de torturas, desapariciones y asesinatos de opositores desde el Estado. Para algunos, sin embargo, el inicio de este modelo fueron los Juicios de Núremberg, que condenaron a los líderes del nazismo después de la II Guerra Mundial.

Simplifico las cosas, pero las naciones querían enjuiciar a los que tomaron decisiones o facilitaron el nazismo con Hitler, y también dejar constancia de lo que había acontecido aunque muchos (los simpatizantes, por ejemplo) no pagaran por ello; dejar un testimonio en la Historia de aquellas barbaridades con la clara intención de que si bien el daño no sería reparado con dos o cien condenados a la horca, sí se trabajaría –no sin dolor– en la no repetición.

Allí es donde el mensaje del Ejército Zapatista de hace dos semanas cobra mayor sentido. “Hay que entrarle. No viendo hacia arriba, sino mirando a las víctimas. Hay que convertir la consulta en una consulta ‘extemporánea’. Esto con el fin de que así arranque, independiente de los de arriba, una movilización por una Comisión por la Verdad y la Justicia para las Víctimas, o como quiera que se llame. Porque no puede haber vida sin verdad y justicia”, dijo.

Luego agregó, en voz del subcomandante Moisés: “Quienes allá arriba, en los partidos de ‘oposición’, se resisten a la consulta, no solo temen lo que de ella se siga; también les aterra que las víctimas recuperen sus demandas del uso ruin y perverso que la ultraderecha hace de su dolor”. Un párrafo más: “El dolor no debe ser negocio electoral, y menos para fines tan mierdas como que regresen al gobierno quienes son algunos de los principales responsables de la violencia y que antes solo se dedicaron a acumular paga y cinismo”.

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Algunos han calificado las comisiones de la verdad que refiere Zaldívar como un “espectáculo político”. Y tienen razón, y yo, al menos, lo deseo.

Como Ernesto Zedillo no juzgó penalmente a Carlos Salinas; como Vicente Fox no lo hizo con Zedillo o Felipe Calderón con Fox o Enrique Peña Nieto con Calderón, a lo único a lo que podemos aspirar es a que se exhiban pruebas de lo que pudieron ser juicios justos que, por desgracia, no hubo en su momento.

Entonces quiero que al menos se exhiban testimonios y que comparezcan testigos del daño que hicieron estos señores, y que un juicio popular los condene por corrupción, saqueo, desapariciones, asesinatos, la guerra atroz o la entrega de la Nación a intereses extranjeros… aunque no existan consecuencias legales porque muchos de estos delitos ya prescribieron. Como lo hicieron los Juicios de Núremberg: que sea vergonzoso para ellos y para sus colaboradores el haber sido parte de ese periodo ominoso de la Historia. Que quede allí, escrito en la Historia, que hubo víctimas y que las víctimas o los hijos y nietos de las víctimas tengan la oportunidad, al menos, de hablar.

Que hablen las familias de los desaparecidos; que hablen los líderes de las comunidades empobrecidas por malas decisiones políticas; que los defensores de derechos humanos expongan qué hemos vivido y que especialistas en distintas materias, como en desincorporaciones o en venta de activos de un Estado, cuenten cómo se dieron las privatizaciones, cómo se entregaron bienes y empresas nacionales a los más ricos y cómo fueron los rescates económicos de las élites. Quiero que se diga, al menos, cómo se abandonó a los que menos tienen. Y que todo eso suceda en juicios populares, con las fotos enormes de los acusados (con bandas en los ojos por el debido proceso, da igual) y que se revisen los números, las fechas, las decisiones, los testimonios, todo, con el fin de llegar a conclusiones o veredictos.

Sí, quiero ver esas comisiones de la verdad organizadas por representantes de los Poderes de la Unión, y quiero pararme afuera de la sede a gritar, a hacer bulla, a expresar mi repudio y a marchar de alegría cuando vengan los veredictos, si es que vienen. Sí, será todo un espectáculo político. Y cuando el Poder Judicial decida –quizás después de dos años de juicio– que no hay materia para iniciar juicios penales, gritar otra vez, hacer bulla, expresar mi repudio y marchar de alegría porque alegría tendré cuando las bandas en los ojos caigan y veamos otra vez esos mismos rostros tan reconocibles, y tan repudiados por mayorías que nunca han probado el dulce de la justicia.

Votaré, claro. Y mi voto es SÍ, aunque la pregunta de la Corte se entienda un carajo y aunque sirvan de un carajo las sentencias que de allí emanen. Que nadie se salve, aunque sea simbólico, aunque sea apenas un raspón.

La idea del alma, de que tenemos un alma, que propiamente somos nuestra alma, aparece en los primeros textos que fundan nuestra cultura: la Cultura Occidental. Ya en la Odisea, Ulises hace un viaje al Hades para encontrarse con el alma de Aquiles y Tiresias, el adivino que aún en la muerte mantiene sus dotes adivinatorias y, sobre todo, conoce la ruta a Ítaca. Erwin Rodhe, en su extraordinario libro Psique, explica cómo era entendida el alma en la más remota antigüedad: resultaba semejante al reflejo que aparece en el agua cuando nos inclinamos a mirarnos: se reproduce el contorno y luce transparente.

