En estos días aciagos para la diplomacia norteamericana, donde humillar a Trudeau compite con el béisbol por ser el pasatiempo nacional de los Estados Unidos, es palpable también la zozobra de los migrantes y sus familiares sobre el futuro de las remesas. Y es que crece el clamor entre los republicanos de sumar a los aranceles y las deportaciones masivas un impuesto a la salida de envíos transfronterizos como medida de seguridad. El garrote sin zanahoria es el espíritu del MAGA recargado. 

Pero los nubarrones no siempre traen lluvia. Tocar las remesas podría ser una raya roja hasta para Donald Trump, quien no parece tener filtros y tiene por rutina retar los fondos y las formas consensuadas en Washington. Y es que una negociación luce improbable.

Los migrantes enviaron a México 65 mil millones de dólares en 2023, equivalente a casi cuatro puntos porcentuales del PIB y a 29 por ciento de los envíos personales desde los Estados Unidos. Para los hogares mexicanos puede ser mundos, pero para los propósitos republicanos la ganancia recaudatoria potencial se diluye en la insignificancia económica.

El Banco Mundial considera los impuestos a las remesas “una mala idea” por diversos motivos. En primer lugar, representan una tributación doble frente a los impuestos al ingreso que pagan los migrantes, además de ser regresivos al tener como víctima habitual los hogares de ingreso bajo. En segundo sitio y como corolario, desafía la agenda del G20 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que buscan reducir los costos de envío de las remesas y elevar la inclusión financiera.

Como tercera objeción, la elusión del impuesto mediante rutas informales elevaría los costos de administración tributaria. Para dimensionar, la Oficina de Rendición de Cuentas (Accountability) estima que una penalización del siete por ciento a los indocumentados recaudaría menos de mil millones de dólares, cifra microscópica que con alta probabilidad estaría por debajo de los costos de administración y fiscalización. Encima, al afectar los volúmenes de transacción de empresas como Western Union o MoneyGram, la tributación de los canales tradicionales caería.

Otro contraargumento de peso es la experiencia acumulada. En el pasado, los impuestos a las remesas de Gabón (2008) y Palaos (2013) recaudaron cacahuates. En cambio, países como Vietnam (1997) o Tayikistán (2003) que eliminaron las multas a los envíos internacionales vieron dispararse los flujos transfronterizos por las rutas formales.

Los republicanos ensayaron ya iniciativas para tributar las remesas, sin éxito alguno. La propuesta original de Trump buscaba gravar al dos por ciento todo envío personal a México y al resto de América Latina (Border Wall Funding Act, 2017). Antes, una iniciativa en el Senado pretendió imponer una multa de siete por ciento sólo a los envíos de indocumentados. Y hace un año, JD Vance y Kevin Hern propusieron una tasa del 10 por ciento acompañada de un crédito fiscal reembolsable para ciudadanos estadounidenses (WIRED Act, 2023). Todas las propuestas enfrentaron resistencias y un destino común: la congeladora.

Allende iniciativas marginales, los envíos de los migrantes a México parecen políticamente intocables por tres razones. En primera, los republicanos aborrecen los impuestos. Incluso propuestas dedicadas a migrantes indocumentados enfrentan disenso. A diferencia de los aranceles, las remesas son ingresos generados en territorio estadounidense y gravarlas sería una intervención más directa al ahorro y al trabajo: potencial mancha ideológica para los pregoneros del esfuerzo individual.

El segundo motivo sustancial es que el voto latino está por cambiar de dueño. Aunque permanece en brazos demócratas, la brecha se comprime. La encuesta de salida de Edison Research encontró que Trump obtuvo 46 por ciento del voto latino en el 2024 desde 32 por ciento en 2020: crecimiento de 14 puntos que responde en parte a un salto en la abstención de quienes suelen votar a los demócratas pero que dieron la espalda a Harris y Biden. Gravar las remesas sería una bofetada para un grupo de votantes que podrían convulsionar la oferta electoral bipartidista, en particular en estados bisagra, pero también en refugios seguros como Nueva Jersey o Nueva York que podrían girar en un descuido.

El tercer escudo de tranquilidad para los migrantes es el cambio tecnológico. Proliferan nuevas aplicaciones digitales que transfieren dinero entre países al instante y sin comisiones. Muchas de estas innovaciones liberan al usuario de números de cuenta, correos electrónicos e información personal, pero se anclan al sistema bancario de cada país y posibilitan evadir la clasificación de transacción transfronteriza. El Gobierno mexicano podría acelerar la aprobación de retadores de mercado sólo por aquello de las moscas distractoras.  

Estas y otras razones de peso hacen pensar que los republicanos se empantanarán en la discusión y se extraviarán en los detalles, donde el diablo descansa y desde ahí protege a los migrantes. Las propuestas de gravar las remesas fracasaron antes y ahora volverán a morder el polvo. Ni Trump se atreve a tanto.

El programa de racionalidad y austeridad presupuestaria anunciado recientemente por la UNAM no es una medida administrativa producto de la racionalidad interna de la universidad. Es la consecuencia directa de un presupuesto insuficiente que, pese a un aparente crecimiento nominal, queda por debajo de la inflación. Este ajuste equivale a un recorte efectivo que limita severamente la capacidad de la universidad para cumplir con sus funciones esenciales. El mensaje es claro: la educación superior no es una prioridad para el gobierno actual.

Desde el principio, Claudia Sheinbaum lanzó la admonición de que las universidades públicas se tendría que ceñir también a la cacareada “austeridad republicana” con la que López Obrador comenzó a asfixiar la capacidad de gestión del Estado mexicano en ámbitos cruciales, como la salud y la educación, empeñado en no hacer reforma fiscal, pero decidido a  sustentar su apoyo político en los programas sociales clientelistas, paliativos contra la pobreza, mientras le ponía en bandeja pingues negocios a los militares, aliados fundamentales de su proyecto de captura del Estado.

No sé si la pléyade de universitarios que apoyaron con entusiasmo a Claudia Sheinbaum esté perpleja ante el desprecio mostrado por la que, según ellos sí iba a cuidar de la UNAM porque ella era de ahí, ahí se había formado y ahí había trabajado. Lo que sí sé es que, desde sus pininos políticos, Sheinbaum y el grupo político al que pertenecía en los tiempos de la huelga del CEU de 1987, ha sido una enemiga de una educación superior de calidad. Siempre ha defendido un modelo de universidad pretendidamente democrático, supuestamente participativo, donde lo relevante no es la investigación sólida y la docencia exigente, sino las formas asamblearias de toma de decisiones y elección de autoridades. La grilla por encima del rigor académico y la formación sólida, la que realmente sirve para propiciar igualdad de oportunidades.

La UNAM enfrenta ahora la difícil tarea de decidir qué áreas sacrificar para mantenerse operativa. No se trata solo de cifras; el impacto se refleja en menos oportunidades para los estudiantes, en la precarización de la investigación y en un deterioro generalizado de la calidad educativa. En un país donde la brecha educativa sigue ampliándose, estas decisiones son tremendamente peligrosas

El desprecio hacia la educación superior ha sido evidente desde que comenzó el gobierno anterior. El actual está mostrando su visión torcida sobre el papel de las universidades públicas en el desarrollo social y económico del país. La educación no es un gasto; es una inversión estratégica para reducir desigualdades y construir una ciudadanía crítica. Sin embargo, lo que está ocurriendo es un ataque frontal que va desde el recorte presupuestal hasta la erosión de la autonomía universitaria.

El caso del CIDE, desmantelado por una intervención gubernamental directa, es un ejemplo de cómo la educación superior ha sido degradada a un terreno de control político. En lugar de fortalecer la investigación y el pensamiento independiente, el nuevo régimen ha optado por someter a las instituciones y ha atentado contra su capacidad crítica y su libertad académica.

