Por Sandra Parra

Ciudad de México, 1 oct (dpa/Notimex) – Las investigaciones a un grupo de militares mexicanos por una masacre de 22 presuntos delincuentes en el municipio de Tlatlaya en junio deberían servir para destapar otros hechos violentos ocurridos en esta localidad en el pasado, afirmó el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia.

“Hay varias cosas graves que han sucedido anteriormente, sobre las cuales no tenemos memoria, ni cómo se aclararon, si es que se aclararon”, afirmó el representante en una entrevista telefónica con la agencia dpa.

El pasado fin de semana Hernández escribió un artículo de prensa en el que recoge una denuncia periodística que asegura que en la localidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, fue silenciada una masacre de 23 civiles cometida por un comando armado en un mercado en 2008.

“Yo hablaba de un caso de hace seis años, que es algo que llama mucho la atención porque es también en Tlatlaya. Hay que aprovechar esto de ahora, con lo grave que es, para dejar cosas establecidas y no sólo hacer cosas ad hoc. Empezar por el presente pero tomar nota y responsabilidad de que hay cosas del pasado” sin aclarar, indicó.

“Nadie, por lo menos hasta que me permití sugerir que en Tlatlaya han pasado cosas muy graves antes también, nadie parecía haberlo puesto en el debate actual y creo que sería muy interesante saber si (…) es que se aclaró qué pasó antes”, indicó.

Hernández añadió que su oficina “ha recibido graves testimonios de los hechos” ocurridos el 30 de junio, cuando 22 presuntos delincuentes murieron tras un enfrentamiento con militares también en San Pedro Limón. Pero afirmó que no dará detalles sobre estas declaraciones para proteger a las fuentes. “La información que tenemos a disposición nos obliga a proteger a la fuente”, afirmó.

Este martes la Procuraduría General de México afirmó que por el caso Tlatlaya acusará del delito de homicidio a tres de ocho militares que fueron capturados la semana pasada.

El Ministerio Público dijo que las pruebas que ha recopilado le permiten establecer que los tres militares acusados ingresaron en la bodega de San Pedro Limón en la que se encontraban presuntos delincuentes y empezaron a disparar después de un enfrentamiento.

La versión oficial inicial sobre el incidente -que afirmaba que los 22 delincuentes habían sido abatidos en un intenso operativo en el que se habían rescatado tres secuestradas y un militar había resultado herido-, quedó en entredicho luego de que una testigo afirmó a la prensa local que los uniformados habían ejecutado a las personas luego de que estas se rindieron.

Con “toda la atención y esfuerzos que se hacen en el incidente de Tlatlaya lo que tenemos que buscar es no sólo dar respuesta al incidente del 30 de junio, (sino que) tenemos que poder, ojalá, también producir los cambios institucionales, los enfoques de reacción inmediata, los cursos y protocolos que nos permitan reaccionar así ante nuevos hechos que puedan surgir o hechos que ya sucedieron y que se quedaron archivados”, indicó Hernández.

La presunta masacre de Tlatlaya también generó esta semana una reacción del relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, quien instó a las autoridades mexicanas a realizar una investigación rápida e independiente del caso.

Heyns pidió asimismo que se garantice la protección de las víctimas sobrevivientes y testigos del hecho.

PEÑA DICE QUE SEDENA Y PGR REALIZAN INVESTIGACIÓN

El Presidente Enrique Peña Nieto indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la PGR realizan una investigación conjunta y exhaustiva para determinar las responsabilidades correspondientes en el caso Tlataya.

Afirmó que el Ejército Mexicano ha refrendado su compromiso con el Estado de derecho y la justicia, y por ello ha tomado las medidas necesarias para esclarecer los hechos ocurridos en junio pasado en el municipio de Tlataya, Estado de México.

“La Secretaría de la Defensa Nacional ha prestado colaboración irrestricta para que la autoridad competente determine la verdad jurídica del caso e inició una propia investigación con el objeto de garantizar la eficacia plena de los derechos humanos”, indicó.

En la ceremonia de inauguración del Congreso Internacional y Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, dijo que la Sedena y la Procuraduría General de la República (PGR) coadyuvarán con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para avanzar en las diligencias que realice ese organismo autónomo.

En ese sentido, confió en que las investigaciones permitirán conocer la verdad de los hechos y reafirmar el compromiso indeclinable del Estado mexicano con los derechos humanos, toda vez que “promover, respetar y proteger los derechos humanos es un deber irrenunciable”.
En este marco, Peña Nieto resaltó que la mejor manera de acreditar el compromiso con los derechos humanos es que en los primeros ocho meses de este año, el número de recomendaciones de la CNDH dirigidas a las fuerzas armadas fue 87.05 por ciento menor al mismo periodo de 2012.

Subrayó además que “estar a la altura del mandato de nuestra Constitución en materia de derechos humanos requiere la suma de esfuerzos de todos los poderes y de todos los gobiernos. También exige una constructiva interacción entre sus organismos defensores y las autoridades”.

Con este propósito, continuó, desde 1990 México ha ido creando y consolidando un sistema nacional para su protección, y ahora cuenta con una Comisión Nacional de Derechos Humanos con organismos de protección en cada una de las entidades.

El mandatario federal también reafirmó que el gobierno de la República respalda la labor de los ombudsman en México y recordó que se han aceptado todas las recomendaciones de la CNDH, además de que se han emprendido las acciones para su cumplimiento.

Igualmente se ha avanzado en el cumplimiento de las sentencias y recomendaciones de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abundó ante el ombusman nacional y varios extranjeros reunidos en el acto.

Peña Nieto dijo que en las distintas dependencias se ha adoptado un enfoque preventivo a fin de evitar actos que vulneren la dignidad de las personas, “así lo hemos hecho porque para éste gobierno la protección de los derechos humanos es un compromiso de Estado y debe ser una práctica permanente en el ejercicio de la autoridad”, subrayó.