Recuerdo de niño haber memorizado un fragmento de La vida es sueño, de Calderón de la Barca, que decía:

Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que sólo se sustentaba de unas hierbas que comía; -Habrá otro, -entre sí decía- más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo, que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó.

Parece que el lema obradorista “primero los pobres” ha terminado de encontrar una de sus raíces profundas con la máxima votación obtenida por Hugo Aguilar Ortiz en las elecciones a la Suprema Corte de este domingo. Una votación para un Juez indígena que le dice a los pueblos originarios que van a tener en la cúpula del Poder Judicial a una suerte de tribuna del pueblo que ha dormido, como ellos, en el suelo.

La elección popular de jueces, magistrados y ministros es, sin mixtificar la justicia precolombina, que estaba llena de desigualdades y jerarquías monárquicas, recuperar la justicia mexicana un cierto equilibrio cósmico, de orden atento a la idea de justicia, basado en la reciprocidad, atento al principio meritocrático y, rasgo no menor, a la rendición de cuentas de los malos jueces. Todos deberán someterse a una evaluación por el Tribunal de Disciplina al concluir su primer año. Aunque los reprobados tendrán una segunda oportunidad, en caso de no aprobar, podrían ser suspendidos de su puesto.

Todos estos elementos de control se fueron perdiendo y explican el alejamiento y desprecio popular por todo lo que tuviera que ver con el Poder Judicial.

He planteado alguna vez que la elección popular de los jueces en México tiene un efecto simbólico, como el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, que marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano, y reafirmó la independencia de México frente a las potencias europeas. Es como la reclamación del laicismo o la no reelección, símbolos de cambio profundo que marcan nuevas épocas: fusilar a Maximiliano para dejar claro que México es soberano; proclamar el laicismo para dejar claro que la jerarquía de la iglesia no manda en el país ni puede abocarlo a una guerra civil; impedir constitucionalmente la reelección para desterrar la pretensión caudillesca de perpetuarse en el poder institucional; y elegir popularmente a los jueces para terminar con la impunidad de las élites que usurpan la Constitución haciendo de la Judicatura una guardia pretoriana al servicio de mantener los privilegios.

En un evento fuera de México, en Harvard, en la Escuela de Derecho, se burlaba el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de los requisitos para presentarse a la elección a Juez. Éstos han sido poseer un título en Derecho, haber aprobado con una buena calificación (al menos 8.0 en la licenciatura, y 9.0 en materias especializadas si se postula para cargos en la Suprema Corte o tribunales federales), tener experiencia profesional con un mínimo de cinco años de experiencia en el ámbito jurídico, elaborar un ensayo justificativo y presentar cinco cartas de recomendación de vecinos.

Para el antiguo Ministro, las cinco cartas de recomendación eran algo gracioso. En la falsa meritocracia del viejo sistema, las cartas de recomendación las firmaban indirectamente las familias de los ricos mandando a sus hijos a estudiar a universidades caras y elitistas, fuera del país, o tener el aval de algún Gobernador, de diputados o senadores, quizá del Presidente del país o de poderosos empresarios, pasar por escuelas donde el filtro es el dinero, comprar títulos o formar parte de ese pequeño grupo de gente que nunca han tenido la sensación de sobrar en ningún lado.

La participación popular en las elecciones judiciales en México ha transcurrido en paz y con normalidad. Bueno, salvo las regulaciones del Instituto Nacional Electoral, que no permitió durante la campaña ni siquiera alquilar altavoces ni sillas para que los candidatos pudieran explicar sus propuestas. El INE es un espacio que sigue mirando a México por el retrovisor y no tenía mucho interés en que estas elecciones llegaran a buen puerto.

La Presidenta Claudia Sheinbaum había hablado estos días de que una participación del cinco por ciento podría considerarse un éxito. No hay que olvidar que hablamos de la primera vez que se nombran a los jueces con elección popular; también que es difícil conocer a la gente que participa (muchos candidatos); la votación, por si no faltaran complicaciones, era compleja porque son muchos nombres y seis circuitos y, lo que no es menor, la Judicatura no es un espacio que tradicionalmente haya despertado la emoción de la ciudadanía. Ha habido 29 quejas por el uso de los llamados acordeones para que el votante pudiera orientarse.