Ahora la UNAM se ve obligada a adoptar medidas extremas para hacer frente a su déficit presupuestal. Compactar estructuras, reducir servicios y ajustar programas académicos son algunas de las acciones anunciadas como parte de su programa de austeridad. Todo esto ocurre mientras el gobierno crea universidades fantasmales, que operan sin controles claros ni estándares académicos, lo que muestra de manera descarnada una visión clientelar y propagandística de la educación pública. Ya veremos si la nueva Universidad Rosario Castellanos no es otra de las Academias Patrulla a las que nos tiene acostumbrados la actual coalición de poder, desde la creación de la Universidad de la Ciudad de México, en los tiempos en los que López Obrador era Jefe de Gobierno de la capital del País

La educación superior en México atraviesa un momento crítico. La combinación de presupuesto insuficiente, falta de visión estratégica y ataques directos contra las instituciones genera un ambiente hostil para el desarrollo académico. La asfixia presupuestal y la desaparición de órganos autónomos como el INAI forman parte de una estrategia más amplia para concentrar el poder y debilitar los contrapesos institucionales. La autonomía universitaria, que históricamente ha sido una defensa frente a los abusos del poder político, se encuentra en riesgo constante.

El panorama es aún más alarmante si se considera que lo que ocurre en la UNAM podría replicarse en otras universidades públicas, como la UAM, mi universidad. La política de asfixia presupuestal no distingue entre instituciones; responde a una lógica de control y sometimiento que amenaza con paralizar a todo el sistema de educación pública. No me extrañaría que el siguiente campanazo legislativo de la maquinaria de demolición de Morena fuere el cambio de ley orgánica de la UNAM para eliminar la Junta de Gobierno y establecer la designación electiva por voto universal de la comunidad del rector y los directores. Eso era lo que planteaban los dirigentes del CEU a los que Sheinbaum seguía en su enfrentamiento con el intento de reforma de rector Jorge Carpizo, así que es posible que considere que ya ha llegado la hora de cumplir su anhelo.

En este contexto sombrío, el contraste con las ideas planteadas en La escuela que necesitamos, de Alma Maldonado, es doloroso. Su libro, parte de la colección Eutopía, que coordino para Editorial Terracota, propone un sistema educativo que impulse a las nuevas generaciones hacia un futuro más justo y sostenible. Maldonado imagina escuelas y universidades que garanticen igualdad de oportunidades, fomenten el pensamiento crítico y formen ciudadanos comprometidos. Exactamente lo contrario de lo que se puede esperar del vaciamiento presupuestal y la andanada controladora en la que el nuevo régimen parece empeñado con su política educativa. Nos libramos de la comisaria Álvarez Buylla, esa estalinista desfachatada, decidida a calumniar y difamar en nombre de su causa, pero no se ve que la moderada Rosaura Ruíz tenga ninguna capacidad de cambiar el rumbo de debilitamiento y captura ideológica de la política de ciencia y tecnología.

El desprecio gubernamental hacia la educación superior no es solo una política pública fallida; es un ataque directo a las posibilidades de desarrollo del país. Sin universidades públicas fuertes, capaces de investigar, innovar y formar a las nuevas generaciones, el futuro de México se verá irremediablemente comprometido. Sin educación no hay desarrollo, no hay movilidad social ni justicia. Y sin universidades autónomas y bien financiadas, no hay esperanza de construir un país capaz de enfrentar los desafíos que plantea el cambio tecnológico ni de enfrentar los retos de la crisis climática.

La semana pasada dos expresidentes y un exenlistado de Forbes salieron a dar justificaciones. Los dos expresidentes, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón hicieron fraudes electorales para llegar a la Presidencia, apoyados por Miguel de la Madrid y Vicente Fox. El tercer millonario, Salinas Pliego, hizo otro tipo de fraudes, estos fiscales y a sus propios accionistas. Es curioso que los tres exes hallan defraudado, unos a la voluntad popular y el otro a la hacienda pública. Y que sintieran la necesidad de explicarse ante sus públicos. Como ya hice una columna sobre el encuentro en Madrid entre Calderón y el neofascismo español y Salinas Pliego ya ha sido tratado como se merece en otros momentos, hablaré en ésta sobre Carlos Salinas de Gortari, cuyo sexenio ya le queda muy lejos a quienes votarán por primera vez en 2027.

El podcast que marcó el regreso de Carlos Salinas de Gortari a los medios fue publicado en Nexos el 20 de noviembre, día de la Revolución cuya destrucción fue el gran proyecto de su sexenio. La producción está a cargo de Genuina Media, que lo mismo hace cursos de inglés, que cuentos de terror, o algo llamado “Relatos ñeros”. Pero es Nexos el que aporta el relato del Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá como si fuera un cuento de hadas. Para empezar se llama “La Invención de América del Norte” a la que llaman “región imaginaria”, como si no existiera una larga historia de América del Norte, desde los siglos XIX y XX, marcada por los pasos de filibusteros, revolucionarios, pensadores, utópicos, hippies, además de nuestras consabidas guerras. Como si no existieran los 12 millones de mexicanos y 26 millones de padres mexicanos en Estados Unidos; como si no vivieran en México ya 2.6 millones de estadunidenses. Para Nexos es una región “inventada”. Es una creación de un hombre: Carlos Salinas de Gortari. Como sabrán los jóvenes, Carlos Salinas hizo dos cosas en su sexenio: llegó a la Presidencia de la República rellenando y quemando urnas, metiendo en costales las boletas marcadas a favor de Cuauhtémoc Cárdenas para arrojarlas en las carreteras de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y finalmente impidiendo que fluyeran los resultados la noche de la elección, 6 de julio de 1988. La otra cosa que Carlos Salinas hizo fue venderle las empresas del Estado a sus amigos. Con el pretexto de que todo lo que tenía que ver con el Estado era improductivo, corrupto, e ineficiente, acabó regalándole empresas como Teléfonos de México, la televisión pública, los fertilizantes, la industria del acero, los bancos, generalmente a quienes habían contribuido a su campaña electoral. Los que no, fueron castigados con el látigo del presupuesto o, de plano, acabaron en la cárcel. Así, sus amigos se quedaron con las empresas del Estado y a eso le llamaron “libre mercado”. Cuando las empresas ya privatizadas entraron en quiebra, Ernesto Zedillo, el sucesor de Salinas, que ganó la presidencia por el terror que causó el asesinato de Colosio, rescató con dinero público sus excesos, corrupción, improductividad e ineficiencias. Así, la “modernización” de Salinas la seguimos pagando todos.

Pero empecemos por el fraude electoral. El podcast de Nexos denomina al fraude electoral de 1988 con el que Salinas llegó al poder, como “polémica elección”. Han pasado 36 años desde el fraude y Nexos sigue sin poder llamarlo por su nombre. Ellos que, al tiempo se encargarian justo de la organización de las elecciones, han sostenido durante tres décadas que “no se sabe quién ganó” y que, por tanto, ya ni modo. Dijeron también que, si bien Salinas carecía de la legitimidad por su origen fraudulento, se “legitimaría” en el ejercicio del poder, es decir, que ya en el mando, es decir, ya ni modo. Citando al maestro Héctor Alejandro Quintanar: es como si, al que se robó un coche, se le perdona porque lo sabe manejar. Durante 36 años Nexos jamás ha dicho nada del fraude de Salinas, ya no digamos de las múltiples denuncias, sino del faltante de 700 mil votos entre el cómputo oficial, repito, oficial, y los que anuló la Comisión Federal Electoral para que Salinas rebasara el 50%. Es decir, en los propios números del gobierno de Miguel de la Madrid hay un faltante de 700 mil votos emitidos y compuados, lo que, en sí mismo, sería un escándalo que ameritaría repetir una elección presidencial. De eso, Nexos jamás ha dicho nada. Esa anulación de 700 mil votos tuvo como objetivo asegurar una mayoría en la calificación de la elección presidencial, cuando los propios diputados entrantes se calificaban a sí mismos.

Lo que le interesa a esta historia del podcast de Nexos es negar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo hizo el neoliberalismo que llegó a México en los años cuarentas de la mano de los anti-cardenistas del Banco de Banco. Al contrario, Nexos sostiene que el neoliberalismo en México se debió una serie de sucesos azarosos. Así evita contar la historia de la red que desde Estados Unidos se armó con los estudiantes de economía egresados de sus universidades, los medios de comunicación ---entre ellos, Nexos--- y los viejos políticos del PRI y del PAN que abrazaron con fervor religioso los dogmas neoliberales. Nada dice de la formación del TEC de Monterrey ni del ITAM. Nada dice del pacto entre el PRI y el PAN para repartirse gubernaturas. Porque el origen del PRIAN es justo el fraude electoral de Salinas, cuando Diego Fernández de Cevallos acepta como Presidente al defraudador y, a cambio, se le entregan posiciones políticas en los estados, Hacienda, el Banco de México, y el sistema judicial. Es el propio PAN el que aprueba en la Cámara de Diputados quemar los paquetes electorales de la elección de 1988 para que ya no se sepa nunca la verdad. Por eso si ustedes quisieran ver los datos urna por urna de esa elección, simplemente fueron incinerados.

