“La democracia es el gobierno del pueblo,
por el pueblo, para el pueblo”
Abraham Lincoln

“El mejor remedio para los males de la democracia
es más democracia”
Edward Abbey

El mundo debe a la Atenas del siglo V a. de n. e., la invención de la democracia directa, los fundamentos de la democracia tal y como la conocemos y, en tanto proyecto de participación activa en política, la autonomía y la igualdad ciudadana en la toma de decisiones políticas importantes en beneficio de la colectividad. De mayor trascendencia es la idea, también griega, de la sociedad como creadora constante de sí misma a través del imaginario social. Según el filósofo griego Cornelio Castoriadis, no es la naturaleza, los dioses o los grandes pensadores los que crean y dan sentido a las instituciones, las leyes y los valores de una sociedad, sino la comunidad (polis), que sin determinismos instituye y da origen a una nueva realidad social y simbólica que no existía. 

En el año 508 a. de n. era, los ciudadanos de Atenas se reunieron en Asamblea, eligieron por sorteo a 500 atenienses como miembros de un Consejo (Consejo de los 500) con 50 representantes por cada una de las 10 tribus que habitaban la Ciudad-Estado. La Asamblea se reunía hasta 40 veces por año para tomar decisiones, el Consejo preparaba el “orden del día”, los asuntos a discutir y se encargaba de hacer cumplir los acuerdos aprobados por voto directo. No había líderes ni intermediarios a quienes obedecer, los debates eran libres, en ocasiones largos y continuos, participaban todos los ciudadanos y se les escuchaba con atención, principalmente en asuntos tan importantes como la declaraciones de guerra, la aprobación de presupuestos y aprobación de las leyes; sin distingos de posición o méritos cualquier ateniense, hasta el más humilde, podía ocupar cargos públicos, con excepciones de la diplomacia, la construcción de templos, palacios y murallas defensivas que eran encargadas a personas con habilidades especiales y técnicas; capacidad discursiva y persuasiva en la diplomacia y habilidades técnicas para la construcción de templos, palacios y defensas militares que requerían de arquitectos y constructores.

Las actuales democracias deben a Jean-Jaques Rousseau (El contrato social), la idea de soberanía popular; al barón de Montesquieu (El espíritu de la leyes) el republicanismo y la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); John Locke (Sobre el gobierno civil) la creación de las bases de republicanismo liberal y a los franceses Denis Diderot y D'Alembert (Enciclopedia) la crítica devastadora a la monarquía absolutista hasta ponerla en crisis, al negar el origen divino de los reyes y los privilegios de la nobleza; el racionalismo de estos hombres y sus  tesis prepararon el terreno a la Revolución Francesa y a la transición de Europa a la democracia. 

Deben, pues, las democracias burguesas, la política y los partidos actuales a esos pensadores, a la revolución francesa y al pueblo en armas su ascenso al poder. Las experiencias históricas que aportaron esos movimientos tuvieron también efectos colaterales importantes, ya que hizo surgir en los pueblos colonizados el anhelo de independencia, libertad y justicia social. 

La idea de soberanía popular y la división republicana del poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) obligó a las monarquías que sobrevivieron a regirse por una Constitución y a la aceptación de un sistema político de carácter parlamentario basado en el equilibrio de fuerzas entre la voluntad ciudadana y la ejecución de esa voluntad por el gobierno (desafortunadamente está regla es todavía materia pendiente en las democracias actuales). En las monarquías parlamentarias, el monarca dejó de concentrar el poder para actuar como jefe de Estado con funciones simbólicas y representativas sin poder político real; gobierna un primer ministro electo por votación popular que se encarga de nombrar un gabinete. Adoptaron esta forma de gobierno: Reino Unido, Alemania, Japón, India, Canadá, Australia y otros.

Otros países optaron por la democracia representativa en las que el pueblo delega su autoridad soberana y su potestad para el ejercicio de las funciones públicas a funcionarios gubernamentales. La mayoría de los países en la actualidad se rigen por este sistema: México, Estados Unidos, Argentina, Brasil y muchas otras naciones en los cinco continentes.

Esta delegación del poder no significa para el pueblo la pérdida de la titularidad de la soberanía popular; puede suceder, sin embargo, que en ausencia de mecanismos para el ejercicio de esa vigilancia los contrapesos sean ejercidos por otros poderes constitucionales, las Cortes o el Legislativo a través de jueces, diputados y senadores de los diferentes partidos políticos. El ejemplo por excelencia de este tipo de contrapeso son los Estados Unidos que desarrollaron un sistema político constitucional con enorme parecido al imaginario colectivo o “imaginario social constituyente” del que habla Cornelio Castoriadis; en el caso norteamericano, su Constitución fue producto de ese imaginario, es decir, de una ficción legal profundamente creativa de seres humanos falibles que, en Norteamérica mantuvo unidas durante casi 250 años a personas con posiciones y creencia religiosas, étnicas y culturales sin  conflictos internos insuperables (con excepción del peligro que generó la Guerra de Secesión, 1861-1865). 

