De nuevo el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, brincó a las páginas de los grandes medios. Él, que tiene grandes deudas con la justicia y está procesado y pendiente de una sentencia, se pasea libremente por las calles de Chihuahua, come en restaurantes de lujo, se llama perseguido político y dice coquetear con los partidos políticos que lo buscan para integrarlo a su militancia.

Por donde camina despide el insoportable hedor de la impunidad. Se ve a sí mismo como un prócer en potencia, presume su administración de 2010 a 2016, y cree –enajenado como está– que ha sido el mejor Gobernador en la historia del estado. Algún momento soñó que su gestión lo catapultaría a la dirección nacional del PRI, a la Secretaría de Gobernación, y aun a la Presidencia de la República. Dijo, al transparentar esas ambiciones, que con Peña Nieto se había “metido hasta la cocina”.

A ese gigante con pies de barro lo derrumbó un proceso jurídico-político que se inició el 23 de septiembre de 2014, recriminándole la comisión del delito de enriquecimiento ilícito –plenamente demostrado– y la ambición de tener en sus manos un banco que le autorizó, basándose en el tráfico de influencias, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

La denuncia se presentó simultáneamente en la antigua Procuraduría General de la República, en aquel tiempo encabezada por Jesús Murillo Karam, y en la propia Fiscalía General del Estado de Chihuahua durante el ejercicio de poder del denunciado. 

Dos denuncias, mismos hechos, iguales pruebas, y a resumidas cuentas, una absoluta falta de voluntad para que la causa abierta llegara a los tribunales, y una vez agotado el debido proceso, condenar actos mediante una sentencia que sin duda, de haberse dictado, habría privado a César Duarte no tan sólo de su libertad, sino de la gubernatura misma, que encabezó de manera tiránica y sin ninguna cortapisa para el ejercicio de un poder despótico.

Eran los tiempos de Peña Nieto, de donde el exgobernador había sido lanzado a los primeros niveles de la política, obviamente con el concurso de Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones, hoy impunes de toda causa por corrupción. Todo esto está documentado en la prensa que le dio seguimiento a los hechos, y en un voluminoso expediente de más de 100 mil fojas que duerme en los archivos de las fiscalías, tanto la federal como la local.

Hoy, con motivo de que CONAGUA ordenó la ruptura de diques con los se hacían rebalses en las propiedades del exgobernador en Balleza, Chihuahua, ha sido el motivo para que escale su presencia pública y provocado un pronunciamiento nacional del partido MORENA en el que se puede leer que “en nuestro partido no hay espacio para la impunidad”, que Duarte “debe rendir cuentas ante la justicia y detenerse en su afán de tergiversar la verdad”, y que “no puede haber perdón ni olvido para quienes desviaron recursos públicos, atentaron contra el bienestar colectivo y hoy buscan impunidad disfrazada de persecución política”.

Cuando uno lee comunicados como este se puede explicar fácilmente el porqué Peña Nieto pretendió archivar el expediente Duarte; lo mismo que hizo Javier Corral con la causa que utilitariamente empleó para hacerse del cargo de Gobernador; pero resulta absolutamente insuficiente para explicarse el porqué, durante los seis años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se hizo absolutamente nada contra César Duarte, como bien lo sabe la Presidenta de MORENA, Luisa María Alcalde, quien formó parte de ese Gobierno.

En su tiempo, y antes de llegar a la Presidencia de la República, López Obrador descalificó la lucha contra la corrupción política en Chihuahua y la tildó de teñirse de panista por la presencia de Javier Corral, que ahora es su correligionario. Pero no sólo esto; en un tiempo el gobierno lopezobradorista, a través de la Fiscalía de Gertz Manero litigaron en favor de archivar la causa contra Duarte, y cuando perdieron en los tribunales federales, simplemente se pertrecharon para no tocarlo. 

Qué bueno que CONAGUA rompa diques ilegales y qué mejor sería que se hiciera una investigación a fondo de los recursos hídricos en Chihuahua; pero qué mejor sería, en primer lugar, que reconozcan que contra Duarte no sólo son los diques, sino los desmanes de la corrupción que han quedado impunes porque la Cuatroté no ha querido tocarlo de manera real y tangible. Es la misma actitud de los gobiernos de Chihuahua, incluido el de Javier Corral y el de María Eugenia Campos.

El agravio de Duarte a la sociedad chihuahuense y a la República se restaña con hechos, con justicia y no con la simulación con la que ahora MORENA sale a deslindarse del exgobernador, cuando en realidad ha sido, y es, su intocable.

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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