Pero nada de esto existe para Nexos. Así, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio es una idea de Salinas de Gortari y no una imposición desde los corporativos de Estados Unidos, anunciada en la campaña electoral de Ronald Reagan. Fue en noviembre de 1979, que Ronald Reagan dijo: “Vivimos en un continente cuyos tres países poseen los activos para convertirlo en la zona más fuerte, próspera y autosuficiente de la Tierra. Dentro de las fronteras de este continente norteamericano se encuentran alimentos, recursos, tecnología y territorio subdesarrollado que, adecuadamente administrados, podrían mejorar dramáticamente la calidad de vida de todos sus habitantes. No es casualidad que este potencial inigualable de progreso y prosperidad exista en tres países con una herencia tan antigua de gobierno libre. Una creciente cercanía entre Canadá, México y Estados Unidos –un acuerdo norteamericano– permitiría la realización de ese potencial en cada país más allá de lo que creo que cualquiera de ellos –por fuertes que sean– podría lograr en ausencia de dicha cooperación. De hecho, la clave para nuestra propia seguridad futura puede residir en que México y Canadá se conviertan en países mucho más fuertes de lo que son hoy”.

Pero, según Nexos, once años después de la declaración de Reagan, a Salinas de Gortari se le ocurre la idea del TLC en la madrugada de febrero de 1990, mientras visita la reunión de Davos, Suiza. Según Nexos Salinas toca a la puerta del cuarto del hotel de Jaime Serra Puche, secretario de Comercio. Por alguna razón que no explican, la puerta está “entreabierta”. Serra, no obstante, estar dormido, prende la luz: “Se espanta de que su jefe esté al pie de su cama”, dice el podcast. Y, entonces, Salinas le ordena, le instruye a Serra Puche que empiece una negociación con EU para el TLC. Así lo narran pero uno, como escucha el podcast se queda pensando por qué el secretario de Comercio dormiría con la puerta abierta. Ya con la sospecha de un relato mal armado, uno se pregunta cómo es que Salinas tuvo la misma idea que Reagan, once años después, como en un capítulo de Black Mirror. La idea original, en 1986, fue, como la explicó Edward L. Hudgins, entonces de la Fundación Heritage y hoy en día del Cato Institute, el que apoya al Atlas Network, la idea, digo, fue aprovechar la deuda externa que México tenía para presionarlo para que pusiera su mano de obra barata al servicio de la producción masiva de las empresas norteamericanas. Eso fue. El cuento de un romántico Salinas de Gortari al pie de la cama de su secretario de Comercio es algo que sólo Nexos cree. Pero, para darle validez, ponen a Claudio X. González, el papá, a decir: “Todo mundo en Davos estaba hablando de los polacos, los hungaros, de los chinos. El presidente Salinas se da cuenta en Suiza y dice ´va estar cañón´. Y piensa en Norteamerica”, porque México no “logra llamar la atención del foro de los europeos”.

El podcast de Nexos le da la oportunidad a Carlos Salinas de volver a mentir cuando dice: “Habíamos quitado el peso de la deuda que habíamos logrado con el Plan Brady”. Esto es una mentira que anunció Salinas de Gortari en cadena nacional un domingo 23 de julio de 1989 por todos los canales de televisión: “Ha quedado resuelto el problema de la deuda externa para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos”. En realidad lo único que sucedió es que se podía vender la deuda a inversionistas privados y el gobierno de Salinas de Gortari recibía 4 mil millones de dólares en préstamos de Estados Unidos y Japón, a una tasa de 6.5% Esa renegociación fue a cambio de aceptar el TLC. Tal como lo había propuesto el think tank detrás de Ronald Reagan, la Fundación Heritage desde 1986.

Así funciona también para el otro involucrado en la madrugada donde se les ocurrió el Tratado de Libre Comercio, Jaime Serra Puche. Él cuenta que su entrada al gobierno fue por una tele nueva. Según él, le iba a traer a México, desde su estancia en Yale, una televisión Sony Triniton 500, a su mentor, su profesor, en el Colegio de México. Pero no se la dejaron pasar en la aduana porque era nueva. Entonces, muy solícito, se fue a desayunar con la coordinadora de asesores del secretario de Hacienda de ese entonces, David Ibarra Muñoz. Y casualmente, Serra le llevó su tesis doctoral llamada “Un modelo computacional de equilibrio general para la economía mexicana”. Era tan espectacular su tesis que el mismo secretario de Hacienda le llama al director del Colegio de México, Víctor Urquidi para que lo deje, a Serra, entrar al gabinete de Miguel de la Madrid. Y así, por pura chiripa, por una tele nueva, entra Serra al gobierno. Lo que no cuenta Nexos es de los nexos entre todos los neoliberales de la época, que Urquidi era justo de la primera camada en el Banco de México. El neoliberalismo se instauró como una red trasnacional y transexenal leal al modelo que se proponía como dogma destruir al Estado y cualquier regulación de éste. Como un Dios justo que todo lo resuelve, se levantaba algo llamado el mercado que ya para los ochentas del siglo XX era un arreglijo entre monopolios y los fondos financieros. Los funcionarios públicos que participaron de esa nueva élite neoliberal, cuando dejaron el gobierno, se fueron a trabajar a las empresas que habían beneficiado. De eso, nada dice Nexos. Igual que lo de la cama en Davos, la tele de Serra Puche es otro cuento para bobos.

La estructuración de la red trasnacional de la nueva élite trajo como consecuencia que se les encargara a ciertos funcionarios desmantelar formas de vida que no se consideraban modernas. Como el ejido, tan atrasado por venir de tiempos prehispánicos y defendido por Emiliano Zapata. En el podcast de Nexos, Luis Téllez, quien fuera subsecretario de Agricultura de Salinas de Gortari, lo confiesa. Él dice que, cuando Salinas lo encargó de ser el negociador del campo mexicano en el TLC con EU y Canadá, él ya le advirtió:

“---Pues mire, la verdad, presidente, yo no sé del campo. No tengo la menor idea. Y entonces Salinas me dijo:
“—Ponte a estudiar.
“Esto fue a finales de diciembre. En enero me habló y me invitó como subsecretario de Agricultura. Y me dijo:
“—Tú te vas a hacer cargo de la negociación agropecuaria y de otra serie de cosas en los cambios en las leyes agrarias.”

Así justifica Luis Téllez el desastre que fue la privatización del ejido en México y cómo nos vapulearon en la negociación de cosas tan importantes como el maiz, el frijol, y el trigo. Y es que no tenía idea de que el desastre que el salinismo dejó en el campo mexicano permitió el desarrollo de otros cultivos, casi todos ilegales como la mariguana y la amapola. Resulta interesante pensar por qué a sabiendas de que Luis Téllez le avisa que no tiene idea de qué pasa en el campo mexicano, Salinas de Gortari insiste en nombrarlo como autoridad en esa misma área para el Tratado. La respuesta es que no les interesaban los campesinos a los neoliberales. El campo, además, había votado mayoritariamente por Cuauhtémoc Cárdenas y los partidos del Frente Democrático Nacional. Salinas necesitaba a alguien como Luis Téllez, que simplemente dejara pasar el vendaval de la agricultura subsidiada de los Estados Unidos y ver cómo los campesinos mexicanos emigraban o se incorporaban al crimen organizado. Esa es una pregunta a Carlos Salinas que, como casi todas las preguntas cruciales, Nexos no le formula.

“Salinas fue crítico del PRI”, dice el podcast de Nexos. Esto es falso. A los priistas los incluyó en el negociazo de las privatizaciones, por ejemplo, a los Hank, a los X. González, Bailleres, Larreas. Con la reforma electoral que impuso con el PAN, le garantizó al PRI la mayoría en el Congreso, no importando cuántos distritos ganara. Ahora que tanto se habla de “sobrerepresentación”, se les olvida hablar de cómo Salinas fortaleció al Partido Único y castigó la posibilidad de que otra coalición derrotara al PRI. Si en su fuero interno no era priista, en sus acciones fue el que más.

