La justicia mexicana parece haber tener una doble cara. Es más eficaz para perseguir periodistas que para protegerlos. Lo ocurrido en San Luis Potosí y Veracruz durante las últimas semanas obliga a mirar esa contradicción de frente.

Por un lado, autoridades capaces de activar con rapidez el aparato penal contra personas vinculadas al ejercicio periodístico. Por otro, instituciones que siguen sin ofrecer respuestas contundentes frente a la violencia que amenaza la vida y la integridad de quienes informan. Ambos casos tienen contextos distinto, pero revelan un mismo problema.

La discusión comenzó en San Luis Potosí con la llamada "Ley Serrano", una reforma que pretendió regular algunos riesgos asociados al uso de inteligencia artificial (IA) mediante la creación de nuevos delitos. Desde su aprobación, Artículo 19 advirtió que las disposiciones incorporaban conceptos ambiguos e incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión. Era una advertencia sobre las consecuencias que podía generar una legislación redactada sin las salvaguardas necesarias para proteger derechos fundamentales. Los hechos terminaron dándole la razón a quienes alertaron sobre esos riesgos.

La aplicación de la norma derivó en la detención y encarcelamiento de dos periodistas, convirtiendo una discusión sobre regulación tecnológica en un caso paradigmático de criminalización de la expresión. Lo que fue presentado como una herramienta para combatir abusos digitales terminó mostrando la facilidad con la que una legislación deficiente puede transformarse en un instrumento de censura.

El problema de fondo no es únicamente la existencia de una mala Ley, sino la decisión de responder a los desafíos tecnológicos mediante el mecanismo más agresivo del Estado, esto es, el derecho penal.

La libertad de expresión puede generar tensiones, incomodidades e incluso abusos que deben atenderse. Pero en una democracia constitucional, la privación de la libertad debe ser la última respuesta para casos sumamente extremos, no la primera. Por eso resulta fundamental que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva conforme a los más altos estándares de derechos humanos la acción de inconstitucionalidad 132/2025 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra esos delitos.

Lo que está en juego trasciende a San Luis Potosí. La decisión establecerá un precedente sobre los límites que debe respetar cualquier intento de regular contenidos generados mediante inteligencia artificial. La Corte tiene la oportunidad de recordar que la innovación tecnológica no suspende las garantías constitucionales y que estas herramientas requieren de regulaciones serias, no aprobadas sobre las rodillas, con fines políticos y desde una mirada meramente punitiva.

Al mismo tiempo, el Congreso local debería escuchar la iniciativa ciudadana impulsada por Artículo 19 y periodistas potosinos para corregir una legislación que ya demostró sus riesgos en la práctica. La experiencia acumulada en estas semanas debería bastar para comprender que el problema no está en quienes alertaron sobre la Ley, sino en la Ley misma.

Pero si San Luis Potosí exhibe los excesos de la persecución institucional, Veracruz expone las consecuencias de su ausencia. La desaparición de la periodista Roxana Guzmán el pasado martes 2 de junio, en Nanchital, volvió a colocar sobre la mesa una realidad que México conoce demasiado bien. Las imágenes del ataque que circularon ampliamente en redes sociales provocaron indignación y preocupación dentro y fuera del gremio periodístico. Sin embargo, más allá de la atención mediática inicial, permanece una pregunta que acompaña cada agresión contra la prensa: ¿por qué las instituciones parecen reaccionar con mayor rapidez cuando investigan y persiguen periodistas que cuando deben protegerlos?

Mientras algunas fiscalías muestran capacidad para investigar expresiones, publicaciones o contenidos digitales, los mecanismos de protección y procuración de justicia siguen acumulando deudas frente a amenazas, ataques, desapariciones y asesinatos de periodistas.

Lamentablemente, el día de ayer fue asesinado, pese a contar con medidas de protección, el periodista veracruzano Luis Ángel López en Poza Rica. Su caso, como decenas de otros en la entidad, corre el riesgo de quedar en completa impunidad. En cambio, la propia Fiscalía de Veracruz fue muy eficaz en diciembre para integrar una carpeta de investigación en contra el periodista Rafael León Segovia en Coatzcoalcos, acusarlo de terrorismo y otros delitos y encarcelarlo. Así, el Estado demuestra fuerza para castigar enemigos políticos, pero debilidad para garantizar derechos de las y los comunicadores.

Cada agresión contra una persona periodista produce una víctima directa, dejando a las familias en profunda congoja. Pero también genera un daño colectivo, puesto que la comunidad deja de recibir información y conocer hechos de interés público. Así, pierde la democracia cuando el miedo comienza a decidir qué puede investigarse y qué conviene callar.

Por eso los casos de San Luis Potosí y Veracruz son expresiones distintas de una misma enfermedad institucional. En un caso, el poder público aparece sobreactuando; en el otro, eludiendo su función cuando más se le necesita.

Una democracia no se fortalece encarcelando periodistas bajo leyes ambiguas. Tampoco mirando hacia otro lado cuando un periodista desaparece o es asesinado. La verdadera prueba para las instituciones consiste en demostrar cuán lejos están dispuestas a llegar para proteger a quienes ejercen el derecho de informar. Parece que no mucho.