Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- La elección de Estados Unidos, México y Canadá como sedes conjuntas de la Copa del Mundo de 2026 no puede entenderse sin el terremoto que provocó el llamado FIFA Gate. Aunque no existe evidencia de que el país norteamericano haya obtenido la sede mediante prácticas irregulares, el escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA en 2015 cambió las reglas del juego y creó las condiciones para que la candidatura norteamericana se impusiera años después.
Cuando la FIFA eligió a Estados Unidos, México y Canadá como sedes conjuntas de la Copa del Mundo de 2026, la decisión fue presentada como el triunfo de la candidatura técnicamente más sólida. Sin embargo, detrás de aquella votación estaban las investigaciones impulsadas por autoridades estadounidenses que derrumbaron a la vieja cúpula de la FIFA, pusieron bajo sospecha el sistema con el que se elegían las sedes mundialistas y terminaron favoreciendo un modelo de votación que benefició a la candidatura norteamericana.
El escándalo no sólo provocó la caída de dirigentes históricos, investigaciones penales internacionales y la renuncia de Joseph Blatter. También destruyó el sistema mediante el cual la FIFA había repartido durante décadas las sedes mundialistas y obligó al organismo a crear nuevas reglas para elegir al anfitrión de la Copa del Mundo. Esas nuevas reglas terminaron beneficiando a Estados Unidos.
El escándalo del FIFA gate
La crisis estalló el 27 de mayo de 2015. A petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, agentes de la policía suiza ingresaron al hotel Baur au Lac, en Zúrich, donde se encontraban reunidos dirigentes de la FIFA para su congreso anual. Las imágenes de funcionarios siendo escoltados por policías dieron la vuelta al mundo y marcaron el inicio de un terremoto institucional sin precedentes.
Las autoridades estadounidenses acusaron a altos funcionarios del futbol internacional de participar durante más de dos décadas en esquemas de corrupción relacionados con la comercialización de torneos, la venta de derechos de televisión, acuerdos de patrocinio y contratos de marketing deportivo. Según la acusación presentada por la entonces Fiscal general de Estados Unidos Loretta Lynch, los implicados habían convertido el futbol internacional en una organización donde los sobornos y las comisiones ilegales formaban parte habitual de la toma de decisiones.
“Utilizaron sus posiciones de confianza para solicitar sobornos una y otra vez, año tras año, torneo tras torneo”, declaró Lynch al anunciar los cargos. Para los fiscales estadounidenses, no se trataba de actos aislados, sino de una estructura criminal que había operado durante décadas dentro del organismo encargado de gobernar el deporte más popular del planeta.
Las investigaciones describían un sistema relativamente simple. Empresas de marketing deportivo interesadas en obtener contratos para comercializar competencias internacionales entregaban millones de dólares a dirigentes de la FIFA y de las confederaciones continentales. A cambio, recibían acceso privilegiado a los derechos comerciales más valiosos del futbol mundial. Los pagos se realizaban a través de bancos estadounidenses, empresas fantasma e intermediarios distribuidos en distintos países.
Entre los señalados aparecían nombres de enorme influencia dentro del futbol mundial, particularmente en América. Jack Warner, expresidente de la Concacaf; Nicolás Leoz, histórico dirigente de la Conmebol; Eugenio Figueredo; Jeffrey Webb y otros funcionarios fueron acusados o investigados. La Interpol emitió alertas rojas internacionales contra varios de ellos mientras avanzaban los procesos judiciales.
Sin embargo, lo que parecía una investigación centrada en derechos comerciales pronto se convirtió en algo mucho más grande. Apenas una semana después de las primeras detenciones, medios internacionales revelaron que el FBI había ampliado las pesquisas para examinar la manera en que fueron adjudicadas las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022.
Aquella decisión cambió por completo la dimensión del escándalo.
Hasta ese momento, los rumores sobre irregularidades en la elección de sedes mundialistas llevaban años circulando. La designación de Rusia y, sobre todo, de Qatar había generado cuestionamientos desde el principio. Qatar carecía de tradición futbolística, enfrentaba críticas por sus condiciones climáticas extremas y tenía una infraestructura limitada en comparación con otros aspirantes. Pese a ello, obtuvo la sede en una votación celebrada en 2010.
Las sospechas nunca desaparecieron. Pero después de las detenciones en Zúrich, las autoridades estadounidenses comenzaron a investigar si algunos votos habían sido comprados. Paralelamente, la fiscalía suiza abrió una investigación formal sobre el proceso de adjudicación de los Mundiales de 2018 y 2022 y realizó cateos en la sede de la FIFA para obtener documentos electrónicos y registros internos.