El podcast de Nexos también habla de dos tipos de salinismo, el social y el tecnócrata. Dice, poéticamente Nexos: “Salinas era una contradicción que portaba la banda presidencial. Zapata, su héroe histórico favorito. Era un pragmático movido por el impulso económico de sus tiempos”. No era pragmatismo. Salinas tenía una ideología, la neoliberal. “Salinas sí creía en la partipación ciudadana”, dice Gustavo Gordillo, un ex militante maoísta que se fue a trabajar al gobierno de Salinas. El pasado izquierdista de Gordillo le sirve a Nexos para decir que eso diferenció el salinismo del reaganismo, como si una persona hiciera una diferencia en las reformas emprendidas que tuvieron, todas, la ortodoxia neoliberal.

“Claro que introdujimos las privatizaciones para realizar programas sociales”, asegura Salinas de Gortari. Y agrega: “Hasta la producción de cerillos estaba sobre regulada por el Estado”. Aquí se le olvida que no fueron los cerillos, como símbolo de lo ínfimo, sino la parafina que Pemex dejó de producir por las reformas privatizadoras. Y agrega Salinas de Gortari: “Sí somos pragmáticos pero tenemos valores, tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es la de servir a la gente, de predicar con el trabajo, la de abrazar la libertad y la justicia. Nosotros a esto en México le llamamos liberalismo social”. Hablemos de Pronasol. Los estudios que evalúan al programa social del salinismo, el Pronasol o Solidaridad, revelan que tuvo como objetivo ensalzar la figura presidencial en regiones que habían votado más por Cuauhtémoc Cárdenas. Los estados que recibieron más apoyos no fueron los más pobres, sino los más reacios a seguir dentro del PRI. Pero esa asignación de dinero público fue ---ironías de la vida--- totalmente ineficiente y corrupta porque no arrojó resultados en 1994: seis años después, los estados cardenistas siguieron votando igual. Pronalsol ni alivió la pobreza ni captó más votos para el PRI. Fue tan ineficiente como casi todo lo que emprendió Carlos Salinas de Gortari en su sexenio.

Así que, cuando les vengan a decir que Salinas de Gortari quiso modernizar al PRI pero no pudo, tengan en cuenta que hizo todo para fortalecer al Partido Único que veía en riesgo su mayoría absoluta. Cuando les vengan a decir que Salinas inventó el TLC, sepan que fue una idea que en 1979 Ronald Reagan repitió de sus asesores económicos ligados a los corporativos que manejan Estados Unidos. Y cuando Salinas les venga a decir que es “un desempleado” y que, además “alguien le quitó su pensión de 5 millones mensuales”, sepan que ese “alguien” fue López Obrador, cuyo sexenio trató con mucha voluntad política de atenuar las consecuencias de lo que emprendió Salinas de Gortari: desmontar al Estado mexicano para beneficiar a sus allegados.

Cuando Baja California se convirtió en un modelo en estrategia en materia de seguridad, a mediados del sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, esto se debió a tres factores: primero, un titular del ejecutivo dispuesto a enfrentar a los cárteles de las drogas; segundo, militares autorizados para la persecución de narcotraficantes, y, tercero, un gobernador con liderazgo estatal que, con su propia supervisión, cedió la coordinación de corporaciones y dependencias gubernamentales al comandante de la Región Militar.

Fue entonces cuando, presidente, gobernador, alcaldes, delegados federales, mandos militares y marinos, establecieron un plan integral para combatir, investigar, detener y procesar a los que llamaron generadores de violencia, capos, lugartenientes, sicarios, narcomenudistas, mafiosos en general.

Aquella fue la última ocasión en que un presidente de la República hizo a los gobernadores de los estados corresponsables del combate a la inseguridad. La lucha no era solo de la federación, también en las entidades federativas tenían una carga de responsabilidad con las investigaciones de la procuraduría general de justicia del estado, las operaciones e inteligencia de la secretaría de seguridad, y la participación de los delegados de la PGR, los mandos militares, y los directores de seguridad de los ayuntamientos. Por aquellos años también el narcomenudeo pasó a ser también un tema del fuero estatal.

Pero, así como hubo importantes aprehensiones que sacaron de circulación a notorios criminales y mafiosos, proveyendo algo de paz en las calles de las ciudades, también sucedieron actos de corrupción que dotaron al narcotráfico, a los cárteles y sus miembros, de más impunidad. No fue aquella una estrategia a prueba de fuego, pero al menos fue un proyecto que se accionó y dio resultados.

En el sexenio siguiente, el del priísta Enrique Peña Nieto, los militares volvieron a los cuarteles, delimitados en sus funciones entre la sociedad civil y para combatir al crimen organizado, mientras que los gobernadores retomaron su espacio y sin respaldo federal para enfrentar el creciente clima de inseguridad y violencia en el País. De la guerra contra las drogas de Calderón, México transitó a la narrativa de programas para lograr “la paz” de Peña.

Y todo cambió en 2018 cuando al arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador, aquella ocurrencia de un debate electoral presidencial, “abrazos no balazos” fue consolidada como política pública y guía de la estrategia nacional contra la inseguridad.

Seis años de discreto combate a la seguridad dieron como resultado, por ejemplo, que, a Ovidio Guzmán López, el ratón, se le liberara luego que la Policía Federal lo aprehendió en octubre de 2019, nada más que por orden directa del presidente de la República. Por supuesto que esta impunidad le dio a México a narcotraficantes intocables, solo abrazables, lo que les permitió expandir sus ilícitos negocios y convertirse en los principales distribuidores de fentanilo no solo para los Estados Unidos, también en otros países.

La protección oficial a los líderes de los cárteles llegó a tal grado que cuando el 25 de julio de 2024, ya en las postrimerías del sexenio obradorista, en los Estados Unidos detuvieron al intocable e impune por excelencia, Ismael Zambada García, el Mayo, el gobierno de la República inició un debate internacional con la Unión Americana, para develar los detalles de tal detención, e incluso procesando a Joaquín Guzmán López, un hijo del depuesto líder del cártel de Sinaloa, “El Chapo” Guzmán, por secuestro y traición a la patria cuando el Mayo declaró en una carta pública, que el junio Guzmán lo había secuestrado y llevado contra su voluntad ante las autoridades norteamericanas.

La primera mujer presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, siguió con esa dinámica, al menos en lo que a la aprehensión del Mayo se refiere, y cuando hace una semanas sostuvo una reunión privada con el todavía presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el tema que dijo le abordó, fue precisamente conocer los detalles de la detención de Zambada García, como si ese fuese el tema de mayor relevancia en la relación México-Estados Unidos, para haber sido el asunto principal en la reunión de los mandatarios vecinos.

Sin embargo, la estrategia de Claudia Sheinbaum Pardo contra la inseguridad, parece transitar en dirección contraria a los abrazos y no balazos. Por ahora le ha dado la carta abierta a su secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch, para que instaure una unidad de inteligencia en la desmantelada dependencia que titula y se haga acompañar de otras corporaciones policiacas para enmendar la ausencia de una, y combatir a los cárteles, por tanto, reducir los asesinatos que ocurren en el país, que, en un incremento sostenido, pasaron de los 120 mil con Calderón, a los 158 mil con Peña, hasta llegar a los 200 mil con López Obrador.

Esta semana, la presidenta Sheinbaum hizo a los gobernadores de los Estados corresponsables de la seguridad, o de la inseguridad que se viva en las entidades federativas; también realizó un llamado a cada uno de ellos a encabezar las mesas de seguridad, y coordinar los esfuerzos gubernamentales para disminuir los índices de inseguridad y violencia.

Los conminó de manera personal y directa, a que “atendamos de manera personal el tema de la seguridad, no es algo que se pueda delegar. No se puede delegar”. La mandataria nacional fue más allá y los señaló como corresponsables del clima de seguridad, o de inseguridad y violencia: “El Gabinete no solamente es una presentación del parte policíaco del día anterior es la estrategia es la coordinación general de la estrategia y para que haya coordinación general de la estrategia, pues tiene que haber una cabeza y no hay nadie mejor que ustedes que conozca su estado y para eso están todas las fuerzas federales para apoyarles ayudar y además hacer lo propio, pero las y los gobernadores deben de asumir esa responsabilidad con todo respeto, ahí donde el Gobernador o Gobernadora está al frente se nota ahí donde no se atiende siempre hay problemas y uno puede pensar y no lo digo muy respetuosamente que con atender una vez a la semana es suficiente, no es suficiente”.

