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El miércoles, la Suprema Corte le otorgó un amparo a la empresa Totalplay, perteneciente al consorcio Grupo Salinas y cuyo dueño es el magnate Ricardo Salinas Pliego, para evitar un pago millonario pendiente al SAT.
Grupo Salinas celebró la medida resuelta en la Sala de la Corte, a lo que acusó una “arbitrariedad e inconstitucionalidad” sistemática por parte del SAT.
Cayetana Álvarez de Toledo se define a sí misma en su libro Políticamente indeseable de la siguiente manera: “Soy soberbia, dicen. Sí, venero la inteligencia y soporto mal la estupidez. Pero sobre todo soy introvertida, muy reservada”. También ahí se concibe como “una marquesa pija de derechas, militante del PP y miembro de FAES”.
El mandatario mexicano señaló que si Ricardo Salinas Pliego le entrega pruebas, las presentaría en su conferencia de prensa diaria matutina.
El Presidente contó que la deuda del empresario se remonta al sexenio de Vicente Fox, y que desde entonces ha ido creciendo.
El magnate Ricardo Salinas Pliego cree en la libertad de mercado y considera un abuso del Estado el pagar impuestos. En su afán de expandir esa idea, ha conformado la fundación Caminos de la Libertad y Centro Ricardo Salinas, desde donde impulsa a Atlas Network.
La investigación del ElDiario.es reportó que el empresario Ricardo Salinas Pliego cuenta con tres sociedades que están sujetas al régimen denominado entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE), una figura fiscalmente “opaca” y “ventajosa” que tuvo origen en 1995 y que cumple el propósito de llevar multinacionales a España, la cual le permite evadir impuestos.
Vicente Fox Quesada, expresidente de México, ha causado este fin de semana una fuerte ola de indignación por uno de sus constantes mensajes de odio, los cuales emite a través de su cuenta de X, red social anteriormente conocida como Twitter. Entre las personas que se pronunciaron en contra, están Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez, dos mujeres panistas que han recibido apoyo abierto del político.
Empleada del Grupo Salinas desde 2015, la política guatemalteca Gloria Álvarez dijo que jamás ha sido censurada ni obligada a pensar igual que Salinas Pliego, propietario también de la Universidad de la Libertad en la que ella colabora.
Desde ayer se dio a conocer que la empresa TV Azteca y los tenedores de 400 millones de dólares en deuda no lograron conciliar sus diferencias en la reestructuración de bonos sobre las negociaciones ordenadas por un tribunal.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, mantienen desde hace varios días un intercambio de señalamientos y acusaciones derivados del adeudo del pago de 40 mil millones de pesos por parte de una de las empresas del magnate, Elektra, y el supuesto andamiaje de estrategias legales que la firma ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para esquivar el millonario adeudo fiscal.
El empresario señaló que “los ataques” al Poder Judicial no contribuyen a la construcción de la libertad; más temprano, López Obrador dijo que Salinas está enojado porque debe miles de millones de pesos en impuestos al SAT y él no puede “ser su cómplice”.
En lo que es la primera respuesta directa del Presidente de México al magnate Salinas Pliego, quien fue el creador del Consejo Asesor Empresarial, López Obrador recordó que si no le cobra los impuestos que debe, otros empresarios le reprocharían por qué a ellos sí y a él no.
Fue en febrero de 2021, cuando la bailarina Itzel Schnaas denunció a través de un video a Andrés Roemer por acoso sexual. Tras la acusación se dieron decenas de señalamientos similares, y al menos 10 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Salinas Pliego ha buscado construir una imagen, sin mucho éxito, apoyado su televisora de gran emprendedor creativo, con méritos propios y con una gran capacidad para la innovación. Vende una idea de aspiracionismo, como si ser millonario fuera una decisión y no un conjunto de ventajas preestablecidas, negociadas, heredadas y la suma de prácticas políticas y fiscales cuestionables.
El TEPJF argumentó que, si bien hay evidencias de violencia simbólica y psicológica, las autoridades electorales únicamente “pueden conocer de actos que afecten derechos político-electorales”, por lo que en el caso no percibió que hubiera alguna falla en ese sentido.