El pasado 24 de junio salió en redes y en la página oficial del Gobierno de México un Comunicado conjunto de Segob y la SRE, el cual pasó relativamente desapercibido en la opinión pública y los medios noticiosos. 

Su título fue: “México rechaza que en nuestro país haya desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas por parte del Estado”. Vale la pena contextualizarlo y, luego, comentarlo frase por frase porque, además de ser muy escueto, contiene una serie de imprecisiones y falacias que nos revelan narrativas y posturas oficiales, de tipo negacionista, acerca de la acuciante problemática de las desapariciones en el país. 

Misma postura que no deberíamos esperarnos de un Gobierno reformista y de izquierdas, a la luz de la historia y las discusiones que la propia izquierda ha ido desarrollando en México y América Latina, a lo largo de su travesía histórica, su lucha por justicia y contra la represión, y su lento ascenso a ciertas posiciones de poder político dentro del Estado.

A la fecha son casi 130 mil las personas que se encuentran desaparecidas en México y las razones detrás de estas desapariciones son múltiples, a veces desconocidas, por lo que efectivamente no todas pueden calificarse de “forzadas”, o sea, cometidas directamente por servidores públicos o indirectamente, es decir con autorización, apoyo o aquiescencia de funcionarios del Estado. 

En el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, si se selecciona el tipo de delito investigado en los casos de las personas desaparecidas, se puede desglosar el total de 130 mil: de estos, 811 son casos clasificados por los ministerios públicos como de “desaparición forzada”; 526 de estos, el 64.9 por ciento, fueron cometidos desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 1 de julio del presente año. 

Por otro lado, cabe mencionar que, en realidad, el universo de posibles desapariciones forzadas está evidentemente subestimado, pues en la mayoría de los casos la participación de alguna autoridad en ellas no se da directamente o no es registrada de esta manera por las fiscalías, sino que ocurre por otras vías y, así, no impacta en las cifras o registros arriba mencionados. En palabras simples, muchas desapariciones forzadas son clasificadas mal, como cometidas por particulares o como otros delitos, por lo que no entran en la cifra de 811 que acabo de citar.

En este sentido, debe presumirse la comisión de una desaparición forzada, cuando haya indicios y evidencias, testimonios de las víctimas y sobrevivientes de una desaparición, junto con documentaciones de personas defensoras de los derechos, independientes de la investigación ministerial, acerca de la probable intervención de policías, militares, agentes del Estado, policías de tránsito o grupos armados, paramilitares, o de adscripción ambigua o indefinida, que muchas veces tienen atuendo, formación y armas de aparatos castrenses o policiacos. 

Y esto no es porque siempre, directamente, el policía o el marino o el agente de una fiscalía haya privado de la libertad a una persona y luego la haya sustraído al alcance de la Ley, negando información y paradero de la víctimas, que es la definición de desaparición forzada, sino porque pudo simplemente haber permitido y solapado tal práctica ominosa, omitiendo acciones y diligencias debidas en el ejercicio de sus funciones, apoyando o tolerando de alguna forma al grupo delincuencial que las comete, o bien autorizando su perpetración o repetición en cierto contexto, siguiendo incluso ciertos patrones, bien notorios a quienes viven en la zona. 

Permitir retenes criminales en ciertos horarios y carreteras sin intervenir, a sabiendas de que allí se cometen delitos, plagios y secuestros o de que ya hubo denuncias ciudadanas al respecto, por ejemplo, significa autorizar ese crimen por parte de alguna autoridad. Cuando estas autoridades no pueden no saber que se cometen desapariciones o tendrían todos los elementos para conocer de esta grave violación a los derechos humanos (o impedirla, claro), pero no intervienen, se concreta el concepto de la “aquiescencia del Estado” y, entonces, se configuran desapariciones forzadas. Y todas son “por el Estado”, es decir, no existe definición o tipo de desaparición forzada, si no es a través de la omisión o actuación directa en ellas de agentes del Estado. Lo especifico y enfatizo porque, después, vamos a leer en el comunicado afirmaciones discordantes y confusas sobre este asunto.

En muchas entidades federativas, miembros de las policías locales, de las secretarías municipales de seguridad o de ciertas agencias del ministerio público, así como integrantes de la GN, la Marina y Sedena, han sido señalados, o incluso removidos y sustituidos, a veces mediante la llegada de mandos únicos locales, o en consecuencia de sanciones administrativas, disciplinares o penales, por ser parte del crimen organizado o conniventes con éste. 

Estas situaciones, especialmente en época de campañas políticas y elecciones, han conllevado aumentos espantosos de los homicidios y de la violencia en general, incluyendo en muchas ocasiones las desapariciones y los hallazgos de sitios de entierro ilegal de cuerpos.

En localidades como éstas, y cito aquí el caso emblemático de Juventino Rosas en Guanajuato, entre muchos otros municipios, desde luego que todas las desapariciones perpetradas en épocas de control criminal de las instituciones, han de considerarse forzadas, aunque así no estén registradas oficialmente por las fiscalías. 

Esto es porque las autoridades no sólo, en algunas circunstancias, eran o son las responsables directas y plenas, sino porque los cárteles y las redes de macrocriminalidad, de las que son parte integral o cómplices, cometen esas desapariciones bajo la mirada de, con apoyo de, por orden de o por tolerancia de estas mismas autoridades o funcionarios que trabajan en ellas, para ser preciso.

En muchos territorios esta confusión-colusión aparece claramente, en otros se configura como un área gris de indefinición, donde se difuminan actores, colaboraciones y crímenes entre sistemas de legalidad, ilegalidad y paralegalidad, pero en donde, cuando hay desapariciones y ocultamiento de personas, es imposible ya no detectar que haya distintos grados de responsabilidad y conocimientos estatal. 

Ahora bien, negar que esto siga ocurriendo, a la fecha o en años recientes, en el país significa reforzar y reiterar el mismo delito de la desaparición, de alguna manera, e incluso acercarse peligrosamente a ser cómplice de crímenes de lesa humanidad, ya que justamente lo que caracteriza este tipo de práctica es la negativa del Estado, a través de los dichos y actuaciones de sus representantes y servidores, a reconocerla o a dar información al respecto. 

Es una postura irresponsable que, sin embargo, de manera bastante simplista, y hasta cierto punto casi inexplicable a estas alturas, ha sido mantenida a lo largo de los últimos meses por instituciones del Estado mexicano como la CNDH, el Senado, las Secretarías de Gobernación y de Exteriores, silenciando años de luchas sociales en este campo y tratando de imponer una narrativa efectivamente tóxica sobre el problema que vivimos. 

Me parece que, con tal de impedir que oposiciones políticas o sectores rapaces de los medios de comunicación, así como eventualmente buitres y halcones desde el extranjero, particularmente desde los más ultras, belicistas, injerencistas y conservadores de EUA, aprovechen acontecimientos como Teuchitlán y hallazgos de fosas clandestinas para pegarle al Gobierno, como lo han hecho, se están, sin embargo, sacrificando la coherencia y la claridad entorno a las desapariciones. Y esto representa un problema interconectado con todos los demás en el México actual: no hay bienestar, transformación ni desarrollo con crisis forense imperante y desapariciones constantes e impunes.

Se están dejando a un lado los deberes legales y morales hacia las víctimas de la violencia, así como los compromisos internacionales del Estado, que no es sólo “el Gobierno” sino todos y todas las personas e instituciones que “hacen y son México”, dentro de un giro discursivo que representa un retroceso evidente y peligroso y no abona a los procesos, necesarios y urgentes, de verdad, justicia y no repetición. 

Dicho esto, es imposible negar que en las últimos dos décadas, cuando menos, el fenómeno se ha incrementado y complejizado notablemente. 

Más allá del registro nacional, otro indicador relevante es que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) proporcionó el dato de que México ha acumulado 757 acciones urgentes por desaparición ante este organismo, entre 2012 y el 18 de junio de 2025, lo cual implica que de manera inmediata se instrumenten medidas para buscar, localizar y proteger a las personas. 

Del total de estas peticiones ante el Comité, enviadas por familiares de las y los desaparecidos, sólo 78 han sido cerrados tras la localización del o la ausente. Cabe destacar que la acción urgente es un procedimiento que solicitan las familias de la víctima directa frente a un tipo de desaparición que el CED ONU reconoce o presupone como “forzada”, esto con el fin de que el Estado instrumente con urgencia todas las acciones para la localización de la persona. 

Los delitos y violaciones a DH contenidos en estas 757 acciones urgentes, activadas en estos años junto con otros mecanismos como las comunicaciones individuales, no necesariamente han sido investigadas por los ministerios públicos del país bajo el tipo penal de “desaparición forzada”, pero potencial y probablemente lo son, pues hay un reconocimiento de las personas denunciantes, acompañantes o representantes, y de una instancia internacional que lo respaldan.

Entonces, entre acciones urgentes de la ONU, casos contenidos en el registro nacional clasificados como “desaparición forzada” (al menos 811), más todos los casos “ambiguos”, que razonablemente son desapariciones forzadas, pero que no son tipificadas de otra forma por ciertos ministerios públicos, y otros casos históricos del siglo XX, documentados por colectivos, CNDH, comisiones de la verdad y fiscalías especiales, a la fecha son miles y miles las desapariciones forzadas en el país. Recordemos que se trata de delitos imprescriptibles, por lo que una desaparición siempre está “vigente”, por así decirlo, independientemente de la fecha en que fue perpetrada, y entonces entre todas es bastante razonable que puedan detectarse patrones, semejanzas, y que respondan a lógicas, reglas y sistemas más o menos detectables y solapados por las autoridades (como vimos aquí: https://www.sinembargo.mx/4651931/logicas-de-la-desaparicion-e-impunidad-contextos-y-resistencias/). 

Después de esta larga introducción, ahor sí, ¿qué dice literalmente el comunicado de Segob con SRE? Cito y comento algunas de sus partes en seguida.

“El Comité de la Convención de Desaparición Forzada de la ONU comunicó que, en breve, publicará una solicitud de información a nuestro país, como parte del proceso iniciado en abril de este año bajo el artículo 34 de la Convención. En la solicitud se realizan algunos señalamientos que, a juicio de México, carecen de sustento”.

Aquí ya de entrada hay un problema porque, sin estudio previo o refutación puntual de los señalamientos del organismo internacional, las secretarías están acusando una “carencia de sustento” de los mismos, sin embargo, justamente es esta la función de la activación del artículo 34. Este artículo puede llevar el caso de “las desapariciones en México” a la atención de la Asamblea General de la ONU, si el Comité demuestra la generalidad y sistematicidad de las mismas, gracias a la contribución de quienes han sido justamente testigos y sobrevivientes de la violencia, y si el Estado no argumenta suficientemente su opinión contraria. Por el momento, desgraciadamente, Gobernación o la SER o la CNDH no lo han sabido o podido hacer y han generado, más bien, galimatías y descalificaciones. Pero bueno, habría tiempo de rectificar.

Siguiendo con el comunicado, se apela a ese artículo de la Convención contra las desapariciones porque a través de ese mecanismo el Comité de la ONU es como le pide información a los gobiernos sobre las desapariciones, no es que lo condene a priori o que amenace algo en su contra. 

O sea, el Comité recibió durante años información de parte de familiares y organizaciones sociales, que considera fehacientes y consistentes, sobre el hecho de existen en el país las desapariciones forzadas, como ya he mostrado más arriba hasta con datos del propio Estado mexicano, y que podrían ser de tipo generalizado, extendido, y sistemático. 

No lo está afirmando a priori, sino que está pidiendo ulteriores informes y explicaciones al Estado que, en cambio, rechaza tal situación, en lugar de adelantar pruebas al respecto u ofrecer argumentos contundentes. Esto, de todos modos, deberá hacerse antes del 18 de septiembre de 2025, en un plazo establecido por el mismo Comité, así que queda tiempo para que se construyan respuestas y no tan sólo tweets y breves comunicados.

De hecho, al finalizar el mensaje, SER y Segob refrendan su compromiso: “Las instituciones del Estado mexicano continuarán cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y darán puntual respuesta a esta solicitud, en los tiempos requeridos”.

Pero sigamos con el análisis del mensaje gubernamental: “México reitera su rechazo a que en nuestro país haya desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas por parte del Estado y cualquier señalamiento o insinuación en ese sentido es inaceptable”. 

Esto se acerca mucho a una negación de realidades ya documentadísimas, junto con la descalificación de las evidencias e historias presentadas por centenares de familias, acompañantes y organizaciones que sí han denunciado y registrado las desapariciones forzadas de los últimos años en el país. 

Ahora bien, qué según el tipo de casos, el conjunto y secuencia de estos, y los patrones de las desapariciones, dentro de territorios bajo la jurisdicción de México, estas se configuren como “generalizadas” o “sistemáticas”, me parece algo dramático y desafortunado, pero sí muy posible y probable, dado el contexto que hemos experimentado después del 2006, año del inicio de la llamada “guerra al narco”. 

Esta situación, además, podría llevar también a la posibilidad de que se declare la presencia de crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, mismo que los define y del cual México es firmante. Hay que evitarlo, sí, pero sin negar la realidad, sino actuando oportuna y sólidamente con una Política de Estado que no puede prescindir del reconocimiento, la investigación y la acción sistémica y contundente en contra de las desapariciones y su invisibilización.

Sigue el comunicado oficial, explicando que “nuestro país está trabajando con colectivos y familiares de desaparecidos en el marco de nuevas iniciativas de ley para atender integralmente este flagelo; incluidas las víctimas indirectas”, lo cual pues parece ser simplemente un injerto dentro del texto, el cual usa el argumento de que hubo un diálogo sobre ciertas reformas legislativas entre Segob y una parte de los colectivos y organizaciones del país para reforzar su rechazo a los indicios e información que, las mismas familias, de hecho, han presentado a la ONU y que ésta utiliza para pedir más información a México sobre las desapariciones forzadas. 

Es decir, como Secretaría de Gobernación se está negando de que haya desapariciones forzadas sistemáticas o generalizadas, tachando de “insostenible” esta hipótesis, y se menciona, de paso, que sí se está trabajando con algunos colectivos, para beneficio de ellos, a manera de justificación y remache de otros temas que no tienen que ver directamente (o sea, las peticiones de información del CED ONU al Estado no tienen que ver con que se esté trabajando hoy con las víctimas indirectas de la desaparición sobre algunos cambios legales, detonados por el escándalo que representó el hallazgo de Teuchitlán, Jalisco, en marzo pasado). 

Además, cabe subrayarlo, no todos los colectivos ni todas las organizaciones están participando y sostienen de igual forma estos procesos de diálogo y las reformas, que ya están, en estos días, en la fase de dictamen y aprobación por parte de las Cámaras, en el marco del periodo extraordinario de sesiones, y no han pasado por el mecanismo de Parlamento Abierto, solicitado por muchos grupos y colectivos.

A manera de cierre, el comunicado reafirma lo siguiente: “Es importante reiterar que el Gobierno Mexicano está comprometido con el combate al delito de desaparición de personas y que, en los gobiernos de la Cuarta Transformación no se promueve, ni se tolera la desaparición forzada. El servidor público que incurra en este delito, sin excepción, será investigado y en su caso, será sancionado conforme a la ley”. Una nota final de mi parte es que no se puede hablar de “desapariciones forzadas por el Estado” para sostener que ya no se cometen o que no pueden ser generalizadas o sistemáticas a rajatabla. 

El concepto de desaparición forzada ya incluye el hecho de que el Estado haya participado directa o indirectamente, como he mostrado en esta columna, así que “desaparición forzada por el Estado” es una expresión deliberadamente confusa, redundante, que parece haber sido difundida en estos meses con mucho énfasis con el fin de intentar crear una suerte de distinción o separación entre las desapariciones “del pasado”, como parte de una política represiva directa “por parte del Estado” contra grupos disidentes, y las “del presente”, como aquellas en que supuestamente el Estado ya no tendría participación o responsabilidad. Pero el problema es que esta separación es bastante artificiosa, el argumento es contra fáctico, de ahí que continúen diatribas desviadoras del núcleo de la cuestión. 

Fabrizio Lorusso

https://www.sinembargo.mx/author/fabrizio-lorusso/

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

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