Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– Años antes de convertirse en presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, una estructura en la que Coca-Cola es una de las principales patrocinadoras y FEMSA —su mayor embotelladora en el país y propietaria de los Rayados de Monterrey— ejerce una influencia relevante, Mikel Arriola formó parte de la Cofepris, organismo cuyos funcionarios sostuvieron reuniones reservadas con representantes de la refresquera entre 2013 y 2016 para diseñar un etiquetado que terminó favoreciendo a la industria. Aquellas negociaciones se dieron mientras México enfrentaba una de las peores crisis de sobrepeso y obesidad del mundo, vinculada en buena medida al consumo de bebidas azucaradas, y colocaron a Arriola entre los funcionarios que facilitaron la interlocución con las empresas refresqueras en detrimento de la salud pública.
“Mikel Arriola entra a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios justamente cuando se tiene mucha claridad de que México vive una de las mayores crisis de sobrepeso y obesidad a nivel internacional. De hecho, en 2006 ya se había presentado la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que había puesto la atención mundial sobre México, porque en un periodo de 6 años el sobrepeso y la obesidad infantil de niños de 5 a 11 años había crecido casi 40 por ciento. No había ningún registro en el mundo que diera esas cifras”, expuso al respecto Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, organización que en abril de 2022 presentó una serie de denuncias ante la Secretaría de la Función Pública contra funcionarios y exfuncionarios de la Cofepris, entre ellos Arriola, por presuntos conflictos de interés y por el ocultamiento de información.
Las acusaciones se sustentaron en los documentos obtenidos a través de un proceso judicial en Estados Unidos, los cuales revelan que entre 2013 y 2016 altos mandos de la Cofepris mantuvieron comunicaciones y reuniones con directivos de Coca-Cola para diseñar el antiguo etiquetado de Guías Diarias de Alimentación (GDA), ampliamente cuestionado por organismos internacionales, académicos y organizaciones civiles.
De acuerdo con la organización, dichas comunicaciones evidenciaron una coordinación entre la Cofepris y la refresquera para enfrentar los amparos promovidos por organizaciones de la sociedad civil contra ese etiquetado. Entre los exfuncionarios señalados se encuentran además de Mikel Arriola, Patricio Caso y Álvaro Pérez Vega. Caso actualmente es vicepresidente de comunicaciones, sostenibilidad y asuntos públicos de Coca-Cola y uno de los principales voceros de la estrategia de la empresa alrededor de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Coca-Cola ha patrocinado el Mundial de futbol desde 1974, aunque desde 1950 ha exhibido publicidad en los estadios donde se juega la Copa del Mundo. En México, Fomento Económico Mexicano (FEMSA) se encarga de producir, embotellar, distribuir y vender sus productos en esta nación y otros países de América Latina. Coca-Cola es, además, una de las seis principales patrocinadoras junto a Adidas, Banorte, AT&T, Caliente y Amazon. FEMSA, dirigida por José Antonio Fernández Carbajal, es dueña de los Rayados de Monterrey, uno de los equipos con mayor capital en la Liga MX.
Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) han señalado durante años que las bebidas azucaradas constituyen una de las principales fuentes de azúcar añadida en la dieta mexicana. México llegó a registrar uno de los consumos de refresco más altos del mundo, con alrededor de 140 litros por persona al año. En ese mismo sentido, un estudio elaborado por investigadores mexicanos y estadounidenses estimó que en 2010 las bebidas azucaradas eran responsables de aproximadamente 12 por ciento de las muertes relacionadas con diabetes, enfermedades cardiovasculares y cánceres asociados con obesidad en México.
Funcionario peñista, candidato priista
A su llegada como dirigente de la Federación Mexicana de futbol, Mikel Arriola presumió su trayectoria como deportista “de alto rendimiento”. En su caso no se trata de un carrera en el balompié nacional, sino en la pelota vasca. En declaraciones a Marca, aseguró que le tocó representar a México en 7 mundiales, 2 juveniles, e incluso le tocó ganar medallas en este deporte que dejó debido a una lesión.
Arriola es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac del Norte, Maestro en Políticas Públicas y Administración Pública por la London School of Economics and Political Science de Londres, Inglaterra, además de tener otra Maestría en Derecho por la Universidad de Chicago, de Estados Unidos.
Después de laborar cuatro años en el sector privado, Mikel entró a la función pública en 2003, en el Gobierno de Vicente Fox, como coordinador contencioso y posteriormente como Subdirector Corporativo de la Dirección General del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural). De 2007 a 2011, ya con Felipe Calderón, fungió como asesor del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y como director general de Planeación de Ingresos y Jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de la Subsecretaría de Ingresos de la dependencia hacendaria, puesto en el que permaneció hasta el 1 de marzo de 2011 cuando fue nombrado Comisionado de la Cofepris.
Con Enrique Peña Nieto no solo se mantuvo en esa posición, sino que saltó hacia la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social en febrero de 2016 y hasta diciembre de 2017, cuando renunció para contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México como candidato del Partido Revolucionario Institucional, en una campaña en la que manifestó su rechazo a los derechos establecidos en la capital como el aborto o el matrimonio igualitario.
No obstante, ha sido su paso por la Cofepris lo que es más recordado de su trayectoria en la administración pública. En esta posición fue conocido como el 'príncipe de las industrias', como han denunciado desde la sociedad civil, debido a las facilidades a las que otorgó a la industria como dictar políticas públicas, dictar regulaciones, dictar etiquetado, decidir sobre la regulación de publicidad.
