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La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, propuesta por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas regreso al Congreso del Estado de México. Ahora organizaciones civiles pretenden seguir la discusión con el fin de impugnarla.
Por 6 votos contra 4, el pleno de la SCJN declaró Constitucional el artículo 39 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, conocida como “Ley Atenco”.
La SCJN declaró invalido el articulo de la ley del Estado de México que permitía como primera opción hacer uso de la fuerza en contra de las manifestaciones.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó [resolución que suspende un proceso por falta de causas] la acción de inconstitucionalidad ya que el Congreso del Estado de México constituye una mayoría parlamentaria facultada para derogar, modificar o reformar la norma impugnada. La polémica ley, que fue elaborada por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas y aprobada por los legisladores locales el pasado 17 marzo, permitiría a las autoridades de la entidad disolver manifestaciones civiles mediante el uso de la fuerza en caso de hallarlas ilegales o causantes de romper la paz y el orden.
Pobladores ven con preocupación en Alfredo del Mazo una continuación de las políticas del Gobernador Eruviel Ávila Villegas.
“Lo que está en juego es que este modelo de leyes se replique en otros estados del país”, dijo Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
De enero a agosto de este año 47 defensores de derechos humanos han sido asesinados en México, principalmente en Oaxaca y Veracruz.
“La cifra aumenta al menos al doble si se considera la lucha magisterial contra la Reforma Educativa, es decir, el 43 por ciento de la entidad registra conflictividad social por la defensa de Derechos Humanos”, afirmó José Antonio Lara Duque, presidente del CDHZL.
Filiberto Gómez Díaz asumió la gubernatura del Estado de México en 1929, año en que fue fundado el Partido Nacional Revolucionario, antecedente del actual Revolucionario Institucional (PRI).Veintidós priistas han gobernado esa entidad, sin perderla ni una sola vez. Hoy, el Gobernador es Eruviel Ávila Villegas, quien, como sus antecesores, ejerce el control sobre sus millones de habitantes por medio de la represión. En el último sexenio, las autoridades mexiquenses intentaron legalizar esta práctica por medio de leyes que justifican las agresiones de cuerpos policiacos contra civiles. En 2017, los mexiquenses votarán para elegir a su sucesor y la represión es un factor que se suma a la violencia, corrupción y censura ya no como aliado para mantener la hegemonía, sino como el enemigo que contribuiría a dejar atrás casi nueve décadas sin alternancia, tal como sucedió este año en Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo, en donde los habitantes utilizaron su voto para castigar a un partido cuya relación con los ciudadanos se ha basado en el miedo.
Representantes de cinco pueblos indígenas del Estado de México acusaron que la denominada “Ley Eruviel” no sólo está diseñada para reprimir la protesta social, sino que también pone sus vidas en riesgo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Acción de Inconstitucionalidad, en contra de diversos artículos de la recién aprobada Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, mejor conocida como “Ley Eruviel”.
La tensión en comunidades del Estado de México opositoras a megaproyectos se avivó esta semana. La entrada de Grupo Higa, escoltada por elementos de la policía estatal, a la comunidad de San Francisco Xochicuautla para destruir casas, y de topógrafos y militares en una zona ejidal de San Salvador Atenco, a sólo dos kilómetros de los terrenos del NAICM, pusieron en guardia a los habitantes, quienes afirmar han quedado vulnerables ante un Gobierno que endurece la Ley contra la protesta pública y ha dado muestras de su fidelidad a las empresas favoritas del Gobierno federal.
Las 179 organizaciones, pueblos y barrios miembros que conforman la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra manifestaron su preocupación ante el “violento desalojo gubernamental” perpetrado contra la comunidad de San Francisco Xochicuautla que derivó en la destrucción de viviendas con la finalidad de abrir el camino a la Autopista Toluca-Naucalpan “proyecto al que la comunidad indígena se ha opuesto desde hace años”.
Pobladores en zonas de tensión social acusaron al Gobernador Eruviel Ávila de provocarlos.
Pobladores de San Francisco Xochicuatla acusaron a la CNDH de no intervenir para detener el cese de demolición de sus patrimonios.
Organizaciones civiles nacionales e internacionales condenaron las acciones de “represión y desalojo cometidas” en contra de los pobladores de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, ocurrida este lunes, y exigieron la salida de los elementos de la policía del Estado de México y que se respete la suspensión de las obras concedida al pueblo otomí.