En el diálogo Fedón de Platón se presenta de una manera expresa el dualismo que nos ha constituido desde entonces: cuerpo y alma quedan escindidos con la muerte, y mientras que el primero se pudre; el alma, en cambio, perdura. En ese diálogo aparecen varias pruebas de la inmortalidad del alma. Es un texto que resultó fundacional para el cristianismo en más de un sentido y fue repetido y recreado durante siglos. Con todo, quien a mi gusto estableció definitivamente el dualismo fue Descartes, pues de manera tajante presentó al cuerpo (res extensa) y al alma (res cogitans) como dos sustancias irreductibles. Y la dicotomía resultó tan honda que luego le fue imposible encontrar el puente que unía estas sustancias en los seres humanos. El problema de la incomunicación sustancial cartesiana trajo tremendas consecuencias en el campo de la medicina, pues la relación entre las enfermedades y las emociones que para Hipócrates era obvia (cuerpo sano en mente sana) provocó que durante siglos los médicos concibieran al enfermo como un mero cuerpo y hasta hace apenas unos pocos años ha vuelto a hablarse de las enfermedades psicosomáticas, volviendo a ver como unitarios a los pacientes.

El alma, o si si se prefiere el yo, es para todos una certeza: nos identificamos con nuestro yo y creemos que estamos en un cuerpo, nuestro cuerpo. Pero no creemos ser, sin más, nuestro cuerpo. Esa impresión es prácticamente universal. Sin embargo, de unos años para acá, la neurociencia ha propuesto que este yo es una ilusión fabricada por nuestro cerebro y que no hay la tal alma, sino que es a lo sumo un  epifenómeno de la materia, el resultado de la actividad neuronal que crea la ilusión de que somos un yo, nuestro yo, nuestra mismidad; con lo que se pone en crisis una de las más acendradas convicciones con las que hemos vivido a lo largo de la historia.

Uno de los argumentos que avalan que el alma es una ilusión del cerebro se basa en los casos de personas a las que, por alguna razón, se les ha dañado lo que une los hemisferios cerebrales: el cuerpo calloso. Por lo que quienes padecen esta dolencia tienen dos yos. O lo que ocurre con quienes sufren del trastorno de doble personalidad o personalidad múltiple: el yo es divisible, se experimentan dos o más.

Pero el cerebro no solo crea la ilusión del yo, sino que también, al traducir en imágenes mentales las ondas electromagnéticas que captamos de lo real a través de receptores especializados (nuestros 5 sentidos), también crea la ilusión de un mundo, la impresión de que el mundo existe afuera de nosotros y que es como lo vemos; cuando, la verdad, es que sólo vemos su representación en nuestra conciencia: una realidad virtual.

Al parecer, tanto el alma, como el mundo son ilusiones creadas por nuestro cerebro que nos hace creer que somos algo y que hay algo… Si no hay más que ilusiones y no podemos sino concebir ilusiones, entonces esos fantasmas son, dado que no hay más, la única realidad de veras.

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@oscardelaborbol

Comprometerse con otra persona para vivir juntos, no necesariamente casarse, suele ir acompañado de gestos románticos como regalar sortijas de oro a la persona elegida. Pero seguramente pocos saben que este gesto romántico y memorable en la vida de las personas tiene tras de si uno de los procesos extractivistas más devastadores para el medio ambiente y perjudicial para las comunidades que habitan las tierras explotadas.

Detrás de cada joya de oro hay un proceso de explotación y extracción de toneladas de tierra, explosivos y contaminantes. A diferencia del pasado, donde esa actividad la realizaban mineros que con sus manos cavaban cerros para extraer el oro y otros metales, ahora la extracción de los metales preciados se realiza mediante la minería a cielo abierto. En México, 70 por ciento del oro que se extrae es mediante la técnica de tajo a cielo abierto, “que es la práctica más devastadora para los territorios”, según denunció Fundar y distintas organizaciones.

Pocos imaginarán que para hacer posible un anillo de oro de apenas unos gramos,es necesario intervenir la tierra en dimensiones mayúsculas. Cito como ejemplo dos minas: la del Cerro San Pedro, en San Luis Potosí, que tiene un diámetro de 1.5 kilómetros en tanto, la mina Carrizalillo, en Guerrero, tiene un diámetro aproximado de 5 kilómetros, de acuerdo con información del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). “A partir del uso de toneladas de explosivos y maquinaria de tamaño descomunal, estas empresas en muchos casos destruyen serranías completas abriendo grandes tajos”, reveló Cemda.

La técnica extractiva de esas montañas de tierra de donde se pretende extraer oro (u otros metales) se lleva a cabo mediante procesos extremadamente destructivos y contaminantes. “Para obtener una onza de oro se utilizan 40 kilogramos de explosivos, se consumen de 150 mil a 200 mil litros de agua y se emiten alrededor de 650 kg de CO2 a la atmósfera, junto con otros gases altamente tóxicos”, se explica en el sitio “Así se ve la minería en México”. Eso es sólo para extraer una onza (30 gramos).

