Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).– Pese a que ya fueron localizados 14 de los 57 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapan, Guerrero, desaparecidos el 26 de septiembre pasado, y el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, se separó de su cargo por los hechos registrados el pasado fin de semana, donde murieron al menos seis personas –entre ellas tres normalistas– grupos civiles, legisladores y hasta el Presidente Enrique Peña Nieto pidieron llegar hasta las últimas consecuencias para encontrar a los responsables.

El viernes pasado, los jóvenes normalistas se encontraban realizando actividades políticas como parte del plan de lucha de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).

Fue entonces cuando sufrieron dos atentados, el primero cerca de las 21:30 horas en el Periférico Norte de la ciudad de Iguala, cometido por policías municipales, “quienes a mansalva rodearon y dispararon contra los autobuses en que se trasladaban los estudiantes. En este primer atentado, el estudiante Aldo Gutiérrez Solano fue ejecutado con un disparo en la cabeza”, describieron.

El segundo ataque fue cometido por un comando armado vestidos de civil no identificado cuatro horas después, cuando los estudiantes denunciaban el ataque en el mismo lugar de los hechos con maestros y reporteros, fueron detonados al menos 200 disparos durante el atentado, con las que ejecutaron a otros dos normalistas.

Tanto Amnistía Internacional (AI) como otras organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron que se realice una investigación seria hasta que se encuentre a los responsables.

Por su parte, el representante del Comité Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, Uriel Alonso, precisó que hasta el momento son 43 los estudiantes desaparecidos, debido a que 14 de los desaparecidos ya se habían reportado.

Ayer, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, informó que al menos dos estudiantes de la Normal podrían estar escondidos.

El Ombudsman estatal planteó que no se descarta la posibilidad de que los estudiantes normalistas no estén desaparecidos, sino escondidos “en aras de preservar su seguridad”. Aseguró que se ha realizado una búsqueda exhaustiva en “terrenos y domicilios cercanos a la ciudad donde ocurrieron los hechos”.

El Presidente Peña Nieto reconoció que es muy lamentable lo que ha ocurrido y que es un hecho que merece una investigación a fondo para realmente deslindar responsabilidades, saber quiénes fueron los responsables de los hechos ocurridos y haya sanciones, así como aplicar la ley en este caso.

“SÓLO DISPARAMOS AL AIRE”

Los 22 policías de Iguala, Guerrero, detenidos para investigar el caso de los asesinatos de normalistas, negaron ante el Juez del Cereso de Acapulco haberles disparado.

Algunos de ellos afirman que sólo lanzaron balas al aire, otros declararon que no accionaron sus armas y el resto negó su participación en los hechos del viernes y sábado pasado.

En el interior del juzgado había una docena de familiares de los policías.

Se les leyeron los cargos que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJE) les imputa relacionados con el delito de homicidio calificado, abuso de autoridad, daños y lesiones.

El Procurador de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, no descartó la posibilidad de acusar a los policías por la desaparición de los 57 normalistas.

EL ALCALDE SE VA

El Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, pidió ayer licencia para separarse del cargo, tras los seis asesinatos registrados en el municipio el viernes y sábado pasados.

En el Cabildo del Ayuntamiento, el Edil se deslindó de los hechos, pero demandó que los responsables sean castigados conforme a la ley. Además continuará cooperando en las investigaciones de la Fiscalía de Guerrero.

El lunes pasado, el Alcalde de Iguala confesó que, como estaba bailando, no tuvo conocimiento de los actos violentos que tuvieron lugar en el municipio la noche del viernes, donde tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa perdieron la vida y otros se encuentran desparecidos: “no supe nada de los hechos de violencia, yo estaba bailando” dijo en entrevista radiofónica.

Antes, el dirigente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, indicó que el Edil militante del Sol Azteca debía pedir licencia “para no entorpecer” las indagatorias.

“Se deben tomar medidas, soy de los convencidos de que para no entorpecer las indagatorias el presidente Municipal de Iguala debe solicitar licencia, no lo estoy culpando, pero la policía actuó con irresponsabilidad, con falta de tacto, ante unos estudiantes que es ya casi costumbre que hagan ese tipo de acciones, de secuestrar camiones y no tenían por qué haber entrado como lo hicieron”, dijo.

Por su parte, el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aceptó que “gran parte de la policía de Guerrero se encuentra infectada e infiltrada por el crimen organizado”.

Confirmó también que Policías Estatales fueron los que mataron a los tres estudiantes de la Normal de Ayotzina el pasado viernes.

En Guerrero, afirmaron especialistas a SinEmbargo, la Policía Municipal participa de la mano de la delincuencia organizada, es decir, son miembros ipso facto y de derecho de la delincuencia organizada, y ellos autónomamente, cometen hechos totalmente antijurídicos al mero estilo de la delincuencia organizada.

Los expertos coincidieron que bajo ninguna motivación, aun suponiendo que los estudiantes de Ayotzinapa pudiesen cometer algún delito, se justifica el uso excesivo de la fuerza y que hayan accionado armas letales en contra de los normalistas.

LLAMADO DE AI

Amnistía Internacional hizo un llamado “a que todas las personas detenidas en estos eventos sean trasladadas inmediatamente a centros de detención reconocidos y que sean acusadas sin demora de un delito común reconocible, o de lo contrario, sean puestas en libertad inmediata e incondicional, de acuerdo a las normas internacionales que protegen el derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica”.

La organización condenó “el asesinato de los estudiantes, la privación arbitraria de la libertad, la situación de personas heridas y de personas desaparecidas” porque constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no deben permanecer en la impunidad.

Por ello, Amnistía Internacional instó a las autoridades a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva, con todos los medios legales a su alcance para esclarecer los hechos y asegurar que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia”.

La ONG hizo un enérgico llamado a todas las autoridades estatales y federales para adoptar todas las medidas adecuadas de búsqueda para dar con el paradero y presentación con vida de los 43 estudiantes hasta ahora desaparecidos.

“La organización ha señalado en distintas ocasiones que los esfuerzos para localizar a personas víctimas de desaparición requieren un trabajo efectivo coordinado de las autoridades federales, estatales y municipales respondiendo a su obligación de asegurar que las personas desaparecidas sean protegidas de cualquier acto de tortura y garantizar la integridad física y psicológica de las mismas”, reitera.

Especialistas denunciaron que de acuerdo con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada podría tratarse de un caso de desaparición forzada, que implica la privación de la libertad por parte de agentes del Estado, seguido de la falta de información o la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o informar sobre el paradero de la persona.

Edgar Cortez, investigador del área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), dijo que “estamos en un caso claramente de desaparición forzada, con participación de autoridades”.