Por primera vez en la historia moderna del futbol, la legitimidad de dos Copas del Mundo ya asignadas era objeto de investigaciones criminales simultáneas.
Mientras las pesquisas avanzaban, dirigentes de Rusia y Qatar intentaban transmitir tranquilidad. El Kremlin insistía en que la organización del Mundial de 2018 no estaba en riesgo. Por su parte, las autoridades qataríes sostenían que la sede de 2022 no sería retirada bajo ninguna circunstancia. Pero el daño ya estaba hecho: la credibilidad del sistema de elección de sedes había quedado profundamente comprometida.
Las investigaciones también comenzaron a acercarse al círculo más cercano de Joseph Blatter. Aunque el dirigente suizo negó cualquier participación en actos ilícitos y fue reelegido para un quinto mandato el 29 de mayo de 2015, la presión se volvió insoportable. Apenas cuatro días después anunció su renuncia.
La salida de Blatter representó el derrumbe de una era. Durante casi dos décadas había gobernado la FIFA con un modelo altamente centralizado, apoyado en alianzas políticas con federaciones de todo el mundo. Su caída simbolizó el colapso del viejo orden dentro del futbol internacional.
El problema para la FIFA era que el escándalo no amenazaba únicamente a sus dirigentes; también cuestionaba la forma en que tomaba sus decisiones más importantes. Durante años, las sedes mundialistas habían sido elegidas por un pequeño grupo de integrantes del Comité Ejecutivo. Apenas unas cuantas decenas de personas decidían qué país albergaría el evento deportivo más importante del planeta. Ese sistema era precisamente el que se encontraba bajo sospecha.
Un nuevo sistema de elección
Ante el escándalo, la organización optó por no seguir utilizando el mismo mecanismo para elegir la sede de 2026. En medio de investigaciones por posibles sobornos vinculados a Rusia y Qatar, mantener el procedimiento tradicional habría significado profundizar la crisis de confianza.
Por ello, la FIFA suspendió temporalmente el proceso de adjudicación del Mundial de 2026 mientras definía nuevas reglas.
Las reformas que surgieron después fueron históricas. La organización eliminó el antiguo modelo basado en las decisiones del Comité Ejecutivo y transfirió la elección al Congreso de la FIFA, integrado por todas las asociaciones nacionales afiliadas. Más de 200 federaciones tendrían ahora derecho a votar.
Además, los informes técnicos de evaluación se hicieron públicos. Los criterios para calificar candidaturas fueron transparentados. Las inspecciones y auditorías se volvieron más rigurosas. La FIFA intentó demostrar que había aprendido la lección.
En el sistema anterior, una candidatura necesitaba convencer a poco más de una veintena de dirigentes. En el nuevo esquema debía persuadir a más de 200 federaciones nacionales. La política interna seguía siendo importante, pero el peso de los criterios económicos y logísticos adquirió una relevancia mucho mayor. Y en ese escenario, Estados Unidos tenía ventajas enormes.
La candidatura conjunta con México y Canadá ofrecía algo que ninguna otra propuesta podía igualar: una red de estadios ya construidos, infraestructura de transporte desarrollada, millones de habitaciones de hotel disponibles y un mercado comercial capaz de generar ganancias récord.
La FIFA atravesaba además una crisis financiera y reputacional. Después de años de escándalos, necesitaba una Copa del Mundo capaz de producir ingresos extraordinarios y proyectar una imagen de estabilidad. La propuesta norteamericana respondía perfectamente a esas necesidades.
Los informes técnicos reflejaron esa realidad. La candidatura de Estados Unidos, México y Canadá obtuvo calificaciones significativamente superiores a las de Marruecos, su único competidor. Los evaluadores concluyeron que el proyecto norteamericano implicaba menos riesgos operativos y mayores beneficios económicos.
Cuando llegó la votación definitiva en junio de 2018, el resultado fue contundente. La candidatura de Norteamérica recibió 134 votos, mientras Marruecos obtuvo 65. Por primera vez en la historia, una sede mundialista era elegida por el Congreso completo de la FIFA y no por un pequeño grupo de dirigentes.
No hay evidencia sólida de que Estados Unidos haya obtenido la sede de 2026 mediante prácticas ilegales. Pero sí existen abundantes indicios de que el FIFA Gate transformó radicalmente el entorno político e institucional en el que se tomó la decisión.
En ese sentido, el FIFA Gate no entregó directamente el Mundial de 2026 a Estados Unidos. Pero sí creó las condiciones que hicieron posible su victoria. El mayor escándalo de corrupción en la historia del futbol terminó allanando el camino para que Norteamérica organizara la Copa del Mundo más grande jamás celebrada.
