Menudo problema de imagen en el que están metidos la Presidenta Claudia Sheinbaum y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, y Rosario Piedra, presidenta de la CNDH, cuando se confrontan emocionalmente con la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el tema de las desapariciones forzadas.

Y es que pelearse con la ONU, no es buena idea; descalificar a la ONU, es peor idea; y es que atacar a la ONU, exhibe el ego del gobernante o pedir sanciones para el mensajero es un despropósito mayúsculo.

No hay que olvidar que la ONU fue creada en 1946 con fines preventivos que eviten el escalamiento de problemas y es que su tarea es conciliar y robustecerse con organismos especializados destinados a alertar cuando inician problemas de manera que estos no lleguen a ser irresolubles.

Y, justamente, la aparición en escena del Comité contra la Desaparición Forzada en México no es la excepción. Y es que este comité especializado ha emitido en los últimos años varios informes y comunicados sobre la situación de las desapariciones forzadas en México.

El más reciente señala que estas violaciones de los derechos humanos son “sistemáticas y generalizadas”. Documenta más de 127 mil personas desaparecidas, más de 5 mil 600 fosas clandestinas y una crisis forense,+ con 72 mil cuerpos sin identificar.

Ante una anomía de esa magnitud el Comité activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Ese artículo le permite al Comité llevar el caso a la Asamblea General de la ONU con carácter urgente.

Textualmente el artículo señala: “Si el comité recibe información que parezca contener indicios fidedignos de que una desaparición forzada se está practicando de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un estado parte, el Comité podrá someter el asunto a la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas por conducto del secretario general…”.

La reacción del Gobierno mexicano fue emocional. La Presidenta Claudia Sheinbaum de inmediato declaró “lo primero, lo rechazamos. Porque en México no hay desaparición forzada desde el Estado. Toda la vida luchamos contra eso, no existe en México, hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada, y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatirlo”.

Y esta narrativa la han sostenido distintos actores políticos con el objetivo de que el tema no llegue a la Asamblea General. Incluso, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, ha calificado las declaraciones de Olivier Frouville, presidente del Comité como “irresponsables y temerarias”. Y, amenaza, si amenaza, con presentar un recurso legal ante instancias de la ONU para exigir sanciones contra el funcionario, es decir, quiere castigar al mensajero.

La oposición, por su parte, como corresponde reconoce la existencia de las desapariciones forzadas y apoya la intervención del organismo internacional.

Pero, al margen de los posicionamientos del oficialismo y la oposición, están los directamente afectados, las familias de los desaparecidos que ven con buenos ojos visibilizar en la ONU el drama mexicano. Y el hecho que se visibilice esta crisis humanitaria debiera verse como una oportunidad para que el Gobierno fortalezca sus instituciones y los procesos de justicia.

Y es que allí están los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y las declaraciones de las personas que directamente han sido afectadas y los registros oficiales donde los familiares aseguran que a sus desaparecidos se los llevaron miembros de los servicios de seguridad del Estado.

Entonces, hay que apelar al interés público y al deber del Estado y no salirse por la tangente haciendo berrinche. No se trata de afectar al gobierno sino mostrar que, independientemente de los signos políticos de un Gobierno, es tarea de la ONU visibilizar el problema de los desaparecidos en forma forzada como ya lo hizo Bosnia-Herzegovina después de la guerra de los Balcanes.

Eso, lo deben entender los líderes políticos, para buscarle una salida al problema que reconocen su existencia. No será querellándose contra el organismo como se mejorará la posición de México, por el contrario, los ataques al organismo muestran que querrían invisibilizarlo. Peor, lo expresó Rosario Piedra, la presidenta de la CNDH, quien pontifica una tontería: “los organismos internacionales no tendrán injerencia en México”.

La alerta seguramente tiene un significado muy especial para un Gobierno que se autodefine como de izquierda progresista. Lo dice la Presidenta Sheinbaum cuando señala “contra eso luchamos” y, precisamente, por eso, es por lo que se debería apoyar el trabajo de este organismo.

No se debe olvidar que los primeros intentos por contar con protección contra la desaparición forzada se remontan hasta los años 70 cuándo las dictaduras militares latinoamericanas secuestraban, torturaban y desaparecían ciudadanos. Y organismos sociales como el de las Madres de la Plaza de Mayo de Buenos Aires fueron pioneros de estas luchas que abrazaría solidariamente la izquierda latinoamericana.

Entonces, no debería actuarse, como si la ONU, fuera enemigo del Gobierno mexicano -eso, hay que dejárselo a las dictaduras militares que, por cierto, nunca se querellaron contra ella- sino reconociéndose como gobiernos progresistas deberían estar preocupados y garantizar la vigencia de los derechos humanos.

Ciertamente, en México, tenemos un grave problema de crimen organizado, muchos de los crímenes que se cometen tienen que ver con sus cárteles, pero, también, las fuerzas seguridad del Estado no son ajenas a las desapariciones como lo documenta los testimonios de la prensa y las familias. El sentido común llamaría a reconocer el problema en todas sus dimensiones de manera de poder empezar a sanear la relación entre Estado y sociedad.

El Gobierno mexicano debería reconsiderar su postura frente la ONU porque al no hacerlo, transmite la idea de que busca desviar la atención del tema de fondo y exhibirse ante el mundo como poco institucional en los compromisos que tiene como país parte, con el mundo y, sobre todo, con sus ciudadanos.

Pregunto, y cierro, ¿para qué hacer desfiguros usando ese lenguaje autista y amenazante?

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Expresidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., exmiembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Colaborador de Latinoamérica 21, Más Poder Local, 15Diario de Monterrey, además, de otros medios impresos y digitales. Ha recibido premios de periodismo, y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político-electorales, históricos y culturales. Su último libro: Narcoterrorismo, populismo y democracia (Eliva).

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