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Los activistas involucrados en la lucha por el manglar aseguran que el caso “es un icono que simboliza el abuso de poder, la ilegalidad, el desarrollo no sustentable, la destrucción de la naturaleza, y la destrucción de los valores éticos y morales que queremos dejarles a los jóvenes y los niños”.
La administración de Enrique Peña Nieto ha sido una “tragedia” para el medio ambiente. El mandatario mexiquense, de acuerdo con activistas, ha dejado a la naturaleza sin protección a fin de dar paso al beneficio económico. Con el ecocidio en Tajamar, en Quintana Roo, pasando por los estragos de la siembra de organismos genéticamente modificados y los daños provocados por la minería, hasta la evidente pérdida de la población de la vaquita marina, el Presidente ha dejado claro que el cuidado de los recursos naturales no es prioridad en su Gobierno.
Activistas y organizaciones de la sociedad civil exigieron a las autoridades del Gobierno federal no permitir la construcción de un nuevo delfinario y un muelle en Playa Mujeres, Quintana Roo, pues alertaron sobre los daños ambientales y a los mamíferos marinos que traería el proyecto de la empresa Grupo Via Delphi, S.A. de C.V.
Entre 400 y 500 personas invadieron predios supuestamente pertenecientes al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), ubicados en la comunidad de Chemuyil, entre Akumal y Tulum, en el Estado de Quintana Roo, el domingo pasado por la tarde en reclamo de tierras para la vivienda, informaron distintos medios locales.
La iniciativa de Ley General de Biodiversidad –promovida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)– que se discute en el Senado de la República contiene diversas disposiciones que violarían tratados internacionales que México ha firmado, además dejaría “desprotegida” a la biodiversidad del país, denunciaron organizaciones ambientalistas.
Hace un año el Malecón Tajamar fue devastado con la finalidad de dar paso a desarrollos inmobiliarios impulsados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y aunque gracias a la lucha social el ecosistema ha ido recuperándose, activistas exigen que el espacio sea abierto a los ciudadanos y no a los empresarios.
Profepa ordenó a Fonatur rescatar y trasladar a todos los ejemplares de la flora y fauna afectados con la construcción en el Manglar Tajamar, en el estado de Quintana Roo, y hacerlo a más tardar el próximo día 8 de febrero.
“Todo ha sumado, todo ha sido la suma del esfuerzo de tantas cosas que culminan en un ‘ya basta para este gobierno’, no pueden seguir desarrollando al país en la forma absurda en que lo están haciendo. ‘Ya basta'”, dijo la activista Araceli Domínguez en torno a la suspensión definitiva de las obras en el Malecón Tajamar.