Una de las cosas que hemos aprendido ante el desafío de los populismos de izquierda y de derecha que asolan al mundo es la importancia de defender al Poder Judicial. De Hungría a Israel, de Estados Unidos a México, el asalto a la rama del poder con mayor capacidad para emplear el juicio —como lo señalaron los redactores de los Federalist Papers— ha sido imperturbable.

En el México moderno, desde finales de la década de 1920, se puede decir que ha habido tres etapas en la historia del Poder Judicial. Una primera etapa que corresponde al periodo posrevolucionario, caracterizada por la simulación y la supeditación de éste al Ejecutivo. Una segunda que corresponde al periodo liberal, que comenzó en la década de los 90s y que se fundó en el continuo fortalecimiento de la independencia de la rama judicial. Finalmente, un tercer periodo que comenzó en 2018 y que ha consistido en una progresiva captura del Poder Judicial por parte del grupo en el poder. Esto ha sido un ataque contra la índole liberal, republicana y democrática del régimen político mexicano.

En un reciente reporte publicado por Integralia titulado "El nuevo Poder Judicial: Primeros hallazgos sobre su desempeño" se analizó el comportamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la elección de jueces y ministros en 2025. En el estudio se advierte una menor profundidad en el análisis jurídico, menor solidez argumentativa y una reducción en la previsibilidad de las sentencias debido a la probabilidad de que se cambien criterios previos.

También se observó una marcada deferencia o sintonía hacia los intereses estratégicos del Gobierno federal, especialmente en los sectores fiscal, energético, financiero y regulatorio, disminuyendo el margen de certidumbre para las empresas y el sector privado.

Asimismo, la nueva Corte muestra menor productividad en comparación con su antecesora, pues sólo resolvió mil 218 asuntos, lo que representa un 37 por ciento menos que los mil 944 resueltos por la integración anterior en el mismo periodo.

La carga de trabajo se concentró fundamentalmente en Recursos de Reclamación (291) y Amparos Directos en Revisión (260). En cuanto a materias, las más recurrentes fueron la Administrativa (281), Penal (201) y Fiscal (139).

Hay que decir que tres de los nueve ministros concentraron casi la mitad de todos los asuntos resueltos: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arístides Guerrero. No es buen augurio que siete de cada diez asuntos (70.2 por ciento) se concluyeron por determinaciones de carácter meramente procesal (trámites, desechamientos o sobreseimientos) sin llegar a analizar el fondo de la controversia. Del 29.8 por ciento de los casos que sí se resolvieron de fondo, la mitad correspondió a mecanismos de control abstracto como Acciones de Inconstitucionalidad (100) y Controversias Constitucionales (86).

En el 62 por ciento de las acciones de inconstitucionalidad y el 60.5 por ciento de las controversias analizadas de fondo, el sentido de la votación derivó en la invalidez de la norma o acto impugnado. A pesar de las fricciones públicas, la Corte operó con altos niveles de coincidencia. Más de la mitad de las votaciones fueron unánimes y casi 8 de cada 10 se resolvieron por unanimidad o amplias mayorías (ocho votos).

La desaparición de las salas de la SCJN para concentrar todo el trabajo en el Pleno ha provocado cuellos de botella en el avance de los asuntos.

En los tribunales locales y federales de menor jerarquía se percibe un desorden generalizado provocado por juzgadores sin experiencia previa, secretarios proyectistas empoderados y mayor espacio para prácticas de corrupción, volviendo casi imposible litigar exclusivamente con argumentos técnicos. Los asuntos sensibles para el Estado en materia fiscal y administrativa se reportan como congelados.

En conclusión, como muchos advertimos, la Reforma Judicial ya ha mostrado haber retrocedido al país en su salud democrática.