“En ocasiones, montañas completas son excavadas y procesadas con agua concentrada con cianuro, elemento sumamente tóxico que separa el oro del resto de los componentes de la tierra. Una vez cianurada la tierra, se depositan montañas de desechos en escolleras a la intemperie. Para sostener esta actividad, la empresa tiene derecho preferencial a utilizar el agua y la electricidad que podrían abastecer a una ciudad de 200 mil habitantes”, explica Cemda en su documento citado.

Habitualmente en México se extrae entre uno y dos gramos de mineral por cada tonelada de tierra explotada. Pero las minas mexicanas extraen toneladas de oro: la mina Peñasquitos en Zacatecas saca un millón de onzas de oro al año, mientras que la mina Los Filos de Equinox Gold, en Guerrero, extrae 280 mil onzas al año, según información de Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) en entrevista para Radio Universidad de Guadalajara.

Recordemos: para sacar una o dos onzas, es necesario explotar una tonelada de tierra. Es decir, extraer un millón de onzas supone una devastación, extracción y contaminación de dichos territorios de modo mayúsculo que transforma el panorama en cuestión de modo radical y para siempre.

Los dueños de las minas, agrupados en la Cámara Mexicana de la Industria Minera (Camimex), obviamente, defienden su negocio. Dicen que crean más de 370 mil empleos y que dejan gran derrama económica. Según el informe 2019 de la Camimex, en ese año el volumen del negocio minero fue de 228 mil millones de pesos y aseguran que pagan hasta 18 por ciento de impuestos por sus actividades.

Pero los costos que deja este modelo extractivo es inmensamente más caro que sus supuestos beneficios. En un estudio sobre una mina de oro en Mezcala, Guerrero, los investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero, José Luis Ramírez y Neftalí García, analizaron los impactos económicos, sanitarias y sociales que deja la minería a cielo abierto.

Como impactos positivos citan la generación de empleos directos e indirectos, subsidios y creación de infraestructura para la comunidad. Los impactos en la vida cotidiana fueron el abandono de la actividad agropecuaria y ganadera, crecimiento de actividades comerciales, surgimiento de conflictos comunales por el pago de tierras utilizadas por la mina, incremento de ingesta de bebidas alcohólicas, aumento de actividades delictivas y prostitución, cambio en las fiestas religiosas y menor cohesión social.

Hubo cambios relevantes a la salud: proliferación de enfermedades dermatológicas por los químicos utilizados en las actividades mineras. Y en el medio físico desaparición de cerros y aparición de oquedades, así como notoria reducción del cauce del río del pueblo. Lo que ocurre en esta mina en Mezcala, Guerrero, ocurre prácticamente en todas las minas a cielo abierto del país.

Por esa razón cientos de pueblos y comunidades se oponen a la minería a cielo abierto en particular y a las actividades mineras en general. Varias comunidades no sólo resisten con movilizaciones y protestas a la implantación de proyectos mineros, también han presentado demandas y amparos para tratar de revertir las concesiones mineras entregadas por el Gobierno federal.

Y en no pocas ocasiones las empresas mineras utilizan a poderes locales y su fuerza pública para amenazar, demandar legalmente o incluso usar la violencia contra las comunidades que rechazan los proyectos mineros. Decenas de personas han sido desaparecidas o asesinadas en estos casos de resistencia ante proyectos mineros. De acuerdo a los archivos del Cemda, desde 2012 hasta diciembre de 2019 se han documentado 71 casos de agresiones a personas defensoras que se oponían a proyectos mineros.

Entre ellos se encuentra Mario Abarca Roblero, quien encabezó la lucha de Chicomuselo, Chiapas, contra la empresa canadiense Black Fire Exploration, que entró al ejido Grecia para extraer barita. En su lucha, Mariano Abarca fue amenazado de muerte en varias ocasiones directamente por empleados de la empresa. Debido a ello, el 22 de julio del 2009 acudió a la Embajada de Canadá en México para denunciar las amenazas y los riesgos contra su vida y demás habitantes de Chicomuselo que se oponían a la minera canadiense.

Días después de esta protesta Mariano Abarca fue arrestado por una demanda de la minera que lo acusó de varios delitos, entre ellos asociación delictuosa y delincuencia organizada; gracias a las protestas fue dejado en libertad. Lamentablemente, las amenazas contra Abarca se cumplieron y fue asesinado el 29 de noviembre de 2009. Justo en su honor, organizaciones mexicanas, canadienses y de América Latina declararon el 22 de julio el Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto.

La minería en general, y más la de cielo abierto, produce enormes costos y generan graves afectaciones a las comunidades donde opera. Es rentable para las empresas porque estas externalizan los costos ambientales (como de por sí opera el capitalismo) pero deja que las poblaciones y la sociedad mexicana en su conjunto paguemos enormes costos ambientales, sociales, económicos y políticos para que un puñado de corporaciones obtengan inmensas ganancias por esta actividad extractiva. Se debe poner un alto ya a la devastación que deja la minería en México y el mundo.