“Cuando está Mikel Arriola al frente de Cofepris, en 2010, la industria empieza a ponerse un etiquetado autorregulatorio diseñado por ellos mismos, que era un etiquetado para evitar que el gobierno les pusiera un etiquetado que no les gustara, es decir, un etiquetado tipo advertencia como el que se estaba poniendo en Ecuador y en Chile. Y entonces ellos pusieron un etiquetado totalmente engañoso en 2010. Primero fue Coca-Cola y después todas las empresas que estaban en ConMéxico, que agrupaba justamente a las empresas de alimentos y bebidas. Y ConMéxico era el actor principal para bloquear todo tipo de políticas, ya sea regulatorias para alimentos y bebidas en escuelas, regulatorias de publicidad y de etiquetado", expuso Calvillo.
El contubernio con Coca-Cola
Desde que las grandes empresas de alimentos y bebidas impulsaron en 2010 la llamada Guía Diaria de Alimentación (GDA), organizaciones civiles comenzaron a advertir que el sistema no estaba diseñado para proteger a los consumidores. Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, sostuvo que el esquema utilizaba parámetros definidos por la propia industria y no por los criterios internacionales en materia de salud.
"La industria comenzó a utilizar en 2010 el etiquetado denominado Guía Diaria de Alimentación, conocido como GDA. Desde la sociedad civil denunciamos este sistema porque utilizaba un criterio sobre el azúcar que era casi el doble del recomendado por la Organización Mundial de la Salud, algo particularmente grave en un país con altos niveles de sobrepeso y obesidad infantil y con uno de los mayores consumos de bebidas azucaradas del planeta", señaló.
Calvillo expuso que, conforme avanzaron las investigaciones, se confirmó que México se había convertido en el país con el mayor consumo de bebidas azucaradas en el mundo, productos asociados con el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Por ello, El Poder del Consumidor presentó denuncias ante la Cofepris, entonces encabezada por Mikel Arriola. "La ley prohibía cualquier información que pudiera representar un riesgo para la salud", afirmó.
Sin embargo, las advertencias fueron desoídas. En 2014, cuando el Gobierno de Enrique Peña Nieto presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, el etiquetado promovido originalmente por las empresas terminó convertido en una disposición oficial. "Nada de esto fue atendido. Peor aún, en 2014, cuando Enrique Peña Nieto presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, el etiquetado GDA dejó de ser un esquema promovido por la industria y se convirtió en un etiquetado obligatorio establecido por la autoridad, principalmente por Cofepris y la Secretaría de Salud", sostiene Calvillo.
El director de El Poder del Consumidor denunció que incluso las advertencias de organismos internacionales fueron ignoradas. "Posteriormente se hizo pública una carta confidencial de la Organización Mundial de la Salud, enviada a través de la representación en México de la Organización Panamericana de la Salud. El documento estaba dirigido a la Secretaria de Salud, Mercedes Juan; al subsecretario Pablo Kuri, y a Mikel Arriola, entonces titular de Cofepris. En esa carta se les pedía no implementar ese etiquetado (...) Incluso se ofrecía apoyo técnico para diseñar un sistema que realmente ayudara a los consumidores, pero esa recomendación fue ignorada y el etiquetado se estableció", recuerda.
Para Calvillo, la actuación de la autoridad favoreció los intereses empresariales. "Al final se impuso el etiquetado de la industria. Cofepris actuó a favor de las empresas y en contra no sólo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sino también de los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública".
Indicó en ese sentido que investigadores del propio Instituto Nacional de Salud Pública demostraron que el sistema era incomprensible incluso para estudiantes de Nutrición. Ante ello, El Poder del Consumidor promovió dos amparos. "Uno de ellos logró sobrevivir y, en primera instancia, un juez determinó que ese etiquetado debía retirarse porque violaba el derecho a la información, el derecho a la salud y los derechos de la infancia".
La organización también recurrió a solicitudes de transparencia para conocer cómo se había modificado la Norma Oficial Mexicana 051. Según Calvillo, Cofepris respondió que no había existido ningún grupo de trabajo encargado del nuevo etiquetado y que, por lo tanto, tampoco había minutas de reuniones. Sin embargo, la asociación acudió a tribunales estadounidenses para obtener información de Coca-Cola.
"Un juez determinó que la información era necesaria para el amparo que se seguía en México y ordenó a Coca-Cola entregar las comunicaciones sostenidas con Cofepris", explicó. Los documentos obtenidos revelaron intercambios entre la empresa y funcionarios de la dependencia.
“Tenemos copias de esos comunicados, como en estos procedimientos, varias cosas bien tachadas, pero están dirigidas justamente a Cofepris. Están hablando justamente del etiquetado, de las reuniones de trabajo sobre el etiquetado, es decir, Cofepris, mientras en un documento oficial nos dice que no hubo grupo de trabajo, esos comunicados entre Cofepris y Coca-Cola demuestran que sí había comunicación entre Cofepris y Coca-Cola durante la administración de Mikel Arriola y especialmente de su abogado principal, Patricio Caso. Muchos de estos comunicados eran dirigidos a Patricio Caso”.
"De esta manera quedó evidenciado un contubernio entre Coca-Cola y Cofepris", sostuvo Calvillo.
Con esos elementos, junto con la carta de la Organización Panamericana de la Salud y los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, El Poder del Consumidor presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra diversos funcionarios. A su juicio, las consecuencias del etiquetado fueron profundas.
"Este etiquetado permaneció vigente durante diez años, generando un daño a la población. Quienes buscaban información para conocer las cantidades de azúcar de los productos recibían un mensaje engañoso que les hacía creer que esos niveles no eran elevados, cuando en realidad representaban un riesgo para la salud".
Y concluyó: "Eso fue lo que dejó aquella administración de Cofepris. También debe señalarse la responsabilidad de la Secretaría de Salud, que respaldó la implementación de un etiquetado que estuvo completamente al servicio de la industria y que, en los hechos, había sido diseñado por las propias empresas".
