Por: Alejandra Ramírez*

Con el legítimo interés emanado del dolor de la ausencia de sus seres queridos, integrantes de colectivos de personas buscadoras de varios estados del país, incluyendo de la Ciudad de México, se concentraron en la capital en torno a la inauguración del Mundial. Su objetivo fue movilizarse para visibilizar la grave crisis humanitaria y de inseguridad por la que atraviesa el país. Asimismo, buscaron colocar en el debate público la tragedia que miles de núcleos familiares padecen en su vida cotidiana ante la incertidumbre de no localizar a sus seres amados. Así lo expresó durante una de las acciones de protesta el buscador Gustavo Hernández, padre de Abraham Zeidy del Razónales, desaparecido en abril de 2024 en Escobedo, Nuevo León: “La ausencia es lo más destructor de un ser humano y de una familia”.

Los lenguajes del dolor no sólo se experimentan y manifiestan en el cuerpo individual, también lo hacen a través del cuerpo colectivo y su exposición en el ámbito de lo público; las protestas sociales son una de las formas que adquieren las injusticias, son demandas que se formulan en exigencias concretas; en el caso de las personas buscadoras, su petición es irrefutable: que las y los suyos regresen a casa.

Pese a los discursos gubernamentales que se empeñan en hablar de un trabajo conjunto con las víctimas, a través del diálogo y atención en mesas trabajo para la construcción de avances en la agenda, los hechos que atestiguamos durante las protestas de la semana pasada evidencian lo contrario, al menos, muestran contradicciones relevantes. Esto es, en aras de proyectar una imagen “bonita y armoniosa” de la ciudad y del país, tanto el Gobierno federal como el de la Ciudad de México, contradicen el ánimo de trabajo conjunto con las víctimas, su voluntad manifiesta de escucharlas y ser autoridades solidarias con su lucha, a través de acciones y contradicciones.

Durante el contexto previo a los eventos que sucedieron en el marco de la inauguración, el Gobierno de la Ciudad de México se dedicó a quitar las fichas de búsqueda que las familias pegaban en las calles en un acto de memoria. Las familias consideraron estos hechos agraviantes, provocando su enojo e indignación ya que el orden estético no está por encima de los rostros de quienes han sido víctimas de un crimen tan delicado como es la desaparición. Por otro lado, aunque las autoridades han reiterado la frase “nosotros no reprimimos”, bajo el argumento de proteger la sede del partido y garantizar la efectuación del mismo, aquellas ordenaron un despliegue policial no menor, mandando el mensaje de un tajante e incongruente “quéjense, pero hasta aquí”.

Con ello dejaron ver que la protección del Estado la tienen los intereses político-económicos y no las víctimas ni las vidas que defienden, así lo expresó en tono molesto ante el cierre del trayecto de Tlalpan hacia el Estadio Azteca, el buscador de Jalisco Héctor Flores, quien busca a su hijo Héctor Daniel Flores Fernández, desaparecido forzadamente el 18 de mayo de 2021 en Guadalajara por elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco: “la vida está sobre todas las cosas, primero está la vida”.

El despliegue de un muro policíaco, con presencia de vallas, antimotines y caballería, entre otros artefactos y recursos humanos para el uso de la fuerza, fueron usados para encapsular y bloquear la manifestación de las personas buscadoras, para invisibilizar las atrocidades que se comenten en el país. Estos son una forma sutil de hacer efectiva la represión y desactivar la protesta, la represión no significa exclusivamente acciones estridentes, la sola presencia de ese despliegue de cuerpos de seguridad es, en sí mismo, intimidante.

Así, lograron impedir el paso de las familias, a tal punto de provocar, en un acto de desesperación, que la señora Vicky Ponce, líder del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, quien busca a su hijo Víctor Hugo Meza Ponce, se arrodillara frente a policías para suplicar que las dejaran pasar. Una pregunta entre tantas que surgen con esta imagen es: ¿qué sociedad y qué Presidenta permiten que una madre buscadora llegue al punto de hacer tal acto para suplicar compasión?

La represión de la protesta se evidenció en medios periodísticos y grabaciones de personas de a pie, aunque en la narrativa las autoridades insistan en decir que este gobierno no reprime, en los hechos vimos lo contrario. Las personas buscadoras en el quehacer de búsqueda que llevan a cabo en sus territorios se topan con la pared del poder criminal, es lamentable que en el centro del país y con la esperanza de hacer visibles, ante los ojos del mundo, a sus seres queridos desparecidos, se topen con la pared policial. Quedan entre dos poderes armados mientras ellas y ellos, como lo dijo el señor Gustavo: “no tenemos armas, tenemos nuestras manos, las palas, los picos, el sudor y el sufrimiento”.

Otra situación que da cuenta de las contradicciones entre el decir y el hacer de la incongruencia gubernamental, son sus prioridades. En la mañanera del pueblo del 11 de junio, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, declaró “algunas personas provenientes del estado de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización, estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legitima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias”.

El deber del Gobierno no es investigar supuestos intereses políticos que hay detrás de las acciones de las víctimas, estigmatizando y deslegitimando sus exigencias; su deber es investigar donde están las personas desaparecidas, de quiénes son los intereses que mantienen la impunidad y las redes criminales que mantienen economías ilícitas sostenidas de delitos como el reclutamiento forzado y la desaparición de personas. Su deber es desplegar los elementos de seguridad para garantizar la seguridad de las personas buscadoras, si los mecanismos de protección fueran efectivos, quizás varias de las personas buscadoras que han sido asesinadas hubieran estado con vida y manifestándose con sus compañeras.

Las declaraciones de Rosa Icela están en sintonía con la declaración que, al día siguiente, después del partido inaugural ganado por la selección mexicana y que, con una sonrisa, la Presidenta declaró: “la imagen del pueblo es la alegría [...] quien la pasó mal es quien quiere que le vaya mal a México”. Al escuchar estas declaraciones es indudable que no basta con el hecho de que la representación de las mujeres llegue a lugares de poder y toma de decisiones, la sensibilidad humana y ética moral ante el dolor de los otros deben primar sobre el color de cualquier partido político. El problema es más profundo y radica en la estructura patriarcal como componente sustantivo del ADN de los estados nacionales.

La contradicción es una estrategia de gobierno de la cual obtiene ganancias secundarias al jugar con el papel de “policía bueno” y “policía malo” según convenga a sus intereses, el mensaje que transmiten es: estamos con ustedes, pero sólo hasta donde no afecten nuestros intereses, imagen y proyectos políticos. Es inaceptable que las familias no sólo tengan que poner el cuerpo ante los criminales, sino también, frente a un Estado pasivo-agresivo que echa a andar su maquinaria para estigmatizar y deslegitimar de forma sutil, en la ventajosa asimetría de poder, la lucha de las familias buscadoras, una población altamente vulnerable.

La causa de las personas buscadoras no responde al modelo de la víctima ideal, pasiva y asilada que quizás es la deseada para mantener la imagen y el tono armonioso que se pretende trasmitir a nivel internacional. Son personas que, de tanto ser lastimadas, se han vuelto insumisas. En ese sentido, quienes somos parte de la sociedad y acompañamos su digno caminar, citando al maestro Eduardo Galenano “Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común [...] negarnos a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria”. Sigamos desprivatizando el dolor, colectivizando y politizando los afectos, porque nos faltan miles en sus hogares, hasta encontrarles.

*Alejandra Ramírez es investigadora en el Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.