Incluso les retó a un trabajo más que coordinado, de diario, hacer del tema de la seguridad, uno de relevancia en los Estados: “Hay que estar diario y que si sube la incidencia en una zona cómo desarrollar estrategias para poder bajar los índices, que si hay un problema que tiene que ser atendido por la Fiscalía General de la República y las fuerzas federales, sean la Secretaría de Seguridad, siempre vamos a estar dispuestos desde la Presidenta de la República, el General Secretario o el Secretario de Seguridad, el Secretario Marina para atenderlos en cualquier momento a la hora que haga falta… Pero es indispensable que ustedes asuman esa responsabilidad”, sentenció.

Argumentó: “La coordinación no se puede dar, si no está la cabeza”.

Y sostuvo la estrategia de hace dos sexenios: “se requiere coordinación, coordinación entre la Policía y la Fiscalía, coordinación entre la Policía y las Policías y la investigación de las Fiscalías. Es decir, un solo equipo que evite las puertas giratorias, que fortalezca las capacidades de las instituciones”.

El mensaje de la presidenta a los titulares del Ejecutivo en las entidades federativas fue claro: coordinación para combatir la inseguridad y la violencia, y disminuir la estadística del crimen, por tanto, combatir a la criminalidad organizada. Ahora a esperar para ver si las gobernadoras y los gobernadores, como se les ha sugerido, encabezan la coordinación estatal contra la inseguridad, o si, como en el caso de Sinaloa, o Baja California, por los altos niveles de violencia, se percibe -como recalcó Sheinbaum- que no están al frente de la coordinación por la seguridad.

Ahora sí que la presidenta de la República ya hizo a los gobernadores y gobernadoras corresponsables de la inseguridad y la violencia en el País… finalmente.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el organismo que agrupa a los más ricos de México, y uno de ellos, que no identificó, le pidió continuar con la política de “por el bien de todos primero los pobres”, instaurada por Andrés Manuel López Obrador. ¿Y quién es ese personaje? Es el magnate salinista Claudio X. González Laporte, padre del jefe de la oposición del país.

La exhortación de González Laporte a Sheinbaum es de enorme relevancia política no sólo porque es el más veterano líder empresarial de México que presidió el CMN con Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a todo el sector privado, también con De la Madrid y Vicente Fox, sino porque ha sido el más fiel de los operadores de Carlos Salinas de Gortari.

¿Qué significado tiene que uno de los más renombrados salinistas de México se rinda al principio que define a López Obrador, el más odiado de los adversarios de Salinas de Gortari, quien un día antes de la reunión de Sheinbaum con el CMN irrumpió en un podcast de la revista Nexos, dirigida por Héctor Aguilar Camin, otro afamado miembro de ese grupo político?

Por supuesto que es el oportunismo que caracteriza a González Laporte, siempre como interlocutor al inicio de los gobiernos de seis expresidentes de México, de De la Madrid a Peña y que se rompió con López Obrador, pero sobre todo representa una derrota cultural del salinismo ante el proyecto de gobierno que está en curso.

El salinismo, que inició con Salinas en 1988 y que se extendió a los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña, se puede definir como la política de privilegios para las élites, que contrasta con la política de derechos que postula la Cuarta Transformación, resumida en la frase de “por el bien de todos primero los pobres”.

Salinas de Gortari fue un fabricante de millonarios con la privatización de las empresas públicas, entre otros Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego y Alberto Bailleres, mientras se mediatizó la pobreza con las dádivas del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) y se combatió con represión y asesinatos a la oposición de izquierda, todo en un esquema de alta corrupción que incluyó los arreglos con el narcotráfico.

La política que González Laporte pide que continúe implica derechos para los sectores más vulnerables de la sociedad para sacarlos de la pobreza —como ha sucedido ya con nueve millones de mexicanos—, pero no ha habido una política antiempresarial ni se ha despojado a nadie de su patrimonio ni de sus inversiones.

Más aún, se han incrementado también los millonarios como consecuencia del aumento de los ingresos de la población y por tanto del consumo. Lo único que se ha exigido es que paguen los impuestos como los pagamos la mayoría de los contribuyentes.

La petición de González Laporte a la Presidenta de México de privilegiar a los pobres es también muy relevante después de la contundente derrota electoral que sufrió la oposición liderada por el primogénito de éste, Claudio X. González Guajardo, quien a su vez desbarató el embuste inventado por su padre y él mismo de que México se convertiría en Venezuela.

El propio PAN reconoció en su análisis interno que, además de la derrota electoral del 2 de junio, López Obrador le propinó a la oposición también una “derrota cultural”, que involucra directamente a Salinas y al salinismo.

En los hechos, los Claudio X. González le están rindiendo un homenaje a López Obrador y le están dando la espalda a Salinas. Es oportunismo, sí, pero es también el reconocimiento de que hay un cambio de régimen político y del modelo de desarrollo del país que instauró el salinismo.

Con los partidos políticos de oposición hechos pedazos y liderados por sinvergüenzas, la “resistencia” a estos cambios está en los reductos mediáticos del salinismo. Uno de ellos es Ricardo Salinas Pliego y su TV Azteca y la red Atlas Network, quien ha intensificado hasta la escatología su activismo contra la izquierda.

Después de una semana de pesadilla, con la caída de las acciones de Grupo Elektra, y ante la inminencia del pago de 63 mil millones de pesos de impuestos, Salinas Pliego se refugió en la Argentina de Javier Milei para soliviantar a sus similares de la extrema derecha y hasta usó la película “María” para lamentar sus derrotas: “Otro ejemplo más de de que vamos perdiendo la batalla cultural contra los zurdos de mierda”.

Otros salinistas en “resistencia” contra el cambio de régimen son Olegario Vázquez Raña con Imagen y Excélsior; Juan Francisco Ealy Ortiz con El Universal; columnistas de El Financiero, y el macrosalinista Roberto Madrazo con el portal Latinus, todos cada vez más enclenques…

Las cosas se están poniendo cada vez más surrealistas en la relación entre México y Estados Unidos. El Presidente electo, Donald Trump, recientemente declaró que no sería mala idea si Canadá y México se convirtieran en un Estado de la Unión Americana. A esto la Presidenta de México contestó que ella defendería la soberanía nacional con gran ahínco.

Sin duda, todo esto tiene su origen en el estilo bombástico de Trump. En una primera aproximación, las palabras de Trump responde a la necesidad que tiene de quedar bien con sus votantes.

Al mismo tiempo, él está realizando una serie de acercamientos diplomáticos con diversas figuras políticas mundiales, como por ejemplo Volodimir Zelensky o la Primer Ministra italiana, Giorgia Meloni

Indudablemente, el actual Presidente estadounidense, Joseph Biden, es para todo propósito una figura sin interés, dado que los Jefes de Estado mundiales se están enfocando en ganar la buena voluntad de Trump.

Eso sucede también en México. Ha habido rumores creíbles de que el gobierno hoy en el poder ha buscado los buenos oficios de Luis Videgaray -  antiguo Secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores del gobierno de Enrique Peña Nieto - con la familia Trump, en particular se trata de aprovechar su relación con  el yerno de Trump, Jared Kushner.

Pero además de él existen toda una serie de experimentados negociadores de tratados de libre comercio que el gobierno mexicano podría activar para comenzar a lidiar con la parte estadounidense rumbo a la renegociación del T-MEC.

La verdad sea dicha, necesitamos del talento de mucha gente con quizás diversos puntos de vista para enfrentar la amenaza que nos impone Trump.

Es hora, entonces, de que no sólo los poderes de la Unión, sino la sociedad civil, los empresarios, los trabajadores y los medios de comunicación dejen a un lado sus diferencias y se pongan a mostrar un frente unido para defender el interés de México.

Quizás el llamado deba proceder del propio gobierno, aunque también podría provenir de otros sectores de la sociedad, como el sector empresarial.

Este diálogo podría comenzar de manera quizás informal e indudablemente requeriría de la buena voluntad de los involucrados. Como resultado de este diálogo se podría tener una agenda preliminar y acuerdos en principio sobre cómo enfrentar al gobierno estadounidense de manera concertada.

Este acuerdo deberá tomar en cuenta todo el mosaico de temas de la relación bilateral: de la migración al narcotráfico, de la frontera al comercio.

