El Pacto contra la Extorsión en la Ciudad de México imprime innovación frente a un delito nutrido principalmente del aislamiento de las víctimas, al convocar a la acción colectiva donde el beneficio de denunciar supera el costo individual de enfrentar al victimario.

En esta redefinición moderna del contrato social de Thomas Hobbes, la capital nacional conforma su propio Leviatán del siglo XXI y legitima la participación interinstitucional y ciudadana como oportunidad de profundizar el fracaso y desmantelamiento de la actividad extorsiva.

Definido por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, como un compromiso colectivo para cerrar filas, romper el silencio y construir comunidad, el Pacto es modelo integral convergente con la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La pluralidad de voces y voluntades mostrada este lunes en el Centro Cultural del México Contemporáneo convocada por la mandataria local es muestra de la disposición para enfrentar el desafío.

A quienes tienen la encomienda de garantizar seguridad y justicia —el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y la Fiscal Bertha Alcalde— se suman los poderes judicial y legislativo representados por Rafael Guerra y Jesús Sesma, así como organismos de la sociedad, entre ellos el Rector de la Universidad Iberoamericana, Luis Arriaga, y el secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano, Ramón Beltrán.

Si la extorsión aprovecha el aislamiento y el silencio de las víctimas, el Pacto introduce la noción de inteligencia social al incluir al comercio popular, el sector empresarial, la academia, la Arquidiócesis, medios de comunicación, la Defensa y la Guardia Nacional en la construcción de un frente común transformador del miedo individual en acción colectiva.

En este compromiso, el ecosistema de atención operado desde el C5 y constituido por la Línea Antiextorsión 55 5036 3301 —instruida por Brugada en noviembre de 2024—, el 089 y el 9-1-1, ya arroja estadísticas desmitificadoras del poder del extorsionador. De cuatro mil 515 reportes procesados en los últimos 17 meses sólo en el 12.5 por ciento llegó a consumarse el delito.

Los datos son contundentes: nueve de cada 10 intentos de extorsión fracasan cuando existe una intervención oportuna. Y revelan un cambio en la idea de la búsqueda de la autoridad solo cuando el daño es un hecho consumado; ahora un acto de responsabilidad puede reportar desde la tentativa de extorsión.

El Pacto contra la Extorsión coloca a la Ciudad de México como pionera de políticas públicas innovadoras, derechos y libertades, bajo una lógica donde la seguridad es un bien colectivo.