Vivimos en un mundo de aceleración tecnológica sin precedentes. Si el mundo de ayer no se parece al de hoy, el de hoy se parecerá menos al de mañana. En pocos campos es esto tan real como en lo que se refiere al impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo.

De acuerdo con información provista por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la UNESCO, entre el 40 y el 60 por ciento de los empleos en el mundo están expuestos a transformaciones impuestas por la inteligencia artificial. No sólo eso, sino que la propia inteligencia artificial basada en tecnología digital está dando paso a un nuevo paradigma fundado en la computación cuántica, que pronto hará ver al mundo digital como perteneciente a otra era geológica.

Ante estos cambios titánicos, urge introducir reformas jurídicas de índole tecnológico, económico y ético que aseguren que las nuevas formas de producir riqueza beneficie a las empresas, los trabajadores y a la sociedad en general.

Es cierto que existen iniciativas para reformar el Artículo 73 de la Constitución con el fin de que el Congreso pueda expedir leyes generales en materia de inteligencia artificial que apliquen en todo el país, pero estas aún no se consolidan en una verdadera propuesta.

Cualquiera que termine siendo esta, tendría que tomar en cuenta un documento estratégico denominado Agenda Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2030, elaborado por un grupo de investigación interdisciplinaria llamada la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), cuyo objetivo es establecer una hoja de ruta para que México aproveche el potencial de la IA de manera ética, soberana y sostenible.

La propuesta se organiza alrededor de algunos temas clave que habrá que tomar en cuenta. En lo que se refiere a la gobernanza y la regulación, se plantea crear un marco legal que proteja los derechos humanos y evite sesgos algorítmicos. También se sugiere promover bases de datos nacionales abiertas para entrenar modelos de inteligencia artificial en un contexto regional y local. Esto es importantísimo, pues debemos asegurarnos de que los adelantos tecnológicos se basen en respetar el contexto específico de las comunidades que los utilizarán.

En materia de educación, el documento plantea que los planes de estudio sean reformados de tal manera que los jóvenes mexicanos puedan desarrollar habilidades digitales desde la educación básica hasta la profesional.

Un asunto profundo y estratégico es el que tiene que ver con los aspectos éticos de la cuestión. La protección de la privacidad debe verse como un imperativo de primera importancia, ya que en este punto los peligros son manifiestos. Para que esto se realice de la mejor manera, hay que establecer protocolos de ciberseguridad que sean todo el tiempo modificables y suficientemente flexibles para responder a todo tipo de nuevas amenazas.

Estos son sólo algunos aspectos que deben tomarse en cuenta para lograr propósitos más generales, como el de reducir la desigualdad social y mejorar el acceso a servicios públicos como salud y educación. A su vez debemos lograr la soberanía tecnológica, mediante el impulso a empresas y centros de investigación mexicanos.

En última instancia habría que posicionar a México como un líder regional en la economía digital y cuántica con el fin de atraer inversión en sectores de alta tecnología.

Los nuevos cambios tecnológicos pueden ser una pesadilla o bien una oportunidad para expandir la felicidad y el bienestar humano. Hagamos realidad lo segundo.