En cuanto a la migración, el gobierno mexicano - pero con la ayuda de sectores estratégicos mexicanos - deberá poner en práctica un plan para defender a nuestros compatriotas allende nuestras fronteras. En lo referente al narcotráfico se va a necesitar idear un acuerdo bilateral con Estados Unidos, pues el problema es de ambos países. Esto impactará definitivamente el problema de la frontera. Finamente, en lo que se refiere al comercio, México debe hacer dos cosas: definir la situación con China y desarrollar una estrategia para renegociar el T-MEC en 2026.

Aún no es tarde para ponernos de acuerdo y defender el interés de los mexicanos. El arribo de Trump no debe significar una tragedia para México. Todo está en nuestras manos.

La mejor escuela es donde la comunidad se reproduce con la doble seguridad de la certeza respecto del presente y el futuro: el entorno material, cibernético y el proyecto de futuro están garantizados al mismo tiempo.

Hablemos y construyamos entornos escolares en un continuum donde sean coincidentes voluntades políticas, educativas y ciudadanas para la integración de estrategias sociales más allá de lo meramente policial. Un desafío.

Desde la Ciudad de México se plantea un modelo para la protección de estudiantes en un proceso donde están implicados los tres niveles de gobierno y autoridades escolares. La piedra angular de la estrategia presentada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, serán los Gabinetes de Seguridad y Paz Escolar, diseñados para operar en cada alcaldía.

Estas instancias articularán la participación de alcaldías, gobierno central e instituciones educativas. Priorizarán un enfoque basado en la prevención y atención integral. No se reduce a la presencia policial, incluye la rehabilitación de espacios públicos, fortalecimiento de la comunidad escolar e incorporación de programas de salud mental.

Un trabajo articulado desde la coordinación del Gabinete de Seguridad, a cargo de José Manuel Oropeza, con la intervención central de la Secretaría de Obras, encabezada por Raúl Basulto, y la de Seguridad Ciudadana, bajo la conducción de Pablo Vázquez.

Las acciones a desarrollar son ejemplo de intervención múltiple y escalonada que atiende desde lo inmediato hasta lo estructural en 626 planteles de educación media y superior, tanto públicos como privados, en cuyas inmediaciones se fortalecerá el sistema de videovigilancia del C5, que actualmente tiene cerca de mil 900 cámaras en las inmediaciones.

Mejorar la iluminación, podar árboles y retirar autos abandonados en zonas cercanas a planteles son acciones de transformación del entorno urbano con alta incidencia en la disminución de índices delictivos. En Iztapalapa, la creación de Senderos Seguros instruida por Brugada como alcaldesa contribuyó a la reducción de hasta 60 por ciento en delitos de alto impacto.

Una estrategia multinivel con paralelismos en iniciativas como las desarrolladas en Chicago bajo el programa Safe Passage, las de Nueva York con el School Safety Agents Program o los Safer Schools Partnerships de Reino Unido.

El modelo tiene potencial para ser referente en el país y coloca a la capital nacional rumbo al 2030, hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible delineados por la ONU respecto a la seguridad como componente esencial para una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como en la promoción sociedades pacíficas.

Donald Trump y Ricardo Salinas Pliego son dos muy buenos especímenes para tratar de explicar la derecha “libertaria” que se ha hecho más visible en últimos tiempos, en distintas latitudes. Ambos heredaron fortuna; les fascina personalizar sus ataques, sobre todo en las mujeres; tienen más abogados que buenas ideas y se quedaron atrapados en Og Mandino, un magnífico vendedor de libros de autoayuda con gotitas de filosofía protestante y cursilería taquillera de seudo psicología. Pero eso no explica que sean “libertarios”. Y de hecho pocas cosas en ellos los explican como “libertarios”.

Claro, a Trump y a Salinas Pliego los separan muchas cosas. Trump está en la cumbre de su carrera mientras Salinas Pliego se hace más chiquito a cada día y no porque el Gobierno lo persiga, como quiere hacer ver, sino porque lo persiguen las obligaciones que rehuyó con ayuda de sus asesores legales. Por eso digo que le sobran abogados y le faltan ideas: su negocio es básicamente el mismo, recortado o ampliado, desde hace décadas; se trata de exprimir a la gente que tanto desprecia: los pobres. Y por eso el rechazo de él y de los empresarios como él al Estado de bienestar; un pueblo con bienestar y educado los obligaría a trabajar, es decir, a rediseñar su negocio de hacendado del siglo XIX.

La derecha “libertaria” no es nueva. Ni siquiera esta versión decolorada y triste que platica con un perro muerto, como Javier Milei. La diferencia entre los libertarios de hace doscientos años y los contemporáneos es que aquellos tenían una idea consensuada y a los actuales no les preocupó (básicamente por prepotencia) agregar siquiera (aunque fuera por hipocresía descarada) alguna justificación social. Lo que hicieron los “libertarios” revividos fue un licuado de pizza que intentan vender como ideología para nuestros tiempos. Hasta hablan de la “batalla cultural”, es decir, de una lucha por la hegemonía ideológica que tanto exploró Gramsci y que Mao aplicó bajo el término de “revolución cultural”. Y estos últimos, referencia de la batalla cultural, son de izquierda.

El licuado libertario de pizza contiene ingredientes a-modo-de-ideas que se contravienen. La principal contradicción es que los pensadores franceses e ingleses que moldearon la ideología abogaban por el poder del colectivo (no del mercado) por encima de las élites. “Un libertario considera inaceptable que se pueda obligar a alguien a servir a otros, ni siquiera si por su propio bien”, decían. Claro, esto se vuelve palabra muerta cuando el libertario mayor de México, Salinas Pliego, obliga a cientos de miles de familias a servirle a él, supuestamente por su propio bien, con ahorros chiquitos de por vida por una estufa o un servicio financiero.

Los libertarios dicen que “la libertad individual es el requisito central de la justicia”, pero a la hora de servirlo, su licuado de pizza toma forma de vómito. ¿Libertad de religión? Sí, menos la musulmana, la mahometana, la sintoísta, la budista, etcétera. Es pura pose. Pregúntenle a los miles de empleados de Salinas Pliego que eran obligados a ir a sus trabajos físicos durante la pandemia. Libres, libres, lo que se dice libres, no eran. Tenían la “libertad” de arriesgar su vida y la de sus familias a cambio del pan de centeno duro que nadie probó en el yate del dueño de TV Azteca.

Los libertarios de Manchester rechazaban la intervención del Estado y un Estado fuerte, y explícitamente se oponían al colonialismo, al imperialismo y al nacionalismo porque, pequeño detalle, no puedes aspirar a tener menos Estado y al mismo tiempo tener un enorme ejército para intervenir o amedrentar naciones, como Trump. Si fuera libertario, adelgazaría el ejército. Pero es todo lo contrario. Claro, los acomodaticios del tipo Milei o Salinas Pliego le compran la idea de que es “un libertario” porque quieren creer que el tipo está de su lado, pero no, no está de su lado. Trump está enamorado de Trump, cree en Trump, respeta a Trump y todos los demás (mujeres, políticos, votantes, otros empresarios) son medios para sus fines.

Donde mejor se evidencia el licuado de pizza de los nuevos “libertarios” es en los impuestos. Javier Milei ama los impuestos ahora porque ya se dio cuenta de que son la única vía para alcanzar el déficit fiscal que le impusieron sus patrones del Fondo Monetario Internacional; Trump actúa con el pragmatismo del que tiene la cartera llena: él tiene ejércitos de abogados y fiscalistas, y apenas si ha pagado impuestos, y se dará el gusto de bajar impuestos a pequeños negocios. Y Salinas Pliego habla a partir de su codicia: dispuso de los 63 mil millones de pesos en impuestos que debe al Estado mexicano; se los gastó; no tiene esa liquidez y mucho menos ahora que perdió en una sola mañana cinco mil 500 millones de dólares. ¿Cómo iba a estar de acuerdo en pagar impuestos?

Los caminos de la vida: Trump, Salinas Pliego y Milei no podrían vivir en un mismo país. Milei necesita impuestos para no quedarle mal a sus patrones del FMI, a los que sirve sí o sí como esclavo; y Trump y Salinas Pliego no pagan impuestos. Pero además Milei podrá usar patillas, tener los ojos claros y gritar lo de “viva la libertad”, pero, carajo, es pobre: todos sus bienes suman 64 mil dólares (un depa, dos carros usados y dos cuentas bancarias). Ni Trump ni Salinas Pliego aceptarían que ese “gobiernícola” les cobrara impuestos y mucho menos que les dirigiera la palabra. Viva la libertad, carajo, pero no chingue, no sea igualado; regrese mañana cuando tenga yate y sea socio de al menos un campo de golf.

