Los abogados entendíamos que había extradiciones de EU a México pendientes de concretar, pero no teníamos el dato exacto. Resulta, pues, que los gabachos nos deben 50 extradiciones: secuestradores, asesinos, funcionarios corruptos... puros delincuentes de alto perfil, "lo mejor de cada casa", que se refugiaron con el gringo después de cometer delitos en México.

Por otro lado, los reclamados de Sinaloa son funcionarios mexicanos a los que se les acusa de cometer delitos en México con impacto en EU. Hay una diferencia enorme entre ambas situaciones.

La política judicial de Estados Unidos es demasiado sofisticada y permite que múltiples delincuentes queden libres, sin ser consignados ante un Juez, por "cuestiones técnicas" (así, entre comillas). Al mismo tiempo, aplican altos estándares de exigencia para los juicios abiertos en México contra posibles delincuentes que se refugian allá y se benefician de la interpretación puntillosa de la ley. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha estado exigiendo la detención provisional del Gobernador Rocha Moya y otros funcionarios públicos de Sinaloa.

Ante esto, el coro de trumpianos PAN-PRIistas, nadando en un mar de ignorancia y de irreflexión, gritan al mismo tiempo: "¡Entrégalos, entrégalos!". Su sueño, al igual que el de María Corina Machado, reside en que finalmente la potencia norteña invada el país y los coloque a ellos en el mando nacional sin necesidad de ganar las elecciones. Ya abandonaron la ruta democrática para recuperar el poder y ahora se lo apuestan todo al "emperador naranja".

Precisiones Jurídicas y Soberanía

Es necesario precisar que no se pueden comparar como iguales las solicitudes de extradición cuando hay una orden de aprehensión girada por un Juez mexicano contra posibles responsables de la comisión de delitos comunes, con la solicitud de extradición de un país extranjero que acusa a un Gobernador electo democráticamente en México.

Aceptar una solicitud de aprehensión provisional de un Gobernador en funciones establece un precedente muy grave, porque facilita la injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones soberanas del pueblo. En todo caso, una solicitud de extradición de un Gobernador electo democráticamente sólo puede ser equiparable con una denuncia penal que permita al Gobierno mexicano abrir una carpeta de investigación, donde se agoten los extremos del debido proceso previsto en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, así como en las leyes secundarias derivadas de ellos.

Sin embargo, solicitar la aprehensión provisional y el trámite de extradición de un delincuente que violentó las leyes penales de México debe ser considerado como un trámite ordinario. En este último caso, simplemente se deben respetar los límites de la ley —tanto mexicana como norteamericana— para justificar la aprehensión provisional y la posterior extradición del sujeto solicitado.
El Tratado de Extradición y los Derechos Humanos.

Además, por ignorancia, a los "trumpianos de huarache" se les olvida (o ni siquiera recuerdan) que en 2011 se reformó la Constitución, estableciéndose un artículo 1.º que ofrece la más amplia protección a las personas frente a los actos de autoridad.

El tratado de extradición celebrado entre México y Estados Unidos es anterior a 2011; por lo tanto, los impactos de dicho tratado tienen que revisarse desde la perspectiva de los derechos humanos, adoptada por México como el nuevo paradigma en la interpretación y aplicación de la ley. Ese es el verdadero Estado de derecho por el que tanto reclaman los del PAN y del PRI.

Por eso y ya que los argumentos se tornan pedestres y no quieren dar marcha atrás, ni los norteamericanos ni su coro de apoyo nacional, le sugiero a la Presidenta: "Un Gobernador por cinco asesinos y cinco secuestradores".

Un Senador por ocho solicitados de México.

Un Alcalde por seis extraditables y así sucesivamente. Y si no aceptan, pues nada de aquí para allá.