MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS).- El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, negó este miércoles ante un Juez de la Audiencia Nacional haber ejercido influencia para que el gobierno de Pedro Sánchez aprobara el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. También declinó responder sobre las joyas intervenidas en su despacho, cuyo valor fue estimado preliminarmente en 1.3 millones de euros.
Durante una comparecencia de tres horas ante la Audiencia Nacional, Zapatero respondió únicamente a las preguntas del Juez José Luis Calama y de su defensa, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press.
Respecto a las joyas aseguradas durante el registro de su oficina, afirmó que se encuentra reuniendo documentación para acreditar su procedencia, luego de que el Magistrado pusiera en duda el origen de las piezas encontradas.
El exmandatario español también rechazó haber tenido contacto directo con directivos de Plus Ultra y sostuvo que conoció al presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, hasta 2024. Asimismo, negó tener empresas en el extranjero y se deslindó de una sociedad offshore en Dubái que figura entre las líneas de investigación del caso.
Sobre las actividades empresariales de sus hijas, comentó que la firma What The Fav operaba de manera regular y prestaba servicios reales de maquetación, por lo que descartó cualquier irregularidad.
Zapatero tampoco respondió preguntas relacionadas con el empresario venezolano Rodolfo Reyes, quien permanece prófugo y cuenta con una orden internacional de captura emitida por Interpol.
"Completamente inocente"
Por otro lado, en un comunicado recogido por Europa Press tras su comparecencia, el exdirigente socialista informó que presentó al Magistrado "una autorización universal voluntaria" para constatar "la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad" suya, directa o indirecta, negando tener "absolutamente nada fuera de España". Además, señaló que se le investiga por "muy graves delitos" que asegura no haber cometido.
"Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza", señaló.
"Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda", añadió.
Entra por la puerta principal y sale por una lateral
Zapatero llegó este miércoles a las 08:48 horas a la Audiencia Nacional. Ingresó por la puerta principal tras saludar a la prensa y, después de rendir su declaración, salió a las 13:00 horas por un acceso distinto, en medio de una fuerte atención mediática.
El expresidente accedió por la puerta principal del edificio, la utilizada por los jueces, en lugar de la habitual para los visitantes —por la que acabó saliendo—, tras una petición realizada por Presidencia del gobierno por motivos de seguridad y que fue autorizada por la Audiencia Nacional.
La comparecencia fue ordenada por el Juez José Luis Calama, quien investiga a Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos", además de posibles delitos fiscales y de contrabando relacionados con las joyas aseguradas durante los registros.
Juez descarta medidas cautelares contra Zapatero
Aunque la Fiscalía Anticorrupción solicitó el retiro de su pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias periódicas ante el juzgado, el Juez José Luis Calama rechazó imponer medidas cautelares al expresidente del gobierno tras considerar que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.
Así lo resolvió en un auto que recogió hoy Europa Press, en el que el Magistrado también descartó las restricciones respaldadas por la acusación popular unificada, encabezada por el PP. Por su parte, organizaciones como Vox, Hazte Oír, Liberum e Iustitia Europa fueron más allá y solicitaron de manera subsidiaria el ingreso en prisión provisional del exlíder socialista.
No obstante, Calama sí requirió a Zapatero proporcionar un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico que "permitan su inmediata localización" por parte del Juzgado.
En la resolución, el Juez indica en su auto que adoptar una medida cautelar "exige siempre un juicio especialmente riguroso porque supone una restricción anticipada de derechos fundamentales que sólo puede justificarse si concurren indicios de criminalidad y un riesgo procesal acreditado".
A su juicio, Zapatero "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación, y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba".
Entre los elementos que cita se encuentran los dispositivos electrónicos asegurados durante los registros, diversas transferencias bancarias presuntamente vinculadas con fondos procedentes de la ayuda pública otorgada por el gobierno a Plus Ultra y el uso de varias sociedades mercantiles que, según la investigación, habrían servido para canalizar esos recursos.
También menciona el análisis preliminar del dispositivo electrónico del empresario venezolano Rodolfo Reyes, entregado a la justicia española por autoridades de Estados Unidos (EU), así como las joyas localizadas en el despacho del exmandatario español, que fueron valuadas en 1.3 millones de euros y cuyo origen, según el juzgador, aún no ha sido acreditado.
Sin riesgo de fuga, según el Juez
Pese a esos indicios, Calama concluyó que no existen elementos que permitan sostener un riesgo real de fuga. El Magistrado pone de manifiesto que Zapatero es una persona pública, lo que "dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de localización desconocida o sustraerse discretamente al procedimiento".
En opinión del Juez, Zapatero cuenta con una "visibilidad pública" y un "manifiesto arraigo en el territorio", circunstancias que, unidas a la "ausencia de cualquier indicio de intención evasiva", descartan "razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual".
Además, Calama estima que "tampoco se aprecia riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar".
Así, el Juez resolvió que "el riesgo debe ser actual, específico y acreditado, no una inferencia genérica basada en la gravedad del delito o en la alarma social". Por ello, considera innecesarias tanto las comparecencias periódicas como la retención del pasaporte y la prohibición de abandonar el país: "No resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal que requiera ser conjurado mediante tales medidas".
Según el Magistrado, imponer esas medidas supondría "una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad y con la prohibición de configurar las medidas cautelares como una pena anticipada".