Era al menos chistoso escuchar a Salinas Pliego en Buenos Aires, junto a Milei, en el evento de la CPAC, gritar eso de que: “No se dejen amedrentar por los parásitos del Estado, lo único que quieren es perpetuarse en el poder”. El único parásito allí era Javier Milei, electo Presidente de la Argentina, pero al servicio de la banca internacional.

¿Y por qué no invita Milei a Salinas Pliego a no pagar impuestos en Argentina? Que den juntos la batalla cultural desde Buenos Aires, carajo. Que Milei le dé gratis una concesión de televisión y que él esclavice a millones de argentinos con abonos chiquitos, claro que sí. Viva la libertad, carajo. ¿Por qué no se va Salinas Pliego a Argentina? La respuesta puede ser muy barroca o muy sencilla, y opto por la sencilla: porque México, en manos de zurdos de mierda –como él les llama–, tuvo el mayor crecimiento latinoamericano en número de multimillonarios, de 2023 a 2024: 57.1 por ciento más, según UBS. Claro, menos él, a quien recientemente alcanzaron los fantasmas de su pasado.

Los libertarios del tipo Salinas Pliego, Trump y otros necesitan Estados débiles, no un Estado más ligero. En los Estados débiles pueden hacer lo que se les pegue la gana; pero con un Estado ligero y eficiente sus negocios no prosperarían porque son, básicamente, del tipo estafa piramidal.

Los libertarios tienen como principio la defensa a ultranza de la propiedad privada. Y se entiende: si te haces de activos de manera ilegal o más o menos legal, claro que lo primero que te preocupa es que te descubran y te los quiten. Hay 63 mil millones de pesos en propiedades que Ricardo Salinas disfruta aunque no son de él; son de los mexicanos. Pero no se atrevan a sugerirlo porque se monta en el discurso libertario y echa a andar a Sergio Sarmiento a que defienda su libertad. No es la defensa de los modos de producción, porque ésos varían para un cazador de oportunidades; es la defensa de los medios de producción, es decir, los bienes tangibles.

Lo anterior da sentido a su menosprecio por las estructuras gubernamentales: ¿cómo se atreve un empleadillo del Gobierno –dicen los libertarios–, que es menos astuto y que tiene menos dinero que ellos, a cobrarles impuestos? Claro, el empleado aplica la Ley. Entonces, ¿cómo se atreven a crear leyes que les apliquen a ellos?

Y allí está la otra paradoja: los libertarios quieren “la libertad plena del individuo”, con sociedades donde no existan leyes ni Estado. Se entiende porque odian que les cobren impuestos y someterse al orden de la justicia. Imagínense qué quieren del mundo, si en Estados donde existen leyes hacen lo que se les pega la gana. En un Estado sin Estado ni leyes serían básicamente reyes.

De hecho, allí está el ingrediente oculto del licuado de pizza de la gente como Trump, Salinas Pliego y los susodichos libertarios: se creen superiores. Están mero arriba de la estafa piramidal y creen que eso los hace superiores. El empresario mexicano es experto en encadenar ciudadanos con “abonos chiquitos” para tenerlos del cogote y el otro ya trae una base de adictos a su ideología. Son los tiburones de la alberca. Y ningún tiburón quiere leyes, Estado, gobiernos, “gobiernícolas”, etcétera. Es un depredador: depreda. Es un depredador y quiere que lo reconozcan como tal. 

Entre los libertarios, sin embargo, el más imbécil es Javier Milei. Pobre. Los libertarios claman por la abolición del Estado, pero Milei se anotó y ganó el máximo cargo dentro del Estado: el de Presidente. ¿Entonces? Si cumple su promesa, se queda sin empleo y sin posibilidades de cumplirle a los pobres diablos que votaron por él. Milei termina siendo un demagogo más, un pelele de los verdaderos intereses, un esclavo de su propia verborrea.

¡Viva la libertad, carajo!, grita Milei, pero de entre todos los que gritan es quizás el que menos libertad tiene. No lo amarra “la casta”, lo amarra su lengua larga. Y que grite lo que quiera en las plazas, pero que no se atreva a faltarle a sus patrones del FMI porque lo harán pedazos. Que saque dinero de donde sea y como sea, y pague la deuda. Y sí, viva la libertad o la esclavitud o lo que quiera, carajo, pero que pague a los de mero arriba, a los que operan la gran estafa piramidal que el es capitalismo salvaje que él –una de sus víctimas, pobre imbécil– dice enarbolar.

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Desde la década de los ochenta y hasta entrado el siglo XXI, la palabrita de moda entre las élites de México era “democracia”. Ahora (y aquí incluyo a los Felipe Calderón y a otros de la derecha de poca monta, como Eduardo Verástegui) intentan concentrarse en la palabra “libertad” y son casi los mismos.

Como lo hicieron con “democracia”, manipulan la palabra “libertad” a como les acomode. La generación que hablaba de democracia electoral evitó, deliberadamente, hablar de democracia económica, democracia social, democracia plena. Ahora habla de libertad, pero no hablan nunca de la libertad que otorga a un individuo tener un empleo bien remunerado, acceso a la salud y a la educación, una retiro digno, tareas que necesariamente debe garantizar un Estado fuerte y no el Estado que quieren: uno ligero, que se corrompe con facilidad.

Para los libertarios, la libertad es no pagar impuestos y diluir al Estado, pero sin Estado, pequeño detalle, ¿quién recoge impuestos de los que sí pagan para liquidar las facturas del FMI, del Banco Mundial, etcétera, que son el centro neurálgico del liberalismo económico que tanto alaban?

Los libertarios llaman a dar una “batalla cultural” que es, en realidad, la batalla por sus privilegios. Y quieren que sus simpatizantes los acompañen, pero, ¿quién podría ir con ellos y a cambio de qué? Sólo los Sarmiento, los Alatorre, los ideológicamente allanados y –por lo tanto– dispuestos a pelear las tierras del patrón. Pues adelante. Al fin y al cabo la libertad electoral ya la ganamos entre todos. Adelante, postúlense. El Estado que tanto aborrecen les garantiza dinero si logran inscribirse como partido. Sáquense la espinita. Puede ser PLP, Partido del Licuado de Pizza. Operación de papada y fotoshopazo y órale, a hacer campaña. No les deseo suerte porque sería negar todo lo que creo, pero adelante. Y nos vemos el día después, con el resultado electoral en la mano.

Próximos al fin de año y en puerta del sexenio de Claudia Sheinbaum, encontramos el paquete económico, el cual posee los principales aspectos de cómo se planea manejar las finanzas por los siguientes seis años, por lo menos, en temas de egresos, ingresos, deuda y presupuestos, tanto para programas sociales como para educación, salud y seguridad.

Como era de esperarse, no encontramos novedad alguna en comparación con lo que se venía haciendo en el sexenio de López Obrador; únicamente se puede resaltar que no existe, ni existirá, iniciativa alguna para presentar una reforma fiscal, la cual se ha postergado y evitado por todos los gobiernos del siglo actual.

En cambio se opta malamente por realizar un refinanciamiento de la deuda, presentado este último por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo titular, Rogelio Ramírez de la O, es un legado del gobierno anterior.

Dicho refinanciamiento consiste en la recompra por 123 mil 437 millones de pesos en diversos instrumentos de deuda como Cetes, Bondes F y Udibonos, en su mayoría a vencer en 2025; aunque también se colocaron instrumentos de mayor plazo, llegando hasta el 2035. Esto último reafirma que tanto en este sexenio, como el próximo que MORENA se siente seguro de obtener por su hegemonía parlamentaria, legislativa, partidaria y gubernamental, no existirán mayores modificaciones.

El optar por vías alternas de financiamiento e ingresos, como lo es la deuda pública, nos coloca, en el futuro próximo, en una difícil situación para llevar a cabo proyectos de desarrollo e infraestructura, dado que no existe un esquema fiscal que pueda sustentar dichos gastos.

