Despacio, que voy de prisa, sería la premisa que aplica el Gobierno de México en su lucha contra el crimen organizado y en particular quien es el operador de la estrategia para desarticular a las dos principales fuerzas del mal que agobian al país, el Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. Poco a poco la coordinación entre Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia ha articulado acciones para desmembrar la hidra de mil cabezas de los cárteles del narcotráfico que abruman, agravian y lastiman a nuestro país, al ir cerrando el cerco en torno a sus principales líderes: Nemesio Oseguera Cervantes, apodado “El Mencho”, del Cártel Jalisco Nueva Generación, y las cabezas visibles del Cártel de Sinaloa, fracturado ahora en dos células antagónicas, la que encabezan los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo” y los descendientes de su histórico socio, Ismael Zambada García, conocido por el genérico apodo de “El Mayo”.

El martes 8 de octubre del 2024, al dar a conocer la Estrategia de Seguridad del nuevo Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública, Omar Hamid García Harfuch explicó: “No se trata sólo de reaccionar ante los delitos, sino también anticiparse a ellos. Usando inteligencia y recursos tecnológicos más avanzados para analizar datos, identificar patrones y comprender las dinámicas en las zonas con mayor incidencia es como podemos desarrollar estrategias más efectivas para combatir a las organizaciones delictivas”.

Detalló García Harfuch ese día: “Para incrementar las acciones en materia de inteligencia se creará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de la Seguridad, que contará con las capacidades y herramientas tecnológicas para identificar redes criminales. Esta Subsecretaría se reforzará con analistas, investigadores de campo, investigadores de gabinete y especialistas técnicos que traduzcan la inteligencia recabada en campo por distintas instituciones, en elementos que garanticen la solidez de las carpetas de investigación; siempre, por supuesto, trabajando en absoluta coordinación con la Fiscalía General de la República”.

El último día del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lunes 30 de septiembre del 2024,  se promulgó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que trasladó el control operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa: (Artículo 21) “La Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia. Los fines de la Guardia Nacional son […] la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación. La Ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional”.

A este mismo artículo constitucional se le agregó otro párrafo publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 31 de diciembre del 2024, que fortaleció al actual Secretario de Seguridad, al atribuirle facultades especiales y una vinculación directa con la Presidenta Sheinbaum Pardo: “La Secretaría del ramo de Seguridad Pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional”.

En el mismo párrafo se le atribuyó a García Harfuch un papel clave en la estrategia de seguridad nacional: “Le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la Ley, y podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de Gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia conforme a la Ley. Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos”.

Además, en el mismo paquete de reformas constitucionales al Artículo 21 constitucional se le amplió el horizonte de trabajo a García Harfuch en un área que es y será clave en la lucha contra el narcotráfico: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”. Esta reforma vinculó estrechamente las tareas de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la Fiscalía General de la República.

LOS OPERATIVOS

Poco a poco han empezado a probarse las nuevas estrategias de coordinación. El viernes 22 de noviembre del 2024 se realizó en por lo menos 10 municipios del Estado de México una acción coordinada denominada “Operación Enjambre”, para desmantelar una red de funcionarios corruptos acusados de colaborar con la delincuencia y de estar involucrados en asesinatos, secuestros y extorsiones. Se coordinaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina, la Policía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en un despliegue de mil 500 elementos. Ese día se detuvieron a siete de 14 funcionarios públicos contra quienes había órdenes de aprehensión y dos semanas después los detenidos ya sumaban 24.

En el informe de seguridad del martes 3 de diciembre del 2024, Omar García Harfuch informó que se llevó a cabo esa operación como resultado de meses de trabajo de investigación, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Gabinete de Seguridad, para identificar entramados criminales que, bajo modos de encubrimiento, intervención o participación, favorecieron actividades ilícitas y de financiamiento de estructuras delincuenciales con presencia en esta entidad. Esto permitió identificar la relación de servidores públicos con grupos delictivos”. Para el sábado 25 de enero del 2025, como seguimiento de la “Operación Enjambre” se había arrestado por lo menos 50 personas en el Estado de México, de las cuales 49 ya estaban vinculados a proceso.

SEMESTRE PRODUCTIVO

En el reporte de Incidencia Delictiva y Avances de la Estrategia Nacional de Seguridad presentado en Palacio Nacional el 25 de marzo del 2025, se hizo el balance correspondiente al periodo del primero de octubre del 2024 al 24 de marzo del 2025: 15 mil 887 detenidos, y 644 laboratorios y áreas de concentración desmantelados en Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. 

Pero hay dos casos de marzo que llaman la atención, pues fueron operaciones coordinadas de todas las fuerzas del Estado, en forma simultánea, en varios estados del país. El 19 de marzo del 2025, en Poncitlán y Zapotlán del Rey, Jalisco, se catearon seis inmuebles en los que fueron detenidas cuatro personas, asegurándoles dos lanzacohetes, dos bazucas, cinco ametralladoras, cinco fusiles barret calibre .50, 34 armas largas, ocho armas cortas, 16 granadas, mil cargadores, 40 vehículos, 80 kilos de cocaína y 51 millones de pesos. 

El 18 de marzo del 2025 en las ciudades de Juriquilla y Querétaro, del estado de Querétaro; en San Miguel de Allende, Guanajuato y en Umán, Yucatán, hubo seis operaciones simultáneas en las que se detuvieron a nueve integrantes de un grupo criminal vinculado con delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburo, venta de droga, ataques armados y homicidios.

Y así, las acciones conjuntas entre Ejército, Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Federal se han multiplicado por todo el país, cortando brazos armados y operativos de los principales cárteles del narcotráfico. Desde la periferia hacia el corazón de las organizaciones criminales, avanzan las Fuerzas Federales.

Mientras que, desde el otro lado del Río Bravo, Donald Trump y sus halcones no ocultan sus apetitos intervencionistas, cuando deberían centrar su interés y colaboración con México en asuntos muy concretos: 1.- Combatir en territorio de Estados Unidos las redes de distribución de drogas; 2.- Identificar y desmantelar las redes de financiamiento  y de lavado de dinero de las organizaciones criminales; 3.- Impedir el tráfico ilegal de armas que fluye como un río de Estados Unidos hacia México para fortalecer a las fuerzas del mal; y 4.- Asumir su responsabilidad en resolver los altos índices de consumo de drogas, como un asunto de Salud Pública.

El combate a las organizaciones criminales en México avanza con una buena estrategia por lo que tendrá resultados importantes en el corto y mediano plazos. Bajo la conducción de la Presidenta Sheinbaum Pardo, el Estado mexicano recurre al uso legítimo de la fuerza para someter a las organizaciones criminales que dañan al pueblo, le agravian, le causan dolor profundo y le roban su tranquilidad.

Pedro Mellado Rodríguez

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Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

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