Cualquier proceso electoral debe probarse y rodarse. Tener información no debe ser nunca un problema. Si alguien recuerda los nombres de las cinco primeras personas de la lista a la que votó en las últimas elecciones, que me llame que le invito a cenar.

Al final ha votado el 13 por ciento, con un total de 13 millones de mexicanos y mexicanas, que han dado arranque a una revolución democrática de enorme calado. Igual que hablamos de la reforma de lo que tiene que ver con el Poder Legislativo, es decir, con partidos, elecciones, circunscripciones, limitación de mandatos o elección de candidatos y sorteo, no hay apenas discusión acerca de la elección de los jueces. Queda igualmente pendiente la otra gran discusión, la de los medios de comunicación, porque siempre la frenan las empresas de medios de comunicación. Saben que sin el control de los medios, nunca podrían ganar unas elecciones. No descartemos que ahora que no tienen a los jueces de parte, una parte de la oposición vuelva a hablar de la necesidad de un golpe de Estado y empiecen a intoxicar a los militares.

El voto se gana y también precisa luego un proceso pedagógico. En los arranques de muchos procesos de cambio en América latina, la abstención alcanzaba por lo común del 50-60 por ciento del padrón. Y quien ganaba lo hacía pongamos, en el mejor de los casos, con el 50 por ciento del voto. De manera que han empezado gobernando con el 20-25 por ciento de los votos.

No olvidemos igualmente que la media de votación para elecciones más comunes en países con democracias consolidades, como las de alcaldes en EU, la media de votación es del 14 por ciento, muy similar al 13 por ciento de los que han votado en México.

Esto no hace inmejorable a una elección donde el grueso de la ciudadanía no se ha sentido convocada. En la Constituyente norteamericana, algunos de los padres de la Constitución decían que el pueblo llano no podía votar porque era ignorante. Jefferson dijo que de lo que se trataba no era de quitarles el voto, sino de instruirles para que se hicieran ciudadanos conscientes.

Pero tampoco el 13 por ciento es un mal arranque, como quieren plantear voceros de la oposición. Dudo que ninguno de ellos pida la dimisión de los alcaldes de los EU porque han sido elegidos por un porcentaje similar al de los jueces en México.

Reformar el Poder Judicial era una exigencia democrática. En España, la Diputada de extrema derecha, Cayetana Álvarez de Toledo, dijo que los jueces eran el muro de contención de las élites cuando la derecha pierde las elecciones. El llamado lawfare, la guerra jurídica, es el golpismo de este primer cuarto del siglo XXI. El sexenio de López Obrador se vio frenado porque los jueces, que no se presentan a las elecciones, invalidaban la puesta en marcha de reformas que habían sido refrendadas por el pueblo en las elecciones.

En muchos lugares, son los tribunales máximos donde las élites concentran sus esfuerzos para controlar esas salas y frenar los cambios. En España, el entonces portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, afirmó, tras un acuerdo con el PSOE para repartirse los puestos en el Poder Judicial, y para tranquilizar a los miembros de su partido, que no se preocuparan, que había sido un gran acuerdo porque iban a “controlar la sala segunda por detrás”. La sala segunda es la que juzga los casos de corrupción, que es lo que preocupaba a los políticos de la derecha. Es la que ha juzgado a los muchos ladrones del PP, dejando libres a unos cuantos. Más de lo justo. En México, el porcentaje de delitos que quedan sin castigo es escandaloso, como escandalosa ha sido la colusión entre algunos jueces y grandes criminales, incluidos narcotraficantes y cárteles.

Nada distinto ha hecho Donald Trump colocando a jueces afines en el Tribunal Supremo. ¿Con alguna intención? Bueno, pues ese tribunal es que le permitió presentarse a las elecciones pese a estar condenado. Que lo intente algún político de izquierdas en EU.

López Obrador entendió que la reforma de la Judicatura no debía afectar solamente a la cúpula judicial, esto es, a la suprema corte, sino que competía a todo el Poder Judicial, incluyendo el Tribunal de Disciplina Judicial, que se encarga de los asuntos internos de los jueces (ya saben ustedes eso de que perro no come perro) o el Tribunal Electoral, además de los tribunales colegiados y los juzgados de distrito. ¿De qué sirve cambiar la punta del iceberg si lo que está debajo es lo realmente grande?