El gobierno actual ha de replantearse su proyecto económico y romper con las sinergias propias del neoliberalismo, que dicho sea de paso, no ha muerto, por más de que en las declamaciones obradoristas se le dé por extinto, y poner sobre la mesa un verdadero cambio en toda la extensión, porque actualmente no se está construyendo el segundo piso de nada, ni siquiera se han puesto los cimientos para asumir una ruta diferente en materia económica.

Más preocupante es esto a las puertas de una era que se ve oscura con la llegada de Trump, sobre todo si se llegasen a aplicar los aranceles con los que tanto se amenaza, dado que afectaría la principal relación económica del país, situación ante la cual Sheinbaum se ha mostrado endeble, indecisa en su discurso, e incluso se puede afirmar que temerosa, pues un día se planta firme ante la acechanza del próximo planetarca norteamericano y al siguiente, frente a este mismo, se dobla a sus caprichos.

Sheinbaum, fiel a su predecesor tabasqueño, no presenta novedades en sus proyectos. No hay un plan económico más adecuado a las circunstancias de México, y el mundo, que día a día se moderniza, requiere de un actuar decisivo e inmediato, con proyecciones estadísticas adecuadas, lo cual se ve negado al desaparecer los organismos autónomos que presentaban un contrapeso en las mediciones económicas, como lo hacía el CONEVAL, próximo a extinguirse.

México no puede sostenerse en ideas que eran adecuadas hace más de cincuenta años; los proyectos de desarrollo deben ir más allá de una refinería que actualmente representa un retroceso ante las energías verdes, y tampoco puede depender de obras realizadas por el Ejército que representen únicamente mejorías en la movilidad, como el AIFA y el Tren Maya, porque se requieren obras de mayor tamaño que implementen en el país mejoras en la tecnología de la producción e innovación.

El petróleo debe dejar de ser la fantasía de la soberanía energética y desarrollo económico. Dos Bocas es un proyecto que necesitaba el México de 1960 al 1970, pues la actualidad presenta muchas más vías para lograr estos objetivos, como el desarrollo tecnológico en temas de formación de capital bruto e impulsos a las empresas nacionales, tanto públicas como privadas.

Para esto se necesita planeación económica cimentada en una verdadera reforma fiscal. Cualquiera que eche un ojo crítico y racional a la situación actual, podría darse cuenta de ello; dicha reforma debe venir sin una bandera partidaria, impulsada por un verdadero deseo de cambio.

Es urgente que Sheinbaum reaccione y tome las decisiones adecuadas ahora que es tiempo, que represente ese cambio que tanto se espera de ella. En otras palabras, que deje el resorte obradorista, complicado para la presidenta, pero un desprendimiento necesario para el país.

Por primera vez en las portadas de los periódicos y en las cortinillas de los noticieros la relatoría de hechos de sangre está alternando con la de aprehensiones y decomisos importantes. Nos habíamos acostumbrado a que la llamada nota roja o policiaca fuera solo unilateral: muertos, violaciones y asaltos. En pocas ocasiones había el contrapunto de alguna respuesta de las autoridades y, cuando la había, parecía ser el producto de una reacción a un ataque iniciado por los criminales.

Pero algo parece estar cambiando. En los últimos diez días no ha habido uno que no se haya informado de una detención destacada. Invariablemente ha sido el resultado de una investigación policiaca y ejecutado a través de una operación conjunta de varias corporaciones: policías, GN y en ocasiones ejército. Entre las más sonadas, la operación Enjambre, en varias presidencias municipales que habían sido tomadas por los narcos; la intervención a un edificio destinado a la piratería china; un cargamento de fentanilo récord en la historia de decomisos; la aprehensión casi diaria de distintos capos o lugartenientes importantes, incluyendo el de varios operadores financieros; el desmantelamiento de una red importante de huachicol con una incautación también histórica.

¿Podemos hablar de que por fin está comenzando un cambio de estrategia del Estado mexicano respecto al crimen organizado? Quizá demasiado pronto para afirmarlo categóricamente, pero los primeros hechos están a la vista.

Desde hace treinta años los gobiernos mexicanos prácticamente han pateado el bote “para más delante” en materia de inseguridad. Felipe Calderón fue el presidente que más alharaca hizo, pero, como sabemos, más con propósitos de efectismo político mediático que con una estrategia responsable. En cierta forma solo alebrestó el gallinero.

Por lo que respecta al gobierno de López Obrador, mi hipótesis es que tras asumir la presidencia él entendió que el gobierno mexicano carecía de la capacidad de fuego para enfrentarse al crimen organizado; simple y sencillamente no había manera de ganar esa guerra en el estado en el que se encontraban las policías, débiles e infiltradas. En consecuencia, se dedicó a construir la infraestructura que permitiera a su sucesor, seis años después, estar en condiciones de superar al adversario. De allí la creación de una Guardia Nacional y la recuperación del territorio a través de más de 500 cuarteles. Mientras tanto intentó ganar tiempo con esa especie de tregua “abrazos no balazos”, que los criminales terminaron aprovechando.

Lo cierto es que Claudia Sheinbaum tiene hoy un activo con el que antes no se contaba. Quizá ella habría preferido un esquema distinto, más centrado en la investigación policiaca que en el despliegue físico de fuerzas armadas. Pero es lo que hay y tendrá que convertirlo en una ventaja.

Lo que está claro es que el gobierno ha entendido que no puede seguir pateando el bote. Primero, porque si bien es cierto que los crímenes han descendido poco a poco en los últimos años, eso ya no alcanza frente al hartazgo de la ciudadanía. Además, las estadísticas no reflejan el avance cualitativo del control territorial del narco en regiones en las que ya dominan la vida local. La factura política es excesiva. Podría pensarse, incluso, que a mediano plazo la mayor amenaza en las urnas que enfrentaría Morena provendría no de la oposición como tal, sino del surgimiento de algún líder carismático de derecha, tipo Bolsonaro o Bukele, capaz de explotar el miedo y la desesperación, prometiendo una mano dura implacable para resolver la inseguridad. Hoy en día es la preocupación número uno en los sondeos de opinión.

En segundo lugar, Sheinbaum entiende que debe hacer algo sobre la merma cada vez más sustantiva que ejerce el crimen en la actividad económica. Una y otra vez el tema sale a relucir en toda reunión que sostiene con empresarios. La cuota pagada por extorsiones en comercios e industrias, las pérdidas por inseguridad en las carreteras, la competencia imposible que representa el contrabando y la piratería. Las previsiones de crecimiento para el próximo año son raquíticas, las inversiones están retraídas. El gobierno necesita crear las condiciones de certidumbre para activar la economía, y la inseguridad es hoy uno de los principales desincentivos para la reactivación y la generación de empleos.

Y tercero, y quizá más decisivo, los embates de Trump se han convertido en la mayor amenaza al modelo económico por el que México optó desde hace cuatro décadas: la integración con el mercado y la economía de Norteamérica. Podemos estar de acuerdo o no con el TLC que nos vincula a las cadenas productivas del norte o que el llamado nearshoring o relocalización constituye una oportunidad única que México debe aprovechar. Pero lo cierto es que no está a debate en este momento. El costo de suspender este proceso afectaría profundamente a millones de mexicanos. El problema es que Trump quiere utilizar el tema de la inseguridad para ponernos de rodillas y conseguir condiciones mucho más favorables para su causa, en una relación de por sí desigual. Combatir la inseguridad y quitarles el pretexto para usarla en contra nuestra, se ha convertido para el Estado mexicano en un tema estratégico para mantener viable el modelo económico.

Varios senadores republicanos reconocieron estas acciones en los últimos días. Uno de ellos, Dan Crenshaw, un halcón de Texas que se quejaba de la pasividad del gobierno anterior y pedía intervenciones directas, afirmó que eran operaciones muy audaces y externó su deseo de que Omar García Harfuch, el secretario de seguridad pública, haga una diferencia.

Se advierte, desde luego, un esfuerzo del gobierno de Sheinbaum para que estas operaciones cambien la percepción; son presentadas a la opinión pública con bombo y platillo. La figura de Omar como un zar implacable será explotada de cara a la prensa estadounidense, que gusta de leyendas y protagonismos. Es comprensible y francamente en este caso ayuda a México.

Lo importante es que todo esto no sea una mera operación mediática y que sí se encuentre en marcha algo mucho más orgánico y profundo, por vez primera, en respuesta al crimen organizado. Hay señales de que eso está comenzando, esperemos que así sea.

@jorgezepedap