Por: Charlie Punzo Villafuerte*

¿Qué entendemos por justicia climática? La respuesta quizá puede variar, pero lo verdaderamente relevante es desde qué visión se construye cada narrativa según los intereses en la agenda climática global.

Desde las primeras declaraciones internacionales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, se habló sobre reducción de las desigualdades, pobreza, responsabilidades compartidas, pero no hay evidencia de que la construcción de dichos documentos hubiese considerado a pueblos y comunidades indígenas, principales afectados por la destrucción del ambiente. Hoy, las aún incipientes acciones para enfrentar el cambio climático ponen en evidencia la tardía consideración de estas voces, al observar el escaso financiamiento que reciben para ello y cómo eso constituye una violación a sus derechos humanos y una amenaza a su existencia.

En un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas, el "Estado de los Pueblos Indígenas en el Mundo", describe la absurda desproporción e injustica que viven los pueblos y comunidades indígenas dentro de la agenda climática, pues apenas reciben menos del uno por ciento de la financiación internacional para el clima.

Esta evidente exclusión no resulta fortuita, cuando a medida que incrementan las políticas de desarrollo extractivo, crecen también los conflictos socioambientales en los territorios. Además, estos conflictos suelen gestarse en países con legislación laxa y permisiva frente a la sobreexplotación de los recursos y la contaminación, por lo que no es de extrañarse que los movimientos y resistencias de mujeres y hombres de pueblos y comunidades indígenas emerjan en medio de la destrucción de sus bosques, la contaminación de sus ríos y lagos, y que, desde hace ya varios años, sufran directa y exponencialmente los efectos del cambio climático, una problemática que año con año se manifiesta en fenómenos climáticos más extremos y destructivos

Frente a esto, es necesario reconocer y resaltar la necesidad de involucrar a los pueblos y comunidades indígenas para construir una verdadera justicia climática desde los territorios partiendo de cinco aspectos de suma relevancia:

1.

Si bien los pueblos indígenas representan el seis por ciento de la población mundial, son guardianes del 80 por ciento de la biodiversidad que queda en el planeta, padeciendo en ello desplazamiento, criminalización y violencia por defender el territorio. Esto precisa no sólo financiamiento para incrementar las capacidades de mitigación y adaptación, sino también políticas eficientes y protocolos de protección de las y los defensores.

Tan sólo en México, en 2022 se documentaron más de 582 agresiones contra defensores ambientales, de las cuales 24 fueron asesinadas. A esto se suma el altísimo porcentaje de impunidad, donde el 99por ciento de estas agresiones quedan sin castigo.

2.

En el mundo, hasta un 80 por ciento de los recursos minerales e hidrocarburos extraídos se encuentran en territorios indígenas, destruyendo con ello los ecosistemas de los cuales depende su población y amenazando sus medios de vida.

Desde la publicación del Plan México, se ha advertido una política regresiva en la protección ambiental, debido al anuncio de inversión de proyectos extractivos en regiones altamente vulneradas por la sequía y la desertificación de los suelos a causa de la contaminación y la sobreexplotación de los recursos. Ante ello, es importante defender y garantizar la progresividad en los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que históricamente han tenido que defender su territorio frente a la minería y la explotación de yacimientos de hidrocarburos, en razón a los impactos adversos en la salud de la población, y la destrucción de sus medios de vida.

3.

La aplicación eficaz del principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Los pueblos y comunidades indígenas son quienes menor participación tienen en los factores que han provocado la actual crisis climática, sin embargo, desde hace años sufren sus efectos de manera exacerbada, y sin contar con las capacidades para hacerle frente.

Construir una justicia climática desde los territorios requiere un cambio radical en los modelos económicos y el reconocimiento formal de los sistemas de gobernanza comunitaria que garanticen el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a gestionar los recursos de manera autónoma, a partir de los diagnósticos y principales necesidades que estos identifiquen.

4.

Una transición energética justa. Durante la inauguración de la 24ª sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas el pasado 21 de abril, el titular de las ONU reconoció que, a medida que crece la demanda de tecnologías para la generación de energía renovable, crece la amenaza a los pueblos y comunidades donde se encuentran en su mayoría los llamados “minerales críticos” necesarios para la producción de estas. Por lo que persiste la tendencia extractivista y la devastación de los territorios.

5.

Proteger las narrativas comunitarias. En todo proceso de construcción de soluciones complejas, la sabiduría colectiva pone al centro el bienestar común. Sin embargo, la apropiación de ciertos conceptos desde la narrativa corporativista y neoliberal tergiversa las visiones, y transforma los conceptos para su conveniencia.

Un ejemplo de ello es el concepto de justicia ambiental, que en ciertos ámbitos puede asumirse como el desahogo de un procedimiento jurisdiccional para que una empresa pueda acceder al uso y explotación de un manto acuífero para sus procesos industriales, mientras que, para la comunidad aledaña, significaría la protección de su derecho a disponer de agua limpia, salubre y suficiente para su consumo y uso doméstico.

Es por tal motivo que deben resguardarse y hacerse respetar los conocimientos tradicionales y la naturaleza original de sus conceptos, teniendo como base elemental el criterio que brinde la protección más amplia de los derechos colectivos de pueblos y comunidades.

***

La enorme complejidad de la crisis climática y la naturaleza multifactorial que acrecienta sus efectos precisa soluciones sí con base científica, pero también con una fuerte visión social que incluya la voz y la experiencia de los pueblos y comunidades indígenas, de lo contrario, se corre el riesgo de reproducir los mismos patrones de exclusión y despojo que han suprimido los derechos colectivos a lo largo de la historia.

* Charlie es investigador en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.

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