Muchos sospechábamos, desde hace tiempo, que el oficialismo en el poder iba a perpetuar injusticias. Desgraciadamente no nos hemos equivocado. Cada momento parece ser una nueva oportunidad para el cultivo de inequidades. Es esencial que nunca nos acostumbremos a la contemplación cotidiana del abuso del poder.

En lo que constituyó un atentado el debido proceso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de avalar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquee cuentas bancarias - en dos casos vinculados al combate al lavado de dinero - basándose en investigaciones de origen estrictamente nacional, sin necesidad de una solicitud previa de una autoridad extranjera.

Con esta resolución, la Corte interrumpió la jurisprudencia anterior (tesis 2a./J. 46/2018) que condicionaba la validez de estos bloqueos a la existencia de compromisos internacionales o peticiones expresas de otros países, así como la tesis 2a./J. 101/2024, que precisaba que dicha petición debía ser manifiesta e indubitable.

La UIF ahora tiene la facultad de actuar bajo su propia inteligencia financiera local para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Con esta acción se ratifica que el congelamiento es una medida administrativa y preventiva, por lo que no requiere la autorización previa de un Juez.

Al decir de sus perpetradores, la decisión se fundamenta en los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual México es miembro, lo que se supone que permite una respuesta más ágil ante nuevos esquemas de ilícitos financieros.

Aunque el bloqueo sea inmediato, dicen sus apologistas, la ley aún prevé que los afectados puedan presentar pruebas y alegatos ante la propia UIF tras ser notificados. El argumento carece de validez, pues viola el principio de presunción de inocencia y pone los caballos delante del carruaje, al penalizar primero y averiguar después. Se viola también el principio de que una autoridad pública no puede ser Juez y parte.

Hay que decir que la determinación surgió tras el análisis de proyectos presentados por la Ministra Lenia Batres Guadarrama, persona que ha mostrado ser hostil al gran logro civilizacional que significa el debido proceso.

Con esto se sienta un precedente ominoso, ya que se valida que la UIF pueda ser utilizada como un instrumento de presión o persecución política. Al no depender de una solicitud extranjera (que servía como un filtro de validación externa), la autoridad tiene total discrecionalidad para actuar basándose en criterios internos que podrían ser subjetivos o dirigidos contra opositores al régimen. Seamos claros: con esto se abre la puerta a la arbitrariedad.

Lo ideal es que la labor de la UIF se hubiera limitado a recibir alertas, analizar datos y presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). No obstante, al otorgarle el poder de ejecutar bloqueos de manera autónoma, la SCJN ha decidido que es buena idea darle funciones a la UIF de órgano de investigación criminal, con lo que se desdibuja la línea entre una autoridad administrativa y una judicial.

El congelamiento de cuentas tiene efectos inmediatos y severos que pueden ir más allá de la persona investigada. El titular bloqueado puede quedar incapacitado para pagar nóminas, impuestos o deudas contractuales, con lo que se afecta potencialmente a empleados y proveedores.

El bloqueo también podría llevar a la terminación unilateral de contratos por parte de los bancos, dificultando que la persona o empresa pueda volver a operar en el sistema financiero formal en el futuro. Algo muy grave para quien lo sufra.

El fallo no puede más que considerarse un retroceso respecto a la jurisprudencia de 2018, la cual establecía un control más estricto para proteger el patrimonio de los ciudadanos frente a actos arbitrarios del Estado.

Es sumamente preocupante que se sigan ensanchando los espacios de atropellos a la justicia.