Hace unos días leía un artículo de George Monbiot en The Guardian sobre la catástrofe climática en ciernes asociada a la corriente del Golfo, esencial para que sean habitables las islas británicas y buena parte de la fachada atlántica del norte. Una nota de suyo grave, en estos tiempos de crisis climáticas encadenadas. Pero lo que me resultó verdaderamente devastador fue el arranque del texto: “Los pobres y la clase media pagan impuestos; los ricos pagan contadores; los muy ricos pagan abogados… y los ultra ricos pagan políticos. No es una idea nueva, pero hay que repetirla hasta que deje de sorprender. Cuanto más acumulan los multimillonarios, más control tienen sobre el sistema político; y cuanto más control tienen, menos impuestos pagan. ¿El resultado? Siguen acumulando, y su poder no hace más que crecer”.

Si, como señala Monbiot, esto ocurre en los países ricos, incluso en aquellos como Gran Bretaña, con sistemas fiscales que se pretenden progresivos y donde se han construido Estados de bienestar razonablemente funcionales, en el caos mexicano el aserto adquiere un carácter casi obsceno, pues aquí no tenemos un Estado de bienestar que merezca ese nombre, mientras que la capacidad de exacción estatal ha sido históricamente precaria, gobernados como hemos sido por sucesivas coaliciones antifiscales que han hecho de la debilidad recaudatoria una regla no escrita del sistema político.

Muchas veces he recordado en estos artículos que el historiador Timothy E. Anna escribió, en el mejor libro que conozco sobre el imperio de Iturbide, que la elite virreinal que pactó la Independencia de México coincidió desde el primer momento en un punto esencial: Independencia quería decir dejar de pagar impuestos. Desde entonces, hace ya más de dos siglos, el Estado mexicano ha mostrado una persistente renuencia a construir una fiscalidad seria y, en su lugar, ha desarrollado una notable habilidad para capturar rentas mediante mecanismos informales que permiten la apropiación patrimonial de recursos por parte de quienes ejercen el poder.

El régimen actual, por más que se proclame de izquierda, ha seguido con disciplinada fidelidad esa trayectoria institucional. Andrés Manuel López Obrador y su sucesora han sido herederos aplicados del arreglo fiscal de la época clásica del régimen priista: evitar cualquier reforma que toque de manera estructural a los grandes contribuyentes. El problema es que los recursos comienzan a escasear. No les preocupa la ausencia de inversión en infraestructura de calidad ni la inexistencia de un sistema robusto de derechos universales. Les inquieta, con razón instrumental, quedarse sin los recursos que alimentan el gasto clientelar, ese lubricante indispensable de su proyecto político, sostenido en transferencias de efectivo que sustituyen, con eficacia electoral, a un verdadero Estado de bienestar.

Ahí aparece el giro más cínico del arreglo actual. Ante la ausencia de una reforma fiscal que incremente los ingresos de manera estructural, el gobierno ha optado por una vía mucho más burda y mañosa: dejar de devolver lo que legalmente corresponde a los contribuyentes. Se trata de un mecanismo sistemático que opera como un impuesto encubierto sobre quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, no de un simple problema de gestión.

Los datos resultan apabullantes. El error de “inconsistencia en cuenta CLABE” se ha disparado de manera inexplicable, con un incremento de 414 por ciento respecto del año anterior, afectando a aproximadamente un tercio de los contribuyentes que solicitan devolución automática. Se trata, en muchos casos, de cuentas plenamente válidas, registradas conforme a los criterios legales y utilizadas incluso en ejercicios anteriores para recibir devoluciones. La llamada “inconsistencia” opera, en los hechos, como un simple pretexto.

El efecto es devastador en su escala. Cerca del 64 por ciento de los contribuyentes no puede recuperar su saldo a favor, ya sea por este tipo de bloqueos o por la exigencia de trámites adicionales que requieren e.firma, un instrumento al que solo tiene acceso poco más de un tercio de los contribuyentes. El resultado es un ahorro fiscal encubierto que ronda, de manera conservadora, los diez mil millones de pesos en devoluciones no realizadas.

La sofisticación del mecanismo radica en su apariencia burocrática. El contribuyente recibe un mensaje técnico, una inconsistencia formal, una notificación que lo remite a un procedimiento adicional. El derecho se convierte en trámite; el trámite, en obstáculo; el obstáculo, en disuasión. Solo quienes están dispuestos a invertir tiempo, dinero y paciencia en un proceso engorroso pueden aspirar a recuperar lo que es suyo.

Para los grandes contribuyentes, con despachos fiscales a su servicio, este tipo de prácticas resulta manejable. Para el contribuyente promedio, para quien espera una devolución de dos mil o tres mil pesos, el cálculo es distinto. Litigar el caso puede resultar más costoso que el monto a recuperar. El tiempo invertido, las citas, los requisitos, la incertidumbre, todo juega en contra. La racionalidad económica empuja a la resignación. El Estado gana por desgaste.

No se trata de un episodio aislado y novedoso. El año pasado ya se ensayó una maniobra similar, con devoluciones rechazadas bajo el argumento de improcedencia, en muchos casos sin justificación sustantiva. La repetición del patrón sugiere algo más que torpeza administrativa. Apunta a una estrategia deliberada de contención del gasto a costa de los contribuyentes cautivos, esos que no pueden evadir, que no tienen estructuras sofisticadas para eludir y que terminan financiando, sin saberlo, la precariedad fiscal del Estado.

El contraste con el discurso resulta grotesco. Mientras se proclama una retórica de justicia social y de combate a los privilegios, se castiga a quienes cumplen con la ley y se protege, una vez más, a quienes tienen la capacidad de negociar su carga fiscal. Monbiot describía un fenómeno global; en México adquiere una forma particularmente cruda: un Estado débil para cobrar a los poderosos y extraordinariamente eficaz para exprimir a los contribuyentes ordinarios mediante artificios administrativos.

La lógica es consistente con nuestra historia. Un Estado que evita la confrontación fiscal con las élites y que, en cambio, recurre a mecanismos indirectos, opacos, para hacerse de recursos. La innovación del momento consiste en utilizar la burocracia digital como instrumento de retención, en convertir un sistema que debería facilitar el cumplimiento en una trampa que desalienta el ejercicio de derechos.

Hoy es el último día para presentar la declaración anual de personas físicas. Miles de contribuyentes cumplirán con su obligación con la expectativa razonable de recuperar un saldo a favor. Una parte significativa de ellos se topará, en los próximos días, con la misma respuesta: inconsistencia en la cuenta CLABE, revisión pendiente, trámite adicional. Para muchos, esa será la última noticia. El dinero no llegará.

El círculo se cierra con descaro. Sin reforma fiscal, sin capacidad de cobrar a los grandes, con un gasto comprometido en clientelas políticas, el Estado encuentra en sus propios contribuyentes cautivos una fuente silenciosa de financiamiento. No mediante un impuesto aprobado, discutido y transparente, sino mediante una retención disfrazada de error técnico. Un fraude administrativo que confirma, una vez más, que en México la relación entre ciudadanos y Estado sigue marcada por la desconfianza, la opacidad y una creatividad burocrática que siempre encuentra la manera de inclinar la balanza a favor del poder.