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Rocha Moya, desde su llegada a Palacio de Gobierno tenía claro que no compartiría el poder con Cuén porque estorbaba a su proyecto autocrático.
Según las autoridades de EU, el imputado recibió sobornos de hasta 100 mil dólares mensuales de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos.
Las investigaciones contra Rubén Rocha Moya y Maru Campos volvieron a poner sobre la mesa una vieja duda: si la justicia en México actúa realmente contra el poder político o solo construye espectáculos mediáticos que terminan en impunidad.
El Gobierno de México salió a desmentir las versiones sobre una supuesta alerta internacional contra Rocha Moya y aseguró que no existe ninguna notificación activa de Interpol en su contra.
Enkoll preguntó sobre el desempeño de Claudia Sheinbaum; así como de las acusaciones que enfrentan Maru Campos y Rubén Rocha.
Las ligas con el crimen, las actividades ilícitas, las cometen una vez que ya son electos, cuando en algunos casos ya tienen fuero.
El Gobernador de Sinaloa solicitó licencia mientras avanzan las indagatorias relacionadas con los señalamientos de Washington.
La FGR citó a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la intervención de agentes de la CIA en un operativo local, y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico señalados por EU.
La Fiscalía citó a comparecer a la mandataria chihuahuense por la incursión de la CIA y al mandatario sinaloense con licencia por los señalamientos en su contra hechos por autoridades de EU.
Mientras el país permanezca atrapado entre impunidad interna y dependencia estratégica, la soberanía será más un discurso político que una realidad efectiva.
Los casos de ambos mandatarios han generado una ola de reacciones de la derecha sobre supuestos manejos políticos por la parte de la titular del Poder Ejecutivo.
Aceptar una solicitud de aprehensión provisional de un Gobernador en funciones establece un precedente muy grave, porque facilita la injerencia de un gobierno extranjero.
El 6 de abril, la Corte validó la constitucionalidad en el bloqueo preventivo de cuentas por parte de la UIF como una medida cautelar de carácter administrativo.
Gerardo Mérida es acusado de recibir sobornos de hasta 100 mil dólares mensuales por parte de Los Chapitos, a cambio de información sobre operativos.
Para la UIF, "estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo".
La otra dimensión del vértice es el proceso de autocratización del poder que inició cuando Rocha Moya tomó posesión del cargo de Gobernador.