En México, la violencia se pretende combatir con mordazas. A nivel local y federal, diversos actores políticos y autoridades insisten en censurar expresiones culturales como los narcocorridos, en lugar de enfrentar las raíces del crimen organizado. El caso más reciente es Aguascalientes, donde el Congreso local aprobó una reforma que sanciona con hasta un año de prisión a quienes interpreten este tipo de música en eventos públicos y privados, justo antes de la Feria Nacional de San Marcos.

La narrativa de los censores sostiene que regular contenidos musicales reducirá la violencia. Es una estrategia cómoda: se persigue a artistas, no a criminales; se amedrenta a promotores culturales, no a quienes lavan dinero o controlan territorios; se reprime a quienes narran la realidad, no a quienes la protagonizan con armas y protección política.

El narcocorrido, guste o no, es una expresión artística que refleja la cruda realidad de un país atravesado por el crimen organizado. No inventa la violencia: la describe. Es el corrido tradicional adaptado a una nueva realidad, tan brutal como impune. Censurarlo no elimina el fenómeno que lo origina; lo invisibiliza, pero no lo resuelve.

En Aguascalientes, la reforma penaliza "las difusiones de contenido, imágenes y manifestaciones de carácter artístico o musical que promuevan las actividades relacionadas con la delincuencia organizada". La redacción es tan ambigua como peligrosa: ¿quién define qué es apología? ¿Lo decidirá una fiscalía con base en criterios morales? En un país con tradición de censura disfrazada de legalismo, esto abre la puerta a abusos, arbitrariedades y persecución selectiva.

A nivel federal, el Diputado morenista Arturo Ávila Anaya presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y castigar con hasta 15 años de cárcel la producción o distribución de contenidos que hagan apología del crimen organizado. El legislador argumenta que busca "proteger a los jóvenes", pero en ningún momento habla de reforzar las investigaciones sobre desapariciones, masacres o redes de complicidad entre autoridades y cárteles.

Resulta llamativo que un Gobierno panista y un legislador morenista coincidan en sus “soluciones”. Eso muestra el lastre que arrastra la clase política mexicana desde hace décadas: tratar de disuadir conductas criminales al incrementar el catálogo de delitos y prever penas más severas. Esta estratagema desde el poder se conoce como populismo punitivo, porque sobresimplifica un problema que no se resolverá con delitos y penas más altas. En este caso tiene que ver con expresiones culturales que, en algunos casos, simpatizan con grupos criminales, en un país donde la única opción de movilidad social es integrarse a sus filas. Diría el proverbio oriental: “se mira el dedo que apunta a la Luna y no la Luna misma”.

Mientras se criminaliza la música, las cifras de impunidad siguen intactas. Según el Índice Global de Impunidad México 2023, más del 90 por ciento de los delitos no se castigan. En este contexto, hay más posibilidades de que te sancionen por cantar un corrido que por desaparecer a una persona. Esa es la verdadera tragedia.

Es cierto que los contenidos culturales pueden influir en las conductas. Pero la responsabilidad no puede recaer únicamente en los creadores. En todo caso, el Estado debería promover la educación crítica, no la censura; fortalecer la producción cultural desde las comunidades, no imponer prohibiciones; fomentar el debate público, no perseguirlo.

No se trata de glorificar la violencia ni de negar los impactos que pueden tener ciertas narrativas, pero sí de exigir un debate serio. Si el Estado quiere demostrar que está del lado de la ciudadanía, que empiece por garantizar justicia, no por controlar canciones.

En una democracia, la libertad de expresión es el termómetro de la salud institucional. Reprimirla con leyes ambiguas y discursos moralistas sólo demuestra que el poder teme más a la crítica que al crimen. Y cuando eso pasa, ya no se trata sólo de música: se trata de libertad.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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