En total, se van a cambiar dos mil 700 cargos, entre jueces de distrito, magistrados y los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación-.

Claro que una elección de esta envergadura no está libre de problemas. En el filtro inicial que hizo la cámara legislativa se colaron personas vinculadas al narco, pero fueron detectadas. Quien no detectó que su mano derecha, García Luna, estaba al servicio del narco, fue el Presidente Felipe Calderón, elegido desde las filas del derechista PAN. Ningún sistema es perfecto y, como ha dicho Sheinbaum, en 2027 se podrá evaluar. Pero es evidente que no va a ser en ningún caso peor que lo que hay.

Parece evidente que en la cúpula del Poder Judicial en México, un órgano que va a ser colegiado, van a estar personas que llevan tiempo intentando que el derecho deje de ser la gran asignatura pendiente de la democracia mexicana y que tienen relaciones con los sectores populares, no como antes que necesitaban el apoyo de banqueros, empresarios o políticos corruptos.

Ahí está Hugo Aguilar Ortiz, que ha sido coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y que participó en 1996 en los diálogos de San Andrés Larraízar en Chiapas, de la mano del EZLN.

También está Lenia Batres, la “Ministra del pueblo”, como le gusta presentarse, Ministra que arrancó la campaña, al mejor estilo Obrador, en la calle. O la Ministra Ortiz, que ha recibido el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas. O Yasmín Esquivel, que recibió el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Estado de México.

La reforma judicial va a permitir que la Ley Federal de Austeridad Republicana entre por fin en el Poder Judicial. Es bueno que los jueces tengan un sueldo decente, porque así es más complicado que la corrupción sea el pan nuestro de cada día, les permite estudiar y dedicar tiempo a juzgar. Pero las remuneraciones millonarias les hacían parte de la élite y, por tanto, han defendido los intereses de la élite. En las mesas de los ricos han estado siempre los obispos, los banqueros, los jueces, el Embajador de los EU y, no pocas veces, los narcos.

Con el Papa Francisco y León XIV, parece que los obispos igual faltan a esa comida; el Embajador de los EU sabe que ya no puede hacer lo que le dé la gana; a los narcos se les detiene. Y con la elección popular de los jueces, va a ser más fácil que los jueces coman tacos en vez de cara comida francesa y jamón de jabugo en casas palaciegas. Así que en las cenas de las élites volverán a estar los que corresponden. Aunque se aburran.

En esta elección han participado 13 millones de mexicanos y mexicanas. Cuatro millones más de los que votaron por el PRI, el PAN y el PRD.

Desde que tenemos memoria, siempre que se ensancha la democracia, los ricos rabian. Y conspiran. En México saben que para hacer una omelette, lo que en España llamamos una tortilla, hace falta romper los huevos.

Como aquella telenovela de los ricos también lloran, igual hay que ir escribiendo el guión de otra que se llama “los jueces también lloran”.

Hacía falta que los jueces del viejo México lloraran un poco, junto a los corruptos y los enemigos de la democracia, para que al pueblo no le sigan quitando la sonrisa.

Juan Carlos Monedero

https://www.sinembargo.mx/author/juan-carlos-monedero/

Realizó estudios de licenciatura en Economía, Ciencias Políticas y Sociología. Es Doctor en Ciencias Políticas y profesor titular en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de Heidelberg (Alemania). Ha dado clases en diferentes universidades de Europa y América Latina y es profesor honorario en las universidades argentinas de Quilmes y Lanús. Ha asesorado a diferentes gobiernos latinoamericanos. Entre otros libros, ha publicado La transición contada a nuestros padres, El gobierno de las palabras, Nuevos disfraces del Leviatán, Dormíamos y despertamos, Curso urgente de política para gente decente (15 ediciones y publicado en cinco países), La izquierda que asaltó el algoritmo, El paciente cero eras tú y Política para tiempos de indiferencia (2024). Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales de CLACSO en 2018. Ha sido ponente central en la conmemoración del Día Internacional de la Democracia en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y en la 28 Sesión Regular del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Tiene reconocidos tres sexenios de investigación. Es cofundador de Podemos, colabora en diferentes medios de comunicación y ha presentado durante cinco años el programa En la frontera en Público, donde tiene el blog Comiendo tierra.

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