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José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, presunto líder de Guerreros Unidos y uno de los implicados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fue absuelto por un Juez desde hace cuatro meses del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
La resolución de Cedillo Duarte se basó en la existencia de elementos para juzgar a los militares, pues las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron consideradas por la juzgadora como suficientes.
Tres de los militares fueron aprehendidos cuando acudieron a la Unidad de Medidas Cautelares; los otros cinco se entregarán en las próximas horas, aseguró su abogado defensor.
La FGR solicitará una condena de 82 años de prisión para exfuncionario por su responsabilidad en desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la justicia dentro del caso Ayotzinapa en 2014.
De esta forma, sólo quedarán en prisión cinco militares, entre ellos un General; tres también están acusados de delincuencia organizada, ya que presuntamente colaboraban con un cártel local que traficaba droga hacia Estados Unidos.
Esta es la segunda vez que la audiencia se aplaza, debido a que en septiembre de 2023 el equipo legal del exgobernador solicitó el diferimiento por los juicios en curso de amparo.
El mandatario mexicano compartió que envió una carta a Norma Piña, Ministra presidenta de la SCJN, para advertirle sobre la posible liberación de estos ocho militares y del exprocurador Jesús Murillo Karam.
La Segob argumentó que el PJF se vale de “pretextos procedimentales” para permitir la liberación de los ocho militares. “El Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”, añadió la Segob.
El encuentro del mandatario Andrés Manuel López Obrador y el Fiscal Rosendo Gómnez Piedra se da tras el anunció de liberación de ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó este domingo “de maneja tajante” la decisión de la Jueza federal, Raquel Ivette Duarte Cedillo, de revocar la prisión preventiva a ocho militares acusados de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, hace más de nueve años.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a esclarecer el caso antes del fin de su mandato, el próximo 1 de octubre, pero los padres de los desaparecidos confían cada vez menos en él.
Una Jueza federal ordenó este sábado liberar a ocho de los 13 militares señalados por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, luego de que revocara la prisión preventiva oficiosa que se les había impuesto.
El Subsecretario de Seguridad presentó a jueces y magistrados que han favorecido a José Luis Abarca y a María de los Ángeles Pineda, relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y a Roberto Borge, exgobernador priista de Quintana Roo.
Madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de nueve años exigieron este miércoles al Gobierno federal que los especialistas internacionales que han colaborado en el caso, con la coadyuvancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), participen en el acceso a los archivos que anunciaron las autoridades el viernes pasado.
El Gobierno de México anunció este viernes que dará acceso a los archivos sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que posee el Estado mexicano a las madres y los padres de los jóvenes a partir del 4 de enero al 4 de marzo de 2024.
El abogado de los padres y madres de los 43 desaparecidos advierte que otra señal de que la investigación sobre la desaparición de los normalistas “va en picada” es la renuncia de Alejandro Encinas, único funcionario que implicó al Ejército en los hechos.