Por Marcia Itzel Checa Gutiérrez

Este domingo 1 de junio se llevaron a cabo las primeras elecciones judiciales, 881 responsabilidades a nivel federal fueron parte del catálogo con poco más de tres 200 candidaturas a elegir. De acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional Electoral, la participación ciudadana osciló entre el 12.57 y el 13.32 por ciento de la Lista Nominal de Electores. Es decir, votaron entre 12.5 y 13.2 millones de personas. Un porcentaje sumamente bajo que problematiza las condiciones reales para garantizar nuestro derecho a la participación en los asuntos públicos.

Más allá de lo perniciosa que resulta la reforma al Poder Judicial, al no atender el fondo que es cómo garantizar el acceso a la justicia a todas las personas y a las miles de víctimas del país, y más bien responder a una estrategia de captura y concentración del poder por parte del proyecto en el Gobierno. Es importante traer a colación que desde su presentación la reforma tuvo serios cuestionamientos que no fueron escuchados, que no fueron atendidos, que fueron ignorados. Fue una reforma impuesta desde el régimen. Las voces, las preocupaciones y las propuestas de las propias personas operadoras de justicia en funciones, como las de especialistas, integrantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil e incluso de organismos internacionales con trabajo en derechos humanos no contaron con mecanismos ni de escucha ni de diálogo efectivo.

Lo que ha venido después ha sido consecuencia de esa cerrazón de echarla a andar a toda costa y desoyendo incluso sugerencias que la hubieran podido hacer menos catastrófica.

Una premisa de la participación es que dos cabezas piensan mejor que una y así sucesivamente; que las distintas perspectivas y experiencias nutren lo público, eso que es de todas y de todos. Pero de manera recurrente los gobiernos hacen poco para hacer efectivo, en su concepción amplia, el derecho humano a la participación ciudadana en los asuntos públicos. Las mayor parte de las veces la reducen al voto popular, cuando es evidente a todas luces que participar va más allá del mero hecho de votar una vez cada tres o seis años. La democracia se construye día a día y por todas las personas. Por lo tanto, quienes ostentan una responsabilidad pública tienen la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar este derecho.

Estas primeras elecciones judiciales no sólo pusieron en evidencia los riesgos advertidos por un sin fin de actores, sino que además expusieron el desdén por procurar condiciones mínimas para materializar la participación de las personas, si es que esa realmente era la finalidad. Con información inaccesible sobre la totalidad de candidaturas, con boletas confusas, con un mecanismo de votación sui generis, con poca información y poco tiempo, los desincentivos estaban a la vista. Aunado a la convicción de muchas personas de no legitimar esta reforma.

El porcentaje de votación en estas elecciones cabe acotar, el más bajo registrado en elecciones y ejercicios participativos, ilustra las complejidades para facilitar el voto de quienes así lo deseaban, pero también el desinterés y/o molestia ciudadana genuina que debe ser escuchada. Más allá del voto es necesario que la transformación de lo público empiece por establecer mecanismos efectivos y sustantivos de participación. La reforma judicial deja sin resolver los problemas de fondo y el balance de estas elecciones no es positivo. Superar la impunidad y construir un sistema de justicia efectivo requiere de todas las ideas, críticas y propuestas, es una deuda con las miles de víctimas de este país.

#SinCuotasNiCuates

* Itzel es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones y la garantía de los derechos humanos de todas las personas.

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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