En esta nación, la Constitución y el Estado de Derecho limitaron el poder del Ejecutivo obligándolo a ejercer su mandato con apego estricto a la letra de la Constitución y sus 27 Enmiendas. Lo hicieron con la intención, no de una mayor democracia (Abbey) o colocar al ciudadano como el autor y beneficiario del sistema político, ni porque la “democracia fuera el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” (Abraham Lincoln), sino para   proteger a las minorías, en especial a la clase de los propietarios, frente a posibles abusos de las mayorías. Este sui generis y riguroso imperio de la ley se conoce como nomocracia americana.

Es así, que antes de que el Presidente en turno declare una guerra, decida invadir un país extranjero, aplicar políticas que afecten la paz pública o alteren el orden interno ha de consultar al Congreso y al Senado que aprobaran o rechazaran la decisión presidencial. Estos límites dieron lugar al establecimiento de un orden social en que los intereses de la nación son puestos por encima de los caprichos, deseos y decisiones de un solo hombre, aunque este sea el Presidente de la República, pues éste está   más que ningún otro ciudadano, sujeto a las normas establecidas. 

La Constitución y las 27 Enmiendas fueron aprobadas la Convención nacional reunida el 17 de septiembre de 1787 en Filadelfia; ahí se adoptó la Constitución y las 27 Enmiendas. Las enmiendas juegan un papel importantísimo en la nomocracia americana, en especial la primera, apegada al artículo V Constitucional, que  norma la libertad de expresión, las relaciones del gobierno con la prensa, la religión y los derechos de reunión y petición; su  texto, ratificado 1791, prohíbe al Presidente y al Congreso censurar y perseguir a las personas por expresar sus ideas, regular las manifestaciones populares y censurar el contenido de los discursos emitidos durante los acto; la tercera y la cuarta protegen la privacidad y la libertad individual de cualquier intromisión del gobierno y la catorceava extiende esta protección a los gobiernos estatales, excepto, para el caso de los particulares, cuando los discursos difaman, calumnian, injurian, pronuncian amenazas reales, plagios y  fraudes.

El desdén mostrado por Trump a las normas constitucionales, la violación de las Enmiendas uno, tres, cuatro y catorce y la desobediencia a la decisiones judiciales son actos de rebeldía que debieran llevar al sujeto al proceso de impeachment desde una perspectiva estrictamente judicial y no política, como sucedió en los dos intentos anteriores en que fue absuelto: uno, en 2020 cuando se le acusó de abuso de poder y obstrucción del Congreso y dos, cuando se le acusó de incitación a la insurrección (2021) tras el asalto al Capitolio que no alcanzó la mayoría de dos tercios en el Senado; ahora la posibilidad de su destitución existe pues se han reportado ataques a la fe pública, amenazas a fiscales, intentos de cambiar las reglas electorales, reacomodos a conveniencia en algunos distritos electorales y restricciones al voto ciudadano, todo sin la aprobación del Congreso. Además, ha despedido sin causa probada a funcionarios públicos de carrera, ha demandado y atacado a la prensa no a fin a su política, amenazado y expulsado a periodistas de reuniones, con comunicadores, a lo que hay que sumar las acciones ilegales del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) durante las cuales han sido asesinados dos ciudadanos norteamericanos y generado confrontaciones con gobernadores demócratas. Con soberbia Trump ha desatendido todos los señalamientos producto de estas acciones. 

De acuerdo con las circunstancias, la sociedad norteamericana atraviesa por un momento crucial para el pueblo de ese país, le urge rescatar ese grandioso invento del filósofo norteamericano Henry D. Thoreau con motivos de la guerra contra México (1846-48) e inspirada en la Primera Enmienda: la desobediencia civil, una actitud individual y social de carácter político que busca cambiar el orden social y político que afecta la libertad de los ciudadanos ante la actitud autoritaria y dictatorial de un gobierno y que ha servido a la defensa de a causas justas a lo largo del mundo. Thoreau atacaba directamente el patriotismo de tipo ultramontano del jingoísmo yanqui (Noam Chomsky desempolvó el término en 1986 a propósito de la venta engañosa de armas a Irán y el desvío de fondos a la contra nicaraguense) dominante en Estados Unidos en el siglo XIX y se manifestaba, como hoy, en una política exterior agresiva y beligerante hacia otras naciones basada en la superioridad bélica y la justificación de la fuerza como garantía de seguridad para los intereses nacionales, desde la visión simplista de “amigos-enemigos”, como mecanismo para aglutinar la identidad nacional en torno a supuestas amenazas externas al mismo tiempo que se silencian las contradicciones internas. Todo con prepotencia, agresividad y marrullerías. 

Las próximas elecciones intermedias de noviembre, seguramente dará a los norteamericanos pensantes, la oportunidad de votar por la oposición que, de obtener la mayoría en el Congreso, seguramente restablecerá los controles legales que definen su nomocracia. En última instancia, el pueblo norteamericano no puede ser un receptor obediente y renunciar al derecho de ser el tutelar de la soberanía nacional